«Esta madrugada en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad», escribió en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional compartió en sus redes sociales, fotografías del operativo realizado en la madrugada y mañana del 12 de agosto. Las imágenes mostraban a alias Fito saliendo de su celda junto a personal policial, asimismo el líder criminal estaba boca abajo durante el operativo en el piso de la cárcel antes de su traslado.

¿Quién es alias Fito?

José Macias Villamar, alias ‘Fito’, es el líder de la banda criminal más poderosa del país, ‘Los Choneros’. Tomó el mando en 2020, tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña. Guarda prisión con una sentencia a 34 años de cárcel por «delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato».

Nació el 18 de noviembre de 1979 en la ciudad de Manta. Su primera detención ocurrió en el año 2000 tras un delito de robo y en 2011, volvió a ser detenido por narcotráfico y delincuencia organizada. Estaba preso en la Penitenciaría del Litoral, antes de que Lasso anunciara su traslado.

Antes de ello estaba ya en La Roca, pero logró fugarse junto con 17 presos más, por lo que lo llevaron a la ‘Peni’ a que cumpliera su condena. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto, denunció amenazas de muerte por parte de alias Fito. (MIB)

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Según el medio local, el traslado del radar ocurrió el pasado 9 de mayo de 2022 a las 18H00. Y aún existe presencia militar en el que impide el ingreso al cerro.

Los efectivos y demás autoridades militares no están autorizadas para hablar del tema, salvo el ministro de Defensa, Luis Lara, quien no se ha pronunciado. El personal militar dice que el traslado del radar es información sensible y estratégica para el manejo de temas de seguridad y vigilancia del narcotráfico.

Los moradores del sector señalan que no saben qué ocurre en la cima del cerro y que se sienten intimidados, porque el personal militar los revisa si caminan en áreas cercanas a la zona. Igualmente, mencionan que han pedido explicaciones sobre la vigilancia en el sector.

De acuerdo con la FAE, se identificaron 376 zonas no controladas a escala nacional que pueden ser usadas para el narcotráfico. Solo en Manabí existían 28 rutas sospechosas.

El radar tiene un alcance de rastreo de 220 millas y comenzó a operar el 27 de octubre de 2021 No obstante quedó inhabilitado debido a que fue objeto de un atentado y explotó el pasado 7 de noviembre del mismo año.

Además, 16 oficiales y 9 aerotécnicos de la Fuerza Aérea enfrentan procesos disciplinarios por fallas en el manejo de la seguridad del radar.

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“Se procedió con el traslado de 6 PPL cabecillas de bandas criminales, 5 de ellos hacia La Roca y uno hacia la Penitenciaria del Litoral. Esta respuesta merece una ratificación contundente de la administración de justicia para mantener el orden en el sistema carcelario”, informó la cartera de Estado.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, también se pronunció sobre esta decisión. “Lo que se vivió hoy en el CRS de Santo Domingo fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes en Azuay. Hay que revisar los mecanismos de acumulación de penas y negar beneficios a los involucrados, y someterlos a un régimen disciplinario más exigente”.

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Respuestas de Lasso

El presidente Lasso también escribió una reacción tras esta decisión. El mandatario está de visita oficial en Israel. “No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional con el traslado inmediato de 6 PPL cabecillas de bandas criminales”.

En horas de la mañana, el mandatario expresó condolencias a los familiares de los muertos, cuya cifra está en 44 y 10 heridos. “Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el amotinamiento en la cárcel de Sto. Domingo. Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, está a cargo de los operativos para recuperar la paz”. MIB

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“Tania ha sido intervenida tras detectarse a tiempo una arritmia cardíaca y, en este momento, se encuentra estable. Apenas sea posible, se trasladará a Estados Unidos para continuar con su recuperación. En estos momentos de inquietud, la familia pide su apoyo y respeto a la privacidad, así como evitar difundir rumores o información imprecisa”, dice parte del documento.

Una arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular. Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud.

Trabajo en Ecuavisa

Tinoco de 58 años fue la presentadora del noticiero nocturno Telemundo durante más de 30 años en Ecuavisa hasta que terminó debido a la pandemia de COVID-19 en 2020. Se graduó de periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. También fue directora del programa de investigación Visión 360. Actualmente, es presentadora del noticiero Televistazo en la emisión del mediodía.

Debido a este percance de salud, María Isabel de Lebed y Pedro Jiménez la reemplazarán. MIB

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Su abogado Sebastián Espinosa indicó que el exministro de Hidrocarubros sufre de hipertensión, diabetes, trastornos de ansiedad y depresión, y necesita tratamiento especializado. Pareja tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital regional de Ambato luego de ingerir una dosis excesiva de pastilla que formaban parte de su tratamiento médico. La dosis, sin embargo, no fue letal.

CAPAYA cumple cinco sentencias por el caso Petroecuador: peculado (10 años); cohecho (5 años); delincuencia organizada (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y tráfico de influencias (6 años).

¿Qué sucede con Glas?

El grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitó, el pasado 9 de diciembre, la cárcel de Latacunga en el contexto de la crisis carcelaria. Allí se entrevistaron con el exvicepresidente Jorge Glas que solicita, por segunda vez, la prelibertad por razones de seguridad y salud.

“El Grupo de Trabajo le urge al Gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del Sr. Glas Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también otorgó medidas cautelares en su favor. El Estado ecuatoriano todavía no ha cumplido con esta decisión.

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Radio La Calle se comunicó con el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley penal (SNAI) y pudo confirmar que “Jorge Glas aún no ha sido trasladado, está siendo monitoreado por personal de salud. Se le han hecho las pruebas y están a la espera de los resultados”.

Una fuente cercana al exvicepresidente confirmó que Glas dio positivo a Covid-19 el 28 de enero.

Aumento de condena

El pasado 25 de enero, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a ocho años de prisión a Glas por el delito de peculado por el Caso Singue.

«El Tribunal de la Corte Nacional, con voto de mayoría, sentencia a ocho años de prisión a los procesados Carlos P., Jorge G. Wilson P y César G. como coautores del delito de peculado; y, a cuatro años a José B., Ramiro C. y Andrés D., como cómplices», indicó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los magistrados, el exvicepresidente y los demás coautores tenían información privilegiada y la utilizaron para entregar el contrato del campo Singue a Gente Oil para beneficio propio.

Como sentencia simbólica se dispuso la publicación de la sentencia en tres diarios de difusión nacional. Así como la expresión de disculpas públicas por parte de los sentenciados.

Con esta sentencia, el exvicepresidente acumula 22 años de prisión. Glas tiene condenas por el caso Sobornos 2012-2016 y el caso Odebrecht.

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Quito, 19 ene (Radio La Calle).- Una parte de la colección de bienes culturales del país se encuentran ya embalados y listos para la mudanza a la ExUnasur. Un proceso que la Ministra de Cultura y Patrimonio, Angelica Arias justificó mediante razones técnicas.

Arias constató ayer el cuidado al que se le daba a todos los elementos históricos que son parte de la reserva patrimonial que se encuentra el edificio Aranjuez. Se tata de fondos documentales, arqueológicos, coloniales, modernos y contemporáneos.

El edificio de la exUNASUR, en San Antonio de Pichincha, fue visitado también para revisar el avance de las adecuaciones, al que se convertirá en la nueva sede de estas reservas y del Museo Nacional.

Se requiere: espacios, climatización y mejoramiento de pisos. El traslado de bienes culturales al edificio de la exUnasur generó dudas en la comunidad histórica y académica, pues se dudaba de la propiedad del terreno donde se levantaba el edificio de la Mitad del Mundo, igualmente docentes de la Universidad Andina, rechazaron que se movilizara los bienes documentales. De lo que se conoce libros y documentos históricos sería el Instituto de la Memoria, que fuera propiedad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El Ministerio de Cultura y Patrimonio también alista ese otro traslado.

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Al momento, el Municipio está analizando cinco lugares: uno en el Valle de Los Chillos, dos en el norte y otros dos en el Sur. El traspaso se realizará hasta el 31 de diciembre de este año.

“El Alcalde dejó sentado que esa iniciativa no debe implicar gastos para construcción, solo lo necesario para la movilización; es decir, no invertir recursos, sino aprovechar las cosas que tiene el Municipio”, explicó Erazo.

El pasado jueves 14 de enero, durante la entrega de la obra de restauración de la Capilla del Pilar, el Alcalde Jorge Yunda anunció que el cabildo Quiteño se trasladaría fuera del Centro de la ciudad.

“Debemos preservar el Centro Histórico. Estamos trasladándonos, no será de la noche a la mañana, pero en esta administración hemos tomado la decisión de proteger el centro y funcionar desde otro lugar más moderno, con mejor movilidad y accesibilidad”

Jorge Yunda, alcalde de Quito

De esta manera, las instalaciones del Palacio Municipal se utilizarán para actos protocolares. Asimismo, según el Alcalde, este traslado tiene como fin preservar el Patrimonio del Centro Histórico de Quito, evitar que los manifestantes lleguen a este punto, y promover el turismo.

Finalmente, Erazo señaló que existen lugares en evaluación. La solicitud de Yunda es que sean lugares de fácil acceso y amplia movilidad. La decisión se tomará con el criterio de la Administración General, Secretaría de Territorio, Administración Zonal e Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP).

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«Los traslados se ejecutarán solo conforme a la disponibilidad
de la oferta educativa y podrán ser solicitado en caso de discapacidad y necesidades especiales, violencia, movilidad humana y casos de vulnerabilidad», señala el comunicado del Ministerio de Educación.

El proceso de traslado se podrá solicitar a través de la página web https://juntos.educacion.gob.ec/ o por vía telefónica de lunes a viernes de 08h00 a 18h00. Entre los requisitos están: una cuenta de correo electrónico, número de cédula del representante y estudiante y una planilla eléctrica del domicilio.

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Se trata de Paola Pabón, prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, ex consejero de Hábitat; y Cristian González.
La mañana de este viernes 20 de diciembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo dio a conocer que dos de los tres detenidos fueron trasladados de prisión.

La prefecta Pabón salió del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi hacia el Centro de Confianza en el sur de Quito.

Por su parte, González fue transferido del Centro de Detención Provisional de Quito, a la cárcel 4 de la misma ciudad. Esto, dijo Romo, responde al requerimiento de las partes defensoras de los detenidos.

“Las medidas cautelares decían que se debía pre cautelar la integridad y el derecho a la vida de las personas detenidas y encontrar los mecanismos en concierto con sus representantes”, explicó Romo.

Con ello, la ministra, cuestionada por usar gases lacrimógenos caducados que atentan contra la salud de civiles y permitir que la fuerza pública atente contra los derechos de manifestantes, prometió que cuidarán los derechos humanos de los detenidos.

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