Equipos de emergencia, incluyendo una ambulancia del Ministerio de Salud, patrulleros de unidades especiales y una lancha de la Armada Nacional, llegaron rápidamente al lugar para socorrer a las víctimas y asegurar la zona.

Personal especializado recolectaba pruebas para identificar a los responsables del atentado. En tanto, la vivienda donde ocurrió la explosión quedó completamente destruida, con daños graves en su estructura y techo, además de afectar a otras domicilios cercanos.

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»No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son sólo víctimas del sistema», dijo en entrevista para la BBC.

Agregó que junto a las fuerzas públicas se encuentran realizando operaciones tácticas para rescatar a los 178 rehenes de las diversas cárceles del país, sin embargo, resaltó que no puede dar más detalles de los operativos.

Destacó que el sistema penitenciario de nuestro país también tendrá cambios reales que no han ocurrido en la última década. En este sentido, habló sobre el proyecto de la construcción de las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza, la expulsión de reos extranjeros y la correcta segmentación de los ppl de acuerdo a los crímenes cometidos. (AGM).

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«Son medidas para molestar al Gobierno. Me solidarizo con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado y soy el responsable de eso. Entramos con todo. Con la Policía Nacional para realizar el rescate», expresó en entrevista con Radio Canela.

Agregó que el 11 de enero presentarán las megacárceles que se construirán en Pastaza y Santa Elena. «Mañana enseñaremos como van a ser las dos cárceles. Ahi estamos barajando nombres, querían ponerle a la cárcel de máxima seguridad, cárcel del encuentro. Seguimos pensando».

El secuestro de los guías también es – a juicio del presidente – una forma de presión. «Estamos haciendo el esfuerzo para recuperar a los rehenes y no vamos a acceder a las estupideces de los terroristas. Es duro, mi solidaridad con las familias. Estamos en un estado de guerra y no vamos a ceder».

De acuerdo con el mandatario, los delincuentes exigían que no se muevan a los líderes de las «suites» y que tampoco se construyan nuevas cárceles, por lo que ahora empiezan los actos de terror. «No vamos a parar ¿una sarta de terroristas quieren ahuyentar al gobierno entrero. No vamos a permitir, vamos a presentar las nuevas cárceles».

Noboa dijo que ellos cortaron la señal de transmisión de TC Televisión, pero que otros canales transmitieron la señal. «Nosotros cortamos la señal. Magicamente los que estaban enlazados era Teleamazonas ¿por qué quieren espectacularizar? ¿Por qué agarraron la señal de TC? Eso se debe investigar».

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Agentes penitenciarios hallaron muertos a cuatro presos en la cárcel del Rodeo, entre ellos estarían los dos detenidos y acusados de terrorismo tras el ataque con artefacto explosivo en una dependencia judicial de Portoviejo. Mientras que los otros dos estarían cumpliendo una pena de 34 años por asesinato.

Atentado a Unidad Judicial de Portoviejo

Durante los últimos meses, el sistema judicial ha sufrido diversos ataques y alertas de bomba. El pasado 7 de julio detonó un artefacto explosivo en una unidad judicial de Portoviejo, producto de este hecho resultaron tres personas heridas, entre ellas una menor de edad que sufrió una herida en el ojo y probablemente pierda la visión, según explicó Terán.

La Policía Nacional reportó que la granada fue lanzada desde una calle en la parte posterior de la dependencia judicial, sin embargo, se enredó en un árbol. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia por el delito de asesinato.

La tarde del 8 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) procesó a dos sujetos identificados como Eduardo A., alias ‘Chiquito’, y Ángel Daniel M., alias ‘Chapulete’ bajo la causal de terrorismo. El juez dictó prisión preventiva para los sospechosos. (A.G.M).

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La entrevistada habló sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la mención de Iza se produjo cuando se cuestionó a la legisladora sobre si votaría por Iza como presidente.

Pazmiño dijo que Leonidas Iza no es terrorista. No obstante, el locutor repitió paulatinamente «¿vio cómo aterró a Quito?, secuestraron a militares y que golpearon a policías mujeres«.

«Leonidas Iza es terrorista, porque él genera terror para tener el control del poder y así salirse con la suya», reclamó Vera. Asimismo, la entrevistada defendió al involucrado, a lo que nuevamente Vera respondió «él quiere volver al Tahuantinsuyo».

«Usted es comunista, porque votaría por Leonidas Iza para la presidencia de la República», le dijo Vera a su invitada. Según él, Iza promueve el comunismo latinoamericano.

¿Qué otras joyitas dijo Vera?

Además, Carlos Vera aseguró que la ciudadanía ya no quiere que las personas salgan a las calles, en el caso de que Lasso no sea destituido. «La gente no quiere más convulsión, la gente quiere paz«, manifestó Vera.

Según el periodista, la situación del país es evidentemente mala porque así la dejó el «correismo» y el mandatario solo se «ha estado preparando para actuar». De la misma manera aludió a que «las respuestas del presidente son tardías e insuficientes, pero han comenzado, desde permitir portar armas a civiles hasta la declaratoria para tratar a los terroristas de una forma diferente». (D.C.)

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Entre las recomendaciones planteadas por el Cosepe al presidente Guillermo Lasso figura aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales. Sin embargo, el decreto aún no ha sido emitido por el primer mandatario, quien afronta un proceso de juicio político en su contra por presunto delito de peculado.

Sólo tras emitirse dicho decreto, las Fuerzas Armadas podrán desplegar sus estrategias y operativos militares para combatir al terrorismo. No obstante, el gobierno no ha específicado qué agrupaciones delictivas serán identificadas como terroristas. Pero. extraoficialmente se sabe que serían ocho.

Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa, afirmó que esto posibilitará a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza. «No vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y práctica, toda la experiencia. Es hora de decir ¡basta!».

¿Qué dicta la ley ecuatoriana respecto a casos de terrorismo?

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el terrorismo está tipificado en el Art. 366 que menciona: «La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años«.

Adicionalmente, la norma actual describe 10 acciones que también son sancionadas con pena privativa de la libertad (que pueden llegar a condenadas de hasta 26 años), al estar categorizadas como delitos de terrorismo. Se trata de las siguiente:

1. La persona que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre la misma por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación.
2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.
3. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente.
4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave.
5. La persona que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas.
6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código.
7. La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares.
8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales.
9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.
10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

JR

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Los EE.UU. donaron al Ministerio del Interior y la Policía Nacional implementos para combatir a estas organizaciones que operan fuera de la ley. Entre los instrumentos hay equipos de comunicación, armas, trajes antibombas, robots y drones contra explosivos y vehículos blindados.

El 1 de mayo se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del GIR, en Quito, donde las máximas autoridades de la cartera de Estado y la Policía presentaron los recursos otorgados.

Fausto Salinas, comandante general de la Policía, expresó que las instrucciones norteamericanas se basarán en operativos policiales, tácticas y técnicas de emboscada y actuación en el combate cercano. «La preparación está fijada para personal preventivo», refirió.

Se espera que los uniformados que accedan a estos «cursos» se integren a las filas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Dirección Nacional Antinarcóticos, que son las unidades más experimentadas contra las organizaciones criminales.

Tras la declaratoria del Gobierno

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró como terroristas a las bandas narcodelictivas por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional. La iniciativa nació del Ejecutivo tras la ola de violencia que ha rebasado a la Policía Nacional y -a criterio del Gobierno- necesitas el apoyo de los militares.

Juan Zapata, ministro del Interior, explicó que el objetivo es atacar sin compasión a los grupos de delincuencia organizada (GDO).  

Los crímenes intencionales se han quintuplicado desde 2017 por el sistemático abandono del Estado tanto en la inversión social -que protege a los ciudadanos de caer en las garras del crimen- como en la dotación de implementos para que las fuerzas del orden puedan combatir a estos grupos.

Solo el pasado mes de abril se registraron dos matanza: una en un puerto pesquero en Esmeraldas que dejó como saldo nueve personas asesinadas; y otro en Guayaquil, donde 10 vidas fueron cegadas por sicarios durante un tiroteo.

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«Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera«, escribió Palacio en su cuenta de Twitter este viernes. Esto en referencia implícita a la recomendación del Cosepe de emplear armas letales como parte de las medidas coercitivas urgentes para frenar el terrorismo.

El tweet generó varias críticas en la red social. Los comentarios de decenas de internautas cuestionaron la declaración de Palacio y la calificaron como «amenaza». Asimismo, periodistas expresaron su opinión respecto de la postura del excolumnista.

«Que la decisión no ha sido en combate al crimen organizado sino por si el pueblo se levanta y sale a las calles, es lo que dice este señor», expresó la periodista Alondra Santiago.

«Yo creí que la decisión del Cosepe apuntaba a tomar decisiones contra el crimen organizado. Estos mensajes no ayudan, de modo alguno, a entender el objetivo que queremos todos… o, al menos, la mayoría», escribió el periodista Fabricio Vela.

«Clarito lo dice, el decreto de seguridad contra el terrorismo no es para combatir el crimen organizado, es para reprimir a la lucha social con el terror de Estado. El plan Ecuador en marcha», publicó una internauta llamada Natalia Sierra.

A estos mensajes se sumaron también otras expresiones por parte de políticos y ex dirigentes de movimientos sociales, quienes respondieron a Emilio Palacio.

El uso de armas letales

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral». El anuncio se hizo durante una reunión en el Palacio de Gobierno en Quito, este jueves.

«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

JR

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«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

Las funciones del Cosepe

Según el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Cosepe tiene dos funciones:

• Asesorar y recomendar al presidente las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública
• Recomendar al jefe de Estado la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y la nación.

JR

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en una reunión mantenida este jueves, 27 de abril, en el Palacio de Carondelet, declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y _por consiguiente_ a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana.

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Juan Zapata, ministro del Interior, aseguró que los detenidos estarían detrás de los siguientes delitos: atentados terroristas con artefactos explosivos en gasolineras (hechos que se remontan al pasado 3 de noviembre), robo de vehículos, robo en ejes viales, porte de armas y tráfico ilícito de drogas, extorsión, secuestro e intimidación.

¿Cuál era el rol del oficial de policía vinculado a estos presuntos grupos delincuenciales?

El oficial de Policía en servicio activo, presuntamente asociado a estos grupos criminales, alertaba de las operaciones que iba a ejecutar la institución policial. Aparentemente, su rango de comandante de distrito en Buena Fe (en la provincia de Los Ríos), le permitía acceder a esa información.

Estos hechos delictivos se ejecutaban principalmente en Los Ríos (por tráfico de drogas, extorsión y sicariato), Manabí (por microtráfico, secuestro extorsivo y terrorismo) y Santo Domingo de los Tsáchilas (por presuntos delitos de extorsión y ‘vacunas’).

El ministro Juan Zapata solicitó a la Asamblea reformas al régimen disciplinario para que haya agilidad para dar de baja a los malos efectivos de la Policía Nacional.

¿Cómo operaban los implicados?

Según Fausto Salinas, comandante de la Policía, el modo en que operaban esas organizaciones delictivas era a través de la identificación de personas de estatus económicos altos. Posteriormente, las secuestraban a cambio de dinero para liberarlas.

Los 21 detenidos son ecuatorianos, y 16 poseen antecedentes penales por robo, tráfico ilícito de drogas, extorsión, posesión de armas, entre otros.

Según la información publicada por Policía Nacional, en el operativo se incautó 4 armas de fuego, 145 municiones, 5 vehículos, 5 motos, 3 alimentadoras, 20 terminales móviles, un chaleco antibalas con logotipo policial, dinero en efectivo, una radio Motorola y estupefacientes.

JR

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Noticia en desarrollo…

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 “Estamos aquí para poder responder a la justicia ecuatoriana, pero también para colaborar con la Fiscalía General del Estado. Estamos aquí y vamos a responder cuántas veces sean necesarias. Hemos sido denunciados por un ciudadano prófugo de la justicia (Alberto Dahik) que durante 20 años no le ha respondido al país”, dijo Jaime Vargas.

El dirigente de Conaie no pudo dar su declaración porque se acogió al derecho de rendir versión en su idioma natal (achuar). “Tenemos el legítimo derecho de comparecer, ya sea en castellano o nuestro idioma. Es nuestro derecho constitucional”, acotó.

“Esta absolutamente claro que es una persecución política porque el señor Dahik es parte de una comisión asesora. En definitiva, es parte del gobierno de Lenín Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que pasaron prófugos durante 20 años, que desequilibraron el sistema financiero del país y no han dado respuestas, sigan haciendo denuncias», Leonidas Iza.

Las declaraciones aparecen en el contexto de la investigación por presunto delito de terrorismo. La denuncia la interpuso el 17 de octubre de 2019 por el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik.

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La medida, conocida como plan Vigipirate, surge tras los cinco ataques terroristas con armas blancas en varias ciudades del país en un solo día. El primero dejó tres víctimas mortales y dos fueron frustrados por las fuerzas del orden.

“Este ataque (en Niza) cobarde y bárbaro pone de luto a todo el país. Por esto ya he decidido poner en marcha el plan antiterrorista Vigipirate al nivel de urgencia de atentado en la totalidad del territorio nacional”, señaló el primer ministro durante una sesión en la Asamblea Nacional del país galo, vía RT.  

La cadena de atentados se produce días después del hallazgo del cadáver del profesor Samuel Paty. A mediados de octubre, el educador fue decapitado por un joven yihadista de 18 años porque supuestamente mostró caricaturas de Mahoma en una de sus clases.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el asesinato como un “atentado terrorista islamista” y declaró que luchará contra el islamismo radical. Desde entonces, sucedieron varios enfrentamientos verbales con el mandatario de Turquía, Recep Tayyip. Además, países musulmanes llamaron a boicotear a Francia.

Ataques

Ataque en Niza

Tres personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas en un ataque con un cuchillo dentro de la iglesia de Notre Dame, en Niza. Según medios locales, una mujer de 70 años fue decapitada; el sacristán de la iglesia murió por corte profundo en la garganta; y otra mujer que logró escapar murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades francesas señalan que el presunto agresor fue abatido por la Policía y trasladado a un hospital. Así mismo, indicaron que antes de ser neutralizado el sospechoso no paró de gritar “Allahu Akbar” (Alá es grande).

Ataque en Aviñón

Horas más tarde, en la ciudad de Aviñón, un hombre armado con un cuchillo habría intentado atacar a varios ciudadanos en las calles. Según reportes, el atacante habría gritado “Allahu Akbar” mientras amenazaba a los transeúntes. Cuando la Policía llegó al lugar abrió fuego y neutralizó al sospechoso.

Ataque en consulado francés en Arabia Saudita

Un guardia de seguridad del Consulado de Francia en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, fue apuñalado por un hombre mientras realizaba sus labores. Según AP, el presunto atacante y ahora detenido habría usado una “herramienta afilada” para cometer el delito. No obstante, autoridades consulares indicaron que el empleado sufrió heridas leves.

Ataque frustrado en Sartrouville

Un hombre con un cuchillo fue arrestado por la Policía en las proximidades de la iglesia de Saint-Martin, en Sartrouville, en horas de la tarde. Según medios locales, el sospechoso señaló que buscaba imitar el ataque en Niza. Sin embargo, el padre del agresor alertó a la Policía y no logró consumar el acto, vía RT.

Ataque frustrado en Lyon

Un hombre en posesión de un arma blanca fue arrestado por agentes policiales en la ciudad de Lyon. Según RT, Pierre Oliver, alcalde del distrito de Perrache, tuiteó que las fuerzas del orden detuvieron a un ciudadano afgano armado con un cuchillo de 30 centímetros antes de que pudiera subirse a un tranvía.

Según autoridades francesas, en todos los ataques los presuntos agresores gritaban “Allahu Akbar”. (CE).

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«El 3 de junio, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sus socios, neutralizaron al líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Abdelmalek Droukdel y varios de sus colaboradores cercanos (…) Felicito y agradezco a todos los que han habilitado y llevado a cabo estas atrevidas operaciones, que golpean severamente a esos grupos terroristas» manifestó Parly, a través de su cuenta de Twitter.

Droukdel figuraba entre los terroristas más experimentados del norte de África. Participó en la toma del poder islamista del norte de Mali antes de que una intervención militar francesa, en el 2013, los expulsara y dispersara a los combatientes en la región de Sahel.

«Nuestras Fuerzas, en cooperación con sus socios locales (…) continuarán rastreando a estas (personas) sin tregua», sentenció la Ministra de Defensa de Francia.

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«Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir», dijo Murillo, tras salir de la Fiscalía.

La denuncia aparece después de la difusión de un video donde un supuesto dirigente de la zona de Cochabamba, presuntamente, conversa con Evo Morales sobre el bloqueo de las vías en el marco de las protestas contra la presidenta interna, Jeanine Áñez.

Por otro lado, Evo Morales, asilado en México, se pronunció en twitter sobre la persecución a grupos sociales. “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en #Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.

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Pero el pasado sábado 19 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya recibió al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) quienes defienden los derechos de los trabajadores, pueblos y nacionalidades.

La fundación sin fines de lucro que está conformada desde 1997 visitó a tres representantes populares que se encuentran detenidos en la cárcel 4 de Quito. David Peña Rodríguez, integrante de CDES denunció varias irregularidades.

“Los tres detenidos son dignidades elegidas popularmente que participaban en las protestas. Según ellos, los emboscan, detienen a 130 personas, pero solo 9 son acusados de un delito de obstrucción de servicio público”, dijo Peña. Agregó que el 24 de octubre iniciará el juicio “en un proceso muy acelerado; la Fiscalía pidió renunciar a todos los procesos. Puede ser el primer juicio a personas que, ejerciendo su derecho a la protesta, puedan ser sentenciados arbitrariamente por el gobierno de Lenín Moreno”.

En ese sentido, dijo que CDES seguirá el proceso y se mantendrá vigilante de la integridad de las personas dentro de la cárcel. “Se trata de apresamientos y acciones judiciales para un bloque multipartidista que denota acciones en contra de un grupo de oposición” dijo el delegado internacional.

A ellos se unió Manuel Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y eurodiputado quien denunció que la Cancillería ecuatoriana le impidió visitar a la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien se encuentra detenida en la Cárcel de Cotopaxi. “El gobierno de Lenín Moreno inició una cacería de la oposición”, explicó y exigió que los presos políticos sean liberados.

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