Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tiene firma, por lo que carecería de validez.

Además, solicitaron que el audio, grabación, actas de la reunión en la que se discutió la situación y votación con la que se aprobó la supuesta impericia de la fiscal.

«No conocemos que dice el informe, las votaciones o las menciones que se hicieron a la solicitud de plagio», apuntó Angélica Porras, integrante de AJP.

Según Porras, el rector de la UCE señaló que esa decisión la tomaron por unanimidad, por lo que piden el informe de las personas que asistieron a la reunión.

No es la primera vez

El pasado 13 de junio, el colectivo interpuso otra demanda por la falta de entrega de la documentación del caso. Habían transcurrido 19 días y el rector de la universidad, Fernando Sempértegui, no se había pronunciado al respecto.

Las Las autoridades demandadas fueron: el rector; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (N.J.C)

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«Vamos a ver qué dice la Comisión Internacional cuando revise con criterios serios la tesis de la señora Fiscal», advirtió Angélica Porras.

Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar, Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE)

»Esta resolución de la UCE es una vergüenza y manda al trasto de la basura los esfuerzos de la Academia», resaltó.

Resolución de la UCE

La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia. (A.G.M).

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Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

Resolución

El HCU minimizó con el eufemismo de «impericia» en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final, que bien podrían ser considerados presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal.

Respuesta de la Fiscal

A través de Twitter, la Fiscal celebró el pronunciamiento a su favor. Desestimó toda denuncia en su contra, las cuales considera como «hostigamiento» e «infamia». También decidió actuar por la vía legal ya que «no permitirá que se dañe su buen nombre y el de su familia», manifestó.

Citas

Hay dos tipos de citas: citas textuales y citas ideológicas o paráfrasis. Si se cita textualmente o se parafrasea en las propias palabras del que escribe el trabajo, se debe dar crédito al autor original, si no se cita la fuente es plagio.

Existen normas de uso para citar y hacer referencia a la fuente citada, como las normas contenidas en el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA), que son las que las universidades han adoptado para las citas en las tesis.

El plagio académico es un mal que se presenta frecuentemente en artículos científicos, ensayos, libros, tesis, proyectos y en respuestas a cuestionarios de evaluación.

Se entiende por plagio académico la adjudicación de ideas u obras académicas o parte de ellas, sin reconocer la fuente o autoría; es una conducta fraudulenta que se práctica con el fin de lograr el reconocimiento y/o beneficios académicos o económicos. (M.W.S)

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La defensa de Salazar manifestó que dentro de su análisis han contemplado acciones en dos escenarios, uno en el campo penal y otro en el campo civil. Respecto a las demandas indicó que posiblemente se enfoquen en tres causales, calumnia, violencia psicológica y una contravención.

Hasta el momento señaló que esperan el informe de la Universidad Central sobre la evaluación realizada a la tesis de Salazar. »Si el informe sale positivo hacia la fiscal Diana Salazar, que considero que así tiene que ser, nosotros ya miraremos el camino en materia penal», dijo en entrevista a Sonorama.

Más filtros

El caso por el supuesto plagio de tesis de la fiscal General, Diana Salazar también será revisado por tres juristas que la Veeduría Internacional, “Transparencia Académica” designó.

Según, la integrante de Acción Popular Jurídica (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini »aunque en el país, la Universidad Central del Ecuador y los académicos guarden silencio, hay instancias internacionales que se toman con seriedad el caso».

Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi llevarán el caso del presunto plagio de tesis de pregrado de la funcionaria. Los expertos tienen una larga trayectoria y experiencia académica, por lo que AJP espera que la resolución sea con rigurosidad y objetividad. (A.G.M).

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Según, la integrante de Acción Popular Jurídica (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, aunque en el país, la Universidad Central del Ecuador y los académicos guarden silencio, hay instancias internacionales que se toman con seriedad el caso.

Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi llevarán el caso del presunto plagio de tesis de pregrado de la funcionaria. Los expertos tienen una larga trayectoria y experiencia académica, por lo que AJP espera que la resolución sea con regurosidad y objetividad.

El silencio de las autoridades frente al caso

Desde el día en el que se presentó la denuncia en contra de la fiscal Salazar, las autoridades de la Universidad Central (UCE) no se han manifestado. Lo único que se realizó fue la integración de una comisión académica para analizar el caso.

Además, el 31 de mayo, AJP presentó otra denuncia de plagio en contra de la fiscal por un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. En este caso, AJP aseguró que el documento tiene un 25 % de plagio.

Sin embargo, el 23 de junio el rector de la UCE, Fernando Sempérteguí no asistió a la audiencia en la que se verificaría la denuncia puesta por un 40 % de plagio en la tesis. Sempérteguí tenía que comparecer frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero no asistió.

Para una de las integrantes de AJP, Angélica Porras, la máxima autoridad de la universidad tendía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal. (DCJ)

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El 26 de mayo de 2023, el rector de la UCE, Fernando Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %. El colectivo solicitó que se abra un expediente y se le revoque el título de abogada a Salazar.

Sin embargo, a 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. Según Sempértegui, la investigación estaría listo en un mes y debe tener en cuenta las normas de elaboración de tesis vigentes en 2005, fecha de graduación de Salazar.

La comisión está integrada por el rector, el vicerrector, los directores de carrera, además de los decanos de cada facultad; también tiene representación estudiantil y de los trabajadores.

Sobre la acción

La acción de acceso a la Información Pública ha recaído en el Juzgador Walter Figueroa Carballo y es el Nro. 17957-2023-00150. Se pide que le dispongan a la Universidad Central que cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.

Las autoridades demandadas son: el rector Fernando Sempértegui; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

La información certificada que el colectivo solicita es:

• ¿Qué autoridad fue la que designó la Comisión para analizar la denuncia de plagio de la fiscal general Diana Salazar?;
• El acta de la sesión en la que se designó a los miembros de la Comisión para analizar la denuncia de plagio;
• ¿Cuáles son los miembros de la Comisión conformada para analizar la denuncia de plagio?;
• Fotocopias certificadas del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador que entre el 2004 y el 2006, se encontraba vigente;
• Fotocopias certificadas de la tesis de pregado de la fiscal general Diana Salazar, cuyo título fue «El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecutoriana»; y,
• Se nos informe por parte del rector Fernando Sempértegui, si es familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad de los señores Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez, que son servidores de la Fiscalía General del Estado, información que es necesaria para conocer por la relevancia de la denuncia que hemos presentado, misma respecto de la que no hemos tenido respuesta oficial hasta la presente fecha.

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La mañana del 30 de mayo varios universitarios de diferentes carreras se congregaron en la Facultad de Filosofía y Letras. La marcha avanzó hasta las instalaciones del Municipio, en el Centro Histórico de Quito.

“Queremos que nos den seguridad”, dijo una de las estudiantes en la marcha.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, pausó una sesión del Concejo Metropolitano para atender el pedido de los estudiantes. El burgomaestre recibió a la delegación encabezada por la decana de la facultad de Filosofía, Ana Lucía Arias.

Muñoz recibió el documento con los pedidos de los estudiantes. De igual manera, designó a la vicealcaldesa Fernanda Racines y a los representantes de las Secretarías de Seguridad y Territorio para que socialicen las propuestas de la delegación universitaria.

Inseguridad en la UCE

Los estudiantes salieron a las calles en busca de una solución a los temas de inseguridad, varios universitarios han sido víctimas de la delincuencia. También destacaron el peligro en los alrededores por falta de luminaria.

Fabio García, estudiante de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), manifestó que es importante de la presencia policial en los exteriores de la universidad, ya que rara se los ha visto actuando en contra un delincuente.

»Solo aparecen cuando hay controles de sustancias alcohólicas o ves a un agente metropolitano cuando hay controles de tránsito», resaltó.

Casos de estudiantes

En los últimos meses la inseguridad ha ido creciendo. Existen casos de asaltos tanto al exterior como al interior de la universidad. Francisco Lasso, estudiante de la FACSO, señaló que hace dos meses fue víctima de un robo dentro del campus.

Él comentó que debido a las lluvias buscó a alguien para que le comparta su paraguas y pueda llegar a su facultad. Dos mujeres lo »ayudaron» pero en el camino le sacaron el celular del bolsillo.

Otro caso es el de un grupo de estudiantes que se encontraban en un bar cercano a la universidad. Cuando los jóvenes salieron del lugar un sujeto se ofreció a llevarles en un taxi y fueron escopolaminados, una vez les quitaron sus pertenencias fueron arrojados en la calle, uno de ellos se despertó en medio de unos matorrales.

De igual manera, otra estudiante denunció que fue drogada en un bus que tomó cerca de la universidad. El sujeto le obligó a bajarse y al poner resistencia le metió un golpe en la nariz. Cuando el cobrador quiso ayudarle el hombre se excusó y dijo que la joven esta borracha, luego logró sacarla del transporte y le robó sus pertenencias. (A.G.M).

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Los alumnos que cumplían con el internado rotativo denunciaron ser víctimas de asaltos y más hechos de violencia. El director ejecutivo de Afeme, Leonardo Bravo, admitió que hubo casos aislados, que les hicieron confirmar que era necesario retirarlos de Esmeraldas.

El acuerdo

Afeme, junto a la viceministra de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Aguinaga, tomaron la decisión. El objetivo es precautelar la seguridad de los estudiantes que realizaban el internado rotativo en Esmeraldas, según Bravo.

Las facultades de Ciencias Médicas que sacaron a quince estudiantes de la provincia verde son:

– La Universidad Central del Ecuador (UCE)

– La Universidad-UTE

– La Universidad de las Américas (UDLA)

– La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

– La Universidad Internacional del Ecuador (UIE)

– La Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

La iniciativa

El Plan de Contingencia para sacar a los estudiantes de Esmeraldas se puso en marcha debido a la preocupación de varios padres de familia. Además, el médico mencionó que se buscan opciones en otras provincias con espacios más seguros para que se desarrolle el año de internado rotativo.

“Ha sido una preocupación puesto que la ola de inseguridad va en incremento en la provincia de Esmeraldas. Indudablemente el riesgo es aún mayor para nuestros estudiantes y es una preocupación de los padres de familia. Como universidades teníamos que tomar acciones», declaró Bravo para Radio Pichincha. (D.C.)

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«La violencia y la criminalidad ha generado una grave situación de incertidumbre en la sociedad ecuatoriana. El problema obedece a algunas causas estructurales que deben ser abordadas con estrategias a corto y mediano plazo«, inicia el comunicado refiriéndose a la raíz de la crisis que vive el país actualmente.

Según se argumenta, la medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos. Especialistas sostienen que la medida podría desencadenar aún más violencia en los sectores más vulnerables del país.

Incorporar a personal policial apto es una opción

Para la UCE, la incorporación de nuevos miembros mediante la selección de los postulantes más idóneos para cargos como policías, es indispensable para que la ciudadanía se sienta resguardada por personal capacitado y con vocación de servicio. Asimismo, la institución se ofreció a brindar su ayuda para que estos procesos cumplan con todas las exigencias del caso.

«Las empresas privadas de seguridad también deben contar con apoyo de observatorios de la sociedad civil para mantener estándares apropiados como organizaciones complementarias de seguridad y deben disponer de una dotación mínima de disuasión; pero no se puede vender armas a los ciudadanos«, enfatizó el centro de estudios superiores.

«En el mundo las sociedades menos violentas son las que han alcanzado alto grado de desarrollo humano: salud, educación universal, ingreso familiar y mayor expectativa de vida«, se menciona en el comunicado.

Anaquilar el desempleo e invertir en educación

Una de las alternativas que se proponen para combatir la ola de violencia es generar mayores fuentes de empleo. El objetivo es que las familias del país lleguen a un punto de estabilidad. Asimismo, expresa que promover la educación alejará a los jóvenes y adolescentes del peligro de vincularse al crimen organizado. Para ello, ampliar la oferta académica resulta imprescindible.

«La disminución del desempleo es urgente en esta política contra la violencia, eso exige inversión agresiva en créditos productivos y en obra pública«, expresa la UCE.

Por último, se afirma que el decreto 707 vulnera el principio de legalidad prescrito en el numeral 2 del Art 132 de la Constitucion. «Se aspira a establecer la preminencia de los ciudadanos frente a la delincuencia, es impostergable revisar las leyes pertinentes y las políticas públicas. Es decir, combatir la impunidad», concluye el comunicado.

A la Universidad Central del Ecuador se suman seis centros de educación superior que también rechazaron la autorización del porte de armas para uso civil promovida por el presidente Guillermo Lasso.

JR

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Quito, 12 de ene (La Calle).- En redes sociales se viralizó un video en donde presuntamente el docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE), José Augusto Chávez, gritó y agredió a una de sus estudiantes durante una clase vía Zoom.

Los presuntos hechos

El video inicia con una exposición por parte de una alumna para la cátedra de farmacología de octavo semestre. Segundos después, el docente interrumpe por la ausencia de una de las supuestas estudiantes que debía exponer junto a ella. En el momento que la chica intenta dar una explicación sobre la falta de su compañera, el docente responde molesto. Más adelante empieza a gritar “¡Bájeme la voz (…) cuidado cómo hable conmigo (…) bájeme la voz, carajo” mientras la chica intenta replicar tranquilamente.

El profesor tilda a su estudiante de “mentirosa y guambra malcriada”. Finalmente, reprueba al grupo número uno: “tienen 0, y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me boten rápido de esa pendejada de un…”.

Los estudiantes se pronunciaron

Horas después del incidente, los dos estudiantes víctimas de la agresión remitieron un oficio de queja ante el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y las principales autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y Bienestar Universitario.

El documento señala que no es la primera vez que el maestro se violenta contra los alumnos durante sus clases; las que además, no permitía que sean grabadas. “Los estudiantes de los mencionados paralelos hemos sido insultados, maltratados y hasta humillados por el docente”, reza el oficio firmado por 27 compañeros más de la cátedra.

Por su parte, FEUE solicitó a las autoridades de la facultad y la universidad tomar cartas en el asunto. Hoy en horas de la mañana, el docente como José Augusto Durán presentó su renuncia. «Me voy no por acoso, no por dinero, me voy por querer que en mi país existan alumnos de excelencia y no oyentes de un aula».

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«Al estar dentro de la Universidad, en base a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, existe la autonomía universitaria. Cuando acudimos a la Intendencia, dos meses antes, nos indicaron que se requería el ingreso de la policía y esto se contrapone a lo que dice la ley. Ante esto, la Intendencia indicó que se realice el «Centralazo» como un evento privado y ellos ayudarían con operativos policiales al exterior del predio universitario», indicó Erick Barba, vicepresidente de la FEUE.

Asimismo, aseguraron que colaborarán con todas las investigaciones del caso en las instancias judiciales y ofrecieron una rendición de cuentas por el dinero recaudado de más de nueve mil entradas vendidas .

El 22 de noviembre del 2019, Gabriela Orbe, estudiante de la carrera de Administración de la UCE, falleció asfixiada durante el denominado «puertazo», donde además varios estudiantes resultaron heridos en su afán de ingresar al evento. El Municipio de Quito, la Intendencia y el Ministerio de Gobierno, recalcaron que el evento no contaba con todos los permisos necesarios para su realización. Los familiares de la fallecida mencionaron que tomarán las acciones correspondientes contra los organizadores del «Centralazo».

CLL

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Las reducciones también han tocado a las Universidades públicas, a las que se les recortará USD83 millones del presupuesto. Las mayores afectadas son: la Universidad de Cuenca, con una reducción de USD14.946.792; la Politécnica Nacional, con USD14.685.719 menos e IKIAM con una reducción de $19.803.679.

“No señores, el país no ha vuelto a la normalidad violenta de la desigualdad. ¡Lxs estudiantes marcharemos para defender nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!”, escribió como reacción el movimiento Estudiantes Autoconvocados, a través de su cuenta de Facebook.

AM/CM/sam

La entrada Ministro de Finanzas anuncia recorte de USD 83 millones para la Universidad Pública en 2020 se publicó primero en La Calle.