«Nuestra posición como Revolución Ciudadana es acatar el decreto de muerte cruzada y adelantar elecciones. Es lo mejor para el país», dijo el exlegislador Ronny Aleaga.

Por su parte, Gisela Garzón agregó que aún no piensan los posibles candidatos presidenciables por lo inesperado de la decisión del primer mandatario.

Es inconstitucional

No obstante, el exfuncionario y militante de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández dijo que la acción de colocar militares y policías fuera del edificio legislativo es inconstitucional. «Es un escenario que está por fuera del marco constitucional. Lo que sí rechazamos es esto. Una Asamblea acordonada, tomada por los militares».

El presidente Lasso firmó, esta madrugada, el decreto de muerte cruzada que disuelve la Asamblea y le permite gobernar seis meses sin el poder Legislativo. (MIB)

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La asambleísta Esther Cuesta anunció que la copia del documento fue enviada al embajador de Paraguay y Ecuador. De igual manera, resaltó las graves acusaciones de Moreno en el caso Ina Papers.

»Nosotros hemos solicitado que se evalúe la permanencia de este señor en ese país y que enfrente a la justicia aquí en el Ecuador», manifestó.

La situación de Moreno

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

La orden fue remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. (A.G.M).

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A la víspera de resolver la situación política del Jefe de Estado en la Asamblea Nacional, volvieron las intimidaciones a las legisladoras proponentes. Por su parte, el 11 de mayo la asambleísta Viviana Veloz (UNES) expuso un mensaje de texto con un contenido ofensivo y vulgar en su contra.

»Haber como acaban acostados y fríos con la cabeza cortada », dice el mensaje en cuestión. El texto fue enviado desde un número que comienza en +502, código correspondiente a Guatemala.

Varios asambleístas de UNES le manifestaron su apoyo y respaldo, entre ellos Fernando Cedeño y Gissela Garzón. Por su parte, la parlamentaria Pamela Aguirre recalcó que desde las anteriores amenazas, se presentó una denuncia en Fiscalía y aún no han obtenido respuestas.

Otro caso…

El mismo día, Mireya Pazmiño (PK-r) denunció que »se han metido con sus hijos». La legisladora responsabilizó al Gobierno Nacional por la seguridad suya y la de su familia. De igual manera, dispuso sus cuentas a la Fiscalía y a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para las respectivas investigaciones.

»Nadie me va ha quebrar y seguiré con fuerza y firmeza luchando contra la corrupción de este gobierno mafioso», dijo en un tuit.

No es la primera vez

No es la primera vez que las asambleístas son víctimas de amenazas. El 20 de febrero, Veloz denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las amenazas de muerte que recibió por la fiscalización del caso “El Gran Padrino”. El mensaje llegó mediante un volante colgado en el auto de uno de sus asesores. La nota decía I Vedekur que significa “difuntos”.

“Responsabilizo al señor Guillermo Lasso y a todo su equipo, que si algo me pasa a mí , a mi familia o a mis padres , serán ellos los responsables”, manifestó la asambleísta.

De igual manera, el 26 de abril Pazmiño confirmó que recibió amenazas de muerte en su móvil, luego de presentar una denuncia en Fiscalía en contra del presidente Lasso por presunto delito de peculado.

“Tengo amenazas, apenas presenté la denuncia, salieron amenazas hacia mi vida. Y ahora, como había de esperarse, también tenemos las amenazas de parte de los legisladores de esta mesa», dijo en la Comisión de Régimen Económico. (A.G.M).

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El bloque legislativo explicó que no buscará la titularidad del Legislativo, sino que apoyarán a Saquicela para «fortalecer la mayoría en el Parlamento» de cara al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana expresaron que impulsarán a su colega Marcela Holguín para la Vicepresidencia en el cambio de autoridades, previsto para el 14 de mayo de 2023.

Según la bancada, con esta decisión ha priorizado el enjuiciamiento político al primer mandatario y la fiscalización hacia su Gobierno. En rueda de prensa, la legisladora Pamela Aguirre resaltó la unidad y credibilidad de la alianza UNES frente a la coyuntura nacional.

«Lo que decimos hacemos. No solo son palabras, sino hechos. Nos desprendemos de nuestro legítimo derecho (buscar la Presidencia) al ser la bancada más numerosa y votada para lograr una mayoría que sostenga la institucionalidad en la Asamblea», mencionó.

Luz verde al juicio político

El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. A la sesión asistieron 116 de 137 legisladores.

La moción fue presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, quien recalcó que la naturaleza de este juicio es netamente política. Para que su propuesta sea aprobada necesitaba el respaldo de 70 votos.

La parlamentaria destacó la ilegalidad del documento emitido por la Procuraduría General del Estado a la Comisión de Fiscalización, pues la entidad argumentaba que en el Pleno del Legislativo no podía presentarse un informe de minoría.

Además, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, argumentó que el presidente del Legislativo no puede poner en conocimiento un informe borrador que no alcanzó los votos, ni otro que no se puso en conocimiento.

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A partir de las 10h00 la mesa parlamentaria se reunió para socializar el informe motivado por el proceso se sustanciación al juicio político del Jefe de Estado. Solo la asambleísta de UNES e interpelante, Viviana Veloz estuvo presente. Los otros tres proponentes faltaron a la convocatoria.

La sesión inició con varios pedidos en el orden del día, entre ellos el análisis de la función de los asesores en la redacción del informe, la cual fue aprobada y propuesta por el asambleísta oficialista Marco Troya. Según él, existieron interferencias en este proceso.

En este sentido, el legislador de UNES Roberto Cuero rechazó sus declaraciones y manifestó que ellos «no han amenazado ni han atropellado al equipo asesor», como lo habría insinuado Troya.

Otras mociones…

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

Para Villavicencio, el objetivo de UNES y el PSC era «obligarles» a aprobar un informe alternativo que planteaba el enjuiciamiento a Lasso. «Ventajosamente la presidencia de la Comisión logró impedir que esta moción de cambio del orden del día sea aprobada», resaltó.

Anteriormente, la bancada oficialista propuso tres cambios en el orden del día y solo fue aprobada la de Troya. Según el presidente de la mesa parlamentaria, solo están permitidas tres mociones de esta clase durante las sesiones, por ende, no dio paso al pedido de UNES.

La lectura del informe

La lectura del informe inició desde el punto cuatro y duró aproximadamente cuatro horas. El documento expuso las pruebas y fragmentos de las comparecencias que determinaban la supuesta inocencia del presidente Lasso en el presunto delito de peculado.

Además, el informe señaló que no hay evidencias para probar que hubo un contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanker, en julio del 2022. De igual manera, expuso que no se pudo corroborar la identidad de Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, y Rubén Chérres en los audios difundidos por el medio digital La Posta.

Con base en todos los argumentos, el informe resolvía no recomendar el juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, gran parte de los asambleístas no estaba de acuerdo con esta resolución.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Cuero manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta de UNES, Gabriela Molina que dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Manifestó que está «sesgado» y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Una vez concluidas las intervenciones, la legisladora oficialista Ana Belén Cordero mocionó la votación para la aprobación del informe. Con un »digno final» Villavicencio dijo »¡Por los albañiles a favor!, sin embargo, los votos no fueron suficientes y se clausuró la sesión. (A.G.M).

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El proyecto aprobado este jueves 4 de mayo, unifica diez propuestas presentados desde el 2019. Su contenido integra 74 artículos, 12 disposiciones generales, 8 transitorias, 5 reformatorias y una final.

Marcos Molina (ID), legislador ponente, enfatizó en que el Estado debe garantizar los servicios de atención integral en salud mental a aquellas personas que se sienten solas, estresadas, frustradas, o cuando lloran constantemente.

Desde su perspectiva, muchas de ellas no saben cómo proceder ante esos cambios psicológicos, incluso biológicos ocasionados por la exposición a circunstancias sociales, geopolíticas, económicas y ambientales desfavorables.

Combatir el aumento de casos de suicidio es uno de los objetivos

El proyecto de ley pretende crear una red de salud mental entre instituciones públicas y privadas en pro del bienestar común. También busca cuidar de los desprotegidos como personas sin hogar, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes cuyo padecimiento sea un trastorno mental.

Pamela Aguirre (UNES) recalcó que este tipo de tratamientos son excesivamente caros. También explicó que el sistema de salud pública debe contar con un número de especialistas necesarios. Enfatizó que en los grandes hospitales, el máximo de médicos formados en esta área usualmente son diez. A su criterio «insuficiente» para atender las necesidades que demanda la población.

Johanna Moreira (ID) expuso que esto se trata de un tema de salud pública y un derecho reconocido en la Constitución, que debe ser atendido. Para dimensionar la problemática, la legisladora citó cifras oficiales otorgadas por el ECU911. En las mismas se revela que en 2022 se registró 258 suicidios y 438 intentos de quitarse la vida.

Ahora, dicho proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo.

JR

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Saquicela llegó a ocupar el cargo a través de los votos de la mayoría opositora integrada por la bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y una fracción de Pachakutik e Izquierda Democrática (ID). Y ahora, este 14 mayo, al cumplirse dos años del actual período legislativo, los asambleístas elegirán si deben cambiar de presidente y vicepresidentes para dirigir el Pleno.

En representación de UNES, bancada que posee mayoría, el nombre de Marcela Holguín figura como principal alternativa para reemplazar a Virgilio Saquicela. Actualmente, la funcionaria se desempeña como primera vicepresidenta de la Asamblea.

En el bloque de Izquierda Democrática (ID) existen dos opciones para el postularse al cargo: Wilma Andrade o Yeseña Guamaní (el más reciente nombre en integrarse a la lista). En tanto, otro de los posibles candidatos es Daniel Noboa, quien asegura tener el apoyo y los votos de otros asambleístas no afiliados a bancadas políticas.

Otro candidato podría ser Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC). El legislador confía que su experiencia y trayectoria le permitirán llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. El funcionario afirmó que estaría preparado para el cargo.

No obstante los diálogos en diferentes bancadas se mantienen todavía para definir al candidato definitivo. Esto de forma paralela mientras en la Comisión de Fiscalización se desarrolla el informe que recomendará absolver o enjuiciar al presidente Guillermo Lasso por delito de peculado.

JR

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La sesión de este miércoles arrancó con la intervención de Viviana Veloz (UNES) en la audiencia de alegatos, desde las 09h00. La legisladora fue delegada por parte del grupo que solicitó el juicio contra el mandatario por presunto peculado. Este proceso tardó cerca de cinco horas.

Los argumentos de Veloz

Según explicó la asambleísta de UNES, durante la audiencia se expuso más de 100 pruebas documentales y testimoniales que corroboran que existe la responsabilidad política para censurar y destituir a Guillermo Lasso de la presidencia. Dichas evidencias demuestran la responsabilidad del mandatario en actos de corrupción como peculado.

«Son pruebas que demuestran la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de 129 de la Constitución», enfatizó la legisladora en rueda de prensa tras la audiencia.

Adicionalmente, mencionó que la figura de Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec EP es importante en el marco del proceso. Veloz, sostiene que el ex funcionario debe relevar al país la responsabilidad política de Lasso en este caso de corrupción.

Durante el citado proceso, Estupiñán no ha acudió presencialmente ante la Comisión. Solamente se ha limitado a enviar una carta en la que explica sus razones para no asistir. Por ahora, el ex gerente, es el testigo clave del caso. Él conocería los actos de corrupción alrededor de Hernán Luque, ex funcionario de EMCO.

Asimismo, Veloz destacó que Estupiñán fue el único funcionario que intentó dejar sin efecto el contrato entre la compañía Amazonas Tanker y Flopec EP.

«Por las razones políticas de la estructura de corrupción en las empresas públicas, el presidente debe ser censurado y destituido», agregó.

Veloz aseguró que no temen a la opción de «muerte cruzada»

En los pasillos de la Asamblea Nacional, varios legisladores se mantienen pendientes ante el escenario de activación de la muerte cruzada de parte del Ejecutivo. No obstante, a la bancada de UNES no le incomoda esta opción, según revelo Veloz.

«El juicio político busca despejar el camino del mayor obstáculo que hoy enfrenta el Ecuador, y ese obstáculo tiene nombres y apellidos: Guillermo Lasso Mendoza«, subrayó la funcionaria. Admitió que esta opción será un «paliativo que calme la fiebre asfixiante» que consume al país.

Viviana Veloz señaló que referirse a las razones políticas para remover a Lasso del cargo porque son demasiadas y no necesariamente estan relacionadas con el juicio político. En la lista que citó figura el caso de narcogenerales, el caso ‘Encuentro’, el caso ‘Danubio’, Pandora Papers, el caso ‘León de Troya, sus vínculos con otros implicados en estos casos (como su cuñado Danilo Carrera). Antes estos sucesos, la asambleísta de UNES argumenta que Lasso traicionó y abandonó al pueblo ecuatoriano.

«Presidente Lasso, usted fracasó como gobernante. No prolongue su agonía política ni conduzca al Ecuador a un escenario de incalculables consecuencias sociales, si le importa la patria. Evítenos la vergüenza de destituir a un presidente y regrese a sus actividades como banquero«, concluyó.

Qué dijo el abogado de Lasso

Édgar Neira, abogado de Guillermo Lasso, pidió a la Comisión de Fiscalización no aceptar los alegatos del grupo de asambleístas que solicitó el juicio político. Sugirió no recomendar el enjuiciamiento contra el jefe de Estado ante el Pleno, por no haberse comprobado la acusación de peculado.

El jurista argumentó que no hay pruebas de que Lasso haya conocido el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool. También planteó que el mandatario no recibió las cartas de Johnny Estupiñán, ex gerente general de Flopec EP, en las que aparentemente advertía sobre irregularidades.

Al igual que lo hiciera Lasso hace una semanas, Neira insistió en que el informe de la Contraloría General del Estado aborda contratos celebrados y modificados en el año 2020, antes de que su cliente asumiera la presidencia. Además, expuso que Contraloría tampoco notificó del informe sobre dicha empresa. También mencionó que nunca se generó un nuevo contrato con Amazonas Tanker durante el actual gobierno.

Por último, señaló que las acusaciones sobre inacción de Lasso en el caso son falsas. Argumentó que el pasado 20 de septiembre de 2021 se presentó una denuncia en la Fiscalía al respecto. El documento habría sido suscrito por Pilar Ferri, gerente general de la empresa pública.

JR

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»En la bancada no hay vendepatrias y actuaremos conforme al contundente peso de las pruebas que hemos presentado en el proceso de sustentación del juicio político. La bancada no se compra ni se vende», dijo en un comunicado.

Supuestas negociaciones

A inicios de abril, el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, afirmó que el Gobierno se estaría llevando cinco asambleístas del »correísmo» y tres del Partido Social Cristiano (PSC).

»De que se los llevan, se los llevan, ya está la negociación muy fluida y avanzada. Estamos hablando de ocho preciosos votos que sumados a los 22 que tiene el Gobierno, más Villavicencio y Vanegas», dijo en Café La Posta.

Para la aprobar la destitución del mandatario se necesitarían 92 votos afirmativos de los 137 asambleístas, es decir, el presidente Lasso requiere 46 votos para seguir en el poder.

El hombre del maletín

El 5 de abril el presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, señaló que el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón, estaría detrás de la compra de dos legisladores del PSC a cambio de votos en el juicio político para el presidente de la República, Guillermo Lasso.

“Desde que inició este proceso de juicio político, el Gobierno ha empezado a calentar los oídos de los asambleístas (aclaró que no dará los nombres), específicamente de dos”, dijo en entrevista para Sonorama Noticias.

Una de las estrategias de convencimiento sería mediante la extorsión, Serrano señaló que a un asambleísta le amenazaron con quitarle el personal de seguridad. A otra parlamentaria le ofrecieron “las famosas partidas presupuestarias y ayuda para su provincia”, resaltó. (A.G.M).

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La elecciones para definir quien será el nuevo presidente del Legislativo serán el próximo 14 de mayo. Hasta el momento, en la lista de candidatos se encuentra Saquicela quien estaría respaldado por un sector de Pachakutik (PK), la Izquierda Democrática (ID) y un grupo de los independientes.

La postulación de Saquicela generó reacciones al interior del Parlamento. Por su parte el asambleísta de la ID, Alejandro Jaramillo expresó que »mientras existe un crisis económica e inseguridad, ¿el señor Virgilio Saquicela está pensando en su reelección? ¡Que se ponga a trabajar!».

Saquicela, el bailarín

Saquicela llegó al Legislativo representando a la provincia de Cañar por el movimiento Democracia Sí, creado en 2015 por el exdiputado Gustavo Larrea.

Desde el 2021 hasta el 2022, fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tras la destitución de Guadalupe Llori, el 31 de mayo del 2022, subió a la presidencia.

En 2004, fue concejal de la ciudad de Azogues, en Cañar, por el movimiento Pachakutik (PK). Más tarde, en 2009, fue candidato a la Prefectura de Cañar por PK, sin embargo, no ganó las elecciones.

En un cambio abrupto de ideología política, en 2014 llegó a la alcaldía de Azogues por CREO, el mismo partido político que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia de la República.

¿Y los otros candidatos?

Actualmente, la atención gira en torno al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, las elecciones a la presidencia del Legislativo se acercan y las bancadas deben definir un candidato.

Radio La Calle se contactó con legisladores de la ID, PSC, PK y UNES, quienes manifestaron que aún no se definen candidatos en sus bancadas. No obstante, el asambleísta de UNES, Roberto Cuero señaló que se analizan los nombres de Marcela Holguín, Esther Cuesta y Luis Almeida, señaló en rueda de prensa.

Con 70 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea deberá elegir al nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, a los dos vicepresidentes, y a cuatro vocales. La autoridades electas formarán parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). (A.G.M).

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Según Ruiz, UNES pretende aprovechar el 23 % de aceptación que tuvo para llegar a la Presidencia y tomarse la Asamblea. Enfatizó que el único afán de la bancada con el juicio contra el presidente Guillermo Lasso es tomarse todos los poderes del Estado y omitir otros casos de corrupción.

«Un hecho dice más que mil palabras (…) Solo vean como se juntan para votar y favorecer a las élites. Ellos quieren tomarse el poder como sea», dijo en Vera a su Manera.

Además, indicó que la Corte Constitucional (CC) dio paso al juicio político por la presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Para Ruiz, la Corte tiene un pequeño grado de credibilidad que pretende mantener.

«Nunca analizaron el para qué del juicio»

El jefe de bancada cuestionó que nadie analizó la verdadera razón del juicio político. Según Ruiz, este proceso tiene dos alternativas. Por un lado, el país podría sacar un beneficio, tener más seguridad, medicinas y oportunidades, por otro lado, otros personajes entrarán al poder sin importarles nada y dejarán impunes actos de corrupción.

«Lo que verdaderamente quieren es que Lasso se vaya para que ellos y Borrero entreguen todos los recursos a las transnacionales», refirió.

Ruiz vs Iza

El 18 de abril, Ruiz mencionó que los legisladores de PK «no son borregos» para que se les diga lo que tienen que hacer, frente a las supuestas presiones del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, para que los asambleístas voten a favor de la destitución y censura de Lasso.

El legislador aclaró que Iza y la Conaie son hermanos de PK, sin embargo, no determinan las decisiones en su bancada. ”Acá nosotros tenemos un criterio propio, tenemos pensamiento y representamos a cada una de nuestras provincias”, resaltó.

La indecisión de PK en el juicio político

El 30 de marzo, Ruiz indicó que en una reunión del consejo político resolvieron que si la CC da paso de juicio político, ellos darían los votos para su destitución. No obstante, luego de que se aprobara esta resolución manifestó que analizarán las pruebas para proporcionar sus votos. (N.J.C)

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“Lasso piensa que se puede salvar del juicio a través de la negociación y la distribución de preventas políticas”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Andino explicó que estos «acuerdos’’ se traducen en entregar subsecretarías, ministerios y -peor aún- contratos con el Estado. Así mismo, se podría llegar a actos delictivos como “dar dinero o dádivas para terminar comprando a los legisladores y terminar con el juicio’’.

(Aquí la entrevista completa)

Agregó que el Gobierno tiene influencia en las diversas instituciones gubernamentales, por lo que se podría persuadir a los diferentes bloques legislativos. Resaltó que, si se negocia internamente en la Asamblea Nacional, se desinstitucionaliza todo el Legislativo y, por ende, se pierde fuerza al momento de tomar una decisión.

El problema es el presidente, pero también los asambleístas

De acuerdo a Andino, los legisladores deben tener un punto de vista desde la sensibilidad política. “El país necesita una salida que resuelva el problema más grande que tiene el Ecuador y ese problema más grande que tenemos se llama Guillermo Lasso Mendoza”, dijo.

De esta manera, los asambleístas que voten en contra del juicio político estarían hipotecando el futuro del Ecuador. Andino mencionó que “ellos son los que al final del día van a valorar todas las pruebas que se han presentado y decidirán si es o no es responsable Guillermo Lasso”.

Muerte cruzada

Para continuar con el proceso del juicio político se necesitan 92 votos. Sin embargo, la ausencia de los mismos está creando un encuadre de debilidad. En el caso de que el presidente Lasso active la muerte cruzada y disuelva la Asamblea, los legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) plantearán encontrar una salida constitucional democrática para pacificar la situación.

“Desde UNES, se ha manifestado el apoyo al juicio político para buscar la censura y la destitución de Guillermo Lasso”, aclaró.

No obstante, en el caso de que no se reúnan los votos para el juicio político y se active el mecanismo de la muerte cruzada, los asambleístas de esta bancada «dejarán su cargo sin problema’’, manifestó.

No hay garantías en los votos

Dentro de la Asamblea hay diversos partidos políticos, lo que implica que sea necesario un análisis minucioso a cada una de las bancadas. “No podemos comparar a Pachakutik (PK) con los de Unión por la Esperanza (UNES)”, dijo Andino.

Si bien es cierto que algunos grupos son más sólidos en la decisión a favor del juicio, no hay garantía de su voto final. Ejemplificando el caso, UNES apunta a continuar con el juicio, mientras que en la Izquierda Democrática (ID) hay desacuerdos internos frente a la decisión.

«Compra de votos»

Según el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, estaría detrás de la compra de votos de dos legisladores de la bancada.

Lo mismo sucedió con la subcoordinadora de PK, Cecilia Velasque y los asambleístas Ricardo Vanegas y Gissela Molina, quienes supuestamente mantendrían vínculos “dudoso” con el presidente Lasso, según la Conaie. (D.C.)

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«El país debe saber quienes son los vendepatrias», dijo Veloz en un tuit.

La legisladora Veloz requirió las grabaciones del 27 de marzo al 5 de abril. El pedido ocurrió después de que el Partido Social Cristiano (PSC) denunció las presuntas negociaciones del Gobierno a cambio de votos para salvar al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el juicio político.

»Respaldo» a la petición

Un oficio dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, «respaldó» la solicitud de Veloz y requirió que la copia de las grabaciones sean entregadas a los jefes de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática y el PSC, excluyendo a la bancada oficialista.

No obstante, solicitó los vídeos de seguridad del piso uno, donde se encuentra la Comisión de Fiscalización; los despachos de los vicepresidentes del Legislativo, Marcela Holguín y Darwin Pereira; y la oficina presidencial de Virgilio Saquicela.

En la lista del pedido también consta el piso dos, donde se encuentra la Comisión de Niñez, liderada por la asambleísta de UNES, Pierina Correa. De igual manera está la Comisión de Justicia, en donde es vicepresidenta la legisladora de PK, Dina Farinango y «anterior sede de PK radical», dicta el oficio.

También solicitaron las grabaciones del piso tres, donde está la Comisión de Régimen Económico, liderada por la asambleísta (PK-r), Mireya Pazmiño. El documento resaltó que ahí se aprobaron los informes a favor de FLOPEC.

Fiscalización al Palacio Legislativo

Finalmente, la bancada requirió los vídeos del piso donde se encuentran los cuatro miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las entradas principales de la Asamblea.

«El presente requerimiento tiene por objetivo conocer de forma detallada, el ingreso de particulares o miembros externos a la Asamblea», dicta el oficio. (A.G.M).

La entrada ¿Compra de votos en el piso 7 de la Asamblea? se publicó primero en La Calle.

Ahora, el presidente de la Corte, Ali Lozada, convocará a una reunión de Pleno en las próximas 24 horas y el dictamen, a favor o en contra del juicio político, será publicado en 48 horas.

El documenton debe alcanzar, al menos, seis de los ocho votos de los miembros de la Corte Constitucional. El plazo que tienen los jueces para emitir un resultado vence el jueves 30 de marzo.

Si el proyecto no llega a obtener el apoyo necesario, los magistrados deberán sortear un/a juez/a dentro de la misma mesa para que presente un nuevo proyecto que sustente la decisión de la mayoría de los votantes. Luego, el Pleno de la CC debatirá el contenido del nuevo informe entregado.

Además, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil presentaron 11 amicus curiae (permite a terceros una opinión sobre el caso que se lleva en la CC). De este número, cuatro corresponden a aprobar el juicio político contra Lasso y los otros siete mocionan a que se admita la «inadmisibilidad», según El Universo.

¿Qué pasa si se admite el proceso?

De llegar a emitirse un dictamen favorable a la petición de los legisladores Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Rodrigo Borja (ID), la Corte devolverá la petición a la Asamblea Nacional. Luego, se enviará a la Comisión de Fiscalización para que continúe el proceso en un plazo de 30 días.

Para que el proceso de censura a Lasso se cumpla, el Pleno deberá contar con 92 votos favorables. De ser así, el vicepresidente Alfredo Borrero asumirá la presidencia. (N.J.C)

La entrada El futuro de Lasso ya está en manos de los jueces de la Corte Constitucional se publicó primero en La Calle.

Tras confirmarse la elección, la jueza Nuques recibió la carpeta que alberga la documentación correspondiente a la solicitud de juicio político. La misma fue evaluada horas antes por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según Romel Jurado, jurista constitucional, la jueza designada podría, durante el proceso, decantarse por un criterio o postura que imposibilite admitir el jucio político contra el primer mandatario.

«La Jueza Nuques, es alguien que tradicionalmente ha fallado hacia la derecha, seguramente no traicionará al presidente Guillermo Lasso«, expuso Romel Jurado respecto de los antecedentes de la jueza ponente en el caso de Juicio Político, previo a la designación, durante una entrevista en el Noticiero La Ventana.

«Será una de las pocas juezas en las que es muy previsible creer, que si por razones políticas fuera, ella defendería la posición de no admitir el juicio político«, recalcó el jurista constiticional en referencia a posibles escenarios que podrían ocurrir durante el citado proceso.

En el pasado, Nuques figuró como directora del centro de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando era dirigida por Pablo Arosemena, actual Ministro de Finanzas.

La decisión final la tendrá el pleno de la Corte

Alí Lozada Prado, presidente de la CC, confirmó que aunque Teresa Nuques fue designada como ponente, la decisión final de admitir o no el pedido de juicio contra Lasso le corresponde al pleno de la Corte.

«La decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional», enfatizó Lozada.

Para que el pedido de juicio político contra el presidente Lasso pase el filtro de la Corte, se requieren seis votos a favor de los nueve magistrados que integran el pleno.

Los antecedentes previos a la designación de Nuques

La solicitud de juicio político fue presentado por los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (apartado de ID). Previamente, el documentó fue sometido a correcciones y ajustes en sus textos. El documento entregado a la Corte ya no contiene errores.

Por ahora, el coordinador general jurídico de la Asamblea Nacional expuso que el plazo para que la CC emita el dictamen de admisibilidad, empieza desde este viernes. Para dicha tarea tendrá cinco días (tres días para que la jueza Nuques presente un informe y dos para que el pronunciamiento del pleno).

Se espera que entre el 29 y 30 de marzo ya se debería tener la resolución de la CC.

JR

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«Estoy haciendo un trabajo sobre los juicios penales a los expresidentes de la República, entre ellos Rafael Correa, y no encuentro nada contra él», mencionó.

Cuesta mencionó que, fuera del influjo, no halló un concepto o tema específico en toda la documentación. También, enfatizó que la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, actuó con cálculo político cuando investigaba el caso, así lo mencionó en La Posta.

No es el único opositor «anticorreísta» en precisar que las autoridades sobreactuaron en este caso. El exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, luego de quedar fuera del Gobierno al que sirvió, señaló que en esta investigación existió un abuso del derecho.

«Me parece que eso fue estirar el derecho de una forma que yo no había visto antes, así como pasó con muchos otros casos en el pasado (…) Además, presenta muchas interrogantes», afirmó para Radio Pichincha.

Sobre el caso

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa a Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014.

Esto ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico. La «prueba principal» de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos. (N.J.C)

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La asambleísta por UNES, Victoria Desintonio, explicó que se equivocaron en el número de instrucción fiscal en los procesos judiciales de cinco dirigentes sociales: Leonidas Iza, Jaime Vargas, Mesías Tatamuez, Luis Morales y Agustín Cachipuendo.

«Las cinco amnistías no están ejecutadas por este error en el número de proceso. Este error no nació en el informe, se comete en la moción. Cuando mocionaron, mocionaron con un número diferente en la instrucción fiscal de estas cinco personas», dijo Desintonio a medios de comunicación.

El error del Pleno significa que los procesos de los cinco dirigentes deberán pasar nuevamente al terreno judicial, pues el perdón no es posible de efectuarse.

¿Y ahora?

La Comisión de Garantías Constitucionales deberá emitir un nuevo informe, pero solo con estos cinco nombre, entre ellos Leonidas Iza. El escrito pasará al Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana, pero puede que no alcance los votos necesarios.

Para otorgar la amnistía, los asambleístas necesitan 92 votos para realizar la corrección. Sin embargo, el oficialismo y demás fuerzas políticas de derecha rechazan enfáticamente la figura del líder indígena tras su protagonismo en las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022.

Aun así, Desintonio considera que se obtendrán los votos para Iza y los otros dirigentes. «En el primer proceso se obtuvieron 99 votos. Habría que reconfirmar las voluntades de esos 99 asambleístas. Sería vergonzoso que no hayan los votos», mencionó.

Las amnistías

El 10 de marzo de 2022, el Legislativo aprobó la resolución de perdón para 268 líderes, dirigentes y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Entre ellos estaban las cabezas de las movilizaciones de octubre de 2019: Leonidas Iza y Jaime Vargas.

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La Secretaría general de comunicación emitió un comunicado donde rechaza el juicio político propuesto por los 59 legisladores de la Asamblea. Sostiene que la demanda no es un acto de fiscalización. Asimismo, señaló que carece de elementos políticos y jurídicos como para iniciar un proceso en contra del mandatario.

Recalcó que se trata de un intento de desestabilización por parte del Pleno Legislativo. A su vez, considero que tiene como objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia.

Esto ocurre tras presentarse la solicitud de juicio político contra el mandatario, con el aval de 59 firmas de legisladores de diferentes bancadas. El documento fue presentado por Viviana Veloz, quien lideró la mesa de investigación en contra de Lasso.

El documento requería de 46 firmas, sin embargo, se registraron 59. Por otra parte, se mencionó que en el transcurso de los siguientes días se pueden añadir más firmas, pues varios parlamentarios no pudieron acudir al Pleno.

Algunos de los asambleístas que respaldaron la decisión pertenecen a las bancada Unes, Pachakutik, ID y social cristianos. Posteriormente la evaluación del pedido será revisado por el Consejo de la Legislatura.

¿Muerte Cruzada?

El recurso de la muerte cruzada consiste en otorgar al presidente la facultad de disolver el poder legislativo, en este caso la Asamblea, en diversos casos que considere necesario y que atente contra la democracia. De este modo se disuelven ambos poderes y se recurren a elecciones.

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Los funcionarios se encargaron de distribuir los formularios en los distintos cureles de sus respectivas bancadas. La solicitud requiere de un mínimo de 46 firmas de respaldo entre los 137 legisladores. En total se reunieron 59 firmas a favor del pedido de juicio.

Según Jahaira Urresta (UNES) el pedido de juicio contra Guillermo Lasso sería respaldado por al menos 60 firmas. Cifra que estuvo muy próxima al total obtenido. «Mayormente todos han firmado o en su totalidad los 47 legisladores«, afirmó Xavier Jurado, asambleísta de la bancada UNES, poco antes de presentarse oficalmente el pedido.

¿Cúales serán los próximos pasos?

Posteriormente, dicha solicitud será calificada y evaluada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Asimismo, este ente requerirá un dictamen de admisibilidad otorgado por la Corte Constitucional (CC).

Viviana Veloz, quien presidió la Comisión ocasional sobre el caso ‘Encuentro’, en representación de UNES, Mireya Pazmiño (ex PK), Rodrigo Fajardo (ex ID) y Pedro Zapata (PSC), actuarán en calidad de proponentes.

«El presidente ha preferido proteger a su cuñado, a su familia y a sus amigos y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés «, expresó Viviana Veloz, esta tarde ante los medios de comunicación.

Lasso es acusado por presuntas omisiones expuestas en una trama de corrupción en el sector público expuestos en el citado caso, también conocido como «El Gran Padrino».

JR

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Desde el 9 de febrero, el IESS inició un proceso para la contratación de una campaña de difusión. El fin sería por «contratación de servicio de desarrollo, implementación y evaluación de una estrategia de comunicación del IESS con la finalidad de que la ciudadanía conozca todas las prestaciones y servicios que ofrece la institución”.

En un monitoreo de medios, la entidad determinó que el 67 % de noticias son negativas por los reclamos de los afiliados, reportó El Universo. Por ende, su objetivo es mejorar su imagen institucional ante diferentes tipos de público, principalmente a sus pensionistas y afiliados.

Más inversión a la imagen

El contrato se adjudicará el 7 de marzo, según consta en el cronograma del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). La inversión para la campaña de difusión sería de USD 900 mil.

La empresa seleccionada deberá presentar una estrategia creativa de comunicación que
incluya la producción fotográfica, de artes o videos para todos los medios, tradicionales y digitales, incluso, para vallas en espacios públicos.

El IESS declaró que la Dirección de Comunicación no cuenta con la capacidad para evaluar las acciones de comunicación y los mensajes que se generan desde cada dependencia de la institución, según información de El Universo. (A.G.M).

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