La jueza Coloma emitió una resolución luego de seis meses de la demanda solicitada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director provincial del movimiento Sociedad Patriótica, Edwin Angulo. Ambos sustentaron que Bayas incumplió tanto la normativa electoral como los principios de transparencia en el uso de bienes del Estado.

La decisión judicial causo alarmas en diversos sectores políticos y sociales. Por otro lado, el mismo tribunal sancionó a la parlamentaria Viviana Veloz de la RC con una multa de USD 9.000 por ejecutar campaña anticipada en las elecciones del 2024. Su defensa alegó una posible suplantación de identidad en el peritaje digital.

Tampoco se conocen acciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) ni del CNE, a pesar de que el caso involucra el uso de recursos estatales durante una campaña electoral. CM

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La fecha fue dispuesta por el juez electoral Joaquín Viteri, quien además advirtió que la incomparecencia del mandatario o su representante derivaría en un trámite en rebeldía, mientras que la ausencia de los denunciantes implicaría el archivo del caso.

La denuncia que ahora se ventila fue interpuesta inicialmente en enero por el excandidato presidencial Jorge Escala y el dirigente de Unidad Popular Geovanni Atarihuana, quienes acusaron al presidente de violar los artículos 278.2 y 279.5 del Código de la Democracia al combinar actividades gubernamentales con actos proselitistas.

Irregularidades en los comicios electorales

Posteriormente, sus planteamientos fueron acumulados con quejas similares presentadas por el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, y el activista Fernando Espinel Criollo.

A pesar de que los comicios generales de 2025 concluyeron el pasado 13 de abril, en donde Noboa obtuvo el 55,63 % de los votos durante el balotaje, la denuncia recién es abordada por el TCE

Los observadores internacionales, entre ellos las misiones de la OEA y de la Unión Europea, descartaron cualquier fraude que pusiera en entredicho la legitimidad del triunfo de Noboa, sin embargo, documentaron irregularidades como el uso de recursos públicos y la ausencia de licencia del mandatario en funciones durante la campaña.

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La acusación, admitida de forma preliminar por el juez Guillermo Ortega, se basa en cuatro videos cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Según el expediente publicado en el portal del TCE, Peñafiel alega que González incurrió en actos de violencia política de género, aunque sin especificar fechas, contextos o declaraciones concretas. El juez solicitó al denunciante que en un plazo de 48 horas precise:

1. Los hechos exactos que atribuye a González.
2. Los artículos del Código de la Democracia supuestamente violados.
3. Los agravios personales o colectivos derivados de dichos actos.
4. La relación entre los videos presentados y los cargos formulados.

De no cumplirse estos requisitos, el caso será archivado, tal como ocurrió en febrero de 2025 con una denuncia similar interpuesta por Wilmer Carrión Pérez. En aquella ocasión, el juez Ángel Torres archivó el proceso tras la falta de sustento del demandante.

El historial controvertido de Manuel Peñafiel

Este no es el primer intento de Peñafiel por judicializar procesos políticos. El 2 de julio de 2024, el pleno del TCE rechazó por unanimidad una denuncia suya contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión (extorsión bajo cargo público).

En esa ocasión, Peñafiel, quien se identificaba como presidente de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador, argumentó que Abad había discriminado a pueblos originarios. Sin embargo, los magistrados Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres y Joaquín Viteri determinaron que el TCE no tenía competencia, al tratarse de un supuesto delito penal, no electoral.

La denuncia contra Abad carecía de sustento técnico: Peñafiel no logró vincular a la vicepresidenta con actos electorales ilegales, limitándose a presentar una denuncia penal previa que, según él, demostraba un «siniestro de derechos indígenas».

Acusaciones de manipulación judicial

Las acciones de Peñafiel adquirieron mayor notoriedad tras las declaraciones de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, quien lo señaló en redes sociales como operador político del gobierno de Daniel Noboa. Barreiro relató que, durante su detención en la cárcel La Roca, en el marco del Caso Nene, Peñafiel presentó un habeas corpus irregular en marzo de 2024, supuestamente para retrasar su liberación:

«Utilizó logos del CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana, en documentos ilegales. Su exposición en la audiencia fue desorganizada y carente de fundamento jurídico. Entendí que era una estrategia para generar noticias negativas y demorar mi salida (…) Actúa como emisario del Ejecutivo, financiado para dañar a opositores», denunció Barreiro en la plataforma X.

Además, vinculó a Peñafiel con la apertura masiva de sedes de ADN en Guayas y lo acusó de coordinar campañas de desprestigio contra figuras críticas al gobierno: «No les importa la justicia, solo buscan generar tendencia», afirmó.

https://twitter.com/sebarreiro/status/1909045298208309586

Violencia política de género: ¿Instrumentalización o delito grave?

El Código de la Democracia (Art. 349) cataloga la violencia política de género como infracción «muy grave», sancionable con multas de hasta 50 salarios básicos y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años. No obstante, organizaciones como la Fundación Ciudadana y Desarrollo señalan que, desde 2023, el 68% de las denuncias por este delito han sido archivadas por falta de pruebas o incoherencias procesales.

La denuncia se enmarca en un escenario de alta tensión, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de fracturar la institucionalidad. Mientras ADN insiste en que «nadie está por encima de la ley», sectores afines a Revolución Ciudadana denuncian una «persecución orquestada» desde el poder.

El TCE tiene hasta el 12 de julio para resolver si la denuncia cumple los requisitos formales. De admitirse, González deberá presentar su descargo en medio de la campaña. Sin embargo, el historial de Peñafiel y la proximidad de los comicios alimentan escepticismo sobre los motivos tras la acusación.

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Guarderas afirma que, tras analizar más de 5.000 actas, sus proyecciones indican que los resultados podrían variar significativamente, sugiriendo incluso una posible victoria en primera vuelta para el presidente-candidato Daniel Noboa. Destaca casos en zonas rurales de Pichincha, como Pintag, donde se registró un ausentismo nulo e, incluso, mesas con más votantes que los inscritos, situaciones que califica de «imposibles y absurdas».

«Mi tesis aquí es que utilizaron todas las actas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González«, afirmó en rueda de prensa.

Culpa al CNE

El exconsejero responsabilizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir estas inconsistencias y no ejercer un control adecuado durante y después del escrutinio. Además, sugiere un supuesto favorecimiento hacia los partidos Revolución Ciudadana (lista 5) y Partido Social Cristiano (lista 6). El exfuncionario sugirió el cambio de personal del órgano electoral en la segunda vuelta.

Censurado por la Asamblea

El 27 de diciembre de 2024, la Asamblea aprobó la censura y destitución de Guarderas por incumplimiento de funciones, incluyendo acusaciones de abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y tráfico de influencias. El exvocal del Cpccs calificó el proceso de nulo, argumentando la falta de notificación adecuada y la violación de su derecho a la defensa.

Previamente, en noviembre de 2024, Guarderas presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta infracción electoral. Aunque buscaba su destitución, la jueza Ivonne Coloma impuso una multa a Abad, sin retirarle sus derechos políticos.

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La decisión ratifica el fallo dictado el 5 de noviembre de 2024 por una jueza de instancia, tras la denuncia presentada por el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas.

El pleno del TCE negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Abad, argumentando que no se demostró que la sentencia original presentara deficiencias o vicios procesales. La jueza basó su resolución en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia, que tipifica la campaña anticipada como una infracción electoral grave. En su sentencia, la magistrada indicó que la imposición de la multa tiene como objetivo disuadir a otros actores políticos de incurrir en este tipo de infracciones, sin necesidad de sanciones más severas.

Sanción económica

Según el fallo ratificado, la multa impuesta a Abad, equivalente a 20 salarios básicos unificados, busca disuadir a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro. La normativa establece que el pago debe efectuarse en un plazo de 30 días en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones” del Banco BanEcuador. De no cumplirse con la obligación dentro del tiempo estipulado, se procederá con la cobranza por vía coactiva, conforme al artículo 299 del mismo código.

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Abad presentó un escrito ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para informar que su defensa ya no estará a cargo de Damián Armijos y que ha nombrado a Erick Erazo Arteaga como su abogado de confianza en esta causa.

¿Por qué la defensa de Abad no se presentó?

La vicepresidenta explicó que Erazo no podía presentarse ya que, previamente, había sido convocada a otra audiencia, en Carchi, dentro de una investigación por el supuesto delito de abuso de confianza contra otra persona. Por ello, solicitó un nuevo diferimiento para que el jurista pueda conocer el expediente y asumir la defensa.

El abogado Jaime Dousdebés, quien representa la defensa de Sommerfeld, se opuso al nuevo intento de Abad por aplazar la diligencia y solicitó que la audiencia continúe con el defensor público que ya se encontraba en el puesto asignado para la defensa de la vicepresidenta.

El juez a cargo del caso, Guillermo Ortega, determinó que el escrito presentado a última hora por la vicepresidenta no justificaba su inasistencia y procedió con la instalación de la audiencia.

Asimismo, declaró en rebeldía a Verónica Abad y permitió que su defensa sea asumida por el defensor público presente. Además, el perito del caso tampoco se presentó, lo que llevó a Ortega a advertir que todos estos factores serán considerados al momento de emitir su sentencia.

La audiencia fue convocada por primera vez el 24 de enero de 2025. En esa ocasión, Abad presentó un escrito ante el TCE en el que informó que no podría asistir debido a problemas de salud y que, en el mismo horario de la diligencia, tenía programada una endoscopía.

Argumentos de la defensa de Sommerfeld

El abogado Jaime Dousdebés argumentó que Verónica Abad afectó el “honor y buen nombre” de la canciller Gabriela Sommerfeld. Según él, antes de asumir su cargo en el sector público, Sommerfeld construyó su reputación en el ámbito privado y empresarial a lo largo de décadas de trabajo.

Señaló que Abad, “abusando de la palestra que le ha dado su cargo público, ha proferido insultos, agravios e incluso ha llegado al punto de imputar falsamente conductas dolosas sin ninguna prueba y por atacar la imagen de la canciller”.

El abogado anticipó la presentación de pruebas documentales, audiovisuales y periciales, en caso de que el perito se haga presente, ya que hasta los alegatos iniciales aún no se encontraba en la audiencia.

Presentación de pruebas

El abogado presentó documentos y señaló que el expediente contiene más de 30 copias certificadas de diplomas, certificados de idoneidad, premios y reconocimientos otorgados a Sommerfeld, con el fin de evidenciar el “esfuerzo” que realizó para construir su imagen.

También mencionó una nueva prueba, señalando que el 15 de enero Abad publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que aparece la imagen de la canciller, junto con una entrevista en la que Abad hace referencia a Sommerfeld.

“Parece que no ha leído el decreto, soy la vicepresidenta constitucional, dígalo. Y esto sí está en manos de Cancillería. Deje la fiesta y concéntrese en los decretos inconstitucionales. Abandonarme sin seguridad y fondos en Turquía corresponde al Estado y su Cartera. Es una violencia política y de derechos humanos. Usted tendrá que dar cuentas a los ecuatorianos de sus actos violentos. Otra que respeta lo que el presidente déspota decida”, es el texto que Dousdebés atribuyó a Abad y que presentó como prueba nueva.

Allí se evidencian dos insultos a la canciller y una amenaza, relacionados a violencia política de género, refirió.

Defensa de Abad

El defensor público solicitó al juez que no se incorpore la nueva prueba presentada por la defensa de Sommerfeld ya que esta se debió presentar en el momento procesal oportuno.

Además, dijo que no existe un informe pericial que determine el origen y autenticidad de las mismas, además que alegó que no serían conducentes para probar la supuesta violencia de género.

El defensor público señaló que no existió intención por parte de Abad de vulnerar los derechos de la canciller. “Al no existir prueba, no estar establecidos los elementos objetivos, materiales, de esta norma contencioso electoral, establecida en el Código de la Democracia. Lo que me queda a mí es, como pretensión, solicitar que se ratifique el estado de inocencia”, argumentó el defensor ante el juez.

La decisión del juez Ortega está pendiente, y determinará si se acepta la denuncia de Sommerfeld o si se ratifica la inocencia de Abad.

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La denuncia fue presentada este lunes ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde las organizaciones exigieron que el candidato rectifique sus declaraciones, ofrezca disculpas públicas y enfrente la posible pérdida de sus derechos políticos.

Las declaraciones que motivaron la denuncia corresponden a una entrevista ofrecida por Tillería al medio digital La Posta el pasado viernes. En esta intervención, el candidato expresó opiniones polémicas sobre la identidad de género y los derechos de los niños y niñas trans, llegando a compararlos con trastornos psicológicos y actos ficticios.

Las opiniones de Tillería tendrían repercusiones

Estas afirmaciones se dieron en el contexto de una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que aceptó una acción extraordinaria de protección en un caso de discriminación por género hacia una niña trans. Tillería manifestó su desacuerdo con la decisión y cuestionó el papel que el Estado debería asumir frente a este tipo de casos.

Sobre el tema, declaró: «Nosotros respetamos a los niños, pero no podemos azuzar desde el Estado que ahora la Corte Constitucional de un dictamen para que el Ministerio de Educación lo asista en esta transición. (…) Les van a pedir a los profesores que tienen que hacer protocolos para que el resto de niños les entiendan en sus problemas psicológicos de que un niño dice que es niña», dijo Tillería.

Al referirse al caso de una familia española en Ecuador que motivó la sentencia, Tillería aseveró: «Esto viene de una agenda de (la exministra española de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos) Irene Montero, de España, donde tratan de adoctrinar a los niños y meter el germen en nuestra infancia».

El candidato también criticó las directrices que, según la sentencia, el Ministerio de Educación debe implementar para asistir a menores en su transición de género. En su opinión, estas deberían ser sustituidas por apoyo psicológico: «llegaron hasta la Corte Constitucional para decirle al Ministerio de Educación que tiene que hacer directrices, en lugar de tener un psicólogo en el colegio que le diga que es niña y de tratar de darle una guía psicológica para que entienda que tiene su fisonomía de niña y que tiene que ir a los baños de niñas», añadió.

Para Tillería, permitir que menores de edad tomen decisiones sobre su identidad de género es inaceptable. «Promover desde el Estado que un niño transite de género es una aberración que no tenemos que dejar que entre a Ecuador», enfatizó.

En una comparación, expresó: «Si el día de mañana mi hijo me dice que quiere mutilarse un dedo para parecerse a Spiderman, yo necesito, para que no vaya a mutilarse su dedo, llevarlo a algún tratamiento psicológico para que le explique que él no es Spiderman. Lo mismo ocurriría si él me dice que quiere mutilarse el pene para ser niño», insistió.

Aunque afirmó que no tiene problemas con que las personas adultas decidan sobre su cuerpo, concluyó que, desde su perspectiva, es necesario «proteger a la infancia».

Activistas y organizaciones respondieron

Las declaraciones de Luis Felipe Tillería generaron una respuesta inmediata y contundente por parte de activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Diane Rodríguez, activista y presidenta de la Asociación Silueta X, afirmó que no se puede permitir que un discurso que minimiza la identidad de género de las personas trans, especialmente de niños y niñas, sea normalizado bajo el pretexto de ser opiniones personales.

«Las palabras de Tillería reflejan un desconocimiento profundo sobre derechos humanos y promueven un entorno de odio e intolerancia que va en contra de los principios democráticos», expresó Rodríguez, dejando claro el impacto negativo que estos discursos tienen en una sociedad que busca avanzar hacia la inclusión y el respeto.

En un comunicado conjunto, varias asociaciones reforzaron esta postura, exigiendo que los actores políticos basen sus discursos y propuestas en la responsabilidad y el apego a los derechos humanos. Estas organizaciones recordaron que la protección de las minorías y el respeto a la diversidad son pilares esenciales de una democracia.

Rodríguez también subrayó que las declaraciones de Tillería carecen de fundamentos científicos y sociales, perpetuando prejuicios y fomentando un entorno discriminatorio. Citó investigaciones psicológicas y médicas que reconocen la identidad de género como una dimensión inherente al desarrollo humano, destacando que el acompañamiento adecuado puede mejorar significativamente la salud mental y emocional de los menores trans. Según la activista, utilizar el argumento de “proteger a la infancia” para negar derechos fundamentales, como el reconocimiento de la identidad, no solo es falaz, sino que refuerza la exclusión de un grupo ya vulnerable.

Horas después de la presentación de la denuncia, Tillería respondió en una rueda de prensa, reafirmando su postura y defendiendo sus declaraciones. «Yo me ratifico: tratar de adoctrinar a niños o asistir a niños en una transición transexual es una aberración», afirmó. Además, sostuvo que los profesionales de la salud que acompañen a menores en su transición de género «se ven obligados a hacerlo porque si no se meten en problemas con el Ministerio de Salud».

Tillería: de denunciante a denunciado

El 9 de enero de 2025 marcó un momento significativo para Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por el movimiento Avanza. En una resolución emitida ese día, el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia que Tillería había presentado el 6 de enero en contra del presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección por el movimiento ADN.

Tillería había acusado a Noboa de no haber solicitado licencia para realizar actividades proselitistas tras el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, el juez determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos legales para ser tramitada, ya que la normativa establece que únicamente los representantes de las organizaciones políticas, y no los candidatos de manera individual, están facultados para presentar este tipo de acciones. «Los partidos y movimientos políticos gozan de la legitimación para hacerlo, en consecuencia, los candidatos no pueden proponer este tipo de acciones de manera individual», señaló Muñoz en su resolución.

Mientras tanto, Noboa continuaba con su campaña en Santa Elena, su bastión político, tras haber delegado la Presidencia de manera interina a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración. En un movimiento estratégico, Noboa garantizó que su actividad proselitista se ajustara al marco legal, contrastando con las acusaciones de su adversario.

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La decisión se fundamenta en el inciso primero del artículo 248 del Código de la Democracia, que permite la acumulación de causas cuando existe identidad de sujeto y acción, con el objetivo de evitar una duplicación en su tramitación y resolución. Según el TCE, ambas denuncias guardan relación, por lo que se acumuló la causa número 010-2025-TCE a la número 008-2025-TCE, que se encuentra asignada al despacho del juez electoral Joaquín Viteri Llanga.

El expediente será remitido de manera íntegra al despacho del magíster Viteri Llanga para los fines pertinentes. Este procedimiento busca garantizar la adecuada resolución de los procesos contenciosos electorales en un marco de transparencia y eficiencia judicial.

La acumulación de las denuncias, ingresadas por dos actores políticos de relevancia, expone una creciente atención hacia la conducta electoral del presidente Daniel Noboa, a menos de un mes de las elecciones presidenciales 2025.

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La decisión del TCE responde a una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien acusó a Abad de realizar actos de precampaña mediante sus redes sociales, donde utilizó imágenes, mensajes y símbolos de campaña antes del inicio oficial del periodo electoral.

A pesar de que la primera denuncia, presentada en junio, no fue admitida, Guarderas insistió en el trámite en julio, y tras la evaluación de pruebas documentales y periciales, el Tribunal emitió su fallo.

En su sentencia, el TCE explicó que si bien la conducta de Abad fue reprochable, no causó un impacto significativo en el proceso electoral, por lo que consideró que la sanción económica sería suficiente para disuadir conductas similares en el futuro. La vicepresidenta tiene 30 días para realizar el pago en una cuenta designada de BanEcuador, en caso de incumplimiento, la multa será cobrada de manera coactiva.

Esta medida es parte de una serie de acciones recientes relacionadas con Abad, quien también enfrenta otras denuncias por violencia política de género y ha solicitado acciones de protección.

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Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), planteó la causa en julio de este año, supuestamente en calidad de ciudadano común. Así como otros procesos que ha venido ejecutando en contra de autoridades de gobierno, como Pabel Muñoz, a los que considera amenazas para el gobierno de Noboa. A pesar de haber asumido el cargo como consejero el 6 de octubre de 2023, luego de la destitución de Alembert Vera, se ha mantenido en que su trabajo como denunciólogo lo viene haciendo durante toda su carrera. Pero sus nexos con el gabinete del actual gobierno le han otorgado un poder ad honorem sobre el TCE para hacer y deshacer sobre estos y otros procesos.

El equipo de Guarderas

La denuncia contra el alcalde de Quito, por ejemplo, la realizó el 10 de noviembre – un mes después de ser obtener la titularidad en el CPCCS – junto a Mónica Jaramillo, quien entonces fungía como su asesora. Esta vez, en el proceso contra Abad tuvo como compañía a su reciente exequipo de trabajo. Pues, durante la audiencia de hoy estuvieron presentes Pablo Sempertegui, exasesor y exsecretario técnico de transparencia, y Alicia Celorío Suárez, quien fue asistente administrativa de su despacho y prosecretaria encargada hasta julio de 2024.

Todos contra Abad

Luego de suspenderse la audiencia, Guarderas dijo ante los medios de comunicación que rechaza la decisión de la jueza y aseguró que se notificó a la vicepresidenta “bajo exhorto” desde agosto pasado. La defensa de Abad, por su parte, dijo que apenas hoy pudo acceder al expediente íntegro que contiene 800 páginas y que, por lo tanto, fue imposible leerlo antes de la diligencia ante el TCE. En este objetivo que persigue el Ejecutivo también se solicita la suspensión de sus derechos políticos, petición que llevan adelante la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dentro del proceso de sumario administrativo retomado después de la negativa a la acción de protección planteada por Verónica Abad.

Juan Esteban Guarderas fue funcionario del Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021, y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Actualmente, en su calidad de consejero, impulsa la renovación total de los vocales del CNE, aunque esto no se encuentre establecido en los reglamentos para el concurso. En mayo de 2024 promovió la denuncia contra el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por haber sido parte de la “Liga Azul” ante lo que el TCE resolvió sancionar con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, proceso que busca también para los consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

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«Toda causa donde tenga algún interés el presidente Noboa recae en manos donde el juez Ángel Torres que es un alfil del Gobierno«, dijo Celi en rueda de prensa.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Pachakutik (PK) presentaron objeciones a la candidatura de Topic, alegando que el empresario mantiene contratos vigentes con el Estado, lo que representaría un conflicto de intereses. Con cinco votos a favor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó estas acusaciones el pasado 8 de octubre, señalando que no se han encontrado elementos que inhabiliten al candidato.

A pesar de esta resolución, ambas agrupaciones políticas decidieron apelar ante el TCE. Celi advirtió que el temor de SUMA radica en la posibilidad de que las objeciones presentadas por Pachakutik y el PSP sean unificadas y vayan al escritorio de Torres, incluso, advirtió que los escritos de las impugnaciones son idénticos.

Ante esta situación, el movimiento político no puede recusar la causa, pues las partes procesales son el CNE y las organizaciones objetoras. Por ello, SUMA hizo un llamado al resto de los miembros del TCE para que ratifiquen la decisión del CNE y permitan que Topic continúe en la carrera electoral.

El TCE tiene un plazo de 15 días para emitir una resolución definitiva sobre la candidatura de Jan Topic. La decisión, que será inapelable, determinará si el empresario puede o no postularse en las elecciones presidenciales de febrero de 2025. (AGM).

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Augusto Verduga, Yadira Saltos, Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor deberán pagar 70 salarios básicos unificados, serán destituidos de su cargo y perderán sus derechos políticos por cuatro años. Los consejeros podrán apelar a esta sentencia.

¿Qué dice la ley?

¿Cómo llegó a darse esta sentencia? El numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia dice que una infracción electoral muy grave es:

Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral

Según la Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 35, numeral 3 se indica que:

Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún  candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley. 

El Consejo Nacional Electoral, se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y   propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y  oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo.  El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el  Consejo Nacional Electoral.

Los denunciantes entregaron como pruebas vídeos de la campaña en las Elecciones Seccionales 2023, donde aparecían los candidatos indicando su nombre y número de casilla acompañados por el expresidente Rafael Correa. Evidencia que el juez calificó como proselitismo político.

¿Qué dicen los implicados?

Para Yadira Saltos, la sentencia es de carácter político y no electoral. «Esta es claramente una sentencia política que no está basada ni en el derecho ni la justicia. Es una lástima que el país constantemente pierda en todos los sentidos. Hemos perdido jueces probos e imparciales», dijo en entrevista con Radio Pichincha.

Añadió que llegaron a las urnas de forma democrática y a servir a la ciudadanía. Sobre la sentencia, indicó que en ese momento, la ley de promoción electoral no tipificaba como proselitismo, las acciones que realizaron en la campaña en las redes sociales.

«No había inconveniente, los colores son universales y el juez lo dice en la sentencia. No había inconveniente de hacer entrevistas ante los medios de comunicación. (…) La sentencia tiene que ver con una sentencia electoral de supuesta utilización en las redes sociales. Esto no se encuentra ni en la ley electoral ni el reglamento para la promoción de consejero/as».

Por su parte, el denunciante Santiago Becdach, actual precandidato al Parlamento Andino por Construye, dijo que fue secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el período de Fernando Villavicencio y que lo invitaron después de las elecciones al movimiento Construye.

«Nosotros nos dimos cuenta que como candidatos (al CPCCS) fuimos perjudicados porque una organización política con todo el dinero del mundo y andamiaje comunicacional hizo campaña por estos candidatos y por eso llegaron a tener la votación que tenían, solos no los conocen ni en su casa», expresó en una entrevista con Only Panas.

¿Qué pasará con los consejeros y el concurso de fiscal?

De acuerdo con Saltos, la destitución se da en un momento importante para el país por la designación de la fiscal General. «Es un momento crítico para la institucionalidad del país. Los tiempos están ya por vencer. Este viernes (06 de septiembre) tenemos que aprobar el nuevo reglamento (para la elección de fiscal). (…) Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo».

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que los consejeros trabajarán con normalidad hasta que el TCE les haga conocer la sentencia y se oficialice. La sesión de este 04 de septiembre se instaló una horas tarde con seis consejeros presentes, entre ellos, Yadira Saltos. El consejero Augusto Verduga no asistió a la sesión. (MIB)

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Varios titulares de las diferentes carteras de Estado utilizaron el #intentodegolpedeEstado para exponer su rechazo a las acciones de la segunda mandataria a la que tachan de una persona »desleal» que aplica las prácticas de la »vieja política».

Uno de los tuits que llama la atención es el de la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, quien señaló que la denuncia de Abad compromete la estabilidad democrática y pone en riesgo el »progreso y la estabilidad de las mujeres».

Por otro lado, la canciller Gabriela Sommerfeld expresó que esta acusación atenta contra la voluntad de los ciudadanos, sin tomar en cuenta que la vicepresidenta Abad también ganó en las urnas.

Las acusaciones de Abad

La causa de la vicemandataria cayó en las manos del juez Fernando Muñoz, quien hace algunos días fue destituido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de manera repentina. Abad pidió una multa de 70 salarios básicos al presidente Noboa; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la canciller Gabriela Sommerfeld; y la asesora presidencial, Diana Jácome.

Asimismo solicitó la destitución del primer mandatario y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Las acusaciones de Abad se relacionan a su destierro en Israel y la intención del Gobierno de no permitir que asuma la Presidencia si Noboa pide licencia para su reelección. También adjuntó las declaraciones de los implicados que configurarían la infracción de violencia política de género. (AGM).

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La presunción de la injerencia del gobierno en lo ocurrido en el TCE se dio tras la denuncia que la vicepresidenta Verónica Abad interpuso en contra del jefe de Estado, Daniel Noboa; la canciller Gabriela Sommerfeld; la asesora presidencial Diana Jácome; y el viceministro Torres por violencia política de género.

El escrito ingresó al TCE el pasado 8 de agosto, sin embargo, Torres señaló que en Presidencia apenas se enteraron de la acusación el 12 de agosto, mientras ocurría la remoción de Muñoz en el organismo electoral. Entre desgano y frases cortantes el funcionario manifestó que los jueces tendrán que pronunciarse sobre lo ocurrido y que el gobierno no tiene »nada que ver».

Por otro lado, mencionó que los argumentos expuestos por Abad en su contra no constituyen violencia política de género, pues intentarían acusarlo de este infracción por haber dicho que sería »nefasto» que la segunda mandataria asuma la Presidencia.

»Aquí veo que le intentan victimizar mucho a la señora (vicepresidenta Abad) ¿usted sabe cuánto gana la señora en Israel? USD 17.800», dijo en entrevista con Primera Plana.

Aún queda en tela de duda lo que ocurrirá con la Presidencia si el primer mandatario pide una licencia para participar en la campaña electoral. Según lo establece la Constitución, la vicepresidenta Abad tendría que reemplazarlo, un hecho que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa, sin embargo, Torres indicó que no perderán el tiempo y esperarán un resolución en enero del 2025. (AGM).

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El pasado 8 de agosto la segunda mandataria ingresó la denuncia contra el presidente Noboa; la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial Diana Jácome.

Durante su comparecencia en una comisión de la Asamblea que investiga presuntas irregularidades en los aportes de campaña de Noboa, la vicepresidenta Abad anticipó esta denuncia contra el mandatario y expuso las actitudes de »misoginia machista en su contra».

Asimismo negó haber utilizado los fondos de campaña a su beneficio personal y resaltó que no puede responder por las decisiones del actual gobierno porque no participa en ellas.

La violencia política de género es considerada como una infracción muy grave y puede desembocar en la destitución de los funcionarios y la suspensión de sus derechos de participación de 2 a 4 años. También implica una multa de 21 a 70 salarios básicos.

Pugna en el TCE

La mañana de este 12 de agosto los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega resolvieron destituir de la presidencia del TCE a Fernando Muñoz por presunto incumplimiento de funciones. Coloma, quien es vicepresidenta del organismo asumió este cargo.

La sesión ocurrió en medio de altercados, pues en medio de la resolución ingresó Muñoz a la sala y calificó de ilegal la convocatoria. Cuando se retiró del lugar se escucharon gritos de protesta y un intento de tumbar la puerta del tribunal. Coloma pidió refuerzos de la Policía.

Minutos antes de lo ocurrido, el extitular del TCE anticipó de esta autoconvocatoria a los medios de comunicación y señaló que tras estos hechos hay intereses políticos previo a las elecciones del 2025.

“El jueves (día en el que ingresó la denuncia de Abad) recibí una comunicación por parte de tres jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en donde se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción respectiva, sin ninguna base legal”, dijo. 

Esta es la segunda denuncia contra el primer mandatario en el TCE, la primera fue en relación a una presunta infracción electoral por campaña anticipada. El caso fue reactivado en tres ocasiones y finalmente el juez Ángel Torres aceptó la apelación para el archivo de la causa. Más adelante el TCE ratificó esta decisión, sin embargo, el único en desacuerdo fue el juez Muñoz. (AGM).

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De acuerdo con el funcionario, existen una serie de contradicciones y omisiones en el informe económico que entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y éste a la institución de control.

Citó el artículo 281 del Código de la Democracia que habla del financiamiento de los partidos y movimientos. 

Art. 281.- Las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral, se sancionarán de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de veinte a setenta salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley. Las candidatas y los candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo al nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento.

La respuesta de Construye 

Ni bien el juez Torres abandonó la Fiscalía, los miembros de Construye se refirieron a la denuncia. Iván González, secretario del movimiento, indicó que Construye informó sobre los registros en especie. La sede que es domicilio de uno de los miembros y el trabajo del contador público. Acerca de la contribución de fondos públicos, de los militantes o dirigentes permanentes, el monto sería cero, según el secretario.

El asambleísta Jorge Peñafiel fue más duro con la actitud del juez, a quien el movimiento le seguirá un juicio político. Dijo que sus acciones en el TCE se deben a una presunta cercanía con ADN, movimiento del presidente Noboa. 

Según Peñafiel, el yerno de Torres traaja en la dirección de Loja y sus hijas en el CNE. «Además por una coordinación con el viceministro Esteban Torres, esas son las respuestas que tiene que dar el señor Ángel Torres», expresó.

El legislador dijo que se involucrará en un proceso de tráfico de influencias al viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Mandó un mensaje al presidente Noboa: «detente, prepotente». (MIB)

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«Con la denuncia simplemente lo que nosotros queremos dejar es un precedente para eliminar la corrupción, pero en todas sus maneras, también la corrupción electoral. Haciendo uso de nuestros derechos como ciudadano, podemos denunciar también a un precedente jurídico necesario de que nadie está sobre la ley incluido el señor presidente de la República», dijo el denunciante.

Por su parte, la asesora presidencial, Diana Jácome, informó sobre la denuncia y quién sería la persona detrás del documento. Hizo referencia a «aquellos ciudadanos políticos» a los que «no les importa la tranquilidad y seguridad del país y buscan diversas formas de atacar al presidente Daniel Noboa».

Jácome agregó que «la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de donde proviene esta denuncia y esta relación. Eso es todo compañeros».

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«En razón de que el señor Christian Pabel Muñoz López, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante escrito de 16 de mayo de 2024, señala que en el sitio web municipal wwwguito.gob.ec se publicó la sentencia emitida dentro del presente proceso; no obstante, no se puede verificar la fecha desde que inició tal publicación, así como hasta la fecha que fue dispuesta, se ordena que el Legitimado Pasivo, a través del departamento técnico correspondiente,remita la certificación del día que inició la publicación en la página web del Municipio de Quito y hasta que fecha se prevé la misma», dice parte de la resolución con respecto a la publicación de las disculpas.

Por otro lado, sobre las disculpas públicas que se ofrecieron en Frecuencia Quiteña, el programa de rendición de cuentas del burgomaestre, se entregó la evidencia en un DVD. «Emito, en este espacio, las disculpas del caso a mis mandantes, pues ustedes son la esencia de mi trabajo y de la representación política que ejerzo, al mismo riempo que dentro del plazo cumplo con lo dispuesto en sa sentencia de la causa 316-2023-TCE, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral, les ofrezco estas disculpas».

En el tema monetario, el alcalde entregó una copia del comprobante de pago. El TCE, no obstante, pidió la certificación de dicha cancelación. La constancia se comunicará también a la parte que demandó y con ello, finaliza este caso contra el primer personero de la ciudad. (MIB)

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Según argumentó Guarderas, la funcionaria hizo campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, del 3 de enero al 2 de febrero del 2023. Este sería el segundo juicio electoral interpuesto por el consejero, luego de la demanda al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por proselitismo político.

Ella no sería la única en la lista, pues el vocal señaló que tomó tres de los casos »más descarados» de los comicios electorales del año pasado para interponer una demanda ante el TCE. La acusación también pesa sobre Guillermo Churuchumbi, actual dirigente de Pachakutik y excandidato a la Alcaldía de Cayambe; y Francisco Suárez, excandidato a la Prefectura de Tungurahua.

La evidencia presentada serán vídeos difundidos en redes sociales y una pericia comunicacional que expondría que »Abad no estaba opinando sobre el futuro de Cuenca sino pidiendo votos».

¿Y Noboa?

El CNE determinó que el período para la campaña para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 sea del 13 de julio al 17 de agosto. No obstante, las redes sociales revelan que el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y otros legisladores de la bancada oficialista, realizaron campaña antes del plazo determinado.

Asimismo, del 7 al 18 de abril del 2024 era el período de campaña por la Consulta Popular y el Referéndum, sin embargo, el Ejecutivo no respetó el cronograma. El mandatario no desperdició su intervención en diferentes eventos gubernamentales para hacer campaña por el SÍ. En la mayoría de sus discursos el mandatario resaltó el rol de sus opositores y su intento de afectar la Consulta Popular, en ese momento invitaba a la ciudadanía a votar once veces SÍ.

Pese a las claras evidencias, Guarderas señaló en entrevista para Ecuavisa que no demandará al jefe de Estado porque él »no es el CNE y no le compete enjuiciar a todos», en ese sentido admitió que el excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) también hizo precampaña. Más adelante en una rueda de prensa señaló que no descarta una denuncia al presidente Noboa y aclaró que no lo ha hecho porque »las pruebas no son tan fáciles de detectar». (AGM).

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A pesar de ello, Viteri es el magistrado del TCE que tuvo a su cargo el trámite de la denuncia por infracción electoral contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz por parte del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas y la abogada Mónica Jaramillo. Caso en el que ya dictó sentencia. El alcalde no recibió la destitución, pero sí deberá pagar USD 9.200 de multa y ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía.

Sin embargo, en un post de la cuenta X, el burgomaestre mostró su intención de apelar a esta sentencia. «En términos legales corresponde apelar esta injusticia. En términos políticos es una barbaridad. Sienta un precedente nefasto (Si el Presidente Noboa razona a favor de su Consulta Popular, ¿recibirá multa, destitución?) Pero en lo más importante, en términos de mi trabajo por la ciudad: seguiré trabajando, inaugurando obras, recuperando el amor por la ciudad más linda del mundo. Ellos seguirán enfermos de odio, envidia y rencor», escribió.

Su denunciante, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas, también tuvo unas palabras sobre la decisión de Viteri. «El mayor poder es la ciudadanía. Y la ley. Y a la ciudadanía y a la ley se las deben respetar, señor Pabel Muñoz». (MIB)

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