“Hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y proteger nuestras aguas de la pesca ilegal”, tuiteó Noboa.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa.

El presidente de Ecuador no dio más detalles sobre la asociación entre su gobierno y Erik Prince. El ex Navy SEAL, ahora contratista de seguridad multimillonario, mantiene estrechos vínculos con la administración de Donald Trump, presidente de EE.UU.

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Noboa anunció el domingo una recompensa de un millón de dólares por la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador.

Desde enero de 2024, Noboa ha lanzado una ofensiva frontal contra las pandillas locales y los cárteles extranjeros. Estos grupos son responsables del aumento de la violencia en un país que hasta hace poco era considerado uno de los más seguros de América del Sur.

Ecuador, el paso de la droga

La ubicación estratégica de Ecuador, entre dos de los principales productores de cocaína del mundo –Perú y Colombia–, junto con sus puertos en el Pacífico, ha convertido al país en lo que los expertos describen como una “superautopista” de la droga, utilizada para transportar grandes volúmenes de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa, ha destacado The Guardian.

“Estamos en guerra y estamos luchando contra un pueblo fuertemente armado, organizado, con respaldo financiero nacional e internacional y una estructura de terror y criminalidad que llega mucho más allá de las fronteras de Ecuador”, declaró Noboa en ese momento.

Sin embargo, la dura ofensiva del presidente no ha logrado detener la violencia y ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias.

Antecedentes de Erik Prince

En septiembre de 2007, la Guerra de Irak alcanzaba uno de sus momentos más violentos. En medio de este conflicto, el nombre de Erik Prince, fundador y director de Blackwater, comenzó a ganar notoriedad.

Los informes de la época detallan que la insurgencia iraquí lanzó una ofensiva sin precedentes, resultando en la muerte de cerca de 1.000 soldados estadounidenses solo ese año. Estados Unidos, al frente de la coalición internacional, había liderado la caída del régimen de Sadam Huseín.

Prince, exmilitar y heredero de una familia con fuertes lazos con el Partido Republicano, fundó Blackwater en 1997. A inicios de los 2000, Blackwater comenzó a recibir sus primeros contratos del gobierno de Estados Unidos.

Para 2003, con el inicio de la Guerra de Irak, Blackwater se convirtió en una de las principales empresas privadas contratadas por el gobierno de EE.UU. Su labor incluía brindar seguridad a funcionarios, proteger instalaciones militares y entrenar agentes en la zona de conflicto.

El 16 de septiembre de 2007, en la Plaza Nisour de Bagdad, un grupo de contratistas de Blackwater abrió fuego contra un vehículo. En el automóvil viajaba una pareja junto a su hijo. Los contratistas alegaron que fueron atacados y respondieron al supuesto fuego enemigo. Sin embargo, la situación escaló cuando se sumaron efectivos de la Policía iraquí y otros agentes de Blackwater, resultando en la muerte de 17 civiles.

Las versiones contradictorias entre Blackwater y el Gobierno de Irak llevaron a la suspensión de la autorización de la empresa en el país. El incidente también generó un debate global sobre el rol de las compañías privadas en los conflictos armados y su posible relación con el mercenarismo.

En esos años, la ONU reveló que varias empresas privadas estadounidenses operaban en Irak durante la guerra. Estas compañías reclutaban mercenarios en países como Ecuador y Honduras con ofertas laborales engañosas.

Sentencias y la desaparición de Blackwater

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos por la Cámara de Representantes, el Ejército y el FBI concluyeron que los empleados de Blackwater fueron responsables de “bajas significativas y daños materiales” en Irak. Además, determinaron que al menos 14 de las víctimas en la Plaza Nisour fueron asesinadas sin justificación.

Basándose en estos hallazgos y otras pruebas, el 22 de octubre de 2014, cuatro contratistas de la empresa fueron declarados culpables de asesinato y homicidio. Uno de ellos recibió cadena perpetua, mientras que los otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión.

Tras el incidente, Blackwater comenzó a cambiar su enfoque y, desde 2008, redirigió sus actividades hacia la prestación de servicios de seguridad. En febrero de 2009, adoptó el nombre Xe Services, y dos meses después, Erik Prince renunció a su cargo como director, alejándose de la compañía.

Finalmente, en 2010, la empresa fue vendida y actualmente opera bajo el nombre de Constellis.

Cuestionamientos

El anuncio de que Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, se sumaría a la estrategia de seguridad de Noboa desató indignación y temor, debido al historial de su empresa, vinculada a abusos y crímenes, como el asesinato de 14 civiles iraquíes en 2007 tras la invasión de Estados Unidos.

El abogado ecuatoriano Marlon Martínez Molina criticó duramente la decisión de Noboa, señalando que, tras el fracaso del plan Fénix, el presidente busca instaurar el paramilitarismo en Ecuador. Además, recordó que Blackwater ya estuvo involucrada en la muerte de civiles en Irak, cuestionando si el mismo escenario podría repetirse en el país. «Gobernar a través del delito», sentenció en su publicación.

La escritora ecuatoriana Cristina Burneo fue aún más contundente: “Noboa es la muerte del Ecuador… no hay fin al terror en este país”, escribió en la red social.

Por su parte, la activista Soledad Angus Freré expresó su preocupación por el rumbo del país, advirtiendo: “Nos estamos yendo directo al precipicio”.

IF

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El lunes 28 de noviembre, los medios de comunicación extranjeros manifestaron -en una carta abierta- que EE.UU. debe poner fin a la persecución contra Assange. «Esta acusación sienta un peligroso precedente y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa», afirmaron.

Los cargos de Assange

Las autoridades estadounidenses reclaman la extradición de Assange por 18 cargos, incluido uno de espionaje, relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de registros militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos.

Las primeras filtraciones de documentos militares, se publicaron de manera coordinada en varios medios internacionales. La información en cuestión, mostraba con crudeza el fracaso de las guerras de Irak y Afganistán.

El compromiso de Petro

El 22 de noviembre delegados de Wikileaks llegaron a la Casa Nariño para reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Canciller Álvaro Leyva. El objetivo del encuentro sería hablar sobre los riesgos que existen para la democracia y libertad de prensa si Assange es extraditado a EE.UU.

En este sentido, Petro se comprometió a ejercer presión a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la liberación de Julian Assange. Según el editor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, el mandatario colombiano dijo que unirá fuerzas con otros líderes de la región. (A.G.M).

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La recaudación con el sistema Piketty podría recaudar más de USD 11.500 millones anuales para financiar los esfuerzos contra la pobreza, la universidad pública gratuita y otros programas de bienestar social, informó The Guardian.

“Esto no debe verse como un castigo o un sacrificio”, dijo Petro en su disertación. “Es simplemente un pago solidario que hace un afortunado a una sociedad que le ha permitido generar riqueza”.

Si el plan se aprueba, las personas con mayores ingresos del país, el 2% de la población colombiana, aumentarían su pago de impuestos. También reduciría los beneficios fiscales y combatiría la evasión por parte de este grupo.

Los aumentos de impuestos aumentarían progresivamente a medida que aumentan los ingresos. Agregaría un impuesto anual a la riqueza sobre los ahorros y la propiedad por encima de $630,000, y agregaría un impuesto del 10% sobre algunas de las mayores exportaciones de Colombia (petróleo, carbón y oro) después de que los precios superen cierto umbral.

¿Cuál es el modelo Piketty?

Thomas Pikkety es un economista francés al que varios progresistas toman de referencia para hablar de desigualdad económica y distribución de la riqueza. En su libro El Capital del siglo XXI, Piketty explica que la riqueza heredada crece a un ritmo mayor que la riqueza generada. Lo que se refleja en las cómodas vidas de los herederos de los empresarios multimillonarios y el joven que debe conseguir dos trabajos para pagar su deuda de estudios universitarios.

El economista propone un impuesto del 80 % sobre los ingresos superiores a 500.000 al año en EE.UU. para reducir este crecimiento y evitar que la brecha entre los súper ricos y la clase trabajadora siga expandiéndose.

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