En el primer clip se escucha al rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sempértegui, admitir que encontró al menos hay 36 citas de pie de página en la tesis y él marcó más de 50 que no tienen pie de página a lo largo del texto. El rector alegó que esa era una «manera coloquial de citar».

Recalcó que la Universidad inició una investigación para determinar la autoría de la tesis. Sin embargo, mencionó que no está dentro de sus funciones anular o no el título de Salazar.

«Yo tengo la tesis aquí y en efecto se comprueba una debilidad -una impericia- para citar», dijo.

En otro fragmento pidió a los demás integrantes que guarden sus dispositivos móviles.

«No fotografíen, no difundan. Guarden todos los papeles en el sobre manila. Al final estaremos recogiéndolos», comentó.

De la misma manera, pidió a los integrantes del HCU que se «pongan en «los zapatos» de una estudiante de 23 años que estaba aprendiendo a escribir». Sempérteguí enfatizó que la «impericia» tenía que ser detectada por el director de la tesis, pero no lo hizo.

«Si el docente a cargo también estaba en ese error y desconocimiento cómo le va a corregir a la alumna», remarcó.

¡Ey! Las normas para todos

A lo largo de la reunión, las posturas de los integrantes del Consejo frente al informe que analizó la tesis de Salazar se complicaban.

Mientras la docente Julieta Logroño justificaba a la entidad y a la Comisión del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia del documento elaborado, la maestra Silvia Vega explicaba que las reglas y normas para evitar el plagio radican en la institución desde 1974. Por lo que no existía alguna excusa para pasar por alto las fallas.

«A mí me parece que no se está falseando a la verdad porque dicen que son coincidencias y hay algunas que no se deben citar», dijo Logroño.

«Aunque aquí se ve -de alguna manera- cosas iguales, son en realidad cuestiones que todo el mundo maneja y es necesario decirlo», repitió.

Por otro lado, Vega apuntó que el reglamento es lo suficientemente claro y específico en estos escenarios. «Es lamentable que no fue observado a tiempo», indicó.

Finalmente, Sempértegui aseguró que la tesis de tercer nivel es «un documento formativo» y no «el tratado de un profesional formado y acabado».

«La tesis pudo haber sido más escueta, vista desde nuestra perspectiva. Es más, la tesis Albert Einstein era muy corta porque tuvo 25 páginas», comentó.

La respuesta de Salazar

La fiscal, a través de un comunicado, indicó que este sería otro supuesto «intento por menoscabar su reputación» y denunció ser víctima de violencia política.

«Esta campaña expectativa, una vez más, pretende continuar con el ataque sistemático de un proceso que, desde el punto de vista jurídico, ya está resuelto», reza el comunicado.

Era como un tesoro…

El 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los “errores de la fiscal” como una “impericia”.

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una “intención de ofender al HCU de manera pública”. En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

Sin embargo, el pasado 31 de octubre, el Tribunal de la Corte de Pichincha ordenó la entrega inmediata del audio de la reunión que analizó el supuesto plagio de Salazar.

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Sempértegui ya otorgó el audio de cuatro horas de la sesión del Honorable Consejo Universitario (HCU) al colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), así lo confirmó Priscila Schettini a Radio La Calle. Comentó que ahora lo revisarán para corroborar la información que difundió el rector.

«Esto tomó fuerza en segunda instancia y ratificó que debían entregarnos el audio porque eso es algo público», dijo.

Recalcó que esta información debieron haberla entregado en el tiempo pertinente, pues transcurrieron más de dos meses y el proceso quedó en incertidumbre.

El pasado 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los «errores de la fiscal» como una «impericia».

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una «intención de ofender al HCU de manera pública». En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

«Este es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país que solo somete a los miembros de esta mesa a injurias», dijo en La Hora.

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El rector de la UCE tenía que comparecer ante el Cpccs por la comisión que se habría formado para revisar el supuesto plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El ciudadano Eduardo Chinga habría solicitado esta audiencia.

Sin embargo, Sempérteguí no acudió a la sesión, por lo que el consejero Augusto Verduga mencionó que el rector «le dio la espalda a un pedido ciudadano».

Ante la ausencia, Vera indicó que Sempértgui fue notificado a través de un correo electrónico y mediante una citación física.

«Hasta el momento, la UCE no nos ha notificado con ninguna excusa o respuesta sobre la comparecencia. No lo han hecho ni de manera telemática ni de forma física», refirió Vera.

¿Qué dice AJP?

De la misma manera, una de las integrantes de Acción Jurídica Popular (AJP), Angélica Porras, aseguró que la máxima autoridad de la universidad tendía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal.

«Nosotros venimos a la audiencia para entregarle al rector otra información sobre otro plagio de la señora Salazar cuando ya era fiscal», refirió.

Según el colectivo, es plagio respondería a un articulo científico publicado en una revista de la universidad. También, indicó que uno de los supuestos implicados trabaja en la institución e control desde el 2019.

No daban señales de vida…

AJP presentó una acción de acceso a la información pública en contra UCE por la falta de entrega de documentación relacionada a la tesis de Salazar.

El 26 de mayo de 2023, Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %.

Sin embargo, más de 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. (N.J.C)

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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Schettini comentó que ahora pretenden posicionar el discurso que ella debería estar detenida por las supuestas amenazas a Salazar.

«Así o más claro que las amenazas a la fiscal son mentiras (…) Etiquetan (supuestos trolls) a la Policía Nacional. Cuidado con otro caso armado, señores», expresó.

La disputa entre Salazar y Schettini inició cuando el AJP denunció el supuesto plagio de la fiscal en su tesis y solicitaron a la Universidad Central del Ecuador que conformen una comisión que compruebe esto.

Según la organización, el sistema antiplagio detectó que el documento de la principal autoridad de la FGE tiene 37 páginas de plagio.

Las supuestas amenazas

La madrugada de este 1 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que Salazar habría recibido amenazas en su contra y de su hija. La entidad de control rechazó todo tipo de «amedrentamientos».

El ministro del Interior, Juan Zapata, también se pronunció y aseguró que enviaría «las mejores unidades de investigación» para esclarecer el hecho. El servidor pretende enviar a su mejor contingente cuando en el país se desbordan los índices de violencia e inseguridad.

La denuncia

AJP solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Además, el equipo de abogados denunció otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021.

“La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad“, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP. (N.J.C)

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En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

El rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sampértegui, dispuso la integración de una comisión de “auditoría académica” para investigar el supuesto plagio de al menos un 40% de la tesis de pregrado de la fiscal general, Diana Salazar.

Sampértegui realizó este anuncio dos días después de que el colectivo jurídico Acción Jurídica Popular pidió que se le abra un expediente y se le revoque el título de abogada a esta autoridad de control.

El colectivo pidió a la UCE los nombres de los miembros de la Comisión de Auditoría Académica que analizará el supuesto plagio y la autoridad que designó este comité. De la misma manera, se pretende la entrega de la acta de sesión en la que se decidió los integrantes de este grupo.

El colectivo también solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio.

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Además, en el escrito se pide los nombres de los miembros de la Comisión de Auditoría Académica que analizará el supuesto plagio y la autoridad que designó este comité. De la misma manera, se pretende la entrega de la acta de sesión en la que se decidió los integrantes de este grupo.

El colectivo también solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio.

En el literal seis, se reza que se confiera una fotocopia certificada de la tesis de grado de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez». El título de su trabajo de grado fue «El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecuatoriana».

Finalmente, cuestionaron el grado de consanguinidad del rector de la UCE, Fernando Sempértegui, con Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez. Estos últimos son servidores de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según AJP, este último pedido es vital para conocer el nivel de relevancia en la denuncia que han presentado.

La solicitud fue dirigida al rector de la UCE, y a los miembros de Consejo Universitario. Asimismo, se consideró al decano de la Facultad de Jurisprudencia, José Luis Terán.

La denuncia

El 22 de mayo, Acción Jurídica Popular solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

”La señora fiscal Diana Salazar señaló que las denuncias que hemos realizado por el plagio de su tesis eran difamaciones”, manifestó la activista social Priscila Schettini en un tuit.

El Consejo de la Judicatura se reunirá esta noche para tratar el informe que concluye la suspensión de la fiscal Diana Salazar. (DCJ)

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Sampértegui realizó este anuncio dos días después de que el colectivo jurídico Acción Jurídica Popular pidió que se le abra un expediente y se le revoque el título de abogada a esta autoridad de control.

La comisión deberá presentar un informe sobre el cual el Consejo Universitario deberá tomar una decisión. Dicho Consejo está integrado por el rector, el vicerrector, los directores de carrera, además de los decanos de cada facultad; también tiene representación estudiantil y de los trabajadores.

Según Sempértegui, la investigación estaría listo en un mes y debe tener en cuenta las normas de elaboración de tesis vigentes en 2005, fecha de graduación de Salazar. (MIB)

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Quito, 05 may (La Calle). – La Universidad César Vallejo anunció que han acordado designar una comisión investigadora que evalúe la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y su esposa, Lilia Paredes, luego que el último domingo un reportaje de ‘Panorama’ denunciara que dicho trabajo académico tenía 54% de plagio.

A través de un comunicado, el centro de estudios de propiedad de César Acuña señaló que, con los resultados se obtengan de dicha revisión, tomarán las medidas correspondientes.

“Ante los hechos informados en los medios de comunicación sobre la tesis de maestría de los señores José Pedro Castillo Terrones y Lilia Ulcida Paredes Navarro, el Consejo Universitario de la Universidad César Vallejo, en su sesión ordinaria del día 2 de mayo de 2022, acordó designar una comisión que evalúe el referido trabajo de investigación. Con los resultados obtenidos, se adoptarán las acciones que correspondan”, se lee en el pronunciamiento.

Plagio

El 1 de mayo, el programa dominical acusó que la tesis que realizó en conjunto la pareja presidencial, para obtener el grado de magíster, se analizó por el software Turnitin. Se reveló que se habría plagiado más de la mitad. Dicho trabajo cuenta con 121 página y se titula. “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña – Tacabamba – Chota”.

Además, se detalló que el documento cuenta con un marco teórico de 26 páginas. Todas ellas serían una copia, en su totalidad, de autores nacionales y extranjeros sin haberlos citado.

Presunto fraude académico

Panorama también denunció un presunto fraude académico del trabajo realizado por Castillo Terrones y Paredes Navarro. Señalaron que dos de las personas que supuestamente validaron los talleres y cuestionarios que utilizaron para su investigación no existen.

A su vez, informaron que existe una tercera persona, llamada Erick Carlo Figueroa Coronado, quien dio el visto bueno para emplear dichos instrumentos. Sin embargo, este resultó ser también el jurado de la sustentación de la tesis.

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