Durante la mañana del 21 de marzo, la Fiscalía inició con los allanamientos en Cuenca y Quito en el marco del Caso Nene que investiga un presunto delito de tráfico de influencias en la Vicepresidencia. Hasta el momento el único detenido es Francisco B., hijo de la Segunda Mandataria.

Según la entidad, él junto a otra persona identificada como Sebastián Redroban, asesor de Vicepresidencia, habrían solicitado diezmos a una persona por trabajar como coordinador de Comunicación en esta cartera de Estado.

El contrato consistía en el cobro de USD 1.700 mensuales de un sueldo de USD 3.200 que cobraba el exfuncionario, incluso, le exigieron firmar una letra de USD 30 mil como garantía, según relató el fiscal Anticorrupción, Carlos Alarcón a Ecuavisa.

»Todo es político y doy todas las facilidades», dijo el hijo de la vicepresidenta Abad mientras era escoltado a un patrullero.

Ahora la medida de prisión preventiva durará 90 días mientras dura la instrucción fiscal. La defensa del acusado aseguró que su cliente es inocente y apelará para que se defienda en libertad. (AGM)

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Las cinco personas fueron detenidas la tarde de ayer, 15 de noviembre tras 31 allanamientos en Cotopaxi y Pichincha ejecutados por la Fiscalía. La Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi fueron intervenidos.

Las autoridades investigan a funcionarios de su misma institución y a servidores del Consejo de la Judicatura (CJ) en los mencionados cantón y provincia, respectivamente.

El impulso fiscal sostiene que los servidores públicos habrían ejercido influencia en otros funcionarios para obtener un beneficio económico, con el objetivo de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.

Ante la situación, por voto unánime en sesión extraordinaria, el Pleno del CJ decidió remover del cargo a su directora en la provincia de Cotopaxi, la noche de 14 de noviembre.

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«Y ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad, algunos voceros de estas organizaciones golpistas a decir. «Ah, van a vender cargos, van a repartir puestos». Si, señor así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder cuando está concentrado en pocas manos hace daño, por eso hay que repartir el poder», dijo en una entrevista con i99.

¿Qué dice la ley?

Aunque el periodista saque el término democracia a colación, la repartición de cargos que den un beneficio económico para la persona que los percibe o para terceros, además de ser antiético, está tipificado en el Código Integral Penal (COIP). Así también la gente que ofrezca estos beneficios para sus propios intereses.

Dos de esos delitos son:

Tráfico de Influencias (Art. 285): servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.

Oferta de Realizar Tráfico de Influencias (Art. 286): persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros.

Para muestra, un botón. Tras la salida de la asambleísta Karen Noblecilla de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), la organización política denunció públicamente la supuesta venta de cargos a cambio de votos favorables al presidente Lasso en el contexto del juicio político en su contra.

Ella y su equipo habrían recibido, con la venia de Pascual del Cioppo y el ministro Henry Cucalón, cargos en instituciones estatales de El Oro. El presidente de las Juventudes social cristianas, Marco Castillo lo acusó en un comunicado. (MIB)

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La maquinaria operó por medio del consorcio LATISAR S.A. conformada por la compañía LATITUDSUR S.A. que mantiene un contrato con la estatal petrolera en la Refinería de Esmeraldas. Según los representantes, la oferta conveniente tiene un presupuesto inicial de USD 6 millones aproximadamente, durante 370 días. El contrato (aquí).

La pareja consiguió un rédito de USD 119,659.44 por el contrato de «servicio de maquinaria y equipo pesado para trabajos de restauración ambiental a nivel nacional de EP Petroecuador» del 16 de julio de 2021.

Radio La Calle tuvo acceso a los documentos que demuestran la operación de las excavadoras desde julio de 2022 hasta enero de 2023. Cada hora de trabajo en el proyecto cuesta USD 60,07, por lo que en ese periodo los implicados recibieron de USD 14 mil a USD 25 mil mensuales, detallados de la siguiente manera:

Este problema ya había sido denunciado por primera vez a los canales oficiales de la empresa pública el 7 y 21 de febrero de 2023. Sin embargo, fuentes confirmaron a este medio que el funcionario no ha sido sancionado.

Maquinaria de la esposa

La matrículas de las excavadoras están a nombre de Holguín (esposa). La primera, una excavadora oruga, fue emitida el 8 de marzo de 2022 y la segunda el 28 de julio de ese mismo año. Ambas herramientas realizaban las siguientes actividades:

• Extracción y carga de suelo contaminado derrame;
• aireación mecánica;
• aireación en apoyo a SSA emergencia incendio forestal áreas externas;
• realización de muro escollera para protección de las torres del solté en derecho de la vía; y,
• realización de muro escollera para protección de las torres del solté en derecho de la vía en el kilómetro 325.

Una presenta multas

Una de las excavadoras pertenecientes a Holguín, nombrada “Ex–14”, reportó daños mecánicos desde el 3 de enero de 2023. Sin embargo, hasta el 8 de enero, que se notificó la multa no se presentaron arreglos.

Según la cláusula Décima del contrato con la petrolera, el monto de la sanción por “no reemplazar una maquinaria inhabilitada, habiendo superado las 48 horas” corresponde al 0.25 por 1000 diario.

“Se informará por medio de correo electrónico cuando se repare y esté en funcionamiento la mencionada excavadora para determinar el cálculo de la multa final”, reza el documento.

El último registro de operación de la excavadora fue a inicios de enero, tiempo en el que la máquina presentó fallos, por lo que dejó de estar en funciones.

Documento de notificación de multa (aquí)

Violación a las leyes

El Reglamento Interno (art. 34) y el Código de Ética de Petroecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) (art. 24) y la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) (art. 44) prohíben a sus funcionarios operar o contratar a personas con grados de consanguinidad y afinidad.

Las normativas y leyes mencionadas coinciden en que ningún funcionario público puede beneficiarse o beneficiar a terceros directa o indirectamente de un contrato a:

• Él/ella mismo/a
• Su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida
• Sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad

El artículo 47 de la LOEP dicta que esta es una falta grave, por lo que se sanciona con la separación del cargo.

Réplica

Radio La Calle intentó contactarse con Jinsop Martínez mediante llamada telefónica y a través de la red social Facebook. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta. (N.J.C)

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La acusación contra Romo, exdirector del Hospital Luis Dávila, en Tulcán, se basa en la presunta repartición de contratos de acuerdo a su conveniencia.  Al personal del centro médico les imponía los “nombres de algunos amiguitos” para ciertas contrataciones.

Al no poder gestionar el “favoritismo” para la adjudicación de unos contratos, Romo pidió la renuncia de la gerente del hospital, Nathalia Rosas. La evidencia está reflejada en audios y chats filtrados en redes sociales.

Sichel y la consulta popular

La denuncia contra Sichel gira en torno  a su campaña masiva por el SÍ en la consulta popular.  Según los legisladores, no habría pedido vacaciones para realizar proselitismo político, utilizó personal y bienes públicos, incluso, existirían pautas publicitarias por USD 200 mil.

Sichel hizo visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción la llevó a viajar por distintos rincones del país, dónde promovía esta propuesta presuntamente sin cumplir con la ley electoral.

Anteriormente, Espín solicitó a Contraloría un examen especial a Sichel para verificar sus gastos en este período de campaña. Por ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado. (A.G.M).

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Tras el proyecto, el primer mandatario conversó con los beneficiarios. Uno de ellos, un artesano de calzado le dijo que estaba desempleado. El presidente Lasso interrumpió y le dijo públicamente ante las cámaras:

«Pero anda a BanEcuador y pide el crédito al 1 % para ti especialmente. Anda el día lunes de parte mía. Anda y diles que Guillermo Lasso es mi padrino. Para qué vas a hacer fila, a las 08:00 el Gobernador va a hablar con el Gerente del banco», respondió Lasso. El ciudadano contestó, «a nombre suyo voy el día lunes, gracias Presidente».

El «apadrinamiento» o «palanqueo» son términos coloquiales que hacen referencia al uso o aprovechamiento indebido del cargo que ostenta una persona para conseguir algún beneficio económico o personal. Por lo general, es perpetrado por un funcionario o trabajador privado que es capaz de influir en las decisiones de otros ya sea por su posición de autoridad o parentesco.

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) esta figura es conocida como el delito de tráfico de influencias. Su artículo 285 especifica «quien ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años».

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Sobre el proyecto

El sábado 15 de octubre, el mandatario entregó 134 viviendas financiadas por el Gobierno Nacional. El plan habitacional en Pedro Carbo tiene una inversión de USD 3,1 millones. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, 576 personas se benefician de la obra estatal.

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Según el legislador, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) realizó el informe en que el se basa el medio de comunicación El Venezolano News. Señaló que en vista de que ninguna autoridad hizo eco de la noticia, presentó la denucnia en la FGE.

«Es deber de la Fiscalía sin importar la fuente investigar si la información presentada es verdadera o no», manifestó Cedeño.

El parlamentario enfatizó que una de las obligaciones de esta entidad es acudir a las instituciones correspondientes como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Públicas (SEERCOP). Estas autoridades deben dar información sobre el estado financiero y contrataciones de Villavicencio y su familia.

Además de la información publicada por el portal, Cedeño precisó que existe documentación que guarda relación con una denuncia presentada por Santiago Cuesta hacia Villavicencio durante el gobierno de Lenín Moreno.

«Tenemos una Fiscalía que actúa de manera pronta con una celeridad en unos casos y en otros con una lentitud bárbara”, recalcó el asambleísta.

Intenciones políticas de Villavicencio

El legislador por UNES mencionó que Villavicencio en lugar de informar si el contenido de la denuncia es verdadero o falso, solo se dedicó a insultar y difamar. Su estrategia es tratar de desviar la atención sacando a relucir juicios políticos pasados con el fin de encubrir las investigaciones.

«El señor saca hechos pasados y cuando debe presentar un informe dice que la Comisión debe abstenerse de realizar un juicio político y los archivan”, declaró.

Origen de la denuncia en contra de Villavicencio

El 14 de septiembre , Fernando Cedeño presentó ante la FGE una denuncia contra Villavicencio basado en la publicación del medio de Miami, EE.UU.

El expediente detalló que Villavicencio presuntamente cobraba por falsas pujas en la compra y venta de fármacos. También se menciona la intervención de las empresas Biotecnologías  y Medicinas, Andafárcamos,  Biomiga Cía. Ltda. Asimismo, dos de estas tres empresas registran a Edison Luque como Gerente general.

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«De manera puntual, la noticia comunicó que entre las entidades se ofertaban también cargos públicos con poder de decisión en la empresa pública de Hidrocarburos PetroEcuador a cambio de altas dádivas económicas», dice parte del documento.

Cedeño agregó que para la empresa pública «es pertinente esclarecer estos hechos que pueden afectar a la gestión que estoy realizando».

Entre los pedidos del gerente se encuentras los nombres y apellidos de los presuntos responsables, además de los de las víctimas y los daños causados. El delito de tráfico de influencias conlleva a una pena de cárcel de tres a cinco años.

El caso Danubio salió a la luz el pasado 21 de julio cuando miembros de Fiscalía allanaron oficinas en Quito y Guayaquil, incluyendo el domicilio de Juan José Pons, exconsejero presidencial de temas bananeros.

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“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.

Agregó que los dos funcionarios activos responden a los apellidos Mesa y Cadena y los exfuncionarios: Abad y Larenas. “Existen documentos como una factura de renta de USD 773 a nombre de Fernando Abad, coordinador general de protocolo, desde junio de 2021”.

Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió.

Intercambio de favores

El asambleísta Ferdinand Álvarez explicó que saben porqué la presidenta del Legislativo se aferra al cargo. “Descubrimos el porqué Llori se aferra al cargo. Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana y Alba del Rocío Sánchez son esposos. Sánchez es coordinadora de talento humano en la Asamblea. Debido a que la esposa de Palacios consiguió este cargo, Llori realizaba el intercambio de favores para que Palacios no investigue las irregularidades cuando fue prefecta de Orellana. Mantiene las investigaciones en favor de Llori sin ningún resultado”, expresó.

Por su parte Ronny Aleaga dijo que solicitan la remoción del cargo como asambleísta de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sanciona el delito de diezmos. “Veamos si la presidenta consigue un abogado particular. Vamos a hacer que brille la justicia en el país. No toleraremos a una persona incompetente que obstruye los procesos con otras funciones del Estado. Existen tres denuncias una denuncia penal y dos ante el Comité de Ética”, aclaró.

La bancada también solicitó un cambio del orden del día donde se pide que el Pleno conozca la denuncia en el CAL de Esteban torres (PSC) contra Llori y la creación de una comisión Ad Hoc para la evaluación como segundo punto en la sesión. MIB

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Los tres implicados fueron llamados a juicio en mayo pasado, por comprar insumos de bioseguridad con sobreprecio. De acuerdo a los elementos recabados, la transacción habría favorecido a uno de los implicados con 96.608 dólares, más IVA.

Según la investigación de Fiscalía, los precios señalados en el contrato no serían concordantes con los del mercado.

En la audiencia de mayo, las pruebas presentadas incluyeron certificaciones del portal de compras públicas, informe pericial de contratación pública, informe con indicios de responsabilidad penal levantado por la Contraloría General del Estado, además de versiones de funcionarios del Municipio y otros proveedores.

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La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados. La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó los elementos de convicción desde junio de 2020.

Trabajo fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del burgomaestre. Así, presentó varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal. Se tratan de certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96.608 (incluido IVA).

Los motivos

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

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En el documento anexo a la publicación informa que Luis L. director de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 34 causas registradas en el Consejo de la Judicatura. Entre las causas se encuentran: abuso de confianza, estafa y falsificación de documentos públicos.

Además, una pena de prisión por el delito de falsificación de instrumento público y el de utilización dolosa de documento falso. Pena de nueve años, de los cuales el acusado pasó dos años, dos meses y veintisiete días. Hasta una rebaja de pena en el año 2015. Además de inconsistencias en el proceso de contratación en el CNE.

Entre los 33 sospechosos de tráfico de influencias, figura el nombre del cura José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de la audiencia de formulación de cargo, 29 personas quedaron con prisión preventiva y cuatro con medidas sustitutivas.

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Uno de ellos es el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez. Junto a él también están siendo procesados otros exfuncionarios de Educación, Salud, Aduanas, entre otros.

El caso, que inició el agosto, fue denunciado por Eduardo Cedeño, quien dijo que le habían ofrecido un puesto de trabajo a cambio de una alta suma de dinero, pero no se cumplió.

Teresa Rivas, abogada defensora del cura Tuarez, dijo que entre su defendido y el denunciante no hay ningún vínculo. «Ya va a salir a luz el nombre del activista político que está detrás de todo esto. Esto es una persecución política y están inmersos altos funcionarios», denunció y expresó que en la audiencia no fueron presentados elementos como dinero o supuestos audios entre los implicados.

La diligencia

La diligencia ocurrió en la Unidad Judicial ubicada en la 29 y Portete, en el suburbio de Guayaquil. Empezó a las 23:00 del jueves 28 de noviembre y culminó a las 11:00 de este viernes 29.

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“Entre los aprehendidos está el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos T., quien fue hallado en la provincia de Manabí. Esta investigación empezó hace tres meses y, como resultado de la misma, se presume que se trata de una organización dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, para lo cual presuntamente pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los veinte millones de dólares. También habrían ofertado contratos en ciertas entidades públicas, a cambio de recibir entre el 10% y el 20% del monto de la contratación”, informó la Fiscalía en su página web.

En los allanamientos ejecutados en sectores de las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos se encontró algunos indicios, entre ellos: teléfonos celulares, dinero en efectivo, cheques, documentos, laptops, armas y currículos de varias personas.

El artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina una sentencia privativa de libertad de tres a cinco años por tráfico de influencias.

CLL

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Los delitos que le imputan, giran en torno al tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Por este motivo, Ordoñez pidió al Consejo de la Judicatura “celeridad en la ejecución de las sentencias para recuperar lo robado”, escribió en un comunicado.

Su abogado, Stalin Raza, indicó para un medio de comunicación impreso que la Larrea no tenía fondos para cubrir las deudas que le son impuestas. Por ello, si no pudiera subsanar las mismas, eso no impediría que salga de la cárcel.

Los juicios de Larrea

El próximo 29 de noviembre, María Sol Larrea cumplirá las condenas impuestas y podrá salir en libertad.

Los delitos que hasta ahora ha cumplido lograron que ella lleve dos años y 3 meses en la cárcel. Estos incluyen: 20 meses por enriquecimiento ilícito, 2 años por tráfico de influencias y uno por peculado. En el caso, no hubo acumulación de penas.

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