La rectora de la Universidad de Cuenca, Augusta Hermida, denunció que su plantel es uno de los más afectados. La institución en particular recibió un recorte de USD 1.457.061 frente al 2023. Recalcó que la educación superior ha recibido una reducción presupuestario sistemática desde 2019.

«Necesitamos recursos para salir de esta crisis generalizada. Si un joven no tiene la oportunidad de estudiar y sacar adelante a su familia, las alternativas son pocas», refutó.

Entre los planteles que se verán afectados también se encuentra la Universidad Central con un recorte de USD 15 millones y la Universidad de Guayaquil con una reducción de USD 4.9 millones. Además, a la Universidad Intercultural Amawtay Wasi se disminuyó su presupuesto en más del 40 %. La entidad contará con un total de USD 4.6 millones para este año. Las escuelas politécnicas tampoco quedan fuera de este panorama, pues también sufrieron un recorte significativo.

Una primera alerta

La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (Asesec) anticipó en la Comisión de Educación que el Ministerio de Finanzas preparaba un recorte para el presupuesto de las universidades.

Año tras año, las universidades públicas marchan y exigen al gobierno que se les entregue un presupuesto justo para su desarrollo. Estas disminuciones afectarían de manera directa a los programas y proyectos de desarrollo de las instituciones.

Ofertas van y ofertas vienen

En la campaña electoral del 2023, Daniel Noboa aseguró que los jóvenes tendrán acceso a un cupo en un Instituto Superior que deseen estudiar. Además, se comprometió a reformar el sistema de cupos para que todos los jóvenes tengan una oportunidad en una institución. Según él, reforzarían el sistema de escuelas técnicas y construiría cuatro escuelas técnicas regionales que abarcarían a más de 60 mil alumnos cada una.

«Esa es la opción que nosotros nos comprometemos a dar, pero para eso se necesitaba recursos», dijo en uno de sus discursos.

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“Si las instituciones de educación superior no han creado fuentes de financiamiento la torta es la misma”, dijo Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto.

Resaltó que para este 2024 se consideró la implementación del presupuesto de la Universidad Yachay a la fórmula de distribución, lo cual afectaría a las demás instituciones de educación superior. La reducción pasa de USD 1.073 millones a USD 1.069 millones.

El Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que cubre económicamente a gran parte financiamiento de las universidades públicas y se forma con el 11 % de la recaudación nacional del Impuesto a la Renta (IR) y del 10 % del IVA.

La institución más afectada sería la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, pues su presupuesto pasó de USD 7.7 millones a USD 4.6 millones, es decir, una reducción del 40.2 %.

Por otro lado, la Universidad Central del Ecuador presentó una disminución de USD 14 millones; la Universidad de Cuenca USD 19 millones; y la Universidad de Guayaquil USD 4 millones.

¿Y el alza del IVA no mejoraría esta situación?

La cartera de Estado aclaró que la proforma acogió las leyes que emitió el presidente Noboa y han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, no obstante, la relacionada al incremento del IVA aún no entra en vigencia.

Con el alza del IVA, además de la asignación de recursos económicos al sector de la seguridad, se planteó reforzar otras áreas sociales. Por ejemplo, USD 1.346 millones serían distribuidos a los centros de educación superior.

Según el economista Jonathan Báez, el incremento de este impuesto sería un ‘‘efecto boomberang» a la economía de los ecuatorianos. Resaltó que a mediano y largo plazo existirían menos ingresos por la restricción de consumo en los productos.

»Las personas tienen menos ingresos para consumir, por lo tanto las empresas tendrán un menor valor de ingresos, incluso, podrían no pagar impuesto a la renta», dijo en entrevista para La Calle.

Por otro lado, manifestó que si existe una responsabilidad del Estado en esta reducción del presupuesto, pues durante la administración de Lenín Moreno las denominadas universidades ‘emblemáticas’ pasaron de tener un presupuesto propio a formar parte del Fopedeupo.

»Si depende del gobierno porque bien podrían sacar a estas universidades emblemáticas (Yachay, UNAE, UARTES, Ikiam) y otorgarles un presupuesto propio sin tocar el de las demás instituciones», resaltó.(AGM).

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Carlos Yaguachi, coordinador nacional de Comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Wilson Benavides, asesor político de la institución, señalaron para Radio La Calle, que este proceso se podría realizar siempre y cuando exista una reforma al Código de la Democracia.

El artículo 202 manda que los únicos debates obligatorios serán con los aspirantes a la Presidencia, Alcaldía y Prefecturas en jurisprudencias con más de 100 mil electores.

Yaguachi resaltó que la propuesta debería venir de la sociedad civil o la Asamblea Nacional para que se pueda reformar la organización de los debates. Añadió que en esa alternativa deberían participar otras dignidades.

«El CNE actúa de acuerdo a lo que la ley le permite y autoriza. Para iniciar, la norma debería ser expuesta por otros actores», dijo el funcionario del CNE.

Otros países sí lo hacen…

Benavides comentó que en otros países donde sí se realizan estos encuentros políticos, los candidatos a la Presidencia y sus compañeros de fórmula pertenecen a diferentes movimientos o partidos políticos.

Añadió que, a lo largo de los años, el ‘vice’ ha ocupado una figura «decorativa» que ha mostrado un papel casi irrelevante, salvo en crisis políticas. «A diferencia de otros países, donde el diseño institucional muestra otro panorama y tiende a formar coaliciones», aclaró.

Además, las fuentes concuerdan en que se necesita más participación y voluntad de los actores políticos y opinión pública para considerar ambos debates.

«Es indispensable que la ciudadanía vaya creando una cultura de debate y eso hay que trabajar con medios de comunicación, sociedad civil y una cooperación internacional para generar conciencia», apuntó Yaguachi.

Reforma al presupuesto

El coordinador del CNE explicó que, aunque el país es joven en materia de debates electorales, el mecanismo generaría un acercamiento con los candidatos.

«Solo ahí los ciudadanos pueden conocerlos, saber qué proponen, quiénes son y por qué los están eligiendo», refirió.

No obstante, mencionó que eso implicaría una nueva reforma al presupuesto que se destina al debate presidencial. Tanto Benavides como Yagauchi aseguraron que se necesitaría una preparación y análisis diferente para que no se vulnere ninguno de los eventos.

Además, destacaron que las universidades, medios de comunicación y organismos de la sociedad civil deberían generar estos espacios con apoyo o asesoría del CNE.

«Si la entidad no tiene la capacidad de realizar una inversión tan importante, dependerá de los costos que realicen otras empresas», finalizó Yaguachi.

El único y solitario debate

En las elecciones de 2021, el grupo Faro junto a otras instituciones organizaron un debate con los candidatos a la Vicepresidencia, donde solo asistió el representante de la RC, Carlos Rabascall. Según la entidad, el aspirante de CREO, Alfredo Borrero se excusó para no asistir.

El «diálogo político» -como lo llaman los expertos- tomó las recomendaciones de la sociedad y trató tres bloques:

• Empleo, salud, pobreza y educación;
• derechos humanos, seguridad, género, lucha contra la corrupción y cambio climático, y;
• refuerzo de sus argumentos.

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La publicación demuestra que 31.2 % de estudiantes y el 43.4% del alumnado LGBTIQ+ en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia desde algún integrante de la comunidad universitaria desde que comenzó sus estudios.

Esta realidad es normalizada y hasta invisibilizada por las instituciones de educación superior. Se trata del estudio «De la evidencia a la prevención: cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas». Este es realizado por el Programa PreViMujer, parte de la Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres. Más de 23 mil estudiantes de 16 universidades del Ecuador participaron.

El acoso ocupa el primer lugar de modalidad más habitual hacia las estudiantes agredidas (20%), le sigue el acecho (19.7%), ataque psicológico (13.9%), abuso sexual (9.1%), violencia física (5.9%) y la violencia económica (4.8%).

Las cifras son similares con respecto a lo vivido por estudiantes LGBTIQ+. Igualmente el acoso en primer lugar (31%), acecho (27.5%), ataque psicológico (22.1%), abuso sexual (16.8%), violencia física (10.7%) y violencia económica (6.5%). A menudo, los agresores son estudiantes, profesores, personal administrativo o asociado a la universidad.

El doctor Alfredo Vara, investigador del informe, asegura que gran parte de la responsabilidad es de las universidades. «Aquí el problema es de omisión, las universidades no han visto esto como un problema que tengan que discutir, así que lo han omitido, no lo discuten, no generan espacios para reflexionar y asumir una postura correcta y mientras tanto va ocurriendo esto: porcentajes de violencia que son muy altos», explicó a EFE.

La Universidad resulta ser un espacio inseguro

Vera añadió que hicieron el estudio para demostrar la inseguridad que prevalece en los espacios universitarios. Recalca que estos espacios son muy inseguros tanto para mujeres como para personas LGBTIQ+. Por ello se corresponde a las consecuencias en el rendimiento académico y el estado de salud física y mental de quienes han sido víctimas de estos ataques.

Nicole Abad, estudiante universitaria relató su experiencia al medio Efeminista. Abad sufrió acoso por ser lesbiana. Según relató, un profesor la hostigó hasta llegar a modificar sus notas, reprobarla y obligarla a repetir el examen final de su materia.

«En el supletorio él me dijo: ‘Bueno, yo sé que usted igual iba a pasar, no se preocupe’ y yo: ‘entonces, ¿para qué me dejó a supletorio?’ Me dejó por casi 40 décimas y al final de toda esta discusión que él tenía con la cuestión de los supletorios me dijo: ‘Bueno mi hijita, salúdenme a su novia’. Fue rarísimo porque con él nunca habíamos hablado ni de mi novia ni de nada. Lo hizo para hacerme saber que tenía control tanto como para borrarme las notas, hacerme preocupar y dejarme supletorio», lamentó.

Debido a ese y otros ataques verbales, Abad decidió no denunciar este hecho ante las autoridades y omitirlo. «No quería volver a verlo», manifestó. Ella afirma que la comunidad universitaria no se encuentra capacitada para tratar con las diversidades sexogenéricas y, por ello, ocurren este tipo de problemas.

«Hay muchos casos sueltos incluso, eso es preocupante porque eso evidencia lo invisibilizados que están estos casos. Yo que trabajo en el medio y hago activismo no conozco muchos de los casos. Tengo que rebuscar en el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo para que me cuente y no hay canales de denuncia tampoco. En las universidades le han puesto mucho refuerzo a entender la violencia solamente contra la mujer y nos falta activar muchos protocolos para las diversidades, incluso para las mujeres a las que se nos puede violentar en el entorno de mujeres», asevera.

Mujeres y personas LGBTIQ+ rodeadas de violencia

El estudio también revela que aparte de la violencia recibida en los centros de estudio, mujeres y personas LGBTIQ+ no reconocen a la Universidad como un espacio seguro para ellas.

Las cifras indican que el 33.7% de las estudiantes sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja eventualmente, desde que empezó a cursar sus estudios universitarios. En el caso de las personas LGBTIQ+ la cifra asciende a 44.8%.

«Hay demasiada tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, se la ve como normal, se la ve como algo esperable o que no es importante ni grave y cuando ocurre se la justifica, se le echa la culpa a la mujer o se le echa la culpa al contexto, pero no se hace cambios importantes y esto es terrible», mencionó el doctor Vara.

Planteles educativos no manejan la violencia correctamente

El experto acotó que más del 80% de estudiantes expresó no saber a dónde acudir en caso de verse obligados a buscar ayuda o denunciar casos de violencia en la Universidad. A pesar de que algunas universidades trabajan en protocolos de prevención parecen no funcionar, según dijo. Además, en redes sociales aumentan los testimonios de estudiantes violentadas impunemente. A ello agregan que no existía un protocolo o no lo pusieron en práctica.

Vera calificó a las cifras como «llamado de atención para que la universidad asuma su responsabilidad en la formación de profesionales con sólidos valores éticos y morales y eso no puede existir habiendo tanta violencia dentro». No obstante, víctimas como Nicole Abad aseguran que son los mismos estudiantes quienes se han organizado para guiar a sus compañeras y compañeros en situaciones de violencia.

La deuda de la violencia de género en Ecuador

Aun a pesar de los avances legislativos para prevenir la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, eso no se materializa, apuntó Vera.

«Hay impacto en la salud mental, la salud física, tienen peores notas y rendimiento. Hay más tasas de deserción, en el caso de las personas LGBTIQ+ tienen más dificultades para acceder atención sanitaria adecuada, más discriminación en el empleo, incluso en la vivienda para alquilar casas. Es decir, socialmente el cambio es mucho más lento y las universidades tienen un rol fundamental para asegurar ese cambio y si la universidad logra cambiar la mente de sus estudiantes va a cambiar la mente de muchísimas personas más en cuanto egrese», precisó.

La publicación muestra que tanto estudiantes como personal administrativo femenino pierde en torno a 28 días al año debido al problema. Las situaciones de violencia que sufren ocurren tanto fuera como dentro de las universidades.

«Justamente estas estadísticas lo que tratan de demostrar es que no es un problema aislado, no es un problema de dos o tres personas, es una gran cantidad de la población que está siendo sistemáticamente agredida por razones de género», zanjó el experto.

Foto: Observatorio / Instituto para el Futuro de la Educación de México

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Según la entidad, estas preguntas se basaron en baterías psicométricas probadas a escala internacional y que supuestamente habrían sido elaboradas por académicos y especialistas. Además, mencionaron que estas interrogantes estaban diseñadas para medir la capacidad de razonamiento, abstracción y lógica verbal.

“Esto fue una pregunta de inferencia. Las inferencias son procesos de razonamiento lógico que brindan conclusiones determinadas a partir de premisas planteadas”, expresó Senescyt.

La institución señaló que el proveedor omitirá aspectos religiosos de personales. Sin embargo, detalló que se mantendrá la estructura de la pregunta, según Primicias.

Las preguntas religiosas

Estudiantes que rindieron el examen de ingreso a las universidades públicas denunciaron que algunas preguntas tenían contenido religioso, lo que se contrapone con lo que señala la Constitución respecto al Estado Laico.

Una de las preguntas fue:

“Si la Biblia dice que Dios nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio, y confíamos en él, entonces:

1. nosotros no tenemos amor propio
   b) podemos enfrentar cualquier desafío
   c) no podemos enfrentar cualquier desafío
   d) Dios no nos da un espíritu de poder”.

Más fallos…

La plataforma no reconocía los rostros de los postulantes por lo que no pudieron ingresar a la plataforma. Otros, con mayor suerte, entraron al sistema, pero estaba lento o colapsó.

Sin embargo, Andrea Montalvo, titular de la entidad, recalcó que los aquellos estudiantes que reportaron intermitencias en el sistema, podrán repetir la evaluación el próximo 17 de abril.

Actualmente, 14 universidades solicitaron asistencia de la Senescyt para su proceso de admisión desde el 10 hasta el 14 de abril. Se espera que en mayo empiecen los procesos de postulación y aceptación de cupos otorgados.

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Los educadores y trabajadores de la cultura no solo criticaron la última decisión de Lasso, sino que también se opusieron a los discursos y prácticas que motivan a la violencia social que afectan a grupos vulnerables.

“Nos oponemos a las decisiones del Gobierno Nacional que impiden imaginar el futuro de nuestra convivencia”, reza el comunicado.

Entre los centros que se pronunciaron están:

• Fundación Museos de la Ciudad,
• Museo del Carmen Alto,
•  Museo de la Ciudad,
• Museo Interactivo de Ciencia
  Yaku Parque Museo del Agua,
• Centro de Arte Contemporáneo,
• Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador (MAE),
• Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador,
• Museo Comunitario de Agua Blanca,
• Arte Actual FLACSO,
• Museo Municipal Remigio Crespo Toral,
• Comité Nacional del Consejo Internacional de Museos,
• Museo de los museos (Chile), Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración,
• Dirección de Museos de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas,
•  Museo Antropológico Antonio Santiana MAAS,
• Museo universitario de la Diversidad,
• Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez MEIBN,
• Museo Universitario MUSE.

Otras instituciones se suman al rechazo

Varias universidades del Ecuador rechazaron el porte de armas para uso civil que firmó Lasso.

La academia advirtió que este es un “gran error” del Gobierno Nacional y lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigieron al Ejecutivo dar de baja inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccial.

FLACSO se pronuncia

De la misma manera, la FLACSO en una carta firmada por 46 docentes y estudiantes solicitaron a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.
«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado. (C.A.V)

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La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccional.

Flacso se pronuncia

Una carta firmada por 46 docentes y estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) expone su preocupación por la medida del jefe de Estado.

Los firmantes argumentan que la tenencia y porte de armas son un retroceso social que intensificará la violencia en lugar de pacificarla. Además, solicitan a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.

«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado.

¿Y la Central?

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), convocó al Honorable Consejo Universitario a sesión extraordinaria para emitir un pronunciamiento institucional sobre el decreto del régimen.

La reunión de las autoridades está prevista para este lunes 3 de abril a las 10:00 de forma virtual.

Autodeclaratoria de «Estado fallido»

El 1 de abril, el primer mandatario y su equipo llegaron a la conclusión de que el libre porte y uso de armas y gas pimienta para defensa personal es una parte de la solución en medio de la inseguridad que engulle al Ecuador.

«Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, es decir, en términos generales: 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. Se autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal», dijo en cadena nacional.

Entre otras medidas también está prohibida la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, se establece controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad. Además han instalado el puesto de mando unificado de manera permanente en Guayaquil que rotará entre Santa Elena y los Ríos.

Estado de excepción

Lasso decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El toque de queda será de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La delcaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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En una carta dirigida a los rectores, Otavalo pidió un sonómetro tipo 1 para realizar las pericias de audio en las habitaciones del castillo de Greyskull, de los tenientes de la Escuela Superior de Policía. La «falta» de este equipo técnico por parte de las autoridades ha impedido continuar con la investigación.

«Les suplico su ayuda y acudo a ustedes a fin de que si cuentan con este equipo y técnicos especializados faciliten a Fiscalía esta pericia para descubrir los culpables del asesinato de mi hija. Me siento desesperada, día a día aparece algo que obstaculiza el conocer la verdad y justicia», reza la carta enviada el 28 de noviembre de 2022.

Trabas en el proceso

La madre de Bernal expresó que Fiscalía ordenó hacer la pericia con las herramientas técnicas y el personal especializado a la Policía Nacional. Sin embargo, existe una «negativa absoluta» de la institución policial, pues no se ha realizado hasta ahora. Incluso han pedido apoyo a personal externo, pero sin resultados.

El perito del caso explicó que «una de las limitaciones para la ejecución del estudio es el acceso a un sonómetro tipo 1 con certificado de calibración». Este equipo es utilizado a nivel internacional en casos judiciales -y exigido por normas técnicas ecuatorianas- para realizar el peritaje de sonido. Sin este aparato, el grado de precisión no es posible.

Para Otavalo, las negativas de la Policía sobre los pedidos de Fiscalía son excusas que no permiten avanzar el proceso de investigación, que cuenta con un tiempo determinado. Finalmente, la madre de María Belén denució que esta no es la única limitación que han presentado las autoridades para esclarecer el caso.

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Caso Bernal

La abogada María Belén Bernal fue desaparecida el 11 de septiembre de 2022. La Escuela Superior de Policía, en Quito, fue el último lugar donde estuvo. El 21 de septiembre, encontraron su cadáver en el cerro de Casitagua.

Todas las evidencias apuntarían al teniente Germán Cáceres, exesposo de Bernal, con quien estuvo la última vez. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, comentó que recibió una llamada de Cáceres ese día y le dijo que tuvo una discusión con su esposa y que ella se bajó del auto que él conducía para subirse en un taxi.

Días después, gracias a la presión ciudadana y mediática, se ordenó la captura de Cáceres. Sin embargo, ya era tarde porque huyó. Ahora es prófugo de la justicia y se desconoce su paradero. La única que enfrenta cargo por complicidad del delito es la cadete Joselyn Sánchez, quien se habría involucrado sentimentalmente con Cáceres.

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La cartera de Estado quitaría más de USD 54.5 millones a 12 instituciones de educación superior (IES). Las afectadas serían:

La FEUE se prenuncia

El presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa explicó a Radio La Calle que a más del recorte que Lasso plantea para las universidades, solo entregó USD 17. 5 millones que no compensan las deficiencias que presentan. «Esto no representa los recursos significantes como infraestructura, crecimiento, investigación y ampliación de cupos para los nuevos bachilleres», comentó.

Según Chiluisa, esta asginación pretende mantener el mismo porcentaje entregado a las IES y subir mínimos montos. Enfatizó que las universidades grandes, las que agurpan a más del 53% de la población, son las más afectadas porque continúan menorando su presupuesto.

También, indicó que el Gobierno se justifica anunciando que incrementó el presupuesto para las universidades en USD 200 millones, pero esto es solo una preasignación. Es decir, se puede o no concretar esta entrega. Precisó que para que este rubro se entregue depende de la venta de petróleo y la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que lo conoce en abril de 2023.

Además, mencionó que Lasso tiene una deuda con la Universidad de USD 131 millones de 2017, 2018 y 2019.

No es la primera vez que Lasso intenta reducir el presupuesto a las universidades. En la proforma presupuestaria de 2022, se planteó reducir USD 213 millones. “Esto pone en riesgo la calidad, el acceso, la investigación en la educación superior y los planes de retorno progresivo presencial a las aulas universitarias», reza un comunicado emitido por la FEUE.

Próximas movilizaciones de la FEUE

El presidente de la FEUE informó que del 15 al 22 de noviembre de 2022 realizarán plantones, asambleas, movilizaciones y charlas en 23 universidades del país, como respuesta a la reducción presupuestaria y la reforma a la LOES. También recalcó la preocupación que mantiene el colectivo por la reducción que Lasso prevé para los centros de investigación.

«Reduce de USD 4 a 5 millones el presupuesto para las investigaciones. Una Universidad Pública sin investigación no se la puede considerar Universidad», puntualizó. (N.J.C)

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Altamirano sostuvo que no todos pueden llegar a la universidad y que por tal motivo, se debe optar por otro tipo de ofertas que van desde niveles técnicos y tecnológicos.

“No quiere decir que es de inferior calidad a la educación universitaria, simplemente es otro tipo de educación mucho más práctica”, expresó Altamirano durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, negó la idea de que el examen de ingreso a la universidad ya no existe.

Sino más bien, el docente universitario indicó que el examen pasó a ser competencia de las universidades.

«La solución no está en el examen de ingreso, sino en tener una solución holística para el sistema educativo», afirmó.

Altamirano aseguró que los educadores son quienes deben manejar la educación para comprender los problemas estructurales.

“En esta situación tan sensible tenemos personas que no tienen conocimientos de educación especialmente de fundamentos”, explicó.

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“Recogimos procesos de admisión de más de USD 2 millones. En esta gestión redujimos un proceso de nivelación de USD 600.000 a un proceso con el apoyo de la empresa privada y de expertos pedagógicos y psicométricos, que costó USD 6.000”, dijo a Primicias.

Además admitió que la eliminación del examen no significa el aumento de cupos en las carreras. “El Estado debe acompañar el proceso de admisión, pero no hacerlo. Era un gran error hacer lo que debían hacer las instituciones”, expresó.

Las posibles soluciones

Montalvo dijo que existen dos posibles vías para el aumento de cupos en la Universidad Pública:

• La simplificación de trámites para la aprobación de nuevas carreras físicas y on-line y de nuevas modalidades de estudio. Además, entrega de facilidades para que las instituciones de educación superior inauguren más extensiones universitarias.

• Facilita la gestión financiera para que las universidades sean autosustentables.

Desde la Senescyt recomiendan tres formas de ingreso que podrían aplicar las Universidades desde 2023:

• Aplicación de exámenes por campo de conocimiento en cada carrera.

• Implementación de semestres propedéuticos. Un curso de seis meses antes de ingresar al primer semestre.

• Admitir a los estudiantes únicamente con la nota del examen de grado del colegio.

Al igual que su antecesor, Alejandro Ribadeneira, Montalvo cree que los bachilleres deben ingresar a carreras técnicas para reducir el tiempo de estudios e insertarse en el mundo laboral.

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Según las declaraciones de su abogado, Edison Loaiza, al medio Ecuavisa, dos «prestigiosas universidades» de Guayaquil tienen un contrato con el exvicepresidente.

Loaiza no reveló el nombre de estas instituciones de educación superior, aunque aseguró que el rol que cumpliría Glas sería en actividades académicas.

El abogado también comentó al medio que Glas está realizándose exámenes médicos, y afirmó que, al momento, está viviendo en la casa de su madre.

Su estado de salud fue el argumento utilizado para acogerse al habeas corpus. Al salir de la cárcel de Latacunga, realizó un recorrido por varias ciudades junto a sus simpatizantes.

Liberación

El exvicepresidente en el gobierno de Rafael Correa cumplía dos sentencias de seis y ocho años de cárcel: la primera por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, y la otra por cohecho en el caso Sobornos.

La liberación de Glas mediante el habeas corpus no representa impedimento alguno para que pueda ejercer laboralmente, únicamente se restringe su postulación a un cargo de elección popular.

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“Nuestro COE-UTE resolvió que las labores académicas y administrativas durante la semana del lunes 3 al viernes 7 de enero del 2022 se realizarán bajo modalidad virtual. Esta decisión se la toma para salvaguardar la salud de nuestra comunidad universitaria y evitar contagiarnos de la COVID-19”, indicó en un comunicado la UTE.

Por otro lado, la Universidad del Azuay suspendió las clases en esta primera semana del año. “Las clases volverán en persona del lunes 10 al viernes 14 de enero; esta última semana será la del cierre del semestre previo a los exámenes finales”, expresó el comunicado. El centro de estudios avisó a los estudiantes coordinar con los profesores la entrega de los trabajos pendientes.

Clases presenciales

La Ministra de Educación, María Brown, informó que, a partir del 10 de enero, las instituciones con el Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) aprobado, deberán ofertar la posibilidad de asistir de manera presencial, en todos los niveles.

“Contamos con 11.929 instituciones con el PICE aprobado, el 92% de docentes ya trabaja de manera presencial. Recordamos que si los estudiantes tienen algún síntoma no deben acudir a las instituciones y deben reportarlo al plantel”, dijo en entrevista con Radio Visión.

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En la lista aparecen, entre otros, Confiteca (de la familia Chiriboga Chaves), Conservas Isabel (Juan Carlos Calero), Consorcio Nobis (Isabel Noboa y familia Noboa Romero), Constructora Hidalgo & Hidalgo (Hidalgo Barahona), Almacenes de Prati (familia De Prati) Almacenes Juan Eljuri (familia Eljuri).

También se encuentran: Banco Amazonas (familia Parra), Banco Bolivariano (familia Salazar y Segale), Banco de Guayaquil (familia Lasso-Mendoza, Lasso Alcívar), Banco de Machala (familia Quirola), Banco del Pichincha (familia Egas).

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Emporios económicos

Aparecen nombres como: Corporación El Rosado (familia Czarninski), Corporación La Favorita (familia Barahona y Wright), Digital Photo Express (familia Rivadeneira). Los canales de televisión: Ecuavisa (familia Roca), El Universo (Pérez Barriga), Teleamazonas (Sebastián Corral y Jaime Mantilla).

La Universidad Internacional del Ecuador (familia Fernández), Universidad Sek (Jorge Segovia), Universidad Espíritu Santo (Carlos Ortega), Universidad San Francisco de Quito (familia Gangotena).

La Constructora Uribe y Schwarzkopf, las industrias alimenticias Pronaca, Santa Priscila y Ales. Hotel Colón, Clínica Kennedy completan esta lista.

Hasta julio de 2021, la evasión fiscal le costaba al Ecuador USD 7.600 millones. La filtración de la ICIJ mostró que más de 70 personas tienen empresas en paraísos fiscales.

La entrada Medios de comunicación, universidades y empresas tendrían bienes en paraísos fiscales se publicó primero en La Calle.

Si se desglosa esta cifra, la Universidad Central del Ecuador pasará de recibir USD 154 millones a USD 120 millones, una diferencia de USD 34 millones; la Escuela Politécnica Nacional pasará de USD 72 millones a 52 millones, una diferencia de USD 20 millones. La Escuela Politécnica del Ejército pasará de USD 79 millones a USD 57 millones, una diferencia de USD 21 millones. La Universidad de Guayaquil pasará de USD 146 millones a USD 119 millones, una diferencia de USD 26 millones.

Universidades emblemáticas

La Universidad de las Artes pasará de USD 21 millones a USD 13 millones, una diferencia de USD 7 millones. En el caso de las Universidades emblemáticas Yachay e IKIAM, la proforma indica que “no forman parte de la distribución de recursos y asignaciones que se distribuyen mediante los porcentajes de fórmula aprobada por el CES y SENESCYT”.

El monto para ambas Universidades será de USD 20,9 millones. La proforma también contempla a la Universidad Indígena Amawtay Wasi con un presupuesto de USD 2 millones.

La entrada USD 231 millones es el recorte del presupuesto para las Universidades se publicó primero en La Calle.

Quito, 7 de sep, (La Calle). – María José Plaza, vicepresidenta de la comisión del derecho a la salud y deporte, expresó que el proyecto de ley de igualdad de oportunidades para los deportistas tiene el objetivo de integrar a todos y no solo a los de élite.

En un diálogo con Radio La Calle, Plaza mencionó que este proyecto está enfocado en integrar todas las aristas del deporte. El objetivo es incrementar el deporte universitario y estudiantil ya que, en los últimos años ha sufrido una baja.

Enfatizó en que el deporte ecuatoriano necesita ser despolitizado. “Es necesario conocer a dónde están llegando los fondos destinados a centros de alto rendimiento”, explicó la vicepresidenta.

Al respecto, mencionó que se ha dialogado con el Ministro del Deporte. Todo con la intención de conocer en qué se gastaron los fondos destinados al deporte del país para posteriormente fiscalizar y optimizar recursos.

Señaló que este proyecto de ley tendrá un mejor manejo de los recursos destinados al deporte. Se enfocará en incluir a todos los deportistas y trabajar en beneficio de todos ellos.

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En uno de los debates presidenciales, Lasso aseguró que incrementarían el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. También dijo que aumentarían el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo. 

Asimismo, durante su discurso de posesión recalcó que “la voluntad del gobierno será la voluntad del pueblo, movido por los mismos objetivos y las mismas esperanzas”. Prometió un Estado eficiente, orientado a erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación y el abandono.

Sin embargo, ahora en la Asamblea se tramita una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que deja la puerta abierta a la privatización de la educación pública.

La reforma implica eliminar el porcentaje de asignación de becas, prohíbe la creación de nuevas universidades, incluso admite cobrar por los cursos de nivelación. Además, la normativa no garantiza el libre ingreso a la educación ni promueve la autonomía universitaria como lo prometió Guillermo Lasso.

Desaparecen las becas…

Ocho universidades particulares se quedaron sin USD 12 millones destinados a becas. Esto golpea específicamente a los estudiantes de escasos recursos económicos.

«No hay un argumento técnico. Yo lo enmarcaría en el marco de un acuerdo con el FMI. Este recorte de USD 12 millones afecta a la PUCE que entrega becas al 85% de sus estudiantes. Parte de ellos son estudiantes de bajos recursos. Cuando salen estos fondos del presupuesto de la Universidad se vuelve más difícil ampliar y mantener esas becas», dijo a Radio La Calle el decano de Economía de la PUCE, Andrés Mideros. 

Por otro lado, el legislador del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, propone reabrir 13 de las 14 universidades cerradas, durante el gobierno de Rafael Correa, por deficiencia en la calidad educativa.

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Quito, 24 ago (La Calle).- EducationUSA, la red global de centros de asesoría académica para estudios superiores en los Estados Unidos, realizará, por segundo año consecutivo, su feria virtual.

Allí los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar más de 80 stand virtuales, reunir folletos y conversar con representantes de diferentes instituciones de educación superior de los Estados Unidos. 

«También podrán ponerse en contacto con los asesores de EducationUSA, conocer los programas académicos de inglés intensivo, pregrado y posgrado, y asistir a seminarios web para conocer más sobre los cinco pasos para estudiar en los Estados Unidos: investigar las opciones, financiar los estudios, completar la solicitud, solicitar una visa de estudiante y prepararse para su viaje», explica un comunicado de la embajada de Estados Unidos. 

El evento virtual se dirige a las personas interesadas en estudiar un programa universitario en los Estados Unidos. Todos los años, la feria EducationUSA atrae un gran número de instituciones de educación superior en los Estados Unidos para presentar su oferta académica a los estudiantes interesados en estudiar en el exterior. 

EducationUSA

EducationUSA es una red oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tiene más de 430 centros de asesoramiento para estudiantes internacionales en más de 175 países y territorios.

En Ecuador, esta red cuenta con cuatro centros físicos en Quito, Guayaquil, Cuenca, y Ambato y también se ofrecen asesorías virtuales a estudiantes de todo el país. La red promueve la educación superior en ese país para estudiantes de todo el mundo al ofrecer información precisa, completa y actualizada sobre oportunidades para estudiar en instituciones acreditadas en los Estados Unidos. 

Para ver la lista de todas las instituciones que estarán presentes en la feria y la hora a la que se realizará, visite el sitio web de registro: bit.ly/EDUSAFair 

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En un reporte del medio Tiempo Real, Almeida señala: “Hemos presentado junto a los rectores de las universidades cerradas injustamente, los 13 rectores, para rehabilitar las universidades inmediatamente. El pueblo ecuatoriano necesita estudios. Nuestra juventud, 2 millones de jóvenes tendrán la oportunidad de estar en las universidades populares, en cada una de las provincias”

En 2012, el entonces presidente Rafael Correa cerró 14 universidades por deficiencia en la calidad educativa. El cierre lo ejecutó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), como parte de un plan para acabar con las universidades de «garaje» y mejorar el nivel académico.

El diagnóstico de estas 14 instituciones fue negativo. No contaban con suficientes profesores; un bajo porcentaje de ellos eran de tiempo completo y menos del 2% tenían doctorado o maestría. Además, la infraestructura era pobre e inadecuada; carecían de computadores y el número de libros por estudiante fue prácticamente nulo. Tampoco hacían investigación ni publicaban en revistas indexadas.

Según el Senescyt, el desempeño de los estudiantes de estas universidades tampoco fue óptimo. Los datos de la institución señalaron que en la prueba de conocimiento general obtuvieron, en promedio, 3 sobre 10. Mientras que, en exámenes específicos, la calificación fue de 4 sobre 10. De igual forma, se establece que el examen general de lectura fue reprobado por el 90% de los estudiantes.

Siete instituciones se encontraban en Pichincha y las otras siete estaban ubicadas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Napo.

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En la lista constan: La Universidad Politécnica Salesiana, SEK, Universidad de las Américas, de los Hemisferios, ECOTEC. El Instituto de Tecnologías Sudamericano, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión, Escuela Politécnica Nacional.

También el Tecnológico American College, Tecnológico Sudamericano, Politécnica Estatal del Carchi. Además, la Universidad Católica del Ecuador, Ikiam, Católica de Cuenca, Internacional del Ecuador, San Francisco de Quito, Espíritu Santo.

El Instituto Argos, Universidad de las Artes, Instituto Libertad, UTE, Universidad Particular de Loja y el Instituto San Isidro.

Responsabilidades

El COE  encargó  a  la  Senescyt y  al  Ministerio  de  Salud,  realizar  el  monitoreo  quincenal  del pilotaje a las universidades. También informar de   su implementación al COE Nacional sobre sus resultados.

Los Centros  de  Educación  Superior  que  actualmente  funcionan como puntos de vacunación conforme al plan 9/100, deberán ser reubicados en  coordinación  con  el  Ministerio  de  Salud para no interrumpir el programa.

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