«Eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser, se puede reformar para otros sectores», afirmó el primer mandatario durante la presentación de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca.

La declaración chocan con su postura en campaña, cuando calificó esta modalidad como una «regresión de derechos». Ahora, bajo el argumento de un enfoque gradual, Noboa busca legitimar la medida pese al rechazo del 70% de los votantes en abril de 2024.

Zona Franca: incentivos y contradicciones

El proyecto estrella de Noboa en Cuenca, respaldado por inversión de Emiratos Árabes Unidos, ofrecerá exoneraciones tributarias como el 0% de Impuesto a la Renta por 5 años, 15% fijo posterior y aduaneras. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia en flexibilizar derechos laborales, aún con garantías como Seguro Social y décimos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El resultado en las urnas es de cumplimiento obligatorio. Pretender lo contrario es violar la Constitución», denunció el abogado constitucionalista Mauro Andino, tildando de «autoritaria» la actitud del Gobierno. Mientras, el Observatorio de la Dolarización alertó que la medida no mejora el empleo adecuado (solo 36% de trabajadores lo tienen) y prioriza «una agenda fracasada de ajuste fiscal».

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Con el incremento del IVA al 15 %, Noboa asegura que las necesidades básicas de los ecuatorianos no se verán afectadas. Recalcó que la canasta básica, alimentos, salud, educación, transporte, entre otros, no pagan IVA.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, en el tiempo que ha permanecido en el Palacio de Carondelet creó cerca de 50 mil empleos jóvenes. Repitió que esto recuperará la seguridad y la integridad del país que sufre de un periodo de estancamiento. Sin embargo, no se ha especificado en que ámbitos laborales se proporcionaron estas plazas de trabajo.

¿Un mundo mejor?

Los ecuatorianos tardaron varios meses en detectar cuáles fueron las acciones y hojas de ruta concreta del Plan Fénix. Una promesa de campaña que aseguraba que la ciudadanía recuperaría la tranquilidad. Sin embargo, el presidente aseguró que las cosas están mejorando.

«No solo se trata de dar calma, sino también de sostener esa calma», alegó en RTS.

Para el primer mandatario, la mejor manera de mantener la paz en el país es con la militarización de las calles y los centros de reclusión. Además, detalló que la depuración de ciertos jueces que cometen actos contra la ciudadanía como un factor primordial en esta «transformación«.

De la misma manera, apuntó que el decomiso y eliminación de droga es uno golpe al «bolsillo del narco». Detalló que las cuatro leyes de carácter urgente que envió a la Asamblea Nacional y fueron aprobadas, son la prueba fehaciente de ese cambio. Para él, el apartado de extinción de dominio le permite al país utilizar los bienes -que fueron utilizados por antisociales para intimidar a la sociedad- para el bien social.

Aferrado a la consulta

Noboa recalcó que la consulta popular, valorada en USD 60 millones, planteará las primeras acciones en el sistema judicial y que los antisociales «no abusen de las acciones de protección«. En cuanto al trabajo por horas, explicó que mantendrá algunos beneficios del seguro social.

«A mayor ingreso por hora, mayor aportación al seguro. No es una medida que precariza, ni un retroceso», apuntó.

Sobre la focalización de subsidios

Alegó que utilizará un sistema de bandas y se aplicará de manera gradual para que no afecte la productividad del país. El presidente mencionó que la focalización irá directo a las gasolinas «Ecopaís y Extra». Según él, no afectaría al diésel que se utiliza con alimentos, actividades agrícolas, entre otros.

Mientras el jefe de Estado dijo que no se habla de un cierra total de las instituciones públicas, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, alegó que ya mantienen una hoja de ruta para el cierre o fusión de las entidades.

«Pero hay que fortalecer los costos y volverlas eficientes. Una de ellas CNEL, CELEC, Pacífico, Transelectric, Petroecuador», enfatizó.

A elecciones de 2025

Noboa mencionó que lo más probable es que sí se postule a las elecciones de 2025. No obstante, detalló que dependerá de las metas personales, su tiempo y los planes familiares. «Por ahora mi afán es servir a los ecuatorianos», refirió.

El primer mandatario no consideró que su vacante debería ser ocupada por la vicepresidenta, si en el transcurso de su lapso político no se presentan más desmanes. La relación entre el binomio empeoró a raíz de los resultados de las elecciones. El conflicto escaló a tal punto que la vicepresidenta alegó que el presidente la quiere lejos. En cambio, Noboa detalló que hará lo posible por alejar a la gente que no comparta su agenda.

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«La política social del presidente Daniel Noboa impulsa el cumplimiento de un derecho constitucional: el trabajo. En la actualidad en Ecuador si se trabaja por horas. El tipo de contrato que nosotros tenemos se llama contrato de jornada parcial permanente», dijo tras una reunión del gabinete en la Gobernación del Guayas.

Según la ministra, con la enmienda constitucional buscan cambiar lo que «los constituyentes hicieron en el año 2007, conceptualizar que el trabajo por horas lleva a la precarización laboral», pero de acuerdo a su postura, el contrato contendrá la afiliación al IESS y los beneficios de ley.

La cartera de Trabajo presentó una nueva base de cálculo al trabajo por horas. El Código del Trabajo divide el salario básico unificado por 240 horas, al mes al contarse el sábado y domingo como días laborables, si se aprueba la pregunta en la Consulta Popular, se dividiría por 160 por la semana de 40 horas.

De acuerdo con la ministra, ese nuevo cálculo arroja el valor de la hora por «encima de los USD 3» antes de sumar los proporcionales, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y los aportes al Seguro Social. «Puedo decir que la hora de trabajo, en la mínima escala, aumentando lo que la ley establece en el artículo 55 del Código del Trabajo, en Ecuador oscilaría por encima de los USD 8».

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Núñez argumentó que este mecanismo se aplicó en «varios países del mundo y dieron resultados positivos». No obstante, este mecanismo se eliminó de Ecuador en 2008. ¿Pero qué opinan los expertos?

El abogado Washington Andrade argumentó, para Radio La Calle, que en el marco jurídico y constitucional actual esta «alternativa» no sería posible. Sin embargo, anotó que el país no se puede negar a nuevas modalidades de contratación; siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.

Recalcó que si las autoridades pretenden implementar esta medida deberán demostrar que no es una manera de precarización, sino «una forma de aumentar la producción cuando se requiera«.

Para eso, la primera modificación que deberían realizar es el cálculo del valor de la hora de trabajo a un costo más alto. Mencionó que eso compensaría de alguna manera la ausencia de una indemnización al final del contrato o período laboral que se podría dar.

«Esta modalidad debería implementarse con la combinación de una reforma legislativa, constitucional y los acuerdos ministeriales para que no se cataloguen como ilegales e inconstitucionales«, puntualizó.

Otro escenario planteó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, quien difirió con la mención de la ministra. Aseguró que esto solo sería retroceder en la lucha de los derechos laborales, lo que representaría normalizar una mano de obra barata, flexibilidad y precarización laboral.

«Esto no es una alternativa para resolver el tema del desempleo. Lo que deberían implementar es un empleo digno y estable con todos los beneficios de ley», dijo para La Calle.

Resaltó que con estas decisiones, el 2024 se convertiría en un escenario de lucha y confrontación a la intención de «seguir protegiendo a los grupos acomodados y perjudicar a los ecuatorianos».

«Se sacrificarán algunos derechos»

Andrade aludió que la reforma laboral deberá combinará las nuevas reglas -en caso de implementarse- y las que ya se alcanzaron. Aclaró que si no existe esa unión algunos derechos como la liquidación, indemnizaciones, flexibilización laboral, entre otros, se sacrificarán.

Algo similar expresó Villavicencio, quien cuestionó que esta intención no garantiza tres aspectos importantes en el campo:

• – Estabilidad laboral.
• – Beneficios de ley como seguridad social, décimo tercero, décimo cuarto, entre otros.
• – No vulnerar a los convenios 87 y 88 que engloban la libertad sindical y la contratación colectiva ratificada por el Estado.

Para el representante del FUT, con eso solo se crearían medidas de «esclavitud moderna en la delicada situación que atraviesa el país«.

«Deberían revisar la historia y saber en qué condiciones pasaban los trabajadores cuando había el trabajo por horas antes del 2008», ratificó.

Tiene un riesgo agresivo

Según el abogado, esto también representaría un peligro para los trabajadores de mayor estancia en las empresas, aquellos que ya tienen derecho a una jubilación patronal proporcional y completa. Explicó que con la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.

«Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad», apuntó.

Afirmó que el nuevo marco reglamentario -en caso de ejecutarlo- debería cuidar las normas de empleo definidas e imponer sanciones a los empleadores que pretendan beneficiarse a costa de despidos masivos.

Un segundo camino por analizar

Por su parte, Villavicencio indicó que hay otra posibilidad para generar empleo y es el «Trabajo parcial permanente», este incluye todos los beneficios de ley. Es decir, es una propuesta que les otorga la posibilidad de trabajar cuatro horas seguidas -sea en la mañana o en la tarde- y a la vez tener la oportunidad de estudiar.

Detalló que hay 800 mil jóvenes que no estudian ni trabajan por las condiciones en las que se encuentra el país. Además, mencionó que de ese 63 % no tiene mayor oportunidad en el campo profesional y laboral.

«Con eso trabajarían 20 horas a la semana y 80 al mes, y no una hora en la mañana y otra en la noche como ellos (los empleadores y autoridades) buscan. El único objetivo es la precarización», aludió.

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«Los jóvenes tiene la necesidad de salir a trabajar. Con plata prestada no se puede producir. Nuestro país necesita recursos propios y no depender de otros países. Nosotros recurriremos al trabajo por horas con garantía de los derechos laborales», dijo durante una entrevista para Radio La Calle.

De acuerdo con sus declaraciones, los jóvenes deberían tener la facilidad de obtener un título técnico de modo que se fortalezca el área laboral.

Explotación de petróleo

Freile afirmó que la deuda del Ecuador asciende a 70 mil millones de dólares y las reservas «robadas» son alrededor de 8 mil millones de barriles de reserva. Según dijo la propuesta empieza en la utilización de las energías limpias, es decir no utilizar combustibles fósiles.

«Es necesaria la reconstitución de la economía con recursos propios. Incluso pagar la deuda del IESS no es tan difícil. Con orden y solidaridad en los primeros 10 meses se puede resolver esta situación con la explotación del petróleo para liberarnos del chulco internacional», añadió.

Las votaciones en 2021

El candidato manifestó que las votaciones deberían suspenderse mientras no se vacune a la ciudadanía contra el Covid-19. «Nosotros deberíamos suspender las votaciones por la pandemia. Trece millones de personas son llamadas a sufragar sin tener en cuenta las consecuencias.

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