Los jueces Iván León, Wilman Terán y David Jacho declararon improcedente el recurso de casación y ratificaron la sentencia de segunda instancia. El exmandantario no puede apelar la decisión. No obstante, puede solicitar que el fallo se aclare o se amplie. Tiene tres días para interponer este recurso.

Luego del agotamiento de esos recursos, que no cambian el contenido de la sentencia, el expediente completo del caso debe volver al Tribunal de Juzgamiento para que el dictamen de ejecución de la pena.

Antecedentes

Jamil Mahuad está fuera del país desde hace 20 años. De modo que, la justicia ecuatoriana deberá oficiar a la Interpol su localización y captura para luego tramitar su extradición.

El 29 de mayo de 2014, la exjueza Ximena Vintimilla condenó a Mahuad a 12 años de cárcel. Sin embargo, en 2017, otro Tribunal de la CNJ, corrigió el fallo y lo redujo a ocho años, que es la pena ratificada.

Según la teoría de la Fiscalía, Mahuad, como presidente de la República, tiene responsabilidad penal por la crisis bancaria debido a dos decretos que firmó en su administración.

El 681 del 9 de marzo de 1999, donde declaró estado de emergencia nacional y el 685 del 11 de marzo de 1999, donde ordenó el congelamiento de los depósitos, conocido como feriado bancario. 

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Frente al juicio, la asambleísta llamó a la reflexión sobre el desenlace del Caso Sobornos 2012-2016, que ratificó la sentencia a varios funcionarios coidearios del expresidente Rafael Correa. Según el documento, Bonilla expresa que el sistema de justicia ecuatoriano trabaja para perseguir y eliminar al enemigo político.

La casación

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Rafael Correa y Jorge Glas. Según Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ambos “irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos”. En el dictamen se señaló a Pamela Martínez como quien distribuía el dinero al partido político. Por su parte, los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores del delito de cohecho. Sin embargo, la decisión no fue tomada de forma unánime. El Juez Milton Ávila, no compartió de las conclusiones de los otros dos jueces, Javier de la Cadena y José Layedra.

Diana Salazar también señaló que en el caso de Viviana Bonilla y Cristian Viteri se modificó la sentencia. Según explicó la Fiscal, los ciudadanos habrían encubierto los hechos. Por este motivo, Salazar expresó que se trata de un fraude procesal, que según la funcionaria ya no es de tipo penal. Cabe mencionar que la resolución determinó pese a que uno de los jueces reconoció como válidos los argumentos presentados por la Asambleísta.

Viviana Bonilla y la Alcaldía de Guayaquil

Según las acusaciones, la funcionaría habría sido la beneficiada de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3’834.527,41 y a USD 320.000. Bonilla en su momento rechazó la denuncia y expresó “que nunca gestionó, recibió o distribuyó recursos de AP, en la campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, en 2014”.

Además, Viviana Bonilla, señaló que los medios de comunicación fueron cómplices del hecho. Catalogó que es una “farsa jurídica concertada por las altas autoridades del Estado”. Por ello, adelantó que en instancias internacionales el Caso Sobornos será evidenciado como fraude procesal. De esta manera, anunció acudir a Cortes Internacionales en busca de justicia, que según palabras de la ciudadana le ha sido “esquiva”. (AB)

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Sentencia

El expresidente Rafael Correa y 20 procesados más recibieron la ratificación de su sentencia. Como medida punitiva, el Tribunal determinó que los implicados deberán cancelar el monto de USD 14,7 millones. Esta cifra sería proporcional al supuesto perjuicio de USD 7.5 millones que habría provocado al Estado el denominado “Caso Sobornos 2012-2016”.

De esa cifra, el exmandatario y el exvicepresidente Jorge Glas deberán cancelar un valor de USD 778.224 dólares. En el caso de Correa, esta instigación y, por tanto, su responsabilidad penal se habría consumado “mediante un influjo psíquico sobre funcionarios de su entera confianza”.

¿Medidas simbólicas o humillantes?

El artículo 78 del Código Integral Penal (COIP) contempla la posibilidad de exigir a los sentenciados medidas de reparación de tipo simbólico, orientadas a “la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades”.

En ese marco, los implicados deberán colocar una placa en la Presidencia de la República del Ecuador con la siguiente inscripción:

“Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, la función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector”.

El Tribunal les exigió ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia y acreditar el cumplimiento de un curso de 300 horas, en ética y transparencia de la administración.

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El 24 de agosto del 2020, el sistema de justicia admitió el recurso de casación de 15 procesados en el Caso Sobornos. Los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra conformaron el Tribunal que está encargado de resolver el destino de este recurso.

El Tribunal tiene el deber de analizar si la ley fue aplicada de modo érroneo o, en su defecto, malinterpretada en los procesos anteriores contra los implicados. La existencia del delito no está en discusión dentro del proceso de casación. Quienes interpusieron el recurso están a la espera de que el Tribunal haya revisado con rigor el aspecto legal de la sentencia y su legitimidad.

El 3 de septiembre, Diana Salazar, Fiscal General del Estado, se pronunció sobre el caso: “los acusados se han limitado a indicar, a los jueces, que se les ha aplicado indebidamente la ley. Ellos no han negado la existencia del delito”, manifestó Salazar de modo triunfante. No obstante, demostró poco rigor en sus declaraciones, pues, según la misma CNJ, este recurso tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias, mas no la discusión sobre la existencia del presunto delito.

Antecedentes

El «Caso Sobornos 2012-2016» es el nombre que reúne a un conjunto de procesos judiciales contra el expresidente Rafael Correa y 20 personas más. Los cargos atribuidos por Fiscalía General del Estado (FGE) acusan a los implicados de presuntos delitos de corrupción. Según el expresidente, este caso constituye un fraude procesal y un intento de judicialización de la política. En este caso, Correa recibió ocho años de prisión preventiva, pero la sentencia aún no se encuentra en firme. (JBS)

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