Paralelamente, el mandatario ecuatoriano revocó la representación de Neira ante la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), asumiendo personalmente esa posición en el directorio de la empresa estatal. Los cambios fueron oficializados mediante decreto ejecutivo emitido este 10 de julio.

Cargos actuales de Neira

1. Secretario de Integridad Pública (desde enero/2024).
2. Presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP, desde febrero/2024).
3. Director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE, desde abril/2024).
4. Presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM, desde octubre/2024).
5. Delegado presidencial ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH, desde febrero/2025).
6. Delegado ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM, desde mayo/2025).
7. Delegado ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL, desde mayo/2025).
8. Director general encargado de la Secretaría Nacional de Contratación Pública (Sercop, desde mayo/2025).
9. Delegado ante la ARCH (desde julio/2025).

Su perfil profesional

Neira, licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad Rollins (EE.UU.), es descrito en su currículum como especialista en crímenes financieros, control de calidad y gestión de riesgos, con más de 14 años de trayectoria en el sector de servicios financieros. Su acumulación de funciones en áreas estratégicas de regulación energética, minera y contratación pública lo posiciona como uno de los funcionarios con mayor influencia en el gabinete de Noboa.

Según el apartado de transparencia en la página web de la Presidencia de la República, el funcionario percibe USD 4.463 como Secretario de Integridad Pública. No obstante, en entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) no hay informes de transparencia del 2025. Finalmente, en el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) no consta el nombre de Neira en el distributivo de personal, pese a ser el director encargado.

Actualización

El SERCOP aclaró a La Calle que Neira se encuentra titularizado como Secretario General de Integridad Pública en la Presidencia de la República, que es la institución encargada del pago de su remuneración. Además manifestó que de acuerdo con la figura de “encargo”, observando el tercer inciso del artículo 271 del Reglamento a la LOSEP, la entidad no eroga presupuesto alguno por su designación como Director General (e).

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«Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas. Uno de los detenidos es funcionario de la @UAFE_EC, cuyo cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución», colocó Fiscalía en un tuit.

Según las investigaciones de la institución, el monto de ingresos de los sujetos de 2016 a 2023 sería de màs de USD 21 millones. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla en el COmplejo Judicial Norte. Fiscalía solicitó prisión preventiva para Édgar J. y Diego J. (funcionario de la UAFE). Para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Petición a la que el juez dio paso.

¿Quién es el funcionario?

Diego J. es funcionario público desde 2014. En la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos ocupó diversos cargos hasta 2017. En 2018 estuvo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico y en Petroecuador. Su trabajo a la UAFE se extiende hasta 2024. Entre 2023 a 2024 trabajó en la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con sus declaraciones juramentadas en Contraloría.

Su hermano Edgar J., corrió como candidato a la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de 2019 por el Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7 del excandidato presidencial y empresario Álvaro Noboa. (MIB).

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El pasado 14 de marzo la cartera de Estado realizó un evento denominado “Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador”, el cual contó con la presencia del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

El acto se desarrolló en el Parque de la Mujer, en Quito, con la cooperación de la empresa alemana GIZ. La ministra Nuñez entregó la certificación a un total de 21 instituciones públicas y cuatro privadas como petroleras y laboratorios clínicos.

«En el marco de este importante proceso, más de 50 000 funcionarios policiales se han capacitado y ahora tienen herramientas indispensables para cumplir con el compromiso, que ya es universal, hacia la igualdad», exhaltó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Casos de acoso

En el 2022, tras la grave conmoción que ha generado la desaparición de María Belén Bernal, salieron a la luz las críticas contra el accionar de instructores y cadetes dentro de la Escuela Superior de Policía (ESP). 

La periodista Viviana Erazo narró como sus excompañeros de colegio – que habrían ingresado a la ESP- no pueden si quiera hablar con sus compañeras cadetes si un oficial las está acosando.

“Una vez salí a un bar con amigos, entre ellos, ex compañeros que estaban en la ESP. Al bar entró una chica muy guapa que casualmente también estaba en la ESP. Ellos la conocían, sin embargo no la saludaron, pero hablaron entre ellos”, explicó Erazo.

¿Cual era la razón? Uno de los superiores estaba merodeando a esa cadete. “A esa cadete no se le puede ver porque ya es de mi Capitán” escuché decir a uno.

– ¿Es de mi Capitán? Le pregunté… entonces me explicaron que si alguien de rango superior pone los ojos en una Cadete, a esa chica otro hombre no se le puede acercar”.

Si se rompe esa ‘regla’, el cadete en cuestión puede ser sometido constantemente a castigos, prohibirle los francos e incluso llegar a expulsarlo de la ESP. “Solo por tocar a la mujer de su superior. Superior que seguramente es casado y tiene hijos”.

Acoso sistematizado

Las cadetes mujeres que ingresan a la Escuela Superior corren el riesgo de convertirse en objeto de acoso por parte de los oficiales instructores. En esta historia, el oficial que perseguía a la chica era 10 años mayor y ella no quería nada con él. No obstante, el rechazo habría impedido que siga desarrollando sus actividades y truncaría su sueño de ser subteniente.

“La chica consideró que no tenía otra opción que responderle los mensajes, aceptar las salidas”. Además que denunciar no es una opción. Sus superiores no le creerían y el «compadrazgo» dentro de los rangos superiores empeoraría la situación para ella. (AGM)

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La entidad señaló que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos obliga a la UAFE a enviar el reporte de operaciones inusuales e injustificadas y entregar todas las sustentaciones necesarias. Luego, el proceso y sentencias queda en manos de la FGE.

El experto en Seguridad Pública, Diego Pérez, explicó a ese medio que la reserva de información es importante. No obstante, es pertinente analizar las prioridades de las instituciones para evitar que este delito crezca.

Además, resaltó la necesidad de saber qué pasó con las irregularidades que se denunciaron y cuáles fueron las acciones que tomó la Fiscalía.

«La ausencia de datos puede ser un reflejo de la ausencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado», explicó.

De la misma manera, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, Renato Rivera, mencionó que el sistema judicial en el país no ha logrado erradicar el blanqueo de capitales.

No llegan al meollo del asunto

Detalló que el 40 % de los casos que lograron llegar a juicio aún no se ha logrado determinar el sector económico de donde proviene el dinero lavado. «Eso hace que se caiga el caso y quede en nada, nuevamente», insistió.

Además, cuestionó que pese a existir más reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII) entre 2021 y 20221, ahora las sentencias condenatorias hayan pasado de tres a una cada año. Resaltó que la UAFE se encarga de enviar las alertas, pero el proceso queda en manos de la Fiscalía.

También, cuestionó que no haya una solo sentencia de extinción de dominio, por lo que argumentó que no saben hacer la investigación.

«No existe una política pública o interés particular para impactar en las economías provenientes del crimen organizado», apuntó.

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En 2017 y 2018, Quirós fue asesor de Luis J., exdirector del hospital, quien se encuentra prófugo de la justicia. Según medios nacionales, tiene relación directa con Daniel Salcedo y Dalo Bucaram en los casos de corrupción dentro de los hospitales.

La UAFE es una “entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos”, señala la información de la institución.

Quirós trabajó directamente con Luis J., exdirector del hospital, cuyo departamento ubicado fue allanado por Fiscalía. El edificio se encuentra junto al del departamento de Daniel S., otro involucrado en los casos de corrupción. Además, según medios nacionales, Luis J. presuntamente tendría relación con Dalo Bucaram y Paúl Granda, al constar sus nombres en los registros del edificio del departamento de Daniel S.

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