La UTL indicó que el documento cumple con los requisitos del artículo 129 de la Constitución del Ecuador. Además, aseguró que la solitud se encuentra «debidamente fundamentada» y los cargos atribuidos a Lasso se formularon de manera correcta.

También, señaló que existe el anuncio de la totalidad de la prueba que presentarán, así como la prueba documental correspondiente y la verificación de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

«Se recomienda al CAL se admita a trámite la Solicitud de Enjuiciamiento Político(…) y remita a la Corte Constitucional dicha solicitud», reza el informe de la entidad.

Sesión del CAL

El CAL convocó a sesión para conocer y resolver la solicitud de juicio político contra Lasso. El máximo órgano de administración del Parlamento se reuniría la noche de este viernes 17 de marzo a las 19:45.

Sin embargo, no terminaron de analizar la petición, por lo que pidieron a la UTL un informe de cumplimiento de requisitos en un plazo de 24 horas.

Los proponentes son: Viviana Veloz (UNES y presidenta de la Comisión Ocasional), Mireya Pazmiño (PK-r), Rodrigo Fajardo (ID) y Pedro Zapata (PSC).

Si la calificación y evaluación del pedido resulta aprobada, el CAL remitirá el documento a la CC para el respectivo dictamen de admisibilidad.

Luego se sortearán los jueces que tratarán el tema. Los magistrados tienen seis días para emitir su dictamen. Transcurrido el tiempo, la Corte notificará al titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, si se dio paso o no a la solicitud. Después él deberá notificar al CAL en el término de tres días.

Entre la espada y la pared…

Aquí, Lasso podría decretar la muerte cruzada para detener su juicio político. Al disolver la Asamblea, él gobernaría por los siguientes seis meses vía decreto y sería expulsado de Carondelet. Finalmente, el CNE llamaría a elecciones.

El régimen tiene en cuenta que esta posibilidad tiene una contraparte, y es el movimiento indígena. En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado. (N.J.C)

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