Los números son alarmantes, pues solo en los dos primeros meses de 2023 se registró un aumento del 46 % de incautaciones de droga en relación con el año pasado.

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló para Ecuador Verifica que -hasta el 1 de agosto de 2023- un total de 40 toneladas de droga han sido incautadas solamente en el Puerto de Guayaquil. En 2021, las autoridades decomisaron 54.8 toneladas en todos los puertos y, en 2022, la cifra ascendió a 77 toneladas.

Escáneres, parte de la solución

Una forma para mejorar los controles de la carga es la implementación de escáneres antinarcóticos, equipos tecnológicos que sirven para detectar droga sin que la Policía vulnere las estructuras de los contenedores y -a la vez- los productos en el interior.

En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto 227 en el que dispuso la aplicación de un sistema de escaneo para todas las cargas que salgan del país. El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) emitió en julio de 2022 un proyecto normativo para establecer tarifas por el uso de los escáneres.

Sin embargo, su instalación y operación se ha pospuesto desde la firma del decreto. En julio de 2022, la entonces directora del Senae, Carola Ríos afirmó que el 11 de noviembre de ese año debían estar listos los escáneres en los puertos.

No obstante, la fecha había vencido y solo dos de 10 puertos realizaron el proceso de compra y colocación de escáneres: el de Manta y el de Posorja, recoge Primicias. Ante el evidente retraso, el plazo se postergó a junio de 2023, pero no se concretó. Así lo reconoció el actual director del Senae, Ralph Suástegui:

«Conseguir que este sistema de control entre a funcionar en su totalidad al menos demorará tres meses más (…) dijo haber ordenado una investigación para determinar el avance que lleva este proceso de instalación y operación de equipos en los diez puertos», reseñó diario Expreso.

Suástegui atribuyó el atraso a problemas logísticos relacionados con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ya que este último es proveedor de componentes radioactivos que se emplean en estos equipos. «Eso ha hecho que los procesos se alarguen», sostuvo.

Finalmente, había precisado que los equipos estaban llegando, por eso el aplazamiento de tres, que se supone finiquitó el pasado 7 de septiembre de 2023 y los puertos ya deben tener los escáneres.

¿Están operando?

Para operar se necesita que la autoridad portuaria pertinente -junto con el Senae- fije una tarifa por el uso de los escáneres de seguridad a las empresas exportadoras. Desde el Gobierno se estableció una tarifa máxima del 8 % de salario básico unificado por contenedor, es decir, USD 36.

No obstante, el cobro varía dependiendo de la autoridad portuaria. Por ejemplo, el Terminal Portuario de Manta (TPM) cobra una tarifa de USD 34. Sin embargo, exportadores explicaron a Radio La Calle que recién la anterior semana el directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y el Senae se pusieron de acuerdo para establecer un monto.

En Guayaquil la situación es la más grave, debido a que desde los puertos de esta ciudad se incautan las cantidades más grandes de droga. Del Puerto de Guayaquil se decomisa entre el 33 % al 37 % de los estupefacientes a nivel nacional.

La Policía incautó del Puerto Marítimo de Guayaquil (Contecon) 38 de las 54 toneladas decomisadas a nivel nacional durante el 2021, detalla Primicias. Asimismo, al menos 26 de las 77 toneladas del 2022 le pertenecían. En cambio, el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) se ubicó en 2021 y 2022 como el cuarto puerto con más incautaciones de droga.

José Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores (Cordex), dijo para este medio que Senae les informó que los escáneres entrarán en funcionamiento en los puertos Naportec, Contecon e Inarpi en la primera quincena de noviembre. En el caso de Puerto Bolívar se espera su operación en 2024.

Sobre la tarifa

Hidalgo apuntó que se estableció la tarifa en USD 36 por contenedor. No obstante, declaró que este costo debería asumirlo el Estado como responsable de la seguridad. Se oponen al cobro del uso de los escáneres, no al control de los contenedores.

A pesar de ello y dadas las «reglas del juego» lo que esperan es un compromiso por cambiar el tipo de inspección intrusiva (canes y taladrar contenedores) a no intrusiva (escáneres). «Debemos trabajar en el protocolo para que el costo interno de las inspecciones intrusivas disminuya – hay un impacto calidad y costos, pues abren cerca del 40 % de nuestra carga», manifestó.

El Gremio advierte que la tarifa es un incremento a sus costos de alrededor del 52 % y que el Senae debe definir este problema para evitar una afectación en la competitividad. «La tarifa es un impacto anual de USD 12.5 millones para el sector bananero y para el sector exportador alrededor de USD 20 millones».

Expuso que los exportadores solicitaron en múltiples ocasiones al Senae conocer los fundamentos técnicos usados para la fijación de la tarifa máxima. Sin embargo, no obtuvieron respuesta al pedido.

Foto: Ecuador 221

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El Estado ecuatoriano percibía 4,75% de las importaciones de combustibles, biocombustibles y gas natural. A partir de este lunes 18 de enero de 2022, no recibirá nada.

A través del decreto 327, el primer mandatario derogó las tarifas para “las transferencias, envíos o traslados de divisas al exterior, en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza para las importaciones de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural”, indica el documento.

Además, la medida incluye las compensaciones realizadas con o sin intermediación de instituciones del sistema financiero.

Compromisos con el FMI

Según el portal Primicias, la reducción gradual del ISD es parte de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último programa de crédito, suscrito en septiembre de 2020 y renegociado un año después.

En 2021, la recaudación de ese tributo representó USD 1.212 millones, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), reseñó el medio.

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Juan Carlos Fiallo solicitó la intervención de la Secretaría de Movilidad para que determine el sistema de pagos, una vez el transporte esté operativo. “La Secretaría de Movilidad todavía no entrega el sistema de pagos, ya van cuatro meses y aún no lo hace. Todo esto no tiene que ver solamente con el funcionamiento, sino cómo se están desarrollando las otras acciones. Tiene que hablar el secretario de Movilidad”, manifestó.

“Hay que determinar cómo es que todo este proceso llega hasta febrero del 2022”, dijo Fiallo y solicitó los informes técnicos de los últimos dos meses de la obra Metro de Quito.

El concejal Eduardo del Pozo reclamó que el tema de presupuesto debería ser responsabilidad del Secretario de Movilidad, Guillermo Abad, no solo la gerenta del Metro.

¿Cómo se financiará?

“Quito ya no tiene presupuesto para financiar el Metro de Quito, al menos que nos regalen el financiamiento de USD 400 millones de la extensión de este sistema de transporte”, reclamó la concejal Mónica Sandoval.

La funcionaria  explicó que en 2015 se fijó un tiempo de tres años para poner en operación el Metro, es decir, hasta 2018. “Ahora, tres años más tarde tampoco tenemos nada. Si ya están haciendo la entrega-recepción de la obra, ¿quién está haciendo el acompañamiento?”, finalizó Sandoval.

El 31 de marzo del 2021, la Empresa del Metro inició la fase de entrega recepción de las estaciones con Jipijapa e Iñaquito.

El concejal del Pozo se pronunció sobre el financiamiento de la fase de preoperación. “¿Cuánto costará la preoperación? Se habla de 20 o 40 millones de dólares y tampoco se sabe de dónde se va a financiar. Esos recursos no existen, la ciudad no tiene”, dijo.

El concejal Luis Reina exhortó al alcalde Jorge Yunda a iniciar negociaciones con el presidente electo Guillermo Lasso para buscar financiamiento.

Contratación de personal

Luz Elena Coloma y Marco Collaguazo solicitaron que se tenga cuidado con la contratación de personal “para que no suceda como en la Empresa de Pasajeros que hay exceso de personal, es una empresa gorda”, dijo Collaguazo.

Las dos autoridades sugirieron que se contrate a los empleados de la Empresa de Pasajeros para el Metro de Quito, antes de considerar ampliar la mano de obra.

Fuentes de ingreso

La gerenta del Metro, Andrea Flores explicó ante el Concejo de Quito que este sistema de transporte tendrá dos fuentes de ingreso:

Ingresos operacionales: emergerán de la misma tarifa, que aún se desconoce.

Ingresos no operacionales: ligados a la gestión comercial (servicios de telecomunicaciones, publicidad o arrendamientos de espacio).

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Pablo Lima, gerente general de la compañía Guadalajara explicó: “desde el año 2016, nosotros empezamos a buscar alternativas para mejorar el servicio; buscamos planes de renovación de flota, tecnología y solicitamos que todos los accionistas nos entreguen la delegación del manejo de sus unidades”.

Esta delegación significa que los socios le entregan la administración al gerente de la Operadora; el mantenimiento ya no depende de cada unidad, la Empresa se encargará de garantizar este servicio para todas las unidades, así como en otros aspectos.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, aseguró que uno de los pasos importantes fue revertir las frecuencias del transporte del Estado para tener rutas más pequeñas y generar mayor cobertura. Este proceso “generará la integración que el Metro requiere para que las personas se transporten de manera eficiente”, finalizó el funcionario metropolitano.

Lima aseguró que la Compañía Guadalajara ha invertido en un taller mecánico de alta calidad, con todos los estándares. Hizo un llamado a los usuarios a respetar el 50% del aforo en las unidades (30 personas en asientos y 15 de pie).

A través de un sistema informático, la Secretaría de Movilidad monitoreará: excesos de velocidad, apertura y cierre de puertas en lugares indebidos, maniobras bruscas, información del conductor y aforo. Quito cuenta con 60 buses calificados para esta tarifa, de un total de 3.080.

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Los descuentos establecidos por las administraciones municipales anteriores para el Telepeaje ya no están vigentes, según la Resolución Municipal N° A-073.

El pasado 16 de agosto, el Municipio de Quito habilitó el sistema de paso libre por este peaje, solo con TAG. Así, se eliminó el cobro de forma manual; una decisión que resultó importante por la emrgencia sanitaria del Coid-19.

Desde que las autoridades municipales activaron el sistema Multi Lane Free Flow, se cobra la tarifa completa en el Peaje Guayasamín. De esta forma, se invierte en el mejoramiento de la vía, beneficiando alrededor de 40 mil vehículos que transitan a diario.

Pago automático de peajes

Desde el pasado 31 de mayo, el pago en los peajes de la Autopista General Rumiñahui, Intervalles, Alóag- Unión del Toachi se realizan de forma automática.

¿Cómo adquirir el tag?

El Tag es un dispositivo de pago automático y permitirá la movilización en los peajes a cargo de la provincia de Pichincha. Para obtenerlo, debe acercarse a las oficinas de los peajes en la Autopista Rumiñahui e Intervalles con su copia de cédula y la copia de la matrícula de su vehículo de 06:00 a 22:00.

Si usted cuenta con el dispositivo puede recargarlo en las estaciones del peaje y en las sucursales de las Farmacias Fybeca. Por otro lado, si la circulación de su vehículo es mínima en esas rutas puede registrarse en la página web www.pichincha.gob.ec en la sección peajexpress. El registro es gratuito y permite pagar hasta 15 días después de realizada la circulación. Si no se paga, la multa será de USD 60 (15% del SBU).

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