La abogada de Surkuna comentó que en lo que va de 2022 se ha registrado una muerte violenta cada 23 horas, desde que se tipificó el delito de femicidio. El Estado no solamente evadió su deber de diligencia, si no también la obligación de investigar, sancionar y reparar a los implicados en el caso de María Belén. 

“Es un Estado feminicida porque el feminicidio lo produjo un agente en funciones. No podemos seguir siendo ciudadanas de segundo orden”, aseguró.

Tirira enfatizó que las acciones que el Estado tomó tuvieron el fin de encubrir a los implicados y limitar su responsabilidad. Este tipo de violencia contra las mujeres ya no se considera un tema privado porque es un crimen que comete un agente estatal en un recinto policial.

Omisiones

Según Mayra, una de las negligencias evidenciadas dentro del recinto policial fue ignorar el llamado de ayuda por parte de María B. Asimismo, el descuido en los criterios de reclutamiento y comportamiento en la Escuela. Cuestionó la irresponsabilidad de la organización al no contar con un registro de entrada y salida oficial.

“Cómo es posible que se realicen fiestas dentro de la Institución y que se mantengan relaciones entre tenientes y cadetes”, detalló.

En cuanto a las omisiones del Estado, mencionó que el mayor problema fue la reducción presupuestaria para erradicar la violencia contra la mujer. Además anunció que cerca de mil casos de femicidio se mantienen en la impunidad. «Ni siquiera tenemos presupuesto, y del poco que tenemos no se ha ejecutado ni el 5%”, afirmó.

Señaló que el movimiento feminista y la ciudadanía en general están cansadas de recibir un discurso halagador el 25 de noviembre, mientras tantas muertes se evaden, archivan y olvidan. Destacó la necesidad de canalizar la agenda de las mujeres para atender las exigencias que proponen y evitar que se repitan estos casos de violencia.

Participación de las instituciones en casos de femicidio

Finalmente, Tirira expresó que la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Igualdad de Género tienen la responsabilidad de involucrarse y vigilar a este tipo de asuntos. Los movimientos feministas han concentrado sus demandas y han sido plasmadas en normativas como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Las mujeres denunciamos, marchamos y exigimos que el Estado cumpla sus responsabilidades, pero también es asunto de la ciudadanía generar empatía y cambiar los roles”, dijo. (N.J.C)

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«La violencia debe ser un tema prioritario en el discurso político. Debemos trabajar el tema de la prevención porque la violencia es fuertemente naturalizada. En todos los casos de feminicidio siempre hay testigos y en el peor de los casos deciden no intervenir porque hay creencias asociadas a un asunto privado cuando es un asunto público», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

La representante de la fundación confirmó que en lo que va del 2020 se registraron 101 feminicidios y 70.000 llamadas por violencia de género. «El 25 de noviembre es un día dramático. Es deber del estado proveer políticas públicas que impidan la violencia de género y el incremento de embarazos adolescentes», añadió.

La pandemia y el Estado; factores determinantes

A raíz de la pandemia, Vera sugirió que los canales de comunicación se redujeron. Las mujeres tuvieron menos posibilidades de acudir por ayuda, según dijo. Además ratificó que la violencia es un problema cultural.

«Hace falta un ejercicio cotidiano para actuar contra la violencia. Ayer mujeres fueron detenidas por pegar unos afiches del Día Internacional de la eliminaciónde la violencia contra la mujer. Precisamente cuando estaban retenidas, los policias debían atender una llamada por violencia de género y no acudieron al lugar hasta después de una hora», señaló.

La abogada manifestó que es necesario trabajar al interior de las comunidades y la educación temprana en los hogares. «Es un acto negligente de los operadores porque no lo consideran relevante. Las campañas del Estado sin faltad mientras no se intente políticas que apoyen realmente. Hay una lucha muy fuerte con los sectores conservadores», manifestó. (GG).

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Postura de Surkuna

“Exigimos que se considere la importancia de estas políticas públicas. Necesitamos garantizar una vida digna para las mujeres y las niñas. Esto es importante cuando hablamos de desarrollo sostenible y disminución de la pobreza”, mencionó Ana Vera representante de Surkuna.

Según esta organización es poco efectivo reducir el presupuesto en estos casos, ya que prevenir es 17% más barato que afrontar las consecuencias. En el país hay 14 embarazos al día en menores de 14 años, la mayoría de éstos están relacionados con casos de violencia.

Opinión Médica

Por otro lado, el ginecólogo Octavio Miranda del Comité de derechos sexuales y reproductivos dijo que no hay “acceso a la planificación familiar”. De los embarazos en adolescentes “1 de cada 8 casos sufrió de violencia sexual”. Agregó que existe una falta de profesionales necesarios y pidió respeto a las adolescentes, al presupuesto y el Plan Nacional de Educación Sexual y Reproductiva 2017-2021.

Finalmente la experta en atención en salud y prevención del embarazo en adolescentes, Susana Guijarro mencionó “Estamos indignados. Lo mínimo que tiene que hacer el estado es garantizar el acceso a la educación y salud de niñas y jóvenes. Necesitamos que se comprometa a garantizar derechos”.

“Dicen que la pobreza tiene cara de mujer, cara de mujer adolescente. Tenemos que cambiar el machismo y la cultura de violencia. El abuso debería ser visto como el canibalismo, no se tolera”, finalizó

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