La solicitud consistía en emitir una orden a la Asamblea Nacional para que realice cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con base a las recomendaciones de entes internacionales.

Sin embargo, con ocho votos a favor el tribunal explicó que la acción presentada por las organizaciones sociales estaba mal planteada e incompleta. Además, enfatizó en que faltaban documentos para justificar sus argumentos.

Actualmente, hay dos causales de aborto permitidas en el país: una por violación y otra para evitar la muerte de la madre en caso de riesgo. En este ocasión, la CC vuelve a rechazar esta solicitud. En 2021, concluyó que este tema requiere un debate en el Legislativo, en donde se recojan opiniones de expertos. (AGM).

ALERTA!!!

Hoy la @CorteConstEcu conocerá una demanda de incumplimiento que busca que se despenalice el aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida, entre otras causales. #EsUrgenteCorte pic.twitter.com/1AKXwqwRI7

— Surkuna (@SurkunaEc) September 27, 2023

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“Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria para 3 personas, como responsables del asesinato del abogado Harrison S. Registrado el 28 de abril de 2021 en el norte de Quito. Con base en las pruebas practicadas por Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales condenó a Darío S. a 34 años y 6 meses de cárcel, como coautor del delito; mientras que Elvis C. y Luis C. fueron sentenciados a 11 años y 4 meses, como cómplices”, explicó la institución en un tuit.

La tesis que manejaba la Fiscalía en ese caso era que Darío habría sido el nexo entre quienes dispararon al jurista y quien ordenó su asesinato.

El asesinato

Los sujetos asesinaron al abogado el 28 de abril del 2021 mientras se movilizaba en su vehículo por el centro norte de Quito. Los disparos se realizaron desde otro vehículo mientras Salcedo bajaba en su camioneta a la Av. 6 de diciembre y República. El automóvil chocó con los vidrios de una concesionaria.

Harrison Salcedo fue el abogado de alías «Rasquiña», exlíder de los Choneros y asesinado en 2020 bajo la misma modalidad. También representaba al exvicepresidente de la República, Jorge Glas y al exasambleísta Eliseo Azuero, juzgado por peculado en el caso del Hospital de Pedernales. MIB

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Salcedo y su defensa, Abdalá Bucaram Pulley, solicitaron la salida de prisión y continuar con sus sentencias en su domicilio. Su abogado argumentaba que había recibido amenazas de muerte a través de un correo.

El tribunal indicó que negó el pedido de hábeas corpus porque no ha caducado la prisión en su caso. Salcedo tiene una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

La Fiscalía

la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que se le niega este recurso judicial, por el hecho de que, Abdalá Bucaram Pulley y su equipo de abogados tratan de desconocer lo señalado en el artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice:

“El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán esos plazos”, indicó la institución.

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«Por unanimidad, Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha acepta apelación presentada por Fiscalía. También revoca auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina. Tribunal declara negligencia manifiesta de la Magistrada y oficia el fallo al Consejo de la Judicatura», reza un tuit en la cuenta de la Fiscalía.

Además del expresidente y su hijo, siete personas más se encuentran implicadas en una red de presunta delincuencia organizada que negociaba pruebas para COVID-19.

Suspensión a la jueza

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado dispuso la suspensión de la jueza Medina, tras concluir que actuó con negligencia manifiesta.

«Como Presidenta del Consejo de la Judicatura he dispuesto medida preventiva de suspensión de Jueza Verónica M., tras declaración de manifiesta negligencia por parte de la Corte de Pichincha en caso Bucaram y otros. Además dispuse revisar actuaciones de abogados involucrados en el caso», escribió.

Por su parte, Bucaram aseveró en su cuenta de Twitter: «Suspenden una jueza por actuar en derecho, multan nuestros abogados porque descubrimos antes de la audiencia que recibían órdenes. LOS ABOGADOS Y JUECES DEL PAÍS ESTÁN EN INDEFENSIÓN POR PROTEGER A LA FISCAL SARABIA QUE COMETIÓ 20 NULIDADES Y ERA UN DECHADO DE ODIO EL PROCESO..!»

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«La jueza quien conoció la causa por presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas COVID-19 declaró la nulidad de lo actuado», explicó un comunicado de Fiscalía.

Una de la razones que acogió la magistrada es la falta de una notificación de la orden de detención contra Jacobo Bucaram, que alegó su defensa.

Audiencia en Guayaquil

En la sede de la Función Judicial de Guayaquil también tenía lugar una audiencia contra el expresidente por presunto tráfico ilícito de armas y municiones. Su defensa presentó un comunicado y el certificado médico del acusado por lo que la audiencia no se instaló

Con la nulidad de lo investigado en el caso «Pruebas COVID-19», este sería el único proceso donde un Bucaram le rinda cuenta a la justicia si así lo deciden los magistrados.

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La Fiscalía General del Estado se mostró en desacuerdo con el dictamen de los jueces y señaló que apelará el fallo.

“Luego de cinco días de audiencia de juicio, en los que la Fiscalía y las defensas de los procesados presentaron sus elementos probatorios ante un Tribunal de Pichincha, Carlos E. recibió una pena privativa de libertad de seis años por el delito de lavado de activos (…) En su fallo, los jueces resolvieron ratificar el estado de inocencia de María Sol L., exfuncionaria del IESS, y Marcelo E”, indica el boletín de prensa de la Fiscalía.

En cuanto a sus dos familiares, el Tribunal dictó pena privativa de seis años en contra de Carlos E., por el delito de lavado de activos. Además, deberá pagar una multa de USD 980 mil, que corresponde al doble de dinero lavado. Mientras que para Marcelo E., los jueces ratificaron su inocencia.

Así mismo, se dispuso la disolución y extinción de las personas jurídicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, también como responsables del delito.

Los hechos

La investigación de Fiscalía resolvió que los procesados habrían obtenido de forma irregular contratos por alrededor de USD  91,1 millones por medio de empresas creadas por ellos mismos. Los principales clientes de estas empresas habrían sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública y coordinaciones zonales de Salud. Los hechos delictivos se habrían cometido entre 2008 y 2018.

Según las pruebas periciales, testimoniales y documentales, los delitos se habrían consumado con la utilización de personas jurídicas (empresas), a través de las cuales se habría colocado dinero en el sistema financiero nacional. Estos montos se transfirieron entre las empresas, fingiendo que provenían de proveedores y clientes.

Acusada en otros delitos

La exservidora pública tuvo sentencia en otras dos causas por tráfico de influencias. La primera por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en unidades médicas del IESS, en 2017; y la segunda por irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos para la misma institución, en 2018. Finalmente, por cada caso recibió un año de cárcel.

Actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por peculado. (CE).

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«Hay una amplia posibilidad de que Martín Vizcarra regrese al poder. Aun así ni siquiera sé trata de que él regrese, sino de deslegitimar los actos que nos llevan a la crisis social y política. Incluso, el Tribunal podría declarar la nulidad de los procesos posteriores a la efectivización de la bancada», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Después de la renuncia del presidente temporal, Manuel Merino, el Congreso de Perú abrió la posibilidad a los legisladores de candidatizarse. No obstante, solo existe un candidato, Francisco Sagasti por la Bancada Morada que también podría llegar a la presidencia. La justicia emitirá una resolución al medio día.

Ejecutivo vs. el Congreso

De acuerdo con las declaraciones del experto, el Congreso en su mayoría es dominado por Fuerza Popular. La Cartera de estado está liderada por Keiko, la hija del expresidente Alberto Fujimori.

«Vizcarra está presionado por un Gobierno. El congreso con 105 votos aprobó su salida y la única persona que podía suplirle, renunció. Vizcarra era una piedra en el camino para ellos y lo sacaron de forma impopular», señaló.

Con apenas 6 días de labores, el presidente Manuel Merino dejó su cargo el 16 de noviembre. Amez mantiene que actualmente el Congreso revisa a los candidatos. «Los ciudadanos quieren que todos se vayan entonces el Congreso busca el candidato con lupa. La única lista del partido se retiró por desacreditación», añadió.

Represión policial

El especialista aseguró que el Ministro del Interior no pudo controlar la situación. Según advirtió, helicópteros y frontalmente los uniformados disparan a los ciudadanos. El grupo TERNA se infiltró en las movilizaciones.

«Una arrastre histórico desde que Fujimori salió del poder. Han sido 20 años en los que no ha existido una verdadera democracia. La Policía le da la espalda a la realidad», concluyó.

Hasta el momento, la represión policial en el país vecino se cobró la vida de dos jóvenes durante las movilizaciones. Al menos 11 de los 18 ministros del Gobierno renunciaron a su cargo después de los resultados de las protestas. (JEB).

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Durante la sesión de hoy, el voto de Jaimes retiró el empate que hubo entre los vocales Heriberto Pomier y René Delgado, en contra y a favor de la candidatura, respectivamente.

El vocal fundamentó su decisión después hacer un análisis de las «pruebas presentadas» para la acción de amparo constitucional que presentó la defensa de Morales. También tras la lectura del voto de los vocales Pomier y René Delgado, según informaron medios locales.

Antecedentes

El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura de Morales al Senado, de cara a las elecciones del 18 de octubre próximo. El presidente de la función electoral, Salvador Romero alego que la invalidación se dio por por no cumplir con el requisito de residencia permanente».

De acuerdo a la ley boliviana y el TSE, la residencia permanente tiene tres factores. El domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; que ese lugar sea donde el candidato desarrolla su «proyecto de vida»; y por último, que exista una «residencia efectiva» en ese distrito.

Presión política

Aunque el partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS) tiene el derecho de participar en los comicios, no faltan las presiones para evitarlo. El pasado 21 de julio, un miembro del Gobierno de facto, Rafael Quishpe, dijo que si los miembros del Tribunal Supremo Electoral no anulan la personería jurídica del movimiento MAS, podrían ir a prisión.

“Si actúan de esa forma, tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel si no anulan la persona jurídica (del MAS). El proceso se tipifica como incumplimiento del deber”, dijo el funcionario.

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En la grabación se escucha a Bucaram decir: “hasta el lunes voy a tratar que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado”. Al momento de su muerte, el defensor de Dahan era el jurista Héctor Vanegas que anunció que su cliente quería cooperar con la justicia. El extranjero indicó que realizó una supuesta venda de pruebas de Covid-19 al mayor de los Bucaram Pulley por USD 321.000.

«Vamos a negociar el tribunal»

Bucaram indica que unas personas debían saludar al recluso no llegaron. “Las personas tenían que saludarte y no te saludaron, me extraña eso”. El extranjero pregunta si le da su palabra de que no van a matarle dentro de la prisión. El expresidente responde “Yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco”.

Continúa: “después de la audiencia, un juez se va a pronunciar y va a llevarte ante un tribunal, es ahí donde nosotros vamos a pelear. Ahí vamos a conseguir y negociar el tribunal ¿entiendes?». Dahan le pregunta si conocen a los jueces. “Ese juez de ahí, yo no pude controlarlos porque Vanegas lo tiene en sus manos”, responde Bucaram.

El israelí le pregunta si solamente va a sacar a su hijo (Jacobo Bucaram) y él recibirá la pena. El exmandatario le increpa “Pero cómo si tú siempre vas a estar ahí ¿cómo puedo yo sacar a mi hijo si no te saco a ti? Tú me das la mano, yo te doy la mano.

Asesinato en la Penitenciaria

De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Dahan recibió golpes en la cabeza con un objeto contundente, acción que le causó la muerte, mientras que su compañero Sheiman Orem tuvo heridas graves.

Las autoridades de la SNAI, Fiscalía y el Ministerio de Gobierno no explicaron la posible identidad del asesino. Los reos estaban en el pabellón “Cuerpo Consular”, donde se encuentran privados de libertad con delitos menores. Hasta el momento, tampoco se han pronunciado sobre las conversaciones entre Bucaram y Dahan.

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