Quito, 18 jul (La Calle).- Un ciudadano relató la agresión que recibió un joven que trató de evitar que agentes de la AMC retengan mercadería de una vendedora autónoma de la tercera edad. Colectivos denunciaron que el joven agredido está hospitalizado, debido a lesiones graves en su columna.

“La señora que vendía sandias y piñas, circulaba por la calle Benalcázar y Bolívar después der ser retirada de San Francisco. La señora caminaba tranquilamente con su coche y a la altura de este local los metropolitanos comenzaron a agredirle, tratando de quitarle su mercancía… A eso viene un joven y empieza ayudar a la señora. Ante eso bajaron 6 agentes más de una camioneta y comenzaron a agredirle al joven…”

“Le empujaron contra la pared, y le pegaron entre 6. Entonces la gente de la zona comenzó aglomerarse y tratar de de ayudarle al joven, y los agentes comenzaron a echar gas pimienta a la gente, mientras continuaban agrediendo al joven.” Denunció un comerciante este 18 de julio, en una entrevista para BN periodismo.

A estas declaraciones, el ciudadano añadió que los mismos agentes metropolitanos le rompieron el vidrio a un taxista, en el momento que se retiraban de la escena con el carrito de sandías de la señora que suplicaba entre lágrimas que le devuelvan “su única manera de dar de comer a su familia”.

El hecho tuvo lugar el 16 de julio. En un video compartido en sus redes sociales se observa como múltiples agentes metropolitanos se acercan a la señora mayor y empiezan con la agresión.

La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (ASOTRAB)  denunció públicamente a la Policía Metropolitana de Quito por este hecho, identificando al joven, de 20 años, como Gabriel.

Gabriel fue hospitalizado, con hematomas en todo el cuerpo y con una fractura de columna que lo podría dejar paralítico.

¿Qué dice el Municipio de Quito?

El Municipio de Quito emitió un comunicado en sus redes sociales, indicando el inicio de una investigación interna para determinar la circunstancias en las que actuaron los Agentes de Control.

Asimismo aseguró que busca contactar al afectado con el objetivo de  poder sancionar a los responsables. Finamente exhortando a los ciudadanos a presentar denuncias para esclarecer los hechos.

El hecho también captó la atención del concejal Wilson Merino, quien declaró que hará un proceso de fiscalización de este suceso.

Indignación por parte de la ciudadanía

Ciudadanos de la zona califican lo sucedido como una injusticia. Se encuentran indignados, calificando a los agentes metropolitanos como “enemigos que agreden a los quiteños que tratan de seguir adelante honradamente”. Ellos aseguran que es por culpa de las mismas autoridades que agreden al pueblo, que la inseguridad sigue creciendo.

De igual manera, usuarios en la redes sociales critican las acciones de los agentes metropolitanos asegurando que el camino para “ordenar la ciudad y regular el comercio autónomo no es agredir a las personas y criminalizar el trabajo”. (N.C)

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La funcionaria explicó que el objetivo de esta Ley será garantizar los mecanismos de intervención y trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para trabajar de forma coordinada en temas de seguridad.

Vela explicó que el proyecto de Ley se ha estructurado en torno a cinco ejes. El primer eje es el uso de progresivo de la fuerza; el segundo, la cooperación entre las fuerzas del orden, es decir, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El tercero consiste en los mecanismos de defensa para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realizan una intervención para proteger a los ciudadanos.

Este eje, indicó Roberto Andrade, asesor en el proyecto de Ley, “fortalecerá al Ministerio de Gobierno para que pueda dar patrocinio legal a los servidores policiales que, producto del ejercicio de su deber, se vean inmersos en una investigación, en un proceso penal”.

En este sentido, el proyecto plantea que el Ministerio de Gobierno dote de recursos, mediante mecanismos de contratación pública, para asignación de abogados a los miembros de la fuerza pública. «El Estado “garantizará el mecanismo necesario para que el este pueda asumir los honorarios de los abogados que realizarán la defensa de los servidores públicos, que es la parte que la ley no prevé”, dijo.

Andrade enfatizó en que, «si algún miembro de la fuerza pública actúa bien, siguiendo los criterios legales y constitucionales, tendrá todo el respaldo del Estado ecuatoriano para salir bien librado”.

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El cuarto eje es un conjunto de reformas que se propone realizar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, según las autoridades, “solucionará algunos de los vacíos y las contradicciones que existen en la normativa y que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública.

Por último, el proyecto de Ley propone un conjunto de normas para garantizar una mejor administración de los centros carcelarios y el control efectivo de los centros de rehabilitación penitenciarios.

Respecto a este eje, las reformas previstas y propuestas son fortalecer la institucionalidad alrededor del organismo técnico para que sea más fácil la coordinación y la administración de los centros de privación de libertad.

Tambien reformar los procesos penales con el fin de reducir el hacinamiento. Por ejemplo, la revisión de los requisitos para que un juez pueda dictar prisión preventiva.

El Gobierno considera que “el problema fundamental que enfrenta el país en este momento es la seguridad” y exhorta a la Asamblea Nacional para que brinde el “respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias de tratamiento de la ley, desde la aprobación en el Consejo de Administración Lagislativa (CAL), hasta la aprobación en el Pleno, en el lapso de los próximos 30 días”.

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“Se parte de un concepto muy sencillo: quien usa la fuerza no es un policía, un militar o un agente de seguridad penitenciaria. Quien usa la fuerza es el Estado que sí, efectivamente, lo emplea mediante el distinto personal y recursos que tiene. Pero es el Estado y por eso debe estar en el cuerpo legal que es lo que este proyecto propone”, sostuvo Andrade quien ha asesorado el proyecto de Ley.

También aseguró que los estándares que se incluyen respecto al progresivo de la fuerza son los mismos estándares internacionales desde hace mucho tiempo. “El proyecto de Ley es necesario porque hay cierta dispersión normativa. “Está autorizado el uso progresivo de la fuerza para la Policía, en un código, mientras que para las Fuerzas Armadas no existe, mientras que el COIP tiene otros criterios que no necesariamente empatan. Lo que se busca es homogenizarlo”, indicó.

La normativa que será entregada esta tarde por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, propone también reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En ese sentido, según explica Andrade, el Eje de la reforma es fortalecer los mecanismos que permitan la cooperación entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Se entiende que las Fuerzas Armadas tienen su propia misión constitucional y la Policía Nacional de igual forma, pero ambas coinciden en que son instituciones protectoras de derechos y libertades, y que hay amenazas de origen transnacional en las cuales se requiere su cooperación”, aseguró.

Insistió en que la cooperación entre ambas instituciones es fundamental para la seguridad pública. “Ha sido en tiempos recientes un poco complicado que coordinen efectivamente, porque no había suficientes fundamentos legales para que esto fluya”, dijo.

Respecto al caso del policía Santiago Olmedo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó existen disposiciones legales de la Ley orgánica de Servicio Público para manejarlo. “Lo que vamos a hacer es garantizar mecanismos necesarios para que el Estado pueda asumir los honorarios de los abogados que van a realizar la defensa, que es la parte que la Ley no prevé”, dijo.

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“El objetivo es autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares, también reformará la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre la Policía y Fuerzas Armadas, sin esperar estados de excepción, sino en tiempo regular”, señaló.

Asimismo, dijo que la normativa busca asegurar que los servidores policiales tengan patrocinio legal cuando son sujetos de investigaciones. “Que no pase lo del cabo Santiago Olmedo que tiene que asumir el costo de su defensa. El estado asumirá el costo de la defensa de la policía y de los elementos de las Fuerzas Armada que resulten enjuiciados, en el cumplimiento de su deber”, afirmó el presidente.

También informó que este proyecto de Ley propone reformar el COIP y ordenar que existan investigaciones más diligentes. Explicó que se crea el delito de terrorismo en los centros de privación de libertad y que no será necesario que el juez notifique al sospechoso, disminuyendo así el peligro de fuga.

Además, sostuvo que el cuerpo legal tendrá disposiciones legales orientadas a reducir el hacinamiento y a fortalecer la gestión en los centros de privación de libertad.

Otras acciones inmediatas

Entre las acciones inmediatas dispuestas por Lasso, está el cambio del comandante General de la Policía. Lasso designó a Carlos Fernando Cabrera en reemplazo de Tannya Varela.

Asimismo, dispuso que el viceministro del Interior, Max Campos, se traslade a la ciudad de Guayaquil, específicamente al Cuartel Modelo, como centro de operaciones y “esté presente frente a hechos delincuenciales y tener una respuesta lo más rápida posible”.

Indicó que una de las primeras acciones a ejecutar y coordinar, por parte de Campos, es la presencia de 1.100 policías adicionales a los que existen en Guayaquil. Asimismo, deberá coordinar con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles.

Lasso informó que el ministro de Defensa, Luis Hernández, ya ordenó operativos para que los militares vigilen Guayaquil, desde las 17:00 de este domingo. También indicó que las Fuerzas Armadas fortalecerán aún más el control en el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o armas desde el sur.

Dijo tambien que las Fuerzas Armadas deberán robustecer los sistemas de control y trazabilidad sobre la producción de municiones y armas utilizadas en actos delincuenciales.

El mandatario también informó que dispuso 9 millones de dólares del Presupuesto General del Estado para que, inmediatamente, la Policía lo invierta en equipamiento, como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en Guayaquil.

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«Este tema requiere que muchas aristas se revisen antes de presentar la ley. Hay un proceso de socializaciones y reuniones con expertos en el tema y esperamos, en los próximos días, presentar la ley que se llamará de Defensa Pública. Además de esta ley, el presidente ha anunciado la posibilidad de presentar una consulta popular para reformar el sistema de justicia», anunció Bonilla en entrevista con KCH FM.

Pronunciamiento de la Fiscalía

Ante las expresiones de apoyo a Olmedo del presidente Guillermo Lasso; la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y la Policía Nacional, la Fiscalía respondió. «Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley”.

La institución indicó que trabaja con base en la normativa y persiguiendo delitos, no personas.

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En el primer punto de este apartado están “las amenazas a la seguridad de las naciones, como la pandemia originada por el coronavirus“. Se añade que esta pandemia no solo demanda servicios de seguridad ciudadana mientras dure la emergencia, sino también en el tiempo posterior.

Casi dos millones de dólares

El proceso de compras públicas para la compra de tanquetas antimotines fue lanzado por el Ministerio de Gobierno el 25 de agosto de 2020. El precio referencial de las tanquetas es USD 1.748.692.

El objetivo era adquirir cuatro vehículos blindados antimotines, tipo tanqueta, para el apoyo a la gestión de la Policía Nacional en las operaciones de control y restablecimiento del orden público.

La autorización para la compra la pidió Byron Vallejo, subsecretario de Policía, el 23 de agosto de 2020. Él también es el líder del proyecto Fortalecimiento de la Policía Nacional para Operaciones de Orden Público y Seguridad Ciudadana.

Según Vallejo, en un oficio dirigido a la ministra María Paula Romo, la adquisición de buses, camiones y blindados son parte del primer componente del proyecto que él lidera.

Con el visto bueno de Romo, el proceso se lanzó y se invitó a 240 proveedores locales para que presentaran sus ofertas, pero el Ministerio de Gobierno finalizó sin éxito el proceso contractual. Dos empresas nacionales manifestaron el interés de participar en el proceso. Sin embargo, los responsables administrativos y técnicos de la flota de vehículos de la Policía las descartaron.

De esta manera, la Cartera de Estado determinó que no hay producción nacional para los vehículos requeridos. Según la normativa, el camino que le queda a la Policía y al Ministerio es tramitar un certificado de no existencia de producción nacional y la autorización de contratación en el exterior.

La compra de tanquetas no es el único proceso de este tipo que el Ministerio de Gobierno impulsó durante la pandemia. También aparecen los procesos para la adquisición de material no letal para uso de la Policía Nacional. El primero se lanzó el 2 de junio de 2020 y el segundo el 2 de julio de 2020. Cada uno por un valor referencial de USD 2.742.680. El objetivo era la compra de granadas lacrimógenas triples.

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“La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes», enfatizó el canciller.

«Incluso bajo las difíciles condiciones en las que operó, la fuerza pública no empleó medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores. Por ello en el Ecuador no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública”, señaló.

El domingo 20 de octubre, la ONU envió un equipo de tres personas a Ecuador, en respuesta a la invitación formal del gobierno de Lenin Moreno. Esta misión investigó y analizó las denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos en las movilizaciones de ese mes.

El equipo permaneció en el país hasta el 8 de noviembre. Dialogó con representantes del oficialismo, dirigentes indígenas, representantes de la sociedad civil y líderes de opinión.

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«Con 5.000 o 10.000 policías en la calle, con 20.000 o 30.000 manifestantes en la calle también, es muy difícil que no haya excesos, pero los estamos investigando», aseguró Moreno, al tiempo que dijo que en el país se aplicó «de manera correcta el uso de la fuerza progresiva» durante los 12 días de protestas.

Según datos de Defensoría del Pueblo, las manifestaciones dejaron 11 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos.

Sobre el Paro Nacional

Además de su pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas, Moreno también se refirió a la intromisión de grupos en los días de paralización.

“Los manifestantes indígenas lastimosamente se vieron prostituidas por la intervención de grupos asalariados con otros propósitos, y dirigidos desde Venezuela, donde se quería dar la sensación de inestabilidad, de caos y con ello la pandilla de “Correa” pretendía salvarse de los innumerables juicios”, manifestó el mandatario para una cadena local de Madrid. 

Declaraciones en Madrid

En su visita a España, Moreno aclaró que no habría elecciones anticipadas en caso de no aprobarse el nuevo proyecto de ley tributaria que se discute en la Asamblea. Semanas atrás, los legisladores archivaron el proyecto de ley de crecimiento económico planteado por el Ejecutivo.

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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, «muchos de ellos arbitrariamente», según un comunicado del organismo publicado este viernes.

Organismos internacionales como la CIDH y la ONU enviaron misiones que investiguen y tomen testimonio de los actores de las protestas.

Desde el 02 de octubre, Ecuador salió a protestar por la derrogación de decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. El paro terminó el 14 de octubre con un diálogo entre la CONAIE y el gobierno.

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