El 3 de octubre la abogada y defensora de derechos humanos, Sybel Martínez, denunció que en un colegio privado del Valle de Los Chillos, adolescentes de 1° bachillerato habrían realizado aproximadamente 700 videos de contenido sexual con fotos de sus compañeras.

Para el montaje, dos alumnos habrían tomado varias fotos sin su consentimiento mientras estaban en las instalaciones del plantel. Las jóvenes comentaron a sus familias lo que estaba pasando.

Los padres de las víctimas fueron al colegio en busca de explicaciones. Las autoridades les manifestaron que confiscaron uno de los dos celulares que almacenaban las fotos y videos. Además, los jóvenes implicados fueron retirados de manera voluntaria de la institución educativa.

Acciones…

Fiscalía informó que ya abrió una investigación por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. La madres de las jóvenes consideran importante que la Unidad de Delitos Cibernéticos explote los teléfonos e investiguen el alcance de la difusión del contenido pornográfico que, incluso, podría estar en la Deep Web, también conocida como internet profunda.

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El 11 de septiembre el Ministerio de Educación (Mineduc) publicó una resolución. El objetivo era implantar alternativas de resolución de conflictos en las instituciones educativas.

El problema que los docentes y defensores de derechos humanos detectaron en este acuerdo ministerial son las faltas que no serán sujetas a una sanción. Por ejemplo, “tener contacto físico sexual con otro miembro de la comunidad educativa, como resultado de un accidente”, tal como lo dicta el documento.

»Ministra María Brown quiero creer que esta perla obedece a un absoluto desconocimiento y no al deseo manifiesto de reducir la violencia sexual en el sistema educativo a un accidente», dijo la defensora de derechos, Sybel Martínez en su cuenta de X.

Ministra @mariabrownp quiero creer que esta perla (literal c) obedece a un absoluto desconocimiento y no al deseo manifiesto de reducir la violencia sexual en el sistema educativo a un «accidente». Señora ministra, esto es inaceptable, rectifique!https://t.co/RKimjcGkyi pic.twitter.com/EzJU3zs19R

— Sybel Martinez (@sybelmartinez) September 21, 2023

Por su parte la consultora educativa, Luiza Miño resaltó la importancia de inculcar el respeto a los derechos desde temprana edad. En este sentido, explicó que dentro del sistema educativo pueden existir: conflictos escolares, faltas disciplinarias y violencia, un tema preocupante en la actualidad.

La normativa también califica como »conflicto escolar» los apodos o comentarios que para Martínez estas burlas se pueden convertir en acoso y hostigamiento si ocurren de manera reiterada.

Por su parte, Miño acotó que es fundamental que una escuela tenga un programa de educación socio-emocional y reglas claras que diferencien los límites y lo negociable. »Lo no negociable, lo permitido, lo prohibido y las consecuencias cuando se transgreden los límites», recalcó en su cuenta de X.

Ahora si, hilo sobre la nueva normativa para resolución de conflictos escolares:
Para empezar el marco normativo y los principios de derecho que guían el desarrollo de leyes y políticas enfocadas en la infancia y adolescencia. pic.twitter.com/MSPcVcYgyF

— Luiza Daniela Miño (@LuizaMino) September 20, 2023

Según datos de la misma cartera de Estado, en 2022 se reportaron 607 casos de acoso escolar y 4.115 casos de abuso sexual a nivel nacional, de los cuales el 91,8% eran dirigidos a mujeres y el 8,2% a hombres.

Ante las críticas, el Mineduc informó que recogerá nuevos aportes para cambiar la normativa y que no existirá una afectación a la construcción del Código de Convivencia. (AGM).

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En entrevista concedida a Radio La Calle, informó que existen cuatros procesos en contra del agresor y se sumaría un quinto por las amenazas recibidas por medio de la plataforma Whatsapp.

Últimos incidentes

En enero de 2023, pese a que tenía medidas de protección, su expareja burló la seguridad de su domicilio y secuestró a la hija de Martínez. Después de horas, la abandonó golpeada por la Ruta Viva, amenazándola de muerte.

En otra ocasión, el agresor se acercó a Ana Paula (hija de Martínez) en una reunión con amigas en un bar y le escupió en la cara, pese a tener medidas de alejamiento. Cuando llegó la Policía trató de huir, pero fue detenido y llevado a Flagrancia.

Proceso Judicial

La activista sostiene que ha sido súper doloroso como defensora de derechos y feminista, ver lo que enfrentan las mujeres a las que ha acompañado en otras ocasiones.

“18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. Nos pedían copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos”, dijo.

Denunció también que se le revocaron las medidas de protección y que la jueza habría ordenado la prescripción de la acción penal, dejándoles vulnerables ante cualquier retaliación y teme por la vida de su hija.

Denuncia del agresor

A pesar de los antecedentes y evidencias comprobadas de agresión, el demandado también ha presentado una denuncia por violencia psicológica, la cual indicó que avanza más rápido que sus propios procesos.

Un llamado de atención al sistema de justicia

La madre escribe: “esto es lo que una víctima de violencia y su familia deben enfrentar, una justicia altamente revictimizante. Una justicia que privilegia a los agresores, que los protege.

Nosotros hemos hecho las cosas bien, como manda la ley y aun así nada ha funcionado. Mi hija sigue siendo agredida y nosotros junto a ella. ¡Ya basta! Martínez pide justicia para su hija. (M.W.S)

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La historia de Ana Paula tiene un serie de hechos que transcurren desde hace un año y medio. Sin embargo, el 21 de mayo el caso tocó fondo, pues ella se encontraba en un bar junto a sus amigas, cuando su expareja se le acercó y le escupió en el rostro.

»Mi hija anda con sus medidas de protección en el teléfono, afuera del lugar había un patrullero y aunque en principio no querían ayudarla al final lo hicieron», dijo su madre en un tuit.

El hombre de 30 años se enfrenta a otros dos procesos por incumplimiento de medidas y esperan la reformulación de cargos por secuestro. Por el momento esperan que el sujeto no se fugue ya que su flagrancia concluía a las 02h00.

No es la primera vez

La activista por los derechos humanos recalcó que el 11 de enero el sujeto burló las seguridades de su casa, entró y la secuestró. Después de lo ocurrido no le quisieron aceptar la denuncia en flagrancia. Más tarde, la joven apareció golpeada por la Ruta Viva, en Quito.

En la universidad en donde estudiaba, a Ana Paula le proporcionaron un botón de pánico, para que pida auxilio en caso de que aparezca en el campus. Esta medida fue implementada porque un día al salir de clases, al encender su vehículo, apareció de pronto en el asiento de atrás, dijo Martínez a Radio Pichincha.

»¡El tipo la acosa en todo lado, todo el tiempo la persigue, la denigra, es invivible!», exclamó.

Trabas en la justicia

La reinstalación de la audiencia tardó tiempo hasta revisar los expedientes y llamar testigos, cuando »cada parte procesal tiene que traer a los suyos’‘, dijo Martínez. De igual manera, denunció que el detenido no estaba arrestado bajos los protocolos de seguridad establecidos ya que se encontraba caminando »casi a la salida de la Fiscalía’‘.

»El sistema es altamente revictimizante, 18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. La noche de ayer domingo me pedían  copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos», resaltó y dejó en evidencia la realidad de las familias que pasan por estos procesos.

En apoyo a la situación varias amigas y amigos de Ana Paula, llegaron a las inmediaciones del lugar con diferentes pancartas que contenían mensajes de apoyo. Por su parte Sybel Martínez cuenta la historia de su hija para que no sea una víctima más de femi(ni)cidio. (A.G.M).

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Martínez aclaró que la fotografía fue tomada en 2018, cuando una maestra del plantel maltrató a 28 niños. La docente amarraba con la cinta los brazos y piernas de los pequeños para que no se levantaran del asiento.

Además, les obligaba a tomar un biberón con ají para que los estudiantes puedan salir al baño o les ponía pañal.

La directora -junto a los padres de familia de las víctimas- denunciaron el hecho ante las autoridades competentes. Sin embargo, la única sanción que recibió la maestra fue la separación del plantel y su reubicación en el Distrito Educativo 17D04, que queda muy cerca del plantel.

«Esta maestra puso una acción de protección porque quería regresar al plantel y hace pocos meses pedía que se revise esta medida. También supe que la maestra iba al colegio y se paraba en la parte superior para amedrentar a los estudiantes», explicó para Radio La Calle.

La sancionaron por defenderlos

Martínez comentó que una maestra de la Institución denunció el abuso que vivían los niños y las autoridades del plantel decidieron suspenderla. También, apuntó que en una reunión con la exministra de Educación, Monserrat Creamer y su equipo de trabajo alegaron que esto se trataría de un «lío de faldas«.

«En ese momento dijo que se estaban disputando afectos y desafectos de algún directivo del colegio. A ese punto llegó la irresponsabilidad», relató.

Muchas trabas en el camino

El caso escaló a tal punto que uno de los afectados intentó lanzarse del segundo piso de su hogar. Martínez detalló que un solo padre de familia presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no pasó de la investigación previa y hasta el momento no ha tenido una respuesta.

La exvicepresidenta enfatizó que la intención de «proteger la institucionalidad» del Mejía hizo que varios docentes presenten certificados de honorabilidad para que la profesora no deje de impartir clases.

El caso de otra estudiante del centro educativo

La noche del 12 de abril, Johanna B., una estudiante del Colegio Mejía se suicidó. La  joven tenía 16 años y habría pertenecido a la Banda de Guerra y Bastoneras de la institución.

En videos se observa como integrantes de la banda hicieron una calle de honor cuando el féretro era llevado por sus familiares. Entre toques de trompeta y tambores dieron el último adiós a Johanna. (N.J.C)

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Albán sostuvo que el término femicidio debería ser sustituido por feminicidio. Si el Estado ya conoce los problemas de la violencia contra la mujer entonces ya tiene la responsabilidad de actuar.

“Nosotros ya no deberíamos calificar el fenómeno que se viene presentando en Ecuador de simples femicidios, deberíamos empezar a utilizar la expresión de feminicidio. El Estado sabe que esto ocurre, pero no lo previene, investiga o sanciona como debe”, precisó. Es importante recalcar que en el país, el feminicidio aún no está tipificado en la Ley.

Albán ratificó que la violencia de género está normalizada en la dimensión simbólica, política, psicológica, física y sexual. Aclaró que, si bien el Estado tiene responsabilidad en el caso Bernal, no quiere decir que deba ser considerado un crimen de Estado.

 “Que no se trate de crimen de Estado no significa que no haya responsabilidad estatal. Yo creo que el Estado tiene una primera carga de responsabilidad en este hecho”, expresó.

Negligencia del Estado ecuatoriano

La asambleísta por Izquierda Democrática (ID), Yeseña Guamaní recalcó la evasión del gobierno frente al caso Bernal y los demás femicidios. “Es lamentable que tengamos un gobierno que no quiera escuchar y reconocer que existe esta falta de política pública”.

La parlamentaria por Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño responsabilizó al Estado por la muerte de las mujeres. “Siete de cada diez mujeres están sufriendo de violencia en el Ecuador con la negligencia de un Estado que no aplica y que no tiene ninguna política pública”.

La violencia contra la mujer

La abogada y experta en DD.HH., Sybel Martínez señaló que la violencia contra la mujer es “sistemática, estructural y cultural”. Además, enfatizó que el femicidio es de los pocos delitos que tienen tanta carga simbólica.

Asimismo, explicó que existe un espíritu de cuerpo malsano en la Policía porque favorecieron la fuga del expolicía Germán Cáceres. Añadió que a diario al menos un uniformado es arrestado en el país por haber cometido contravenciones o delitos.

“Ha habido descuidos y desaciertos en los voceros del Gobierno, así como en su máximo representante que se negó a venir. Yo creo que esa negativa tiene que ver con ignorancia y miedo, porque no tiene respuestas”, mencionó.

La legisladora Amada Ortiz sostuvo que existe una cortina de humo por parte del Gobierno y que dio mucho que pensar al país. “Era el momento y siempre será el momento porque señor Guillermo Lasso aún lo estamos esperando”.

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El 06 de octubre un sujeto que utilizó el nombre “Esteveen Carrión” se presentó en la institución con el pretexto de ejecutar el proyecto “Juegos Tradicionales”.  Esteveen presentó un informe que señaló su pertenencia a la Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El robo suma un monto de USD 8 mil aproximadamente.

El presidente de padres de familia del curso, Glayton Carrasco en una entrevista para Radio La Calle explicó que por el momento están agotando la vía administrativa. Si no reciben respuestas por parte de la rectora, el distrito educativo o la Casa Central de La Salle acudirán a instancias legales.

Carrasco enfatizó que el primer error de la rectora fue no verificar la identificación del sujeto antes de firmar el documento de autorización y permitirle el ingreso. El maestro del curso al constatar la autorización de la rectora dejó a los estudiantes con el presunto antisocial.

“Les engañaron a los niños diciendo que jueguen determinadas cosas, les llevaron a la supuesta premiación que eran los celulares más caros y en eso el sujeto desapareció”, apuntó.

La institución llamó a los representantes de los 12 estudiantes perjudicados para aclarar lo sucedido, pero la rectora no se presentó. Los padres de familia programaron una rueda de prensa el 11 de octubre para solicitar respuestas sobre lo sucedido.

“Hablamos con Casa Central y se comprometieron a llamarnos a una reunión el miércoles para revisar los protocolos de seguridad y resarcir económica y psicológicamente a los afectados”, recalcó.

Negativa de la rectora del plantel

La rectora hasta el momento no ha presentado ninguna aclaración del tema ante los padres de familia. Carrasco envió un oficio en el que solicitó la presencia de la rectora, sin embargo, las autoridades no respondieron su petición.

Además, solicitó el acceso a los vídeos de seguridad para esclarecer lo ocurrido y las autoridades se negaron a presentarlos. Anunció que el 11 de octubre acudió al plantel para hablar con la rectora y no le permitieron la entrada.

“El día jueves, la rectora abandonó la reunión para la formación de comités de cursos y lo mínimo que pedíamos fue una explicación. Hoy no me dejaron entrar ni para dejar a mis hijos como normal lo hacemos y me dijeron que la rectora estaba en el distrito de educación”, detalló.

Sanciones legales que puede enfrentar la rectora

Según la abogada Sybel Martínez, la omisión de denuncia de la rectora puede ser sancionada con una pena privativa de 15 a 30 días. Además de mantener los protocolos o las restricciones que el Ministerio de Educación aplica para los programas o proyectos en cada plantel.

“Se debería revisar el protocolo de seguridad y rustas de acción en la institución. El directorio, los dueños o socios deberían pensar en pedir la renuncia o cambiar de rectora por la negligencia que mostró en el caso”, precisó.

Radio La Calle se comunicó con la Unidad Educativa La Salle y manifestaron que al momento no tienen autorización para una entrevista, pues la rectora se encuentra reunida con instancias superiores. (N.J.C)

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La activista mencionó que la Secretaría cuenta con un presupuesto de USD 13 millones, de los cuales USD 3 millones son destinados para la Ley de Protección de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, solo el 5% se ha ejecutado. También recalcó la necesidad de apoyo financiero y técnico ante la desaparición de María Belén Bernal.

Las desapariciones y la ola de violencia no es algo nuevo en el país, por lo que se necesita una acción oportuna por parte del Estado y no que se tomen resoluciones al cabo de semanas.

“La inoperancia del Estado evidencia que el sistema no funciona. Vemos un espíritu de cuerpo malsano entre la Policía y la Fiscalía. Esta es una constante”, explicó para Noti Mundo.

Además, precisó que las pocas respuestas que el gobierno emite ante este tipo de casos desembocan los plantones que se realizan. Esto con la esperanza de presionar por respuestas y mantener la indignación.

Por su parte, la Directora de La Red Nacional de Casas de Acogida, Geraldina Guerra, en el diario El País aseguró que el incremento en el número de femicidios  y el recorte presupuestario se debe a la pésima implicación que el Gobierno tiene ante este problema.

“Hacen falta fondos suficientes y eficientes. No basta solo con firmar un decreto”, recalcó la directora.

Situación en el gobierno de Moreno

La designación presupuestaria durante el gobierno de Moreno se redujo notablemnte en asuntos referenciales a la violencia machista contra la mujer. Pese a que en ese mandato nació el slogan “Ni una menos” que reconocía el asesinato de una mujer cada tres días.

Durante la presidencia de Lasso

El gobierno de Lasso prometió una compensación a los hijos de madres asesinadas. Sin embargo, lo que el presidente sentencia con la palabra, se desestima con sus acciones. Actualmente las organizaciones de mujeres denunciaron la demora en la recopilación de información para que las familias afectadas puedan recibir esta bonificación.

“Aquí nos han reducido los fondos al retirarnos el personal. Ya no hay educadora y solo han dejado una facilitadora, que es la persona que está en el centro todo el día con las mujeres y con sus hijos”, relató la directora de la red para Primicias.

Guerra informó que en diciembre del 2021 ya se alertó sobre los recortes presupuestarios que el Estado estaba realizando anualmente. Aproximadamente estos recortes alcanzaron la cantidad de USD 125.000 (N.J.)

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La vicepresidenta sostuvo que la Corte Constitucional, al ser un órgano de cierre, debía aclarar el panorama y garantizar el derecho al aborto por violación, pero la decidió remitir esta orden a la Asamblea.

“Si nos remitimos al fallo de la Corte nos damos cuenta que no hay una sola disposición al Ministerio de Salud. Se quedaron cortos a la hora de proteger derechos”, aseguró Martínez.

Respecto a la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas, aseguró que, si se alegó un tema específicamente de salud grave para otorgarle la libertad, su condición física debía ser concordante.

“El exvicepresidente, en una situación así, no salía a una caravana, debía haber salido al hospital”, reiteró Martínez.

Consejos Consultivos

Martínez dijo que los Consejos Consultivos son un espacio de participación ciudadana que reflejan la responsabilidad y el compromiso por la defensa de los derechos humanos, de naturaleza y animales.

“A través de los Consejos Consultivos y sus representantes podemos transformar, desde una visión y enfoque de derechos a la ciudad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que estos mecanismos de participación buscan que la sociedad civil se empodere y pueda representar a los grupos prioritarios.

“Hemos propiciado informes de observancia sobre vulneraciones de derechos con el fin de cambiar la Política Pública”, manifestó Martínez.

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Martínez, quien es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y directora de Rescate Escolar, considera que el Ejecutivo ha condenado a las niñas, adolescentes, mujeres y «personas gestantes», vulneradas sexualmente, a la maternidad.

«Lo que han hecho ahora tiene que ver con limitarnos a la maternidad, a nuestro rol materno pese a cualquier circunstancia (…) Se está subordinando nuestro cuerpo y nuestros planes de vida», la activista.

Por otro lado, Martínez también se cuestionó sobre la parcialidad del veto y señaló. «Lasso dice que la Asamblea no se ha ceñido a lo que dice la Corte Constitucional; no es cierto, porque (…) en bloque de constitucionalidad, lo lógico era que el vete la ley por inconstitucionalidad».

La funcionaria y activista también manifestó que las organizaciones y movimientos defensores de derechos interpondrán demandas de inconstitucionalidad.

«Al final del día nosotros vamos a seguir demandando en todos los espacios nacionales e internacionales el cumplimiento de los derechos (…) habrá que demandar la inconstitucionalidad nuevamente».

Sobre la unificación de los plazos

Lasso realizó 61 observaciones y tendrá que presentar un nuevo texto al Legislativo. Dentro de estas observaciones, el mandatario contempló el unificar en doce semanas el tiempo máximo legal para interrumpir el embarazo en caso de violación.

Con lo anterior, el gobernador prevé eliminar la excepción de dieciocho semanas contemplada por la Asamblea para niñas, adolescentes, indígenas y otras mujeres del área rural.

Martínez señaló al respecto que «cuando uno trata de equiparar en términos de derechos y alega el principio de igualdad y no discriminación, siempre vamos a tender a lo alto, a la alza, o no a la baja (…) Se entiende, en materia de derechos, la no regresividad de los derechos».

Además, la funcionaria dijo que, desde una visión técnica, lo que el mandatario tuvo que hacer fue elevar los plazos, y no disminuirlos.

Sobre los requisitos para el acceso a la interrupción

Martínez manifestó que el mandatario ha actuado desde el prejuicio. «En el momento en que, por ejemplo, se dice que hay que poner una denuncia, una declaración juramentada, o hacer un examen médico a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres mienten y, por lo tanto, cualquiera de estas mujeres o estas niñas van a inventarse que sufrieron una violación para poder abortar», dijo la funcionaria.

El veto, ¿una cuestión religiosa en un Estado laico?

Sybel Martínez tambien considera que el actuar del presidente Lasso, además de llevarse a cabo desde el prejuicio, también ha llevado a cabo un «secularismo estratégico».

«Lasso haciéndose pasar por una persona que se pone al margen de sus creencias, en realidad está actuando y legislando desde sus creencias para justificar todo lo que sucede en esa ley», dijo la funcionaria.

Además, añadió que «él debía hacer prevalecer efectivamente o manejarse exclusivamente en términos técnicos, jurídicos bioéticos, algo que no ha hecho». También señaló que «se supone que él (Lasso) cómo colegislador no tiene que legislar a través de sus dogmas, de su fe, de sus creencias».

Contexto

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, impuso un veto de manera parcial a la ley que regula el aborto en casos de violación, este martes.

Lasso publicó una carta en su cuenta de Twitter donde señala que son cerca de 61 observaciones a la ley. Entre las observaciones están los plazos de acceso al aborto, requisitos para el acceso a la interrupción de la gestación y las condiciones para la objeción de conciencia del personal médico.

La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para aprobar con mayoría simple, es decir, 71 votos, las observaciones del Ejecutivo o ratificarse en el texto original, para lo que requerirá las dos terceras partes de la cámara: 92 votos.

La ley fue recientemente aprobada por el Legislativo, tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo, de forma voluntaria, para mujeres víctimas de violación sexual.

La organización Plan Internacional en Ecuador, recogió, hasta fines de noviembre de 2021 que, en promedio, la Fiscalía General del Estado recibe 14 denuncias de violación por día. Tres de las denuncias suelen ser por niñas menores de catorce años.

Por otro lado, la organización también recopiló que alrededor de siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día en el país, la mayoría de ellas producto de violencia sexual llevada a cabo por un adulto conocido.

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Quito 23 dic (La Calle).- Los casos de Lisbeth Baquerizo y de Naomi Arcentales dan cuenta de la decadencia del sistema de justicia y la falta de recursos asignados.

Pese a que se habla de una asignación presupuestaria de 28 millones de dólares al tema Derechos Humanos y de 13 millones para la protección de derechos de la mujer, no se perciben esos recursos, afirma Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de los Derechos Humanos.

Falta de recursos técnicos y financieros

«Varias instituciones dejaron de percibir recursos financieros y estol se traduce en un inoperante sistema de protección de los derechos de los grupos vulnerables. Existen Asociaciones de Protección Civil que tampoco han recibido recursos en 11 meses, ¿De qué viven los niños, adolescentes y mujeres? ¿De la Caridad?», cuestionó Martínez.

Asimismo, reiteró que más que una crisis económica y sanitaria estamos haciendo frente a una crisis humanitaria. «El caso de Liseth Baquerizo, víctima de femicidio, atestigua que el sistema de justicia actúa bajo presión mediática, esto no es algo nuevo, afirmó.

Insistió en la incapacidad de varias autoridades para ejercer cargos públicos en defensa de los derechos. “Hay una recurrencia en el patrón en operadores de justicia que muchas veces están de lado de los agresores, que son carentes de enfoques de derechos, de los derechos de la niñez”, señaló y enfatizó en que es necesario aplicar un filtro que separe a estos malos elementos del sistema.

Tampoco descartó que estas entidades estén libres de corrupción y que la Fiscalía General del Estado sea cómplice con su silencio. “No quisiera hablar de que la fiscal está protegiendo un agresor (…)  pero sí creo que este sistema opera en una mezcla de vergüenza y corrupción”.

Esto lo dice en referencia al caso de Naomi Arcentales, cuya muerte involucra al fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, que agredía constantemente a la joven.

Martínez señaló que es importante unir esfuerzos frente a un Gobierno indolente, que minimiza recursos para la atención prioritaria e ignora la vulneración de los derechos. “Ya es hora de capitalizar la indignación y entender que la voluntad organizada cancela la incertidumbre”, concluyó.

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El comunicado dicta: “consideramos que las nuevas autoridades municipales, sin dilaciones, deben priorizar una agenda de inclusión social, a efectos de revertir los problemas estructurales»

En el documento se plantea siete sugerencias de Quito con Derechos, para que el ayuntamiento aborde en el nuevo periodo:

1.- Acabar con la pobreza sistémica y  patrones de desigualdad.

2.- Fortalecer la protección social y potenciar el servicio.

3.- Resolver problemas y servicios básicos.

4.- Garantizar la seguridad ciudadana.

5.- Movilidad segura y sostenible.

6.- Conectividad digital inclusiva.

7.- Abordar el cambio climático.

El comunicado de Quito con Derechos está firmado por varios representantes de los Consejos Consultivos: Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos; Blanca Ortiz, del Consejo de Movilidad Humana; Lorena Bellolio, del Consejo de Derechos de Animales, entre otros.

Los representantes de los consejos consultivos afirman, en la esquela, que 7 de cada 10 quiteños calificaron la administración de Jorge Yunda de mala y muy mala.

Sobre el Municipio dice que “presenta severos indicadores de vulnerabilidad social agravada por una crisis atípica de gigantes proporciones”.

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