El enrollo empezó cuando el Cpccs aceptó crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio. Salazar fue designada máxima autoridad de la Fiscalía en ese periodo.

La fiscal, en la audiencia convocada por la CC, aseguró que los consejeros pretendían revisar la documentación presentada por la fiscal para el concurso de méritos.

Según ella, que el Cpccs haya aceptado la veeduría solicitada por AJP le permite revisar esos informes, por lo que estarían irrespetando el dictamen interpretativo de la Corte.

«Es claro que las actitudes de los consejeros socavan los bienes ajenos al bien común. Está en sus manos hacer cumplir lo que dicta la ley», apuntó.

«No incumplimos nada»

En la primera ronda de intervenciones, el presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan o irrespeten las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no «topan» a la designación de la fiscal.

«No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada», dijo.

Verduga comentó que son dos cosas distintas revisar una investigación presentada por la ciudadana y otra es generar actos de nulidad (lo que repite Salazar).

«Aprobar un informe de investigación no es cometer un acto administrativo encaminado a modificar la designación de Salazar», dijo.

Recalcó que si las denuncias demuestran que la fiscal tiene algún tipo de responsabilidad no implica que el Cpccs puede modificar esa designación. «Además, es muy probable que cuando eso pase Salazar ya haya terminado el periodo», expresó.

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Verdezoto resaltó que no fue parte de ninguna decisión para que se realice esa supervisión ni para la designación de los jueces de la Corte Constitucional del Cpccs-T.

Según la consejera, el Cpccs actual «no puede ejercer comparecencias extraordinarias que vayan más allá de la Constitución».

«Nuestras acciones deben estar delimitadas y en base a nuestras competencias y atribuciones».

El Cpccs entró en una encrucijada cuando aceptó crear la veeduría para revisar las acciones del «trijullato». No obstante, la CC rechazó el pedido porque «va en contra de su dictamen interpretativo».

Ante ese panorama, la ciudadana Betty Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs, por lo que el juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad debe dar acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.

Sin embargo, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia, los consejeros podrían ser destituidos.

Por su parte, el presidente del Cpccs, Alembert Vera, mencionó que junto a sus compañeros preparan medidas cautelares si la CC resuelve retirarlos del cargo.

«Acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) porque no se puede destituir a las autoridades democráticamente electas», apuntó.

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