La organización rechaza contundentemente la medida. Esto debido a que es una de las pocas iniciativas, en políticas públicas, para no criminalizar a consumidores y microempresarios.

El grupo de defensores de derechos humanos afirma que esto representaría un acto inconstitucional, pues el artículo 364 respalda que las adicciones deben tratarse como un problema de salud.

De la misma forma, el colectivo asegura que el proyecto de Ley implica un retroceso en materia de derechos. En el comunicado presentado por el grupo, se pide al gobierno analizar la problemática con criterios psicosociales y de asistencia sanitaria.

Asimismo, enfatizan en que la medida que elimina la tabla de consumo ocasionaría efectos negativos en los grupos más vulnerables.

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