«Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas, rescatado a 41 personas retenidas y abatido a cinco terroristas. Nos enfrentamos a 3 grupos terroristas. Se recapturó a 28 PPL fugadas», expresó la autoridad militar.

Agregó que «de acuerdo a lo que manifiesta el SNAI no existe ningún rehén que haya sido asesinado. Nosotros tenemos personal custodiando para que no existan desmanes en los centros de rehabilitación».

El decreto 111 entró en rigor el 9 de enero tras la intromisión de un grupo de criminales armados en las instalaciones de TC Televisión para amedrentar a los periodistas y equipo técnico que estaba trabajando en ese momento. Antes de ello, el presidente Daniel Noboa había declarado estado de excepción en todo el país tras la fuga de la cárcel regional de Guayaquil de alias Fito, líder de Los Choneros.

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La entrevistada habló sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la mención de Iza se produjo cuando se cuestionó a la legisladora sobre si votaría por Iza como presidente.

Pazmiño dijo que Leonidas Iza no es terrorista. No obstante, el locutor repitió paulatinamente «¿vio cómo aterró a Quito?, secuestraron a militares y que golpearon a policías mujeres«.

«Leonidas Iza es terrorista, porque él genera terror para tener el control del poder y así salirse con la suya», reclamó Vera. Asimismo, la entrevistada defendió al involucrado, a lo que nuevamente Vera respondió «él quiere volver al Tahuantinsuyo».

«Usted es comunista, porque votaría por Leonidas Iza para la presidencia de la República», le dijo Vera a su invitada. Según él, Iza promueve el comunismo latinoamericano.

¿Qué otras joyitas dijo Vera?

Además, Carlos Vera aseguró que la ciudadanía ya no quiere que las personas salgan a las calles, en el caso de que Lasso no sea destituido. «La gente no quiere más convulsión, la gente quiere paz«, manifestó Vera.

Según el periodista, la situación del país es evidentemente mala porque así la dejó el «correismo» y el mandatario solo se «ha estado preparando para actuar». De la misma manera aludió a que «las respuestas del presidente son tardías e insuficientes, pero han comenzado, desde permitir portar armas a civiles hasta la declaratoria para tratar a los terroristas de una forma diferente». (D.C.)

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La acción implicaría una intromisión en la Constitución vigente del país ya que los militares solamente pueden ejecutar operaciones cuando se ha declarado una emergencia o “estado de excepción”. De esta forma, la acción deberá ser “mitigada” por una reforma parcial de la Carta Magna, aprobada por la Asamblea Nacional.

“Es una acción importante. (…) para tener claro quiénes son los verdaderos enemigos. (…) (permitiría) inclusive la utilización de armamento, justificado por supuesto”, mencionó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Según el secretario de Gobierno, esta decisión se fundamenta también en la soberanía o existencia propia del estado. “Los grupos de crimen organizado y narcotráfico no pueden tener a su merced a los ecuatorianos. Atentan contra la existencia del estado. (…) han elevado, lastimosamente, su peligrosidad”, expresó Cucalón.

Así pues, las autoridades consideran que ambos cambios, la declaración y posible reforma, son una solución oportuna para la crisis de violencia que existe en el Ecuador.

¿Cuándo se cataloga a un individuo u organismo como terrorista?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sí identifica el delito de terrorismo. Es decir, los implicados en un acto terrorista pueden ser juzgados por dicho crimen. Pero la situación es diferente a que un individuo o grupo sea netamente rastreado, identificado y sometido con todo el vigor y herramientas de las Fuerzas Armadas.

Así pues, el delito de terrorismo está ya definido en el capítulo séptimo del artículo 366 del COIP, que se especifica:

“La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

En el inciso diez del mismo artículo, se define que “cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (B.T.R).

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Según el funcionario, la ciudadanía ya no puede seguir bajando la cabeza ante el crimen organizado y el narcotráfico. Además, agregó “no puede ser que el crimen organizado encuentre un estado desorganizado”.

Reforma del habeas corpus

Cucalón cuestionó la función de la justicia con los actos delictivos, pues en varias ocasiones se ha soltado a delincuentes por supuesta ausencia de pruebas. El 18 de abril, se dejó en libertad a “Elbi”, líder de los Tiguerones porque no había evidencia suficiente que lo inculpara.

De igual manera, el Ejecutivo junto a la función Judicial presentaron una propuesta para reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que con esta reforma se evitará el abuso de habeas corpus, aseguró en una entrevista de Ecuavisa.(D.C.)

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El vocero explicó que ya no se encontraban en el momento de los enfrentamientos en la plaza de Santo Domingo. «Las declaraciones de la ministra Vela las escuchamos en nuestra oficina».

«El Estado ya es violento. Es violencia que cataloguen de terroristas a un grupo de jóvenes, mientras aplauden a la derecha que se reúne en Cusín», añadió.

Flores expresó que ninguno de sus miembros ha sido detenido, sin embargo denuncia una vigilancia permanente.

¿Qué hace el movimiento?

Flores agregó que su trabajo es para la comunidad. «Realizamos escuelas de formación política, economía solidaria. Si una organización nos pide apoyo, nosotros vamos a ayudar. Tenemos un centro de psicología para la comunidad, también formamos una escuela para los niños que no podían acceder a la educación durante la pandemia».

El vocero indicó que están cerca de los sectores populares, no obstante, no pertenecen a ninguna organización o partido político fuera del movimiento guevarista.

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Encuadrado por decenas de policías, Carrillo presentó su comparecencia ante los asambleístas que receptan las pruebas de descargo de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro del juicio político en su contra. Allí, Carrillo denigró a los manifestantes de octubre del 2019 y alabó el trabajo de la Policía Nacional.

Según Carrillo, 38.000 unidades de munición fueron disparadas durante las protestas de octubre. “¿Es mucho, es poco, es prudencia, es imprudencia?” preguntó al aire el vocero de la policía y se respondió que el uso de esas armas fue proporcional a la violencia de los manifestantes.

“Nosotros descartamos el uso de armas letales. Ni en los saqueos, ni en los asaltos de las jornadas de octubre. Se uso únicamente agentes químicos”, mencionó Carrillo. Adicionalmente, justificó el uso de esas armas químicas y de perdigones como una legítima reacción ante los ataques de manifestantes con “armas caseras letales”.

La policía no atacó zonas paz, afirma Carrillo

La noche del 09 de octubre del 2019, un estruendo de bombas lacrimógenas y una estela de gas tóxico sorprendió a niños, jóvenes, ancianos y adultos refugiados en las universidades Católica y Salesiana, que sirvieron como centro de acogida humanitaria durante las protestas.

Carrillo negó que la policía haya sido artífice de esas acciones. Sin embargo, cuestionó que las universidades fueran calificadas como zonas de paz. “Qué norma existe en el Ecuador para que se hayan declarado zonas de paz?” preguntó Carrillo y señaló que declarar ciertos espacios como zonas de paz es tarea de Naciones Unidas.

Carrillo justifica el uso de gases caducados

Carrillo reconoció y justificó el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Según el vocero de la Policía Nacional, en un estado de emergencia, no hay órdenes ni prohibiciones, solo permisos. Por tanto, “no está prohibido usar gases caducados”, concluyó Carrillo.

Además, el comandante excusó el accionar de la policía alegando como pretexto un informe técnico sobre el uso de gases caducados, que, supuestamente, demostraba cómo el efecto del gas sería el mismo y, a decir de Carrillo, “las fallas podían darse únicamente en el ámbito operativo”. (JEB).

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