Nepotismo

Sobre los tres casos de nepotismo, la exautoridad dijo que «se basa en una norma absurda que el Consejo de Educación Superior derogó» y que indicaba que si una persona era contratada en una facultad como docente o administrativo no podía tener parientes trabajando en otras dependencias. Sempértegui dijo que de eso se trataban los casos encontrados por Contraloría y es una figura incompresible en el mundo académico. «No ha de confundirse el trabajo de enseñanza e investigación que desempeñan los profesores, con la labor administrativa que corresponde a otros servidores».

Acerca del caso de su propio pariente (sobrino) trabajando dentro de la Universidad como profesor en Jurisprudencia, dijo que se trataba de un error administrativo y que lo asume. «Me era imposible verificar la trayectoria de parentesco de cada uno de los centenares de profesores que se contratan en cada semestre (…) Tan pronto me enteré, dispuse que se dé por terminada la contratación».

Profesor que recibía sueldo sin trabajar

Sempértegui dice que el informe de Contraloría señala que el profesor tenía una carga horaria asignada, pero sus alumnos no asistían a clases y que el cambio de alumnos y de Facultad no resolvió el problema y que se estableció un conflicto entre la estabilidad laboral y el cumplimiento de sus deberes como docentes. El Consejo Universitario lo destituyó por doble trabajo, ya que el profesor consiguió un trabajo de tiempo completo y no pidió la reducción de la carga horaria.

¿Qué reveló el informe?

El examen especial que practicó Contraloría a la Universidad Central del Ecuador, la más antigua del país, tiene 168 páginas y da cuenta de casos de corrupción. Entre esos el nepotismo, ya que la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe la contratación de personas que tengan familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El documento revela que el sobrino del rector trabajó como profesor auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 con un salario mensual de USD 1.200. La hija de un decano de Ciencias Médicas trabajó con el mismo cargo en la facultad de Ciencias Psicológicas entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.

El hijo del decano de la facultad de Ciencias Agrícolas fue profesor a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas, por lo que recibió un salario mensual de USD 2.400 entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2021. La CGE identificó también que el hermano del decano de la facultad de Artes laboró como docente auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia ganando USD 2400 mensuales entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2021. 

Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas no registró clases en la institución entre 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, a pesar de ello recibió USD 51.125 por fungir como profesor auxiliar a tiempo completo. Donde sí registró trabajo fue en el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral entre junio de 2019 y febrero de 2020. Hubo meses donde no tuvo programación académica y no asistió a la facultad. Tuvo días, donde se registró una vez en el reloj biométrico cuando debían ser dos.

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“Aspiro, la crisis no progrese, porque se va a perjudicar a una generación íntegra de profesionales”, dijo el dr. Edgar Samaniego, ex rector de la UCE, en Radio Pichincha, expresando su preocupación sobre la coyuntura que viven los miembros de la universidad.

La situación podría acarrear consecuencias negativas en los trámites de jóvenes estudiantes y en la titulación de alumnos egresados durante el periodo en donde se ejecutó la resolución del Consejo de Educación Superior.

¿Cómo inició la disputa?

Cumplido el periodo rectoral del Dr. Fernando Sempertegui, y luego de la convocatoria a elecciones administrativas de la UCE, se detectaron irregularidades en la candidatura del actual rector, Patricio Espinoza del Pozo, pues, a sus 71 años, se encontraba fuera del límite de edad normativa para la ocupación de dicho cargo. A su vez, se le había notificado desde el Departamento de personal, el cese de sus funciones como docente de la institución.

Otra irregularidad apareció en el incumplimiento de la ley en cuanto al tiempo de gestión administrativa requerido de una de las vicerrectoras. Denuncias realizadas hacia el Consejo de Educación Superior, por el Dr. Marco Posso, ex vicerrector administrativo y financiero de la institución.

El CES estableció esas condiciones como aptas para recurrir a la nulidad de las elecciones. Sin embargo, las nuevas autoridades electas, encabezadas por el Dr. Espinoza del Pozo, recurrieron a acciones de protección desde la función judicial, misma que, en su resolución se dictaminó, en primera instancia, dejar insubsistente el llamado a elecciones del CES y así salvaguardar el sector administrativo de la universidad.

No obstante, en la segunda parte de la sentencia, se devolvió al CES la solución por medio de la documentación presentada, ratificando las irregularidades electorales y dando apertura a un nuevo llamado a elecciones, en donde el Dr. Espinoza “no podría participar”, según indica Posso.

Mientras tanto, Ramiro García Falconí, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE, rechazó y calificó de “ilegal” la acción de CES, mediante su cuenta de X señaló “la decisión constituye un claro desacato a lo dispuesto por la jueza que resolvió la acción de protección presentada por el rector de la UCE».

Desacato masivo

Edgar Samaniego indicó que la formación del consejo universitario ha sido ilegal, pues proclararon que no se acatará ni la resolución del CES, ni la segunda parte de la sentencia de la jueza, de este modo, calificó la actitud de la directiva de la UCE como “un desacato masivo”

Samaniego sostiene a su vez que, un sector importante de docentes, estudiantes y trabajadores buscan la resolución de la crisis dentro de la legalidad, aun así, el CES se mantiene como la máxima autoridad académica y administrativa de la universidad, señalando que el procedimiento a seguir, en caso de que las principales autoridades se encuentren fuera de su mandato, es la convocatoria de elecciones y la continuación del proceso administrativo bajo la directriz del decano más antiguo. (J.C.O)

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El rector de la UCE, Patricio Espinosa, decidió los despidos el pasado 25 de abril tras la revisión del Vicerrectorado Académico y de Posgrado de las matrices de carga horaria para el período 2024-2024. Este trabajo se realizó 10 días luego del inicio del nuevo período ya que los estudiantes regresaron a clase el 15 de abril.

Según las autoridades de la UCE, la justificación de esta acción estaría en que los contratos de prestación de servicios ocasionales y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior no representan estabilidad laboral ni derechos adquiridos para nombramientos permanentes, por lo que pueden darse por terminados en cualquier momento.

Entre las carreras que enfrentan el despido de sus docentes están: Artes Plásticas, Artes Escénicas, Ingeniería Agronómica, Economía, Ciencias Administrativas, Bioquímica y Farmacia, Comunicación Social, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Ingeniería, Derecho y Medicina.

Trabajo en el Ecuador

De acuerdo con las calculadoras del Ministerio de Trabajo, 176.248 finalizaron su contrato por despido intempestivo y 2’024.845 personas firmaron sus actas de finiquito previo acuerdo entre ambas partes hasta el 15 de abril.

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) aún no muestra las cifras de abril, pero durante el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo se ubicó en 4,1%, mientras la tasa de trabajo informal llegó a 54,2% hasta marzo.

Por otro lado se firmaron 2.610 contratos a plazo fijo hasta abril de 2024 y 719.128 contratos indefinidos.

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Ayer, 28 de octubre, cientos de hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ) se concentraron en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador (UCE) para festejar el triunfo del equipo ecuatoriano, que quedó campeón de la Copa Sudamericana, frente al Fortaleza F.C de Brasil.

Bomberos Quito reportó que atendió a 18 pacientes con diagnósticos por laceraciones, caídas y cortes. El personal fue desplegado al sector durante la tarde y noche de ayer para brindar seguridad y minimizar emergencias producto de la presencia masiva de los hinchas y asistentes en el sitio.

No se registraron mayores altercados.

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Por un lado, están los jóvenes estudiantes y demás personas que arriban hasta el sector para libar. No obstante, todos los ciudadanos que transitan por el lugar no están bebiendo, pues algunos recién ingresan o salen de clases; también, está la gente que camina por el lugar para tomar alguna línea de bus.

En la otra esquina, están los uniformados que por mantener el lugar controlado y sin personas bebiendo en las calle, utilizan gas pimienta y la fuerza. Pesé a que varios de los vecinos aledaños dicen que es bueno que retiren a los jóvenes, la mayoría del estudiantado y de comerciantes aledaños al sector consideran que la forma de mandar a las personas es violenta y sin protección.

De la misma manera, varios alumnos confirman que el caos que se genera cuando llegan los agentes a retirar a los libadores del espacio público causa inseguridad. «Como la gente se amontona por correr hay quiénes están listos para arrancharte las cosas, y por más ayuda que pidas a los policías, ellos solo te dicen que sigas y que no molestes», expresan.

¿Qué creen los comerciantes?

En el medio de este escenario están los dueños de establecimientos comerciales como restaurantes, fotocopiadoras, bares y pequeñas tiendas, que resultan afectados después de la persecución a los jóvenes, pues cuando lanzan gas en muchas ocasiones les llega a ellos. Peor aún, llega a los alimentos que venden.

«Uno aquí no puede estar tranquilo, todos los viernes es lo mismo. Uno ya habla con los policías que no actúen de esa manera porque nos afecta, pero no hacen caso. Mire como tosen mis clientes, así uno hasta deja de vender», explicó la propietaria de un local de comida a Radio La Calle.

Violencia por parte de los uniformados

Una testigo, comentó para La Calle que en algunas veces ha visto la «brutalidad» con la que actuan los policías, incluso narró un hecho en el que estuvo involucrada. «Uno de los agentes me pateó y me empujó contra una buseta que estaba en movimiento», dijo.

Clara*, comentó que salía de clases por la puerta principal de la UCE, más o menos a las 19:15, cuando vio que un sujeto golpeó a una chica sin razón. Enseguida los chicos que estaban cerca salieron a defenderla, y cuando todo se hizo un show, otros sujetos empezaron a sacar celulares y objetos de valor de las mochilas. «Hacían todo un espectáculo para robar«.

La joven estudiante explicó que se acercó a la mujer afectada para ver si estaba bien, pero que llegó la Policía y que cuando ellas intentaron pedir ayuda los uniformados «fueron violentos«.

«A la chica le patearon y le botaron al piso, ella se puso a llorar y les dijo que le ayuden, pero lo único que hizo esa policía fue lanzarle gas en los ojos. A mi por reclamarles, y decirles que estaban robando, me empujaron y también me gasearon».

Esa noche, en ese pequeño acto, a los estudiantes les robaron cinco celulares y una billetera.

«No entienden razones»

Un ciudadano que caminaba a la parada de bus que queda a la altura de la Facultad de Administración dijo para La Calle que en varias ocasiones ha sido retirado por los policías por estar ahí parado.

«Uno está esperando el bus y le joden. Ellos no entienden razones y encima que no hago nada me terminan lanzando gas». Asimismo, cuestionó que los uniformados solo estén los días viernes para sacar a los que beben alcohol, pero no para dar seguridad, ya que el sector es peligroso y siempre hay «casos de escopolomina».

Retirar a los libadores de espacios públicos

La Policía Nacional junto a agentes metropolitanos de tránsito arriban hasta la UCE para retirar a los libadores del espacio público. Esta medida se da por la gran afluencia de jóvenes bebiendo en el sector.

Uniformados a pie y en motos recorren las calles aledañas del plantel para despejar a los estudiantes. En el transcurso de la tarde patrullan la zona de tres a cinco veces para retirarlos. (DCJ)

*Nombre protegido

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»Lo que no tiene precedentes en el Ecuador es una Fiscal General con plagio en su tesis y un Consejo Universitario tapando la deshonestidad intelectual bajo impericia», dijo Schettini en un tuit.

Ante el dictamen del juez sobre la acción de acceso a la información pública, Sempértegui cuestionó el pedido del audio de la sesión en donde se analizó la tesis académica de Salazar.

»¿Para qué quieren el audio, buscan ofender al Honorable Consejo Universitario públicamente?», dijo el rector en entrevista para La Hora.

Según él, los miembros de esta mesa estarían sometidos a injurias, lo cual sería gravísimo y no tendría precedentes en el país. Además reprochó que AJP haya expuesto el nombre de los miembros del Consejo en redes sociales, pues han sido víctimas de ofensas.

Ante la situación, la universidad apelará y solicitará al juez la prevención sobre el uso legal y constitucional de la grabación. No obstante recalcó que no hay inconveniente en proporcionar otra clase de información como la copia del acta certificada de la resolución del Consejo.

Dictamen del juez

El 27 de julio AJP ganó la acción constitucional interpuesta contra la Universidad Central de Ecuador (UCE) por no entregar la información solicitada respecto a la resolución del supuesto plagio de Salazar.

Los jueces ordenaron que se entregue el audio de la sesión del Consejo Universitario del 28 de junio en donde se resolvió la que existía una impericia en la tesis académica de la fiscal. De igual manera, tienen que emitir el acta y la resolución certificada.

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La tarde de este 27 de julio se realizó la audiencia acción a la información pública interpuesta por el colectivo contra la UCE, en el Complejo Judicial Norte. Anteriormente, Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tenía firma, por lo que carecería de validez.

Ahora, los jueces ordenaron que se entregue el audio de la sesión del Consejo Universitario del 28 de junio en donde se resolvió la que existía una impericia en la tesis académica de Salazar. De igual manera, deberán emitir el acta y la resolución certificada.

»En esta audiencia el decano de la Facultad de Derecho de la UCE ha comparecido ejerciendo la abogacía sin estar facultado para hacerlo», dijo uno de los integrantes de AJP.

Por otro lado, según el colectivo, se tenía previsto que Salazar acuda a la audiencia, sin embargo, no asistió.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (A.G.M).

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Una fuente que presenció el incidente en la Facultad de Comunicación Social (Facso) dijo para Radio La Calle, que era la tercera vez que veía al ciudadano «con actitudes sospechosas». Asimismo, aseguró que el implicado iba los días martes a partir del medio día, e ingresaba al baño de mujeres para cometer onanismo.

«Este cochino ya tenía vigilado todo, sabía a que hora los conserjes pasaban, a que hora los profes y estudiantes ingresaban a clases. Se fijaba en todo antes de hacer sus cosas«, explicó. Asimismo, comentó que la última vez no tuvo la «misma suerte» porque el conserje que lo encontró bajó a ese piso para lavar un trapo.

La detención del sujeto

El martes 25 de julio, el conserje junto al guardia de seguridad de la Facso empezaron a perseguir a un hombre que se estaría masturbando dentro de las instalaciones. El sujeto intentó huir, pero una mujer lo alcanzó porque pensó que era un ladrón.

En seguida llamaron a la Policía que arribó a los exteriores de la facultad para arrestar al individuo. Sin embargo, los uniformados dijeron que no podían hacer nada porque «no habían pruebas contundentes», según la testigo.

«¿Qué querían que nos pongamos a grabar y tomar fotos en ese momento?», cuestionó. De la misma manera, afirmó que el joven regresó el mismo día, en las horas de la noche para exigir a la persona que lo vio que «diga la verdad», porque el no habría hecho nada.

Se conoce de manera extraoficial que el sujeto quiere denunciar a la compañía de seguridad porque habría sido golpeado por los guardias, en el momento de la detención. No obstante, la fuente aseguró que «no lo golpearon» porque ya habían dado aviso a las autoridades. (DCJ)

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Según la UCE, no se utilizó ningún sistema antiplagio porque los académicos de la comisión y los miembros del Honorable Consejo Universitario (HCU) hicieron «una rigurosa evaluación».

Desde el HCU se explicó que no hay plagio porque la hipótesis que presentó Salazar era nueva ya que el «coyoterismo» es un aporte original en el campo del Derecho. Además, resaltaron, nuevamente, que el modo de citar recayó en una «impericia» y no en plagio como lo denunciaron los integrantes de Acción Jurídica Popular (AJP).

El consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga asegura que esta acción evidencia una «pequeña ayuda de amigos«. La razón es que en la audiencia del Cpccs se comprobó que varios de los párrafos que escribió la funcionaria eran idénticos a otro trabajo académico.

El informe de la UCE

El 28 de junio, la UCE calificó de «impericia» y «omisiones inintencionadas» los errores identificados en la tesis de pregado de la fiscal Salazar. El HCU hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

La denuncia por presunto plagio

AJP solicitó a la CJ la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a la fiscal el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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El plazo del registro será desde el 17 de julio al 30 de agosto, según informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sennescyt).

El proceso es obligatorio principalmente para los bachilleres y estudiantes de de tercero bachillerato que deseen acceder al registro de educación superior en el segundo período del 2023. Para postular debe seguir los siguientes pasos:

• Acceder a https://www.registrounicoedusup.gob.ec/ (Si la persona ya se registró en el anterior período deberá acceder nuevamente y verificar o actualizar sus datos)
• Luego le llegará al correo electrónico un código para verificar la identidad
• Deberá verificar los datos completados al ingresar su cédula y luego tendrá que seleccionar el botón enviar
• Al finalizar el registro deberá señalar si desea inscribirse en alguna de las universidades, institutos o conservatorios públicos.

Durante este proceso la Sennescyt asistirá a 55 institutos y cinco universidades entre las cuales está la Escuela Politécnica Nacional (EPN), Universidad Central del Ecuador (UCE), Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) y Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTELVT).

Ciudadanos extranjeros

Los ciudadanos extranjeros que deseen aplicar al proceso deberán tener su situación regularizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. De igual manera, deberán tener un pasaporte con vigencia mínima hasta diciembre de 2023 y contar con el título de bachiller homologado en el Ministerio de Educación. (A.G.M).

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«Ganamos acción constitucional», es lo que posteó AJP tras la negativa de la UCE para entregar la tesis completa de la funcionaria. Priscila Schettini, miembro del colectivo, dijo para Radio La Calle, que aún no entienden por qué la Universidad no quiere entregar el documento completo.

Asimismo, aseguró que la medida debe ser acatada por el rector, y caso contrario sería desacatar la ley. Schettini dijo que es necesaria la copia certificada para que el colectivo pueda seguir con los procedimientos judiciales; asimismo para que la veeduría internacional pueda pronunciarse.

AJP invita a cualquier persona que quiera comprobar el presunto plagio a revisar el repositorio de la UCE y busque el trabajo de la fiscal. «En la audiencia que se realizó en el Cpccs se verificó que hay más de 98 párrafos que fueron copiados y están sin fuente», comentó.

Sin embargo, en el comunicado que emitió la UCE se refirió a que la dueña del trabajo de grado era Lady Diana Salazar Méndez. Además, se explicó que el caso de la fiscal era una «impericia», es decir, falta de capacidad o conocimiento.

De la misma manera, Sempértegui justificó los «errores de citación«, en entrevistas. «Se trata del primer trabajo de una joven alumna que no dominaba las técnicas de citación», sostuvo para Ecuavisa y Sonorama. (DCJ)

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Para la máxima autoridad del Cpccs, los consejeros realizaron una «exhaustiva investigación», que dio como resultado, que la fiscal es responsable de varias acusaciones. Salazar fue investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, plagio en trabajos académicos y otros.

Entre las resoluciones está la notificación al fiscal subrogante para que realice las respectivas investigaciones y revise las denuncias. Asimismo, se informará a autoridades de control como el Consejo de la Judicatura (CJ), la Contraloria General del Estado (CGE) y Universidades para que se generen las distintas responsabilidades.

«Estamos luchando contra de la corrupción y no vamos a permitir la impunidad. Esta resolución busca asegurar un control adecuado y fomentar la transparencia en las instituciones públicas», expresó Vera.

Presunto fraude procesal

El 29 de junio, Alembert Vera, acusó a la FGE de un posible fraude procesal en la indagación que inició contra los siete consejeros. Los miembros del Cpccs fueron denunciados por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

Sin embargo, cuando el funcionario revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

Supuesto tráfico de influencias

El 30 de junio, el Cpccs recomendó que se investigue a la fiscal por un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico. Este archivo fue publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021, cuando la funcionaria ya trabajaba en la FGE.

En este presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE, Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y este habría ascendido de puesto de forma progresiva.

“Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario”, detallaba el comunicado.

Denuncia por plagio de tesis

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) solicitó a la CJ la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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Díaz trabajaba en el Instituto de Investigación en igualdad de género y derechos. Sin embargo, dejó su cargo por el presunto acoso. Asimismo, explicó que su compañera sería la causante de este daño, pues «por más de un año ha recibido tratos inadecuados».

De la misma manera, comentó que la situación se agravó tras las entrevistas que dio por el presunto acto de discriminación que recibió en el KFC. El abogado, también denunció el acto en la Dirección de Bienestar Universitario, pero su compañera lo reprendió por hacerlo.

Además, aclaró que Bienestar Universitario no ha brindado medidas de protección, sino que lo culpó por afectar al instituto,a su director y a su compañera. Asimismo, le prohibieron que se exprese en redes sociales y de entrevistas.

«Hola amigos, soy Kenshi, quiero contarles con mucha tristeza que hoy es uno de mis últimos días en la UCE. En las últimas semanas Andy ha sufrido un sin número de actos muy dolorosos por lo que ha decidido renunciar», expresó en el video como si fuera su animal de compañía. (DCJ)

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Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

Resolución

El HCU minimizó con el eufemismo de «impericia» en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final, que bien podrían ser considerados presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal.

Respuesta de la Fiscal

A través de Twitter, la Fiscal celebró el pronunciamiento a su favor. Desestimó toda denuncia en su contra, las cuales considera como «hostigamiento» e «infamia». También decidió actuar por la vía legal ya que «no permitirá que se dañe su buen nombre y el de su familia», manifestó.

Citas

Hay dos tipos de citas: citas textuales y citas ideológicas o paráfrasis. Si se cita textualmente o se parafrasea en las propias palabras del que escribe el trabajo, se debe dar crédito al autor original, si no se cita la fuente es plagio.

Existen normas de uso para citar y hacer referencia a la fuente citada, como las normas contenidas en el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA), que son las que las universidades han adoptado para las citas en las tesis.

El plagio académico es un mal que se presenta frecuentemente en artículos científicos, ensayos, libros, tesis, proyectos y en respuestas a cuestionarios de evaluación.

Se entiende por plagio académico la adjudicación de ideas u obras académicas o parte de ellas, sin reconocer la fuente o autoría; es una conducta fraudulenta que se práctica con el fin de lograr el reconocimiento y/o beneficios académicos o económicos. (M.W.S)

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En la sesión extraordinaria del HCU se determinó que Salazar «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis». Asimismo, que defendió en grado oral su trabajo de investigación.

Según el Consejo, la fiscal general es la autora de la tesis «El tráfico ilegal de migrantes: Coyoterismo en la legislación ecuatoriana» y no cabe poner en duda su veracidad.

El análisis del HCU

El HCU agregó que Salazar cumplió con todos los parámetros para obtener su título, es decir, que cursó la carrera de Derecho, realizó tareas y rindió exámenes como determina el reglamento. Asimismo, explicó que después de revisar y analizar el trabajo de grado se determinó que el texto cumple los requisitos formales que la Academia solicita.

La UCE resaltó que los cinco primeros capítulos del documento son una descripción del problema del coyoterismo en el Ecuador. El capítulo seis sería el núcleo del problema de la tesis que fue fundamentado con la norma vigente del país.

Para el HCU, varios párrafos del trabajo en cuestión tenían citas o pies de páginas en los que se corroboraba los autores utilizados. En el caso de los párrafos que no tenían esto, se afirmó que fueron tomados de la enciclopedia OMEBA, que sí estaría incluida en la bibliografía final.

De la misma manera, sostuvo que la funcionaria tuvo un tribunal calificador, que aprobó a Salazar antes de la defensa de su tesis. Del mismo modo, para declararla graduada se realizó un promedio entre las calificaciones obtenidas en su trabajo escrito y su presentación oral.

«Lady Diana Salazar Méndez, (…), finalmente es la personsa que defendió en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo«, raza el informe.

La respuesta de Acción Popular

Acción Jurídica Popular informó que sus integrantes se pronunciarán el 29 de junio respecto a la resolución de la Central. Asimismo, anticipó que pedirán el acta de sesión, que es de información pública.

La integrante del colectivo, Priscila Schettini, recomendó a la fiscal «leer toda la resolución» del HCU, porque se afirmó la veracidad de autora, y no el plagio. «Nunca dijeron que no hubo plagio, dicen que el director de su tesis de 2005, dijo que cumplió los requisitos», respondió a la fiscal.

Por su parte, Diana Salazar a través de su cuenta de Twitter, comentó que la Universidad Central se ha pronunciado. «¡Basta de mentiras!», escribió.

¿Y el 40 % de plagio?

El 2 de junio de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizó una audiencia para tratar el caso. AJP halló que el trabajo de grado fue subido el 18 de abril de 2023, cuando la fiscal se graduó en 2005.

Al leer algunos párrafos del trabajo que se supone la fiscal copeó y su tesis, se concluyó que cambiaban de dos a tres palabras. Además, al ingresar la tesis en el sistema antiplagio, se observó que hubo un «40 % de plagio«. (DCJ)

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Los integrantes de un medio digital aseguraron tener el resultado del informe que habría elaborado la comisión. Ante eso, la integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, cuestionó que el informe se haya aparentemente filtrado y la UCE no se pronuncie.

Además, comentó el documento lo tenían que entregar el 29 de junio. Desde el inicio de la investigación, la implicada apuntó que no confiaba en el universidad debido a las declaraciones que dio el rector Fernando Sempértegui.

El periodista del medio indicó que el informe «trae varias sorpresas» y que la denuncia que realizó Schettini «no tendría pies ni cabeza».

«Desde cuándo Titiritero de la pauta es parte de los grandes académicos de la Central que realizan el informe del plagio de Salazar. Por qué supuestamente se entregó el informe a este medio de comunicación», protesto la Schettini en Twitter.

No fueron a la audiencia pública

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) notificó a Sempértegui y a Salazar sobre la audiencia pública para vigilar el proceso de indagación en este caso. Sin embargo, ninguno acudió a los llamados.

El rector tenía que presentarse a la sala del Consejo el pasado 23 de junio. No obstante, ni la universidad ni su máxima autoridad notificaron el motivo de su falta.

Vera manifestó que investigarán una posible vulneración de derechos de participación contra Sempértegui por su ausencia. De la misma manera, AJP denunció que la UCE respondió a sus peticiones 15 días más tarde y por una acción de información que presentaron.

El origen del origen…

El colectivo solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal por presunto plagio en su tesis. Según los abogados, habrían encontrado un 40 % de plagio. Desde entonces, pidieron a la UCE que analice el hecho y solicitó los nombres de los integrantes de la comisión para darle seguimiento.

Además, solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio. (N.J.C)

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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El 26 de mayo de 2023, el rector de la UCE, Fernando Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %. El colectivo solicitó que se abra un expediente y se le revoque el título de abogada a Salazar.

Sin embargo, a 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. Según Sempértegui, la investigación estaría listo en un mes y debe tener en cuenta las normas de elaboración de tesis vigentes en 2005, fecha de graduación de Salazar.

La comisión está integrada por el rector, el vicerrector, los directores de carrera, además de los decanos de cada facultad; también tiene representación estudiantil y de los trabajadores.

Sobre la acción

La acción de acceso a la Información Pública ha recaído en el Juzgador Walter Figueroa Carballo y es el Nro. 17957-2023-00150. Se pide que le dispongan a la Universidad Central que cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.

Las autoridades demandadas son: el rector Fernando Sempértegui; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

La información certificada que el colectivo solicita es:

• ¿Qué autoridad fue la que designó la Comisión para analizar la denuncia de plagio de la fiscal general Diana Salazar?;
• El acta de la sesión en la que se designó a los miembros de la Comisión para analizar la denuncia de plagio;
• ¿Cuáles son los miembros de la Comisión conformada para analizar la denuncia de plagio?;
• Fotocopias certificadas del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador que entre el 2004 y el 2006, se encontraba vigente;
• Fotocopias certificadas de la tesis de pregado de la fiscal general Diana Salazar, cuyo título fue «El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecutoriana»; y,
• Se nos informe por parte del rector Fernando Sempértegui, si es familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad de los señores Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez, que son servidores de la Fiscalía General del Estado, información que es necesaria para conocer por la relevancia de la denuncia que hemos presentado, misma respecto de la que no hemos tenido respuesta oficial hasta la presente fecha.

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Schettini comentó que ahora pretenden posicionar el discurso que ella debería estar detenida por las supuestas amenazas a Salazar.

«Así o más claro que las amenazas a la fiscal son mentiras (…) Etiquetan (supuestos trolls) a la Policía Nacional. Cuidado con otro caso armado, señores», expresó.

La disputa entre Salazar y Schettini inició cuando el AJP denunció el supuesto plagio de la fiscal en su tesis y solicitaron a la Universidad Central del Ecuador que conformen una comisión que compruebe esto.

Según la organización, el sistema antiplagio detectó que el documento de la principal autoridad de la FGE tiene 37 páginas de plagio.

Las supuestas amenazas

La madrugada de este 1 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que Salazar habría recibido amenazas en su contra y de su hija. La entidad de control rechazó todo tipo de «amedrentamientos».

El ministro del Interior, Juan Zapata, también se pronunció y aseguró que enviaría «las mejores unidades de investigación» para esclarecer el hecho. El servidor pretende enviar a su mejor contingente cuando en el país se desbordan los índices de violencia e inseguridad.

La denuncia

AJP solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Además, el equipo de abogados denunció otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021.

“La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad“, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP. (N.J.C)

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«La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad«, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP.

AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

El escrito de Salazar tiene el título de:»El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno» y fue editado por Ramiro García Falconí.

El artículo

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal «no tiene nada que ver con el resúmen puesto«.

«No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese «tipo de errores» no pueden pasar.

«Aquí hay responsabilidad de la fiscal, pero también hay responsabilidad del editor de la revista y de la Universidad Central», dijo. Asimismo, cuestionó el nivel de imparcialidad que se va a tener en la comisión que se forme para investigar el plagio de la tesis de la fiscal general.

«En los países en los que la academia se hace respetar, por ética, un fiscal en la situación de la señora Diana Salazar, habría renunciado«, comentó la docente para terminar su intervención.

¿Qué dice la fiscal?

La fiscal, Diana Salazar expresó que «todo tiene límite» y que como funcionaria esta expuesta a «comentarios maliciosos». No obstante, recriminó la denuncia de AJP porque «se meten con su familia» y eso es algo que no va a permitir.

«Que no digan –como ya es su costumbre– que se trata de una persecución, cuando he soportado todos sus disparates», resaltó.(DCJ)

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