“Están desplegando carpas en los parqueaderos de la Casa de la Cultura. El mayor me pidió que les abra el Ágora. Nosotros no vamos a abrir, ellos podrán entrar, pero nosotros no les vamos a abrir la puerta. Entraron por asalto, saltando por una verja. No por la puerta principal”, dijo a Radio La Calle.

Agregó que la requisición es ilegal ya que no existe un responsable determinado en el decreto ejecutivo 455. “El reglamento de requisiciones obliga poner quién es la autoridad competente de la requisición. Administrativamente la cultura no es un servicio básico por lo que no se pueden tomar de esa forma. El documento que nos llega carece de motivación por lo que el acto es de carácter ilegítimo”.

En la CCE existen alrededor de 37.000 bienes, muchos de ellos patrimoniales. Los Museos de Arte Moderno, el Museo Nacional del Ecuador, la colección de instrumentos musicales más grande de Sudamérica y el archivo fílmico, cuya película más antigua data de 1922. “No hay ningún documento donde diga que nosotros les entregamos la Casa de la Cultura”.

Hasta el momento, agregó Cerón, no han recibido pedidos de la CONAIE para usar la Casa como centro de acogida. “Estamos concentrados en recuperar el espacio. Vamos a ir a la Asamblea para que deroguen el estado de excepción”.

Una dictadura

La última vez que un régimen tomó la Casa de la Cultura fue en 1963. Su ideólogo, el escritor y diplomático Benjamín Carrión fue destituido de su cargo de presidente. Ahora no estamos en dictadura, pero las acciones del Estado, para Cerón, no tendrían otro nombre. “El acto de toma fue inconstitucional, ilegal, ilegitimo y arbitraria ¿Cómo podemos llamarlo? Nosotros entregamos una acción de protección en Flagrancia a las 06:30 y no fue recibida. A las 23:00 nos dijeron que no la iban a recibir porque no hay sistema y porque los jueces están ocupados. Todo esto ¿cómo se llama? La última vez que pasó esto estuvimos en una dictadura militar”.

“Lamentamos mucho el silencio del Ministerio de Cultura. Aclaramos que este predio le pertenece a la CCE y no a nadie más del Estado. La ministra es parte de la Plenaria, nos reunimos ayer y el único ausente fue el Ministerio de Cultura. No hemos tenido ningún comentario, ni llamada desde ese Ministerio”. MIB

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“Los espacios dedicados a la cultura deben, por esencia, ser territorio de paz y diálogo. Bajo ninguna circunstancia se puede acudir a la cultura como argumento para la violencia, como lo ocurrido en octubre del 2019 contra periodista y policías en el Ágora de la Casa de la Cultura”, añaden.

La posición de la viceministra

En redes sociales, la viceministra de Cultura, Fanny Samudio, respaldó la acción de la Policía, que entró saltando la verja que colinda con el parque El Arbolito. “Totalmente de acuerdo, pero en 2019, cuando la naturaleza del espacio público cultural se desfiguró con la violencia, agresión y retención de periodistas y de policías, ese principio humanitario lo quebró el que trasgredió la acogida humanitaria y su naturaleza de paz”, escribió.

Añadió que “La fuerza pública acude precisamente para salvaguardar el patrimonio que se encuentra allí y que debe ser custodiado ante la ausencia de un plan de contingencia, acción, garantes y mediación que le corresponde a la “autonomía” de la CCE”.

Voces críticas

A pesar de la visión de las autoridades de Cultura otros sectores de defensa de los derechos rechazan la intromisión policial. Desde el presidente de la CCE, Fernando Cerón, incluyendo al defensor de derechos humanos, Alexis Ponce.

“¿Qué espera Fanny Samudio, viceministra de Cultura, si algo de memoria tiene, si algo de dignidad queda por encima del cálculo del poder? ¿Qué espera Fanny Samudio  para renunciar a su cargo de viceministra?”, dice Ponce, que además fue dirigente estudiantil del Colegio Mejía en los años 80y visitaba asiduamente la CCE. “Benjamín Carrión con hombres como Jorge Enrique Adoum y otros más como Oswaldo Guayasamín, le dieron a la CCE una estatura continental, latinoamericana”, expresó.

Recalcó que fue cerrada únicamente por las dictaduras. “Eso lo sabe Fanny Samudio que conmigo estuvo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) partido al que pertenecen muchísimos militantes que deberían salir a la línea de enfrente y condenar a esta bota policial y militar dentro con un argumento tan pueril e infame”. MIB

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“La Casa de la Cultura se ha tomado por la Policía. No podemos sostener este espacio para la cultura. Con mucha pena debo decir que ha muerto la cultura”, dijo el presidente con lagrimas en los ojos. Él y demás personal junto con colectivos, gestores culturales y artistas tuvieron que salir del lugar tras hablar con la policía. Lo hicieron gritando consignas en defensa a los derechos y la cultura.

Alrededor de 200 personas se congregaron desde la mañana del 19 de junio debido al pedido de Fiscalía de allanamiento de sus instalaciones por una llamada anónima que denunció que en sus bodegas guardaban elementos explosivos. Tras la inspección donde la Policía recorrió la biblioteca y el archivo fílmico, no encontraron ningún indicio.

La última vez que había irrespetado la autonomía de la Casa de la Cultura fue el 18 de julio de 1963 cuando la dictadura militar tomó las instalaciones y destituyó a sus miembros, incluido su presidente de ese entonces, Benjamín Carrión.

¿Qué dijo el ministro Carrillo?

Tras las críticas de parte de varios sectores culturales y sociales, Carrillo respondió y justificó el accionar policial en un tuit. Apeló al decreto de estado de excepción que pone a Quito como “zona de seguridad”.

«Ante la información que circula en redes sociales, que la Policía Nacional se ha tomado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se informa que, en horas de la mañana se dio cumplimiento a una orden judicial de allanamiento. Posteriormente, se dispuso el resguardo de sus instalaciones por motivos de seguridad y de protección del patrimonio cultural yacente en dicha edificación. Al ser una institución pública, es imperioso brindar seguridad a sus instalaciones”.

No obstante, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas informó en rueda de prensa que las instalaciones se utilizarían para albergar a oficiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), colocar un centro de mando y recibir donaciones como agua y vituallas. MIB

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