Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccional.

Flacso se pronuncia

Una carta firmada por 46 docentes y estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) expone su preocupación por la medida del jefe de Estado.

Los firmantes argumentan que la tenencia y porte de armas son un retroceso social que intensificará la violencia en lugar de pacificarla. Además, solicitan a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.

«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado.

¿Y la Central?

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), convocó al Honorable Consejo Universitario a sesión extraordinaria para emitir un pronunciamiento institucional sobre el decreto del régimen.

La reunión de las autoridades está prevista para este lunes 3 de abril a las 10:00 de forma virtual.

Autodeclaratoria de «Estado fallido»

El 1 de abril, el primer mandatario y su equipo llegaron a la conclusión de que el libre porte y uso de armas y gas pimienta para defensa personal es una parte de la solución en medio de la inseguridad que engulle al Ecuador.

«Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, es decir, en términos generales: 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. Se autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal», dijo en cadena nacional.

Entre otras medidas también está prohibida la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, se establece controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad. Además han instalado el puesto de mando unificado de manera permanente en Guayaquil que rotará entre Santa Elena y los Ríos.

Estado de excepción

Lasso decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El toque de queda será de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La delcaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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El partido político expresó su respaldo a esta resolución en un comunicado firmado por el presidente vitalicio del PSC, Jaime Nebot; el presidente nacional del PSC, Alfredo Serrano y el jefe de la bancada Legislativa, Esteban Torres.

«Está bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes; pero éstas no solucionan nada sino se aplican las acciones pertinentes», dicta el documento.

Además, recalcaron que ya van dos años solicitándole al Ejecutivo que apliquen esta medida. Por otro lado, señalaron «la coherencia» de su posición y que no tiene nada que ver respecto al juicio político contra el mandatario.

Réplicas

Ante el expreso apoyo del PSC al decreto del presidente Guillermo Lasso existieron varias críticas. Una de ellas es la del expresidente de la República, Rafael Correa, quien señaló que «creer que eso soluciona la violencia, es como creer que los ricos no van a robar».

Además, advirtió que la muertes violentas van a evolucionar y recordó a la ciudadanía que el PSC puso a Guillermo Lasso de presidente.

Como respuesta a los comentarios del exmandatario, el asambleísta Torres indicó que la tenencia de armas se dará de acuerdo a una serie de requisitos y que «se trata del ejercicio de un derecho esencial a protegerse y defender a sus familias». (A.G.M).

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