La secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo mencionó que esta decisión la toman porque los magistrados no consideraron todas las aristas y características en la primera audiencia. Por lo que, las trabajadoras sexuales aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias para evitar otro maltrato por culpa de las autoridades.

Las mujeres que se dedican a esta labor indicaron que nunca dejaron de asistir a las mesas técnicas que mantenían con la Alcaldía hasta diciembre de 2022. No obstante, no concuerdan en la carnetización que plantean las autoridades. Además, tacharon de “aberrante” que pretendan colocarles un código QR.

“Muchas de nuestras familias no saben a lo que nos dedicamos (…) no nos permiten pasar por las plazas del Centro, a pesar de que somos ciudadanas”, refirió para Ecuavisa.

“Es legal mientras no lo ejerzan”

La municipalidad de Quito estableció que las trabajadoras sexuales eviten tres puntos claves del Centro Histórico: La Plaza de San Francisco, La Plaza Grande y la Plaza del Teatro, pues el secretario de Inclusión, Fernando Sánchez enfatizó que “no se puede espantar al turista del Centro Histórico”. Además, repitió que se debe precautelar la seguridad de quienes asisten a ese espacio de la ciudad.

“Las trabajadoras sexuales deben evitar laborar en horarios de colegios y escuelas, deben respetar las calles y plazas conocidas”, remarcó.

Lo dejaron en manos de Muñoz

Las autoridades mencionaron que la decisión de esta propuesta será una tarea de la siguiente administración. Con esto, el alcalde electo, Pabel Muñoz, mantendrá una reunión con Sánchez el 29 de marzo para abordar los avances el proyecto.

Esta medida fue tomada luego de que el juez Ángel Mestanza dictaminó que el Municipio de debe determinar un lugar adecuado dentro de la ciudad para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad.

Hernández indicó que se han visto en la obligación de realizar trabajos sexuales a cambio de que las dejen trabajar tranquilas.

“Esto no solo me tocó hacer a mí, sino la mayoría de personas que nos dedicamos al trabajo sexual. Ya estamos cansadas de tanto maltrato”, señaló. (O.Z)

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“Las cuatro organizaciones nos declaramos en rebeldía, no nos vamos a ir. Somos parte de la historia y no vamos a ser desalojadas, porque no somos delincuentes” dijo la representante.

Nelly Hernández, trabajadora sexual y lideresa de una de las organizaciones de este gremio, manifestó que el Municipio de Quito ha vulnerado los derechos de los trabajadores. Además, comentó que se las intenta desalojar del Centro Histórico.

«Mónica», representante de la organización mixta Primero de Mayo, dijo “nos han tenido sentados en mesas técnicas semanas enteras para nada. Él (alcalde de Quito, Santiago Guarderas), él no tiene palabra. Las mesas técnicas no tienen palabra”.

David González, asesor del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Quito, confirmó la existencia de violencia en contra de los trabajadores. Con estas acciones, el Municipio «atenta contra todos los derechos humanos del espacio de libre tránsito, de la movilidad y del trabajo».

Además, dijo que se presentarán todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del trabajo sexual. Y señaló que tendrán articulación con la Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hoteles clandestinos, un peligro

Los trabajadores sexuales denuncian la existencia de sitios clandestinos que no cuentan con las medidas de seguridad para precautelar sus vidas, seguridad e integridad.

“El Municipio nos ha cerrado las puertas (…) Rotaremos a donde haya un lugar que nos abra la puerta, así seamos extorsionadas”, dijo Nelly.

Mónica mencionó que las trabajadoras “pagan habitaciones entre USD 5 a USD 10 dólares. Ellas prefieren pagar esa habitación a irse sin un centavo a sus casas. Y los hoteles clandestinos están aprovechándose”. González aclaró que en los lugares clandestinos los trabajadores sexuales pueden ser víctimas de violencia y femicidio.

En total, cerca de 313 trabajadores sexuales están carnetizados, es decir, de los que se tiene registro y constan dentro de las organizaciones.

Movilización Nacional

Las organizaciones no descartaron la posibilidad de unirse a la jornada de manifestaciones previstas para el 13 de junio de 2022.

“Pensamos en la posibilidad de sumarnos para lograr un fin específico: que dejen trabajar, que se dé la garantía para protección en temas de seguridad, en temas de delincuencia, robo y tráfico”, dijo el asesor del sindicato.

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