»Mediante el uso legítimo de la fuerza personal policial abatió a un asaltante en el cantón Milagro, Guayas.», dice el comunicado de la institución en X.

Según los datos, los sujetos se movilizaban en moto durante el suceso y fueron interceptados por la Policía. En el hecho un uniformado también resultó herido, según el reporte de Primicias.

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En el documento se recalca que los servidores que causen daño en «cumplimiento de su deber legal», no podrán ser separados de la entidad, ni perderán sus derechos laborales. Si se comprueba que existió el uso arbitrario de la fuerza, el oficial podrá defenderse y tras investigaciones ser enjuiciado.

Por otro lado, en los centros de privación de libertad, los militares tienen la autorización de planificar y ejecutar operaciones de control. El Reglamento recalca que los uniformados actuarán dentro y fuera de las cárceles nacionales; además, que podrán hacerse presentes en cualquier momento.

Sobre la dotación y la materialización del acto ilícito

Los servidores de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen pueden tener, usar y portar equipamiento «para el cumplimiento de su misión». Asimismo, toda amenaza, peligro inminente, resistencia violenta o «acciones conducentes a agredir» a cualquier uniformado será considerada como un acto ilícito.

En este caso, se podrá someter al sospechoso con el fin de evitar atentados y daños a los servidores. Según el mandatario, es absurdo que el polícía deba esperar a que el delincuente le dispare o dispare a alguien más.

El documento

Este documento fue realizado por el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, SNAI y la Secretaría Jurídica de la presidencia. Dentro de este reglamento se incluyen instructivos para policías, militares y guías penitenciarios.

Lasso aseguró que ahora la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa los respalda. Sin embargo, en 2022 la Asamblea rechazó la ley porque sería autoritaria, violenta y desproporcionada. (DCJ)

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El Gobierno informó esto mediante un comunicado vía twitter. Allí menciona que esta objeción del presidente Guillermo Lasso responde «a la necesidad de garantizar el uso de la fuerza de los cuerpos militares y policiales». Esto, «sin que eso signifique el menoscabo a sus derechos».

Actualmente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuentan con 31 normativas directas e indirectas que controlan, regulan y garantizan sus actividades y derechos. Es decir, hay acuerdos ministeriales, resoluciones, reglamentos y leyes que amparan su accionar.

La Policía Nacional posee 13 cuerpos legales que de igual manera garantizan sus derechos, accionar y sobre todo, el uso de la fuerza. El 10 de julio de 2014 fue aprobado mediante acuerdo ministerial 4472 El Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional.

Uno de los puntos críticos es la ‘objeción de conciencia militar’ para el abogado y experto en DD.HH., Fernando Bastidas. Lasso pretende suprimir el artículo 19 que justifica incursiones militares, como situaciones que afecten el orden público. Pero más importante aún, que garantiza los derechos humanos.

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Para el ejecutivo, esto se justifica porque «las operaciones militares podrían verse afectadas y poner en riesgo la vida del personal». Según Lasso, esto implica que ningún soldado podrá negarse a órdenes superiores de este contexto y que en un caso de no serlo, la tropa sería procesada por sedición.

¿Fuerza pública para regular desobediencia civil?

Muchos opinan que no es del todo válida la justificación de Lasso para dejar sin regulación a la fuerza pública. Aseguran que el Gobierno busca nuevas competencias para las fuerzas del orden en casos de desobediencia civil.

El presidente intenta utilizar a las FF. AA. como grupo de apoyo en situaciones de emergencia. El Gobierno ya no necesitaría Estado de Excepción con el cambio del artículo 31 del veto. O sea, la ‘complementariedad’ cambia por el ‘apoyo’ militar a la Policía Nacional «durante crisis y graves alteraciones del orden».

Tras nueve días de finalizado el paro nacional surgió este veto presidencial que muchas organizaciones de DD.HH. tachan de autoritario, violento y desproporcionado desde la fuerza estatal.

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“No podemos mezclar los temas de movilización social con los de delincuencia común. Solicitamos eliminar los artículos 23, 24 y 25 que tienen que ver con la intervención de la movilización social”, dijo el jefe de bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe.

Añadió que la historia les ha enseñado que la excepción se terminó convirtiendo en la regla general. “Estamos trabajando una ley para controlar la delincuencia común, no estamos regulando la protesta social”.

En un comunicado, la bancada informó que los artículos mencionados “van en contraposición con los dispuesto en el artículo 98 de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos que, reconoce el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La propuesta de Pachakutik es crear un Comité que califique de resistencia y agresión.

«Se protege a los manifestantes», dice asambleísta Narváez

No obstante, en el debate del Pleno, uno de los legisladores dijo que el proyecto de ley cuida los intereses de los manifestantes. “La protesta social es un problema de orden público y debe ser conocida. Con la ley es un derecho protegido que se considera un acto lícito. Con el proyecto de ley se garantiza que el espacio público. En este proyecto se prohíbe la utilización de municiones cubiertas de caucho. Si la policía establece que hay conducta violenta, puede dispersar la protesta”, dijo el asambleísta Ramiro Narváez.

Por otro lado, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres anunció que la bancada a la que represente votará a favor de este proyecto de ley. «La bancada del PSC votará a favor de la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza. Hemos participado en su elaboración y se han acogido nuestras observaciones. Esta Ley servirá para que policías y militares tengan un mayor respaldo al enfrentarse a delincuentes». MIB

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