Ecuador, en la lista negra laboral mundial

Esta clasificación forma parte de un listado anual que evalúa a 151 países según 97 indicadores sobre violaciones a los derechos de los trabajadores. El resultado para Ecuador fue contundente: una puntuación de 5 (la peor calificación posible), lo que significa que no se garantizan los derechos laborales básicos. En la lista negra de 2025, Ecuador comparte deshonor con países como Egipto, Esuatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía, todos señalados por un grave incumplimiento de las libertades sindicales y condiciones laborales mínimas.

Un informe que revela la crisis de derechos laborales

El informe de la CSI, conocido como Índice Global de los Derechos, califica el cumplimiento de derechos laborales colectivos como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la huelga. Ecuador ha venido apareciendo recurrentemente en los últimos años entre los peores puestos de este índice, evidencia de un retroceso sistemático en materia laboral.

“Si este ritmo de deterioro continúa, de aquí a diez años no quedará ni un solo país con la calificación máxima en respeto a los derechos de los trabajadores. Estamos ante un escándalo mundial”, advirtió Luc Triangle, secretario general de la CSI, al presentar el informe.

La radiografía global es preocupante, pero la situación ecuatoriana destaca negativamente incluso en la región: América obtuvo en 2025 su peor promedio histórico (3,68/5), siendo la región más peligrosa del mundo para los sindicalistas –con 16 asesinatos documentados en el último año–, y aun así Ecuador logró estar por debajo del ya crítico promedio regional.

El Índice Global de Derechos 2025 se anunció durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y expone con datos la realidad que las y los trabajadores ecuatorianos vienen denunciando: un clima generalizado de violaciones a sus derechos.

El estudio documenta casi 90% de países a nivel mundial que vulneran el derecho de huelga, y cerca del 80% que niegan la negociación colectiva. Ecuador, al figurar entre los peores, refleja una combinación letal de factores internos que explican este pésimo desempeño.

A continuación, examinamos esas causas: el debilitamiento deliberado de los derechos laborales vía reformas regresivas, la represión al movimiento sindical y el auge de la informalidad y precarización del trabajo.

Reformas regresivas y debilitamiento de derechos de los trabajadores

Detrás de la mala calificación de Ecuador subyace un marco jurídico cada vez más restrictivo para los trabajadores. La CSI advierte que en el país los empleadores pueden interferir libre e impunemente en la formación de sindicatos, aprovechando leyes y prácticas que obstaculizan la organización laboral. Las autoridades rechazan sistemáticamente las solicitudes de registro de nuevos sindicatos, tanto en el sector público como en el privado, sin justificación legal.

Esta política de Estado, sumada a cambios normativos regresivos, ha ido minando los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Un ejemplo claro fue la propuesta de “Ley Creando Oportunidades” impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso en 2021. Bajo el argumento de modernizar el mercado laboral y generar empleo, el proyecto planteaba medidas polémicas: ampliar el período de prueba de 3 a 5 meses, instaurar la “recuperación” de horas no trabajadas y hasta exigir una indemnización del trabajador al empleador en ciertos casos de ruptura contractual.

Los sindicatos rechazaron enérgicamente esta visión. “Esto representa una regresión total a los derechos, el trabajo debe darse en condiciones dignas y con un sueldo justo”, denunció Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al evaluar dicha propuesta. La iniciativa finalmente no prosperó en la Asamblea Nacional por su evidente contradicción con principios constitucionales, pero marcó la pauta de las intenciones gubernamentales.

Otra arista fue la llamada Ley Humanitaria aprobada en 2020 durante la pandemia, que permitió reducciones de jornada laboral de hasta 50% con la consecuente merma salarial.

Aunque se justificó como medida de emergencia, organizaciones laborales la tildaron de “ley antiobrera” que institucionalizó la precarización bajo la excusa de la crisis sanitaria.

Asimismo, en 2023 el gobierno intentó mediante referéndum introducir el contrato por horas como modalidad general. El FUT y otras centrales sindicales calificaron esa pregunta de consulta popular como “regresiva y atentatoria a los derechos”, alertando que legalizar el trabajo por horas abriría la puerta a la explotación y la inestabilidad crónica.

La ciudadanía finalmente rechazó esa propuesta en las urnas, reflejando un amplio rechazo social a la flexibilización extrema del Código de Trabajo.

Estas reformas (tanto las consumadas como las intentadas) han tenido un efecto tangible: la pérdida de protección para el trabajador común. Hoy es más fácil despedir sin consecuencias, contratar bajo figuras temporales o tercerizadas, y desconocer contratos colectivos.

Todo ello erosiona el poder de negociación de los empleados y desequilibra a favor del capital, como han señalado analistas laborales. No es casualidad, remarcan los sindicatos, que Ecuador esté en la lista negra: cuando las leyes retroceden, los abusos avanzan.

Represión sindical y criminalización de la protesta de los trabajadores

El otro gran factor que explica la pésima clasificación de Ecuador es la represión sistemática al movimiento sindical y social. El propio informe internacional lo destaca: en Ecuador existe un “clima antisindical generalizado y peligroso”, donde los trabajadores que intentan formar o unirse a un sindicato se enfrentan a amenazas de muerte y despidos.

La CSI documentó casos estremecedores: en una empresa procesadora de palma africana, los empleados recibieron amenazas de muerte por el solo hecho de querer sindicalizarse, mientras que en una entidad pública 26 trabajadores fueron despedidos tras intentar crear un sindicato. Estas prácticas antisindicales buscan infundir miedo y desactivar cualquier reclamo colectivo, violando flagrantemente convenios internacionales suscritos por el Ecuador.

La situación se agrava cuando las y los trabajadores deciden salir a las calles a protestar por sus derechos. El informe de la CSI recuerda lo ocurrido en junio de 2022, durante el Paro Nacional convocado por organizaciones indígenas, sindicales y sociales contra las políticas económicas del gobierno.

“El Gobierno reprimió brutalmente las protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos… Las fuerzas policiales actuaron con violencia desmedida contra los manifestantes, deteniendo, hiriendo e incluso matando a muchas personas”, denuncia el reporte.

Aquella jornada dejó un saldo trágico de al menos siete fallecidos y decenas de heridos, además de una oleada de detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra dirigentes sociales, según documentó Amnistía Internacional. Esta respuesta estatal punitiva envía un mensaje escalofriante a la clase trabajadora: alzar la voz puede costar caro.

Los líderes sindicales de los trabajadores señalan que la persecución no terminó allí.

José Villavicencio, presidente del FUT, ha denunciado recientemente una cacería de brujas contra dirigentes sindicales en distintos sectores. “Hay persecución de dirigentes que denuncian la incapacidad del Gobierno… Vemos empleadores públicos y privados desatando represalias, buscando despedir o enjuiciar a quienes defienden los derechos laborales”, afirmó Villavicencio en septiembre de 2024.

La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Marcela Arellano, respaldó esas declaraciones y rechazó la “persecución desatada por empleadores” contra activistas laborales, solidarizándose con sindicalistas sancionados en empresas eléctricas y del sector petrolero.

En la práctica, esto significa que un trabajador en Ecuador no solo enfrenta obstáculos legales para organizarse, sino que arriesga su sustento, su libertad e incluso su vida al exigir condiciones dignas.

La criminalización de la protesta también ha tenido un efecto amedrentador en la base trabajadora. Tras las movilizaciones de 2022, muchos empleados públicos fueron advertidos de no participar en huelgas bajo amenaza de despido. Se han registrado casos de maestros y personal de salud sumariados o separados de sus cargos por apoyar paros y reclamos gremiales.

Todo esto configura un entorno hostil para la acción sindical, donde el derecho a huelga –garantizado en la Constitución– queda en papel mojado. No sorprende, entonces, que la CSI catalogue a Ecuador entre los peores del mundo: un país donde protestar por mejores salarios o condiciones puede terminar en represión violenta o despidos masivos.

Auge de la informalidad y trabajo precario

A la par del retroceso en derechos formales, Ecuador enfrenta una explosión de la informalidad y la precarización laboral. Los propios datos oficiales confirman la magnitud del problema. Al cierre de 2024, solo 4 de cada 10 ecuatorianos tenía un empleo formal, con plenos derechos, mientras que el 58% de los trabajadores estaba en la informalidad.

Se trata del nivel de informalidad más alto de los últimos años, indicador de que más personas deben sobrevivir sin contrato, sin estabilidad y sin protección social. La tendencia se ha agravado: el empleo formal disminuyó de 41,8% a 38,4% entre enero de 2022 y diciembre de 2024, mientras la informalidad saltó de 53,1% a 58% en ese período. En otras palabras, en lugar de avanzar hacia trabajos decentes, Ecuador está retrocediendo hacia la precariedad generalizada.

Detrás de las cifras de trabajadores hay rostros humanos.

Significa que millones de ecuatorianos trabajan en la calle, en la venta ambulante, en la economía gig o en empleos temporales sin ninguna garantía. El Frente Unitario de Trabajadores estima que más de 6,5 millones de personas en el país se hallan en situación de desocupación, subempleo o trabajo precario, una proporción escandalosa en una fuerza laboral total que ronda los 8 millones.

Especialmente cruda es la realidad de los jóvenes, mujeres y poblaciones rurales, quienes sufren tasas aún mayores de empleo informal. En zonas rurales la informalidad supera el 77%, reflejando décadas de abandono y falta de oportunidades.

Esta precarización del trabajo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de políticas económicas y laborales que han desprotegido al trabajador. Con la flexibilización de contratos y la ausencia de controles, muchas empresas optan por figuras informales o por tercerizar responsabilidades laborales. Al mismo tiempo, la falta de empleo adecuado fuerza a la gente a aceptar condiciones indignas por necesidad.

“El Ministerio de Trabajo se ha convertido en cómplice de la política antiobrera, de una explotación moderna”, acusó José Villavicencio, señalando que el propio gobierno reconoce que subempleo e informalidad han trepado del 70% al 78% de la fuerza laboral en el último año.

Esto implica que casi 8 de cada 10 trabajadores en Ecuador no encuentran un empleo pleno, ya sea porque están desempleados, subempleados o en la economía informal. La dignidad del trabajo, pilar del desarrollo social, se ve socavada por esta realidad.

“Basta ya”: clamor sindical y social por un cambio de rumbo

El sombrío panorama que pinta el informe internacional ha resonado con fuerza entre sindicatos y organizaciones sociales ecuatorianas. Lejos de sorprenderse, muchos lo ven como la confirmación de denuncias que llevan años realizando. En redes sociales y medios locales se multiplicaron las reacciones. “Ecuador es el tercer peor país para los trabajadores” publicó un medio en X (antes Twitter), difundiendo la lista de la CSI y subrayando las “leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas” detrás de esta calificación.

La etiqueta #DerechosLaborales estuvo presente en decenas de publicaciones que exigían atención urgente a la crisis laboral nacional.

Para los dirigentes obreros, este informe debe servir como llamada de atención contundente. Mesías Tatamuez (antes de su reciente fallecimiento en 2024), junto a otros históricos líderes sindicales, venía advirtiendo que las políticas neoliberales y los pactos con el FMI estaban “eliminando derechos sociales y laborales” y empujando al país a un colapso en estándares laborales.

Las centrales sindicales –FUT, CEOSL, CEDOCUT, UGTE, entre otras– han ratificado un frente unido para frenar cualquier nueva regresión. “No aceptaremos más precarización ni abusos. Este informe de la CSI confirma lo que vivimos día a día los trabajadores ecuatorianos”, declaró públicamente el dirigente Villavicencio, convocando a la unidad y la movilización.

De hecho, el FUT llamó a manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo en Quito, exigiendo respuestas al gobierno de turno y el cese de la persecución a dirigentes sindicales.

El objetivo de estas voces críticas es generar conciencia en la ciudadanía y presión sobre las autoridades. Insisten en que el modelo económico debe ponerse al servicio del ser humano y no al revés. Eso implica, por ejemplo, derogar las normativas regresivas, reforzar la inspección laboral para evitar abusos, garantizar el libre derecho a sindicalización y destinar inversión a la creación de empleo digno. Organismos internacionales como la OIT han instado a Ecuador a cumplir sus compromisos en materia de derechos laborales, pero la voluntad política interna es crucial.

En última instancia, la lucha por los derechos de las y los trabajadores es una lucha por la justicia social y la dignidad humana. Cada contrato estable ganado, cada sindicato que logra inscribirse, cada jornada de protesta que evita un recorte de derechos, es un paso hacia un Ecuador más justo.

El informe que hoy nos sonroja ante el mundo puede convertirse en una hoja de ruta de lo que debe cambiar. Desde una mirada crítica, social y profundamente humana, la consigna es clara: no hay desarrollo posible con trabajadores explotados y silenciados.

Ecuador enfrenta el reto impostergable de reconstruir su tejido laboral con respeto, equidad y esperanza, para que nunca más sea considerado uno de los peores lugares del planeta para quienes viven de su trabajo.

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El estudio evaluó diez plataformas laborales digitales en relación con los principios de trabajo justo y arrojó resultados preocupantes. Solo una plataforma cumplía con el principio de pago justo, lo que indica que los trabajadores no reciben una remuneración adecuada por su labor.

Una de las principales preocupaciones identificadas por el informe es la inseguridad y la violencia a las que se enfrentan los trabajadores. Estos riesgos derivados de la inseguridad se han convertido en un obstáculo para su bienestar y seguridad laboral.

Además, el informe reveló que solo cinco plataformas aplican la jurisdicción ecuatoriana, lo que plantea interrogantes sobre la protección legal y los derechos laborales de los trabajadores en el país.

Otro aspecto destacado del informe es que las plataformas tienen un alto grado de discrecionalidad en la toma de decisiones sobre sanciones económicas, lo que puede resultar en una falta de transparencia y equidad en el trato hacia los trabajadores.

Por último, el informe señala que solo dos plataformas cuentan con mecanismos para que los trabajadores expresen sus preocupaciones y participen en negociaciones colectivas, lo que limita su capacidad para influir en las condiciones laborales y proteger sus derechos.

Ante estos hallazgos, es crucial que las autoridades y las plataformas digitales tomen medidas para abordar estos problemas y garantizar condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores. La protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno laboral equitativo son aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los trabajadores en Ecuador.

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Actualmente, el salario básico de un trabajador es de USD 450, una cifra que no cubre el costo de la canasta básica familiar ni la canasta familiar vital de USD 551. Sin embargo, el INEC reportó que el ingreso promedio de los hogares ecuatorianos es de USD 840.

De acuerdo al tabulado, Quito tiene la canasta básica más cara del país pues ahora rondea los USD 821.66, el anterior año este valor era de USD 787. El segundo lugar lo ocupa Guayaquil con USD 814.33 y le sigue Cuenca con USD 801.04.

La pobreza en el país

Del otro lado, las cifras porcentuales de pobreza por ingresos hasta junio del 2023 era de un 27 %, dos puntos más a comparación del 2022, en donde el registro de esta variable era del 25 %.

Respecto a la inflación anual en el país, la entidad reportó la variación del 4.02 %, en octubre del 2022, al 1.93 % en este año. Los alimentos tuvieron más incidencia de inflación.

¿Qué dicen los trabajadores?

El 24 de octubre el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) exigió la revisión urgente sobre el monto del Salario Básico Unificado (SBU) y afirmó que el gobierno de Guillermo Lasso no cumplió con sus promesas de campaña.

Los miembros de la organización sindical manifestaron que el valor de estas remuneraciones debe cubrir el costo de la canasta básica. Además, planteó que la elevación del SBU no debe ser menor al 22.22% al actual.

”Lo que si perjudica al país es la elusión, evasión y remisión de impuestos que suman más de USD 13 millones, recursos económicos que en un gran porcentaje se van a los paraísos fiscales, perjudicando el trabajo, la vida, la salud, educación y la seguridad de los sectores populares”, resaltó la organización sindical en un comunicado. (AGM).

#POLÍTICA | El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) exige la revisión urgente del Salario Básico Unificado (SBU), pues el monto actualmente establecido no cubre el costo de la canasta básica que es de más de USD 700.

Más detalles. https://t.co/Lp4rk9yXQs pic.twitter.com/cqsyO9Ve9J

— Radio La Calle (@radiolacalle) October 25, 2023

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Los miembros de la organización sindical manifestaron que el valor de estas remuneraciones debe cubrir el costo de la Canasta Familiar Básica que actualmente está en USD 782.42, según datos del INEC.

Los miembros de la organización señalaron que el mandatario ofreció elevar el salario básico anualmente hasta llegar a un sueldo de USD 500 en 2025. Sin embargo, la conmoción social y su repentina salida deja inconclusa su promesa.

El FUT planteó que la elevación del SBU no debe ser menor al 22.22% al actual. La organización resaltó que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución.

»Lo que si perjudica al país es la elusión, evasión y remisión de impuestos que suman más de 13.000 millones de dólares, recursos económicos que en un gran porcentaje se van a los paraísos fiscales, perjudicando el trabajo, la vida, la salud, educación y la seguridad de los sectores populares», resaltó la organización sindical en un comunicado.

Ante esta situación, el sector de trabajadores expresó su descontento sobre el incumplimiento de aumento salarial. José Villavicencio, presidente del FUT, expuso que esperarán la posesión de Daniel Noboa para plantear las exigencias que prometió el anterior gobierno. Además, aclaró que “el Consejo Nacional del Trabajo tiene plazo para resolver este requerimiento hasta el mes de noviembre de este año”.

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Quito, 03 jul (La Calle).- El índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Mundial situó al Ecuador en el tercer puesto de los 10 peores países del mundo para los trabajadores.

La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) denunció la lista expuesta por el organismo internacional. Esta sería la primera vez que el Ecuador entra en este ranking. La razón que apunta el informe son las leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas.

El reporte tomó como base el Paro Nacional de junio del 2022, durante el período del presidente Guillermo Lasso, en donde existió represión policial contra movimientos indígenas y sindicatos que exigían mejores condiciones de vida.

Por otra lado, señaló que marco legal en Ecuador es muy restrictivo y obstaculiza el desarrollo de sindicatos fuertes e independientes, tanto en el sector público como en el privado.

Los demás países

La información se analiza en torno a una lista de 97 indicadores derivados de los Convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El índice representa las violaciones de los derechos de los trabajadores tanto en la ley como en la práctica.

Entre los países se encuentran Bangladesh, Belarús, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Mynanmar, Túnez y Turquía.

El mayor índice está representado en Oriente de Medio y Norte de África con un 4.53 %, le sigue el continente de Asia y Pacífico con 4.18 %, África con 3.84 %, América con 3.52 % y Europa con 2.56 %.

Derechos laborales

Para la CEOSL, el Gobierno va en contra de los convenios 87 y 98 de la OIT que hacen referencia a la libertad de asociación sindical de los empleados. El 1 de mayo varios trabajadores salieron a las calles en protesta a las condiciones laborales del país.

Desde Riobamba, cientos de ciudadanos y ciudadanas salen a la calles por el Día del Trabajador. «No dejaremos de luchar contra este sistema antipopular», corearon los manifestantes.

Asimismo, en la capital cientos de trabajadores salieron desde la caja del Seguro en protesta por sus derechos. Por ejemplo, los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), manifestaban su rechazo al Gobierno en su intento de privatización a las áreas estratégicas. (A.G.M)

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El hecho ocurrió la tarde del 5 de mayo y las víctimas fueron identificadas con los nombres de Richard M., Jefferson M., Jason V., Ángel C., y Joao Q. Testigos afirmaron que un grupo de sujetos armados detuvieron la camioneta donde se trasladaban los trabajadores.

Según información preliminar, las víctimas terminaban de realizar un encargo y se dirigían a la parada de una vía para tomar el transporte público. En el camino fueron interceptados y los antisociales los forzaron a bajarse del vehículo para luego asesinarlos.

La Policía Nacional se trasladó al sitio para realizar las respectivas investigaciones. Hasta el momento no se conoce más detalles sobre el caso. (A.G.M).

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“Exhortamos a las autoridades del sector para que la nueva autoridad sea nombrada de una manera técnica y no política”, reza el comunicado del movimiento del 15 de marzo.

Además, los trabajadores resaltaron los problemas que han dejado administraciones pasadas, como inestabilidad laboral, inseguridad en procedimientos técnicos, tercerización del trabajo, falta de material, contrataciones y compras “inútiles”, falta de mantenimiento en los vehículos por decisiones de gerentes pasadas.

“La EEQ al igual que otras empresas públicas no pueden convertirse en un boletín político de los gobiernos de turno, sea cual sea el Gobierno”, reza el documento.

Eduardo del pozo y su apoyo a la gestión de Guarderas

En octubre de 2022, Eduardo del Pozo se mostró comprensivo con la “gestión crítica” que recibió el alcalde Santiago Guarderas. “Se necesita el trabajo y servicio, en el Consejo Metropolitano actuamos como fiscalizadores y legisladores para que los proyectos y obras caminen.  Voy a apoyar a la gestión”, aseguró para Radio La Calle.

Réplica

Este medio de comunicación intentó comunicarse con del Pozo a través de una llamada telefónica, sin embargo, no hubo una respuesta como contraparte. (B.D.T.)

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Naranjo recalcó que no han dejado de laborar a pesar de no recibir los salarios de septiembre, octubre y noviembre.  “No tenemos esperanzas de cobrar diciembre y el décimo. Pese a esto no hemos parado, pero no podemos más. Hay compañeros que han sido desalojados de sus viviendas”, mencionó.

¿Quién es el “Fantasma González”?

El mayor accionista de Albavisión, Ángel González, mejor conocido como el “Fantasma González” apareció con la ayuda de los hermanos Alvarado en el 2015, en la política. El medio Fundamedios habría accedido a documentos confidenciales llamados “ECU- detalle negociaciones de JMB e IB”, en el que se encontraba la constancia de cláusulas de beneficio para el medio y los hermanos.

En los informes consta la existencia de tres pagos de más de USD 1 millón. Valores que habrían tenido como intermediario a el cantante José María Bacchelli y la empresa “Galápagos JMBLLC”. Esta última tenía como registro a la esposa de Bacchelli para la venta, regulación y control de todo el proceso.

Entre los beneficios para el “Fantasma González” por parte de los hermanos Alvarado eran: contratación de servicios de imprenta, un nuevo canal de televisión, regulación y entrega de ocho frecuencias de radio, todo esto a cambio de la mayor parte del control editorial del diario El Comercio, para favorecer al correísmo.

Pagos hacia los trabajadores

La organización tiene hasta el 15 de diciembre de 2022, para pagar a los 150 trabajadores que se encuentran en esta situación, según el ministro del Trabajo, Patricio Donoso. El personal sigue en sus funciones normales por medio de teletrabajo, aseguró Harold Burbano, patrocinador jurídico de 135 trabajadores, al diario Primicias.

El ministro indicó que el presidente del diario, Ramiro Rivera, aseguró que realizaría un préstamo para solventar todas las deudas. Hasta el momento, son cuatro módulos sin circular en lo que va de diciembre: 03, 04, 05 y 14 de diciembre de 2022.

Exigencias

Los trabajadores por medio de una acción de protección exigieron al diario “El Comercio” lo siguiente:

• los trabajadores exigen la reparación integral de sus remuneraciones, que ascienden a tres meses.

•  piden a que se tomen medidas adecuadas para la puntualidad del pago, incluido los beneficios legales.

• se retorne a todos los trabajadores accionantes que se encuentran en teletrabajo al trabajo presencial, en donde se les garantizará todos los recursos para que puedan cumplir de manera adecuada con su labor;

•  se provea de transporte colectivo, a la hora de entrada y de salida de la jordana de trabajo para que los accionantes puedan cumplir con sus labores diarias y acudir al lugar de trabajo.

•  se provea de una comida por jornada de trabajo, ya sea diurna o nocturna a los trabajadores accionantes.

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“Nosotros vamos a marchar contra las políticas neoliberales, contra el gobierno y como viene haciendo daño a la sociedad ecuatoriana”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, recalcó que el Ecuador se ha convertido en un Estado fallido que está siendo entregado a la anarquía. “Es momento que los trabajadores nos pongamos al frente y demos la cara al gobierno”, afirmó el dirigente.

Flores comentó que están coordinando un proceso unitario y se encuentran preparando un bloque de trabajadores independientes en el que van a participar varias organizaciones.

“El pueblo ya no puede seguir dependiendo de que ciertos sectores de las clases dominantes administren al Estado y lo lleven a la ruina”, aseveró Flores.

También reiteró que el pueblo debe pensar en las posibilidades de constituir un gobierno popular, donde los trabajadores, campesinos, indígenas y poblaciones vulnerables estén representadas.

“No es que estamos llamando a un tema de conflicto. Nosotros llamamos a demostrar la combatividad, la fuerza, a proponer alternativas culturales y artísticas dentro de la marcha”, sostuvo Flores. 

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Su vida estuvo relacionada con la incansable lucha por los derechos sociales. Robalino tuvo acercamientos en la esfera política y también fue una  activista muy  destacada en el país. 

“Paz en la tumba de Isabel Robalino, mujer que abrió trochas y caminos para todas las que vinimos detrás. Luchadora incansable de los derechos, y enemiga de la corrupción.  Te agradecemos por tu ejemplo! Hoy el cielo está  de fiesta”, dijo la usuaria  Ruth Hidalgo en su cuenta de twitter.

¿Quién era Isabel Robalino?

Su partida deja  un enorme legado y orgullo al país. Como dirigente, fortaleció e  impulsó la creación de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (Cedoc) y promovió el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), lo que la llevó a destacarse en la política nacional por su entrega al activismo en defensa de las y los trabajadores

Su labor como jurista y trabajo al servicio de los demás,  la llevó a integrar la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).  En el 2017, el ex-contralor Carlos Polit envió una sentencia a prisión por supuestas calumnias que habría realizado Isabel; luego de aquello,  Isabel explicó que sus “calumnias” tenían soporte jurídico y su denuncia fue realizada por  irregularidades en la compra del terreno para la Refinería del Pacífico.

Pronunciamiento

La ciudadanía, así como actores políticos, sociales y varias políticas, periodistas y varias instituciones expresaron sus condolencias en redes sociales: “La muerte de Isabel Robalino Bolle nos priva de una mujer pionera en la política (primera concejal, primera senadora) y en la lucha por los derechos de los trabajadores. Rendimos homenaje a su memoria”, escribió en su cuenta de twitter la Cancillería del Ecuador”.

La velación del cuerpo presente, se realizará en la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo desde las 15:00. El martes 1 de febrero se realizará una eucaristía.

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Aunque el informe indica que la población con empleo pleno es de 2’864.802, 477.000 más respecto al mismo período en 2020, omite destacar que las cifras de subempleo, empleo no remunerado y otro empleo no pleno se mantienen a niveles parecidos a los del cuarto trimestre de 2020. Además, 398.041 ciudadanos no tienen empleo.

Trabajadores a nivel urbano

De las más de cinco millones personas de la población económicamente activa a nivel urbano y que tiene empleo, más de dos millones de trabajadores tienen un empleo pleno y más de un millón están en el subempleo. Otro millón tiene otro empleo no pleno, 290 mil tienen un empleo no remunerado y 53.331 viven en el desempleo.

A nivel rural, de las más de dos millones de personas con empleo, solo 509.664 tienen un empleo pleno. Más de 700 mil están en el subempleo, 611 mil tienen un empleo no remunerado y 934 mil realizan otro trabajo no pleno. 57.854 viven en el desempleo.

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Carlos Zaldumbide, Director Ejecutivo de la CCQ, menciona que lo que se ve es que tienen ausentismo de entre el 15% y hasta el 30% en algunos casos. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solo desde el 3 de enero hasta el momento se han validado más de 9.000 certificados médicos por COVID, es decir un promedio de 500 al día.

Esteban Ortiz, médico salubrista explica que este fenómeno se repite a nivel mundial, por ejemplo, en Estados Unidos se han visto tan afectados que han reducido el tiempo de aislamiento a 5 días, mientras que en Reino Unido, Escocia e Irlanda a 7 días. Sin embargo, se ha visto que el aislamiento tan temprano puede más bien incurrir en ciertos riesgos, ya que Ómicron tiene una carga viral que puede proyectarse en su pico máximo hasta los 6 días y durar, inclusive, de 10 a 12 días.

Desde la Federación de Industrias sostienen que se están aplicando todos los protocolos para evitar que los trabajadores se contagien. Por esta razón, optaron por hacer teletrabajo y solicitan que las empresas se acojan a esta medida.

Pese a estar de acuerdo en que la salud es prioridad, las Cámaras de Comercio aseguran que las medidas restrictivas que se han implementado en el país, y particularmente en la capital son excesivas, debido a que al contrario de fortalecer y hacer crecer la economía si se encierra a todas las personas que todavía están en condiciones de trabajar, se bajan los aforos, se baja la facturación se verán afectados en sus inversiones a largo plazo.

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“Aprender a ahorrar. Si ustedes me permiten un consejo quien gana USD 400 y ahora va a ganar USD 425 yo decidiría que los USD 25 adicionales los ahorro, los guardo como un tesoro para la familia, los hijos y seguiría viviendo con los USD 400 mensuales”, dijo en una entrevista.

El mandatario anunció el pasado 13 de diciembre el aumento de USD 25 al SBU. De acuerdo con su ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la promesa de USD 500 al final del gobierno se la conseguirá de cualquier forma.

Los gastos

Aunque el presidente invita al ahorro, no todas las familias se pueden permitir ahorrar USD 25. Con el valor de la canasta básica en USD 715 y los gastos mensuales en servicios básicos es necesario, en primer lugar, que dos miembros de la familia ganen el SBU. Sin embargo, tampoco es garantía de que todos sus consumos se paguen con dos ingresos.

Otro factor a tomar en cuenta es que gran parte de la población no podrá ahorrar esos USD 25 ya que no forman parte del grupo de empleo pleno que gana USD 400 mensuales. Solo el 5% de la población económicamente activa ganará USD 25 más.

De ocho millones de personas en la población económicamente activa. Seis millones de personas se encuentran en el desempleo, la informalidad y el subempleo. De los 2 millones restantes, 450.000 ganan un SBU, el resto gana más que el salario básico.

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Ante la falta de consensos, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, estableció que la decisión será tomada hasta el 22 de diciembre. Para ello, firmó el acuerdo ministerial 268, en el que señala que solamente por esta vez habrá una nueva reunión para determinar el valor salarial del año entrante.

La propuesta de los trabajadores se basa en la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso (subir a USD 500 en cuatro años). Lo que supone un incremento de USD 25 en el año. Esto dividido en dos partes. La primera, USD 12.5 en enero de 2021 y los restantes USD 12.5 al empezar el segundo semestre del 2022.

Por el contrario, representantes de los empleadores indicaron que el incremento que reclaman los trabajadores no es viable en términos productivos. Este sector propone un incremente de USD 2.60.

Ambas partes rechazaron las propuestas presentadas. Frente a esta situación, el ministro del ramo espera que en estos 22 días las partes alcancen un acuerdo. Sin embargo, de no haber consenso, el Ministerio de Trabajo definirá el salario para el 2022, según dicta la ley.

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«A nombre la CONAIE queremos decir que primero la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad de la Costa y la Sierra. Primero la unidad para discutir las políticas neoliberales. Queremos decir al presidente que no hay mensaje de desestabilización. El único mensaje es resolver la crisis económica. El incremento al precio del combustible ha encarecido la vida”, dijo el dirigente durante su intervención en la Plaza de Santo Domingo.

Añadió que “los productos de los campesinos están por los suelos. Con esta política lo que hace el presidente Lasso es trasladar la crisis a la espalda de trabajadores y campesinos. No vamos a responder a sus agresiones y mentiras”.

Vida precarizada

En la primera protesta contra el gobierno de Guillermo Lasso estuvieron presentes, además de la CONAIE, docentes, trabajadores, sindicatos de trabajadores municipales y jóvenes que exigen al gobierno, políticas para salir de la crisis.

“Pedimos respeto. Este gobierno intenta poner en el imaginario de la gente de que estamos viviendo en un paraíso con el tema de las vacunas que es obligación y no un regalo. Lo que los trabajadores pedimos es el respeto a la carrera administrativa, a la Constitución  y la garantía en las empresas públicas”, dijo a Radio La Calle, Gabriel García, secretario de Comunicación de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito.

Añadió que estaban en “solidaridad con nuestros compañeros. En nuestra empresa las cosas aparentemente están bien, pero tenemos problemas al igual que todos. Nos solidarizamos con los docentes en huelga de hambre, los bananeros, arroceros. Tenemos grandes problemas a nivel y país y siempre nos movilizaremos en la lucha.

“Nos movilizamos en respaldo a la huelga de hambre de los docentes que ya van 31 días. Son alrededor de 90 docentes en 13 provincias que están arriesgando su vida. Estamos en contra de las medidas que hasta el momento Lasso ha llevado. Dice que es el gobierno del encuentro, pero hasta el momento se ha encontrado con los banqueros, empresarios y el FMI, mientras el pueblo vive cada vez más complicado”, dijo Penélope Mora, directora nacional de las juventudes de Unidad Popular

Mora explica que “le pedimos que cumpla con sus promesas. Habló de eliminar el examen de ingreso a la Universidad, pero solo le cambió el nombre. No se resuelve el problema de cupos, tampoco de los contenidos del examen. Hasta el momento los jóvenes no saben cómo van a rendir. No hay una solución para el acceso a internet de los estudiantes”.

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Quito, 08 de jul (La Calle).- Como parte de una alianza publico privada, el Ministerio de Salud Pública vacunará a 4.800 trabajadores de 70 empresas de construcción.

En las instalaciones de la empresa Kubiec, en el sur de Quito, se realiza la inoculación diaria de 1.500 trabajadores de grandes y pequeñas (como ferreterías) de la construcción.

Según el vocero de Constructores Positivos, la inoculación “es el primer paso para la recuperación del sector de la construcción”.  El Ministerio espera vacunar a 4.800 personas relacionadas a este sector hasta el viernes. Para reducir los riesgos de contagios de su personal, las empresas incluyeron a los familiares de los empleados.

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«Tenemos 17 mil defunciones acumuladas, pero el exceso es de 43.800 casos en 2020 y en lo que va de 2021 hay alrededor de 12.986 casos. La tasa de letalidad en el país es 4,9%. Y una cifra alarmante de 410 médicos muertos por Covid-19 durante la pandemia entre médicos, enfermeros, psicólogos, biotécnicos y apoyo de limpieza», añadió.

El profesional destacó que a nivel nacional existen 545 camas UCI ocupadas y 2.136 de hospitalización sin espacio. El experto manifestó que las medidas del COE Nacional no solucionan el aumento de casos de Covid-19 en el territorio nacional. Así lo dijo luego de que el mandatario aceptara el pedido de un Estado de Excepción realizada por el COE Nacional.

«Es necesario poner en primer lugar a la vida»

La secretaria de Salud, Ximena Abarca, afirmó que el único mecanismo para evitar los contagios por Covid-19 es el confinamiento total. «El año anterior tuvimos muchos despidos en el confinamiento, pero como médica salubrista creo que es necesario anteponer los valores que tenemos respecto a la vida», indicó.

La profesional ratificó que la circulación de la nueva variante es más contagiosa y por ende produce mayor daño. «Cada vez hay más evidencias de que el virus viaja de forma aérea. Eso significa que las partículas permanecen más tiempo en el aire o moviéndose en las corrientes antes que en el suelo. Ya no podemos ir al ritmo de la ciudad», añadió.

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“La investigación ya está en Fiscalía. La responsabilidad ,entiendo yo, estaba en los coordinadores que estaban manejando en Quito y Guayaquil. A ellos les correspondía y tendrán que dar explicaciones”.

Moreno agregó que vacunarse no es ilegal. “El deseo de vacunarse no es ilegal. Las personas que fueron llamadas y acudieron a vacunarse fueron prestos porque todos están a la expectativa. Nosotros entendemos la angustia de los ciudadanos y las autoridades”.

Vacunación en infocentros

Moreno dijo que para el proceso de vacunación, “800 infocentros están habilitados para que se acerquen. No hay ningún pretexto para que no se registren para esperar su turno”.

Sin embargo, desde marzo de 2020, el gobierno buscaba cerrar los infocentros en el país. En diciembre de 2020, fueron despedidos 653 trabajadores y con ello se cerraron varios infocentros.

Sobre la denuncia del Defensor

De acuerdo con Moreno, la acción de defensor Carrión es “una acusación por haber defendido ciudades y un país entero. Creyeron que yo estaba en el cuartel La Malvina e incendiaron. Querían incendiarme a mí. En este mundo bizarro, nosotros somos los culpables”.

“Dentro de unos minutos voy a posesionar a la nueva comandante de policía, la primera mujer que cumplirá esa función en la historia de Latinoamérica. En honor a ellos (los policías) que cumplieron tan noble labor, que impidieron que incendiarán las ciudades”, agregó.

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“No nos cancelan hace cinco meses y tampoco dan la cara. Nos engañan con fechas. Nos exigen la gestión, la calidad, agilitar la gestión, llenar agendas de unidades a su criterio, pero no nos dan solución a los problemas. Cuando preguntamos por nuestro sueldo se lanzan la pelota y nadie sabe a quién se le debe preguntar al respecto.  Muchos hemos caído en emergencias por estrés y deudas», manifestó la trabajadora, quien pidió no ser identificada.

Ni USD 100 al mes

Otro de los afectados comenta que la deuda asciende a USD 1.600. Él vive con su madre, quien se quedó sin trabajo en la pandemia, como su hermana, quien trabaja a medio tiempo. Dice que ya no les alcanza el dinero. La institución apenas le ofrece el 20% del sueldo básico, según dijo. Esto no equivale ni a USD 100 dólares. “En teletrabajo, ellos son exigentes porque necesitamos un cierto número de megabytes para poder conectarnos. Si pasa lo contrario, tenemos que justificar el motivo o nos descuentan las horas”, señaló.

Radio La Calle intentó contactar a los administrativos del IESS para hablar al respecto, pero no nos atendieron. “Necesitamos ser escuchados y que nos den la cara. Necesitamos comer, pagar los servicios básicos. Si trabajamos es para algo para tener un plato de comida en cada hogar. Es una falta de compromiso y seriedad de la empresa”, dijo otra de las afectadas. Radio La Calle insistió y hablamos con el propio Jorge Wated, quien nos referenció a otro contacto, que tampoco nos atendió. Seguiremos atentamente este nota.

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«Nos han informado que en la noche de hoy, vienen dos contingentes más (Policía Nacional) desde Quito para desalojar a los compañeros que se encuentran en huelga», expresa una de las trabajadoras.

Los afectados alertan que la Policía Nacional permanece en los interiores de la empresa desde la mañana. «Los agentes ingresaron de manera violenta, rompieron los candados y la malla, agredieron a los compañeros, uno de ellos fue detenido», explica la trabajadora.

La mañana de este viernes, la Policía Nacional reprimió a los trabajadores de Explocen que se encuentran en una huelga de más de 160 días.

Los trabajadores denunciaron al coronel Juan Carlos Salazar, «quien, desde el principio de la huelga, ha venido agrediendo a los trabajadores de Explocen». Aseguraron que no «claudicarán» en su lucha «porque es nuestro derecho, nuestra huelga legítima».

La Policía no aceptó los hechos

La tarde de este viernes 25 de diciembre, la Policía Nacional emitió un comunicado en redes sociales. El documento no evidencia la represión que sufrieron los trabajadores por parte de la fuerza pública, pero sí reconoce la presencia de los agentes en el lugar.

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