La alerta se sustenta en hechos concretos: tres profesores secuestrados en El Fortín (Guayaquil) al inicio del año lectivo Costa-Galápagos 2025-2026; un docente hallado sin vida en Machala; una maestra baleada dentro de un plantel en Esmeraldas; y un doble asesinato frente a la escuela César Andrade en Guayaquil el 9 de junio. «¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuánto más resistirá una comunidad abandonada por el Gobierno?», interpela el comunicado, acusando al Ejecutivo de Daniel Noboa de inacción ante la «desprotección sistemática».

Frente a la crisis, la UNE reveló haber implementado casas de seguridad, líneas telefónicas de auxilio y redes de apoyo psicológico en varias provincias, pero advirtió que las medidas son insuficientes. Exigió la declaratoria de «emergencia educativa«, un «Plan de Espacios Educativos Seguros» para los 200 días del ciclo lectivo y políticas de reinserción escolar, rechazando la normalización de la violencia.

Ministerio de Educación desmiente a la UNE

El Ministerio de Educación contraatacó tildando las denuncias de «afirmaciones falsas y exageradas» destinadas a generar «miedo y caos». En la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón), donde el 77% de los 18.000 docentes son mujeres, reconoció solo 28 casos de amenazas: 25 docentes trasladados por seguridad y 8 renuncias asociadas a inseguridad. Solo 4 de 649 escuelas operan en modalidad no presencial.

La cartera destacó su programa «Comunidades Educativas Seguras y Protectoras» (vigente desde 2024), que atiende a 500.000 estudiantes en zonas de riesgo y presume una reducción del 30% en alertas psicosociales. Mencionó el botón «Respo Educ» para emergencias, patrullajes conjuntos con Policía y FF.AA., y brigadas escolares. «La seguridad se construye con hechos, no con discursos», sentenció, acusando a «ciertos gremios» de usar «el temor como herramienta política» en un «grave error» que socava la estabilidad emocional de las escuelas.

El cruce de versiones expone la fractura entre el Estado y el magisterio en medio de una crisis de seguridad que ya penetra las aulas. Mientras la UNE reclama acciones urgentes ante cifras alarmantes, el Gobierno insiste en minimizar la gravedad y exhibe protocolos que, según docentes en terreno, son insuficientes.

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«Recibimos una denuncia ciudadana por parte de una señora que es parte de un grupo de transporte informal en Alangasí. Nos comentó que un agente de tránsito le estaba extorsionando a su grupo, pidiendo dinero para dar información de los operativos para alertarlas y que no salgan por el lugar», indicó Fernando Alvarez, director de Asuntos Internos de la AMT.

La AMT acudió con la Policía Judicial al Parque Central de Conocoto, donde el agente habría citado a la ciudadana para que le entregue USD 120 a cambio de información sobre los operativos. El hombre desde hace dos semana había empezado con este modus operandi en el sector, extorsionando a 10 personas. La policía judicial aprehendió al agente y lo llevó a Fiscalía para las denuncias correspondientes. La AMT seguirá un proceso disciplinario en contra de este miembro. Sospechan que el agente no trabajaba solo, por ello realizarán una investigación profunda al respecto.

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Quito, 23 jul (La Calle).- En Ecuador el delito de extorsión aumentó casi un 400% desde 2021, según datos que obtenidos por InSight Crime. Este aumento de casos se ha visto acompañado por el incremento de violencia cada vez más brutal e indiscriminada, Guayaquil y Quito registran los índices más altos.

«Y si no le pagan, le ponen una bomba, le disparan. Y esto está haciendo que la gente cierre los negocios», comentó Juan Jaramillo, experto en seguridad ecuatoriana y antiguo comandante de  la policía.

Tipos de Extorsión:

En Ecuador, la Policía Nacional reconoce cuatro tipo de extorsiones: virtual, común, sexual y vacuna. Cada una de ellas contribuye a diferente dinámicas del crimen organizado.

En los últimos años se registró un mayor aumento de casos de extorsión virtual. Este delito se caracteriza por la comunicación por llamadas telefónicas y mensajes amenazadores que comúnmente provienen directamente de prisiones.

La extorsión común se refiere a lo que se conoce como delitos de oportunidad. Estos incluyen delitos graves como el secuestro exprés, donde una persona secuestrada durante un breve periodo de tiempo se ve obligada a retirar o transferir dinero a los secuestradores.

Otro método en el que se ejecuta este tipo de extorsión es el robo de bienes como autos o motocicletas y luego se exige un pago por su devolución.

Una vacuna, termino proveniente de la zona ganadera de Colombia, donde las guerrillas izquierdistas extorsionaban a los ganaderos. Obligan a la victima a realizar pagos periódicos  o enfrentarse a daños físicos o materiales de sus negocios. Con un aumento de una cuarta parte, este tipo de extorsión es el más asociado con los grandes grupos criminales.

El único que a mostrado un descenso estadístico, es la extorsión sexual. Este delito  consiste en un chantaje a la victima con material intimo o sexual. Sin embargo es extremadamente difícil de rastreas con precisión debido a la sensibilidad del material.

La crisis de vacunas:

La mayoría de los casos de vacunas registrados proceden de territorios controlados por grandes grupos vinculados al narcotráfico como los Choneros, Lobos y Tiguerones.

Las vacunas han afectado severamente a la empresas y negocios ecuatorianos, pequeñas, medianas, multinacionales y distribuidoras.

En la mayoría de provincias, se ha convertido en algo sistemático. Por ejemplo Los Lobos en la Sierra, utilizan pegatinas para marcar los vehículos de transporte que han pagado, según informes policiales.

Debido a este delito se han visto cierres masivos de negocios, restaurantes y bares, afectando gravemente a la economía del país. 

La división de bandas

La mayoría de bandas de crimen organizado de Ecuador crecieron gracias a los beneficios del tráfico de cocaína.

Un importante proveedor de servicios para el narcotráfico era la banda Los Choneros. Sin embargo tras el asesinato del líder del grupo delictivo en 2020, esta se dividió en fracciones y fue atacada por grupos más pequeños que antes se encontraban bajo su control.

Los grupos más pequeños se han convertido hoy en respetados grupos delictivos, entre ellos Los Tiguerones y Los Lobos, con vínculos al narcotráfico. No obstante quedaron sin conexiones, infraestructura o conocimientos necesarios para seguir completamente  con el negocio del tráfico de drogas. 

Esto a causado que estas bandas estén recurriendo a la extorción para financiar sus gestiones y las guerras entre delincuentes.

La nueva dinámica de la cocaína

Expertos de seguridad y oficiales de la policía que fueron entrevistados por el medio InSight Crime, aseguran que los cambios en la dinámica del narcotráfico ha dejado a las bandas con menos ganancias. Esto contribuye directamente al aumento en el delito de extorsión.

El volumen de incautación de cocaína en Ecuador con destinos Estado Unidos ha disminuido drásticamente los últimos años. Esto demuestra la mejora de los esfuerzos de intercepción por parte de la policía.

A consecuencia de esto, el tráfico de cocaína a través de Ecuador se ha vuelto más difícil, más cara y menos rentable. Empujando a los grupos delictivos hacia otros mercado delictivos.

Un ciclo delictivo

La creciente inseguridad y violencia en Ecuador ha activado un ciclo delictivo que puede ser muy complicado de revertir. El resurgimiento del reclutamiento de menores, por parte de los grupo delictivos, en el último año también puede ser un causante de la creciente en los caso de extorsión.

La pobreza, la desigualdad y la violencia del día a día, influyen al reclutamiento de jóvenes vulnerables que buscan un sentimiento de pertenencia y estabilidad. A medida que el crimen organizado sigue creciendo se hace más fácil la expansión del mismo. Dando fácil acceso a las nuevas generaciones a armas, formación y modelos operativos delictivos. Otorgando una larga vida un ciclo de caos. (N.C)

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“Hay un tema muy grave  que está pasando la transportación. Nosotros tenemos temor. Nuestras operadoras están ‘vacunadas’, hay que elaborar una letra mensual o diaria para trabajar”, dijo Gómez en entrevista para Teleamazonas.

Asimismo aclaró que no tienen acuerdos con el actual gobierno, más bien detalló que a través de las mesas técnicas, la federación solo le exige al gobierno las responsabilidades que manda la Constitución. No obstante, denunció que las autoridades no tienen una hoja de ruta por lo que no existen resultados en el combate contra la inseguridad.

Por su parte el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció que ya se establecieron los primeros acuerdos con el sector de transporte. El gobierno dispuso incrementar los controles policiales y militares en tres de las rutas más sensibles: Pichincha-Santo Domingo, Santo Domingo-Los Ríos, Los Ríos-El Empalme y Mocache.

El funcionario resaltó que en el diálogo participaron todos los actores del transporte por lo que fue »sorpresiva» la decisión de la Fenacotip, organización que estuvo presente en mesas anteriores y se habría ausentado en la mesa solicitada por ellos mismo.

Por su parte, Gómez mencionó que estas medidas ya se habían aplicado anteriormente sin mayores resultados, pues los actos delictivos siguieron en ascenso.

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Señalan que las autoridades estatales «no hacen nada» y califican a los privados como «corresponsables» de la crisis en el sector. Exigen que tanto carreteras como puertos sean militarizados ante el insostenible abandono.

Los manifestantes cerraron el 12 de octubre la vía y bloquearon la salida de unos 500 cabezales de camiones en la Terminal de Puertos Privados de Guayaquil (TPG), a quien señalan como parte del problema.

La razón de la manifestación es la creciente amenaza de extorsiones que enfrentan los transportistas. El gremio reclama a los puertos privados por la falta de implementación de seguridad y largos tiempos de espera en cuanto a infraestructura, los cuales, señalan, «han llegado al límite».

Según el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) adoptado por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, toda instalación portuaria -ya sea de acceso por mar o tierra- debe estar vigilada y protegida por:

• alumbrado;
• guardias (incluido patrullaje a pie, motorizados y en embarcaciones);

• y, dispositivos automáticos de detección de intrusos y equipo de vigilancia (CCTV).

Los conductores explican que las normas -establecidas internacionalmente- no se están cumpliendo al pie de la letra, por lo que son víctimas de la inseguridad y falta de control que los públicos y privados deben garantizar.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se observaba a extorsionadores, conocidos como «vacunadores», exigiendo dinero a un conductor de tráiler que intentaba ingresar al Trinipuerto. Los antisociales están solicitando un pago de 20 dólares por cada ingreso a las terminales portuarias, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad de transportistas.

René Gómez, coordinador de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), expresó para Ecuavisa su inquietud por esta situación y señaló que la protesta no se limitará a Guayaquil. Los manifestantes exigen la militarización de los puertos y las carreteras como una medida de seguridad para poner fin a las extorsiones y garantizar la integridad de los conductores y sus cargas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó a una reunión con los manifestantes en el ECU 911 de Samborondón, pero los líderes de los transportistas anticiparon que no asistirán. En cambio, tienen previsto reunirse en Quito con representantes del sector empresarial para exponer su situación y esperan que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé la cara.

Félix Toala, miembro de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, representando al Guayas, explicó para TC Televisión que esta protesta es una medida preventiva que busca mayor seguridad en las carreteras y puertos, especialmente en el corredor Quito-Guayaquil. Advierte que si no se atienden sus demandas, el movimiento se replicará en otras ciudades.

El régimen planea reunirse con los transportistas. Sin embargo, los choferes han dejado en claro que comenzarán con las medidas de hecho y extenderán las protestas a nivel nacional si sus demandas no son satisfechas.

Foto: Referencial

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Según moradores del sector, fue un ataque perpetrado por extorsionadores que asaltaron al conductor y a los pasajeros. Se conoce que la cooperativa (línea 120) había recibido amenazas por parte de los vacunadores, pero los ciudadanos se habrían negado a pagar la extorsión, por lo que los antisociales lanzaron gasolina al vehículo y lo quemaron completamente.

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El hecho ocurrió la noche del 13 de septiembre entre la avenida Giovanný Calles y la Unión. En esta ocasión los sujetos decidieron grabar el atentado, mientras disparaban, uno de ellos gritó que esa era la »última advertencia».

El jefe de Operaciones del Distrito Calderón, mayor Santiago Yerovi, prefirió mantener la reserva del nombre del propietario del local por razones de seguridad. Al momento dos ciudadanos fueron aprehendidos y se decomisó un arma de fuego.

De igual manera, detalló que la Policía lleva a cabo el denominado »Plan antivacunas» en donde los uniformados mantienen contacto directo con los propietarios de diferente locales comerciales a través de un chat comunitario. También recalcó a la ciudadanía la importancia de denunciar las extorsiones.

Las ‘vacunas’ tienen muy preocupados a los dueños de locales comerciales, quienes temen por su vida. Los antisociales piden a los negocios una cantidad semanal de USD 60 o USD 10 mil como único pago. (AGM).

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Dos de los implicados se movilizaban en un camión que acaban de robar y los restantes iban en un auto que les servía como distractor. De acuerdo con las primeras versiones de los agentes, los antisociales luego de robar pedían un monto a cambio de lo que hurtaron.

En el momento de la detención, los oficiales encontraron dos armas de fuego con las que intimidaban a sus víctimas. El grupo delictivo pertenecería a los “Chonekillers” que están aliados con los “Aguilas”, según TC.

Pequeños negocios con vacunadores

La Federación de Comerciantes Minoristas del Guayas informó que al menos el 20% de los pequeños negocios de la provincia sufren extorsiones. Los delincuentes los amenazan con armas de fuego y explosivos.

Los extorsionadores piden USD 10 a bazares de barrio y USD 5 mil a grandes importadoras. Según el representante, Ernesto Toledo, los criminales hacen seguimiento del negocio, las ventas, la vida de los dueños y su familia.

La alternativa

Tras el miedo que vive la ciudadanía por la llegada de los vacunadores, varias familias han preferido cerrar sus negocios de manera definitiva. Sin embargo, otras realizan las ventas por entrega.

La situación de los “vacunas” llega a tal extremo que los dueños de negocios sienten que ya se trata de un “impuesto nuevo” que debe ser tomado en cuenta. El presidente de la federación ejemplificó como una ferretería de años tuvo que cerrar, ya que los montos que les pedían iban aumentando con el tiempo. (D.C.)

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Ernesto Toledo, presidente de la organización, dijo para diario El Universo que las «vacunas» se están volviendo frecuentes en algunos sectores comerciales y en los alrededores de Guayaquil.

Los extorsionadores arrebatan desde USD 10 semanales a bazares de barrio hasta USD 5 mil en grandes importadoras. Según el representante, los criminales hacen seguimiento del negocio, las ventas, la vida de los dueños y su familia.

Familias han decidido cerrar sus negocios definitivamente, mientras otras realizan las ventas por entrega. La situación de los «vacunadores» llega a tal extremo que los dueños de negocios sienten que ya se trata de un «impuesto nuevo» que debe ser tomado en cuenta al finalizar el mes o la semana.

Testimonios

Toledo relató para el medio que uno de los grandes comerciantes de la Bahía huyó de la localidad y dejó encargado de su negocio a una persona. Los delincuentes «pedían USD 5 mil de entrada y USD 5 mil mensuales» y si no pagaba su familia sería asesinada.

Otra familia que era dueña de una ferretería de años tuvo que cerrar debido a la llegada de los «vacunadores». Al principio los montos eran pequeños, pero fueron aumentando con el tiempo.

La dueña de un bazar atiende de forma interrumpida ya que trata de esquivar a los antisociales. Cada semana sujetos desconocidos le exigen una cuota.

La situación ha causado un desabastecimiento en ciertas localidades donde las distribuidoras han decidido no operar por precaución.

Los últimos atentados a locales comerciales el 14 de abril dejaron con mucho pánico a los ciudadanos. Aquellos locales que fueron víctimas no han abierto desde entonces.

Existen muchísimos testimonios. Las víctimas no saben qué hacer: si deciden abrir sus negocios, los «vacunan»; si no lo hacen pierden su sustento de cada día. Algunos se mudan del sector, otros huyen.

Decisiones

La Federación se encuentra en reuniones para solicitar al Gobierno Nacional que tome acciones frente a la ola de inseguridad en las calles, puertos y barrios del Guayas.

El 12 de abril hubo una marcha de pequeños comerciantes por la calle Ayacuhco, en la Bahía. Los manifestantes exigían al Gobierno -a través del la Gobernación del Guayas- el control de la situación.

La Gobernación del Guayas informó que tomaría medidas frente al pedido de la ciudadanía. Se ofreció gestión para que exista mayor patrullaje y presencia policial, aplicación de botones de pánico y coordinación con la empresa privada para la reactivación y potenciación de una UPC en la zona que actualmente está en desuso.

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Según un reportaje de Ecuavisa, los moradores están atemorizados por la llegada de los «vacunadores» que amenazan a los dueños de locales comerciales.

Los ciudadanos relatan que los antisociales se hacen pasar por clientes para ingresar a sus establecimientos y amedrentarlos. Asimismo, suelen dejar mensajes de alerta en los que exigen dinero a cambio de no afectar su integridad y la de su familia.

Testimonios

Una víctima explicó para el medio que los extorsionadores piden USD 300. En caso de «pagar», entrará en el grupo de «enemigo» para después tomar represalias. Los sujetos presumen que conocen datos de los amenazados para consumar el delito.

En otro caso, el propietario de un establecimiento comercial dijo que desconocidos suelen pasar en motocicleta gritando: «ya mismo te toca».

Por el barrio, los habitantes han recogido hojas que supuestamente señalan las bandas delictivas que operan en la capital.

Medidas

Los moradores han optado por cerrar definitivamente sus negocios, mientras que otros como medida de precaución cierran más temprano. En todo caso, las ventas han bajado afectando su nivel económico.

La gente teme denunciar debido a represalias por parte de los «vacunadores». Sin embargo, aseguran que la Policía Nacional conoce la situación que atraviesa el sector.

Los uniformados tienen su versión. Ellos afirman que han aumentado los patrullajes y han instalado botones de pánico para que las personas alerten.

Más barrios sufren…

Tanto el norte como el sur y el centro de Quito padecen esta pandemia delincuencial. Los últimos reportes de prensa indican los barrios de San Blas, Carapungo, Carcelén y Cotocollao se han visto afectados.

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El hecho ocurrió la madrugada del 6 de abril en la Avenida Casuarina. La explosión habría alertados a los uniformados, quienes patrullaban una calles más adelante por la “entrada de la ocho”, reportó Ecuavisa.

Una cámara de seguridad captó el momento que los sujetos llegaron en una motocicleta y lanzaron el explosivo. Los informes policiales confirmaron que los mayores daños fueron provocados al área de las farmacias.

Al momento no hay reporte de personas heridas por este incidente. Cabe recalcar que la zona de la Causarina tiene gran impacto delincuencial en la Perla del Pacífico.

Estado de excepción

El 1 de abril el  presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.

Además, estableció que el toque de queda sea de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La declaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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Hasta el momento no se reportan muertos o heridos. Sin embargo, el estallido dejó cientos de pérdidas materiales en el hotel.

Un video de seguridad captó el momento en el que la alarma del hotel se activó y los vidrios de la puerta de la entrada principal explotaron. La Policía Nacional se trasladó al lugar para evaluar los daños e iniciar con las investigaciones previas.

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El convenio firmado en 2022 pretendía la instalación de la fábrica. Además, de que en este lugar se pudiera realizar ensayos clínicos, transferencia tecnológica y capacitación. Se suponía que la inversión inicial era de  USD 50 millones.

El ministro afirmó que, desde el Ministerio de Salud, las negociaciones no han continuado.

La administración anterior

En el momento que se firmó el contrato, la exministra de salud, Ximena Garzón, dijo: «El Ecuador como ustedes están siendo testigos el día de hoy, ha sido priorizado para la construcción de una fábrica de vacunas contra SARS COV2, y no solamente para la COVID-19, sino para la producción de vacunas del cuadro regular nacional de vacunación”.

Desde entonces se planteó que con el pasar de los meses se realizarían los estudios económicos, técnicos y de validación científica para la implementación de la planta productora de vacunas.

Las alternativas

Al inicio del proyecto se planteó que las mejores opciones para construir la fábrica, serían Quito y Guayaquil.

Uno de los lugares con mayor potencial fue Pifo, puesto que el predio contaba con servicios básicos. Así, el lunes 21 de marzo del 2022 representantes del laboratorio Sinovac y autoridades del Ministerio de Salud Pública recorrieron el sector.

También se tomó en cuenta lugares en Guayaquil, como dos terrenos que le pertenecen al del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi).

Promesa sin cumplirse

Al paso de un año, Ruales señaló que, el acuerdo fue estudiar las alternativas, definir los mecanismos, establecer los plazos y las condiciones tanto del fabricante como del Gobierno para la compra de vacunas.

Sin embargo, en ese momento el gobierno de Lasso junto al Ministerio de Salud, aplaudían la propuesta. El mérito se llevaba la visita del presidente de Ecuador Guillermo Lasso a China, e indicaba el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países. (D.C.)

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El 10 de enero del 2023 se reportó el primer caso de gripe aviar en Ecuador. Se trata de una niña de 9 años de la provincia de Bolívar que se contagió al haber estado en contacto con un ave enferma. Hasta la fecha, casi 1,2 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas en el país.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el contagio de esta enfermedad se da por contacto directo con un ave de corral que posee el virus. Por esa razón, desde esa entidad se han realizado acciones de vacunación en población de riesgo y a personas en contacto con aves de corral.

El MSP y Agrocalidad, afirmaron que el virus no se ha registrado en ningún otro humano hasta el último cerco epidemológico que ejecutaron. Pero, si se detectaron brotes en animales de corral en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Ante la situación, las entidades recomiendan fortalecer las medidas de bioseguridad como lavado de manos y vacunación.

4 millones de vacunas para Ecuador

El MSP y Agrocalidad confirmaron, el 24 de febrero, la llegada de cuatro millones de dosis de vacunas destinadas a la población animal. Durante una primera fase, las dosis llegarán a las granjas donde se registraron los casos de contagio. Una semana después se continuarán con otros sitios de cría de aves de corral que hayan implementado medidas de bioseguridad.

Mediante un comunicado, Agrocalidad aseguró que la vacuna es segura y no implica ningún riesgo para los seres humanos. Además, consideran que la implementación de la medida contribuirá a disminuir del 80% al 40% de la tasa de mortalidad de aves infectadas.

Alerta en LATAM

Argentina, Uruguay y Ecuador decretaron emergencia sanitaria en los últimos días, a fin de prevenir una expansión de la enfermedad. Otros países han reforzado la vigilancia. El 23 de febrero, Guatemala declaró el estado de emergencia tras confirmar la presencia del virus en pelícanos, según fuentes oficiales.

La enfermedad, que es más común en aves, sigue siendo poco habitual en humanos. «Pero no podemos asumir que siempre será así, debemos prepararnos para cualquier cambio de situación«, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (MJ)

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Cientos de migrantes, entre ello ecuatorianos, están varados en la Tapachula, límite de México con Guatemala. Esto, debido a que autoridades de ese país otorgan documentos que le permiten permanecer en el estado de Chiapas, pero no les permite avanzar hacía el norte.

La migrante ecuatoriana Aurora Jayak, comerciante de frutas, viajó para huir de las mafias y la inseguridad que azota al país. Sin embargo, al llegar a la frontera con México no encontró las condiciones necesarias para trabajar y aún espera agilizar los trámites migratorios.

«No arriesguen sus vidas porque llegar a Estados Unidos no es tan fácil como lo cuentan. Los migrantes no se pueden mover de Tapachula y los que logran cruzar caminando se demoran días», mencionó.

Jayak salió del país con USD 1.500 que se le terminó por acceder a los extorsiones de la Policía en los países que atravesó. Además, aseguró que pese a las condiciones en las que se encuentra no pretende regresar a Ecuador.

Algo similar ocurrió con María Fernanda. Era vendedora ambulante en los semáforos de Ecuador, pero la pandemia por la Covid-19 empeoró su situación. Al igual que Jayak, María Fernanda fue víctima de las extorsiones de pandillas, según Ecuavisa.

«Nosotros estamos durmiendo en la calle, no tenemos nada, ni cobijas, ropa; aquí nos cierran las puertas y no tenemos nada de comida», enfatizó.

Otra ruta para llegar a EE.UU.

Ecuador superó a Venezuela en el número migrantes que atravesaron el Topón de Darién, en Panamá durante enero del 2023. Alrededor de 6.352 ecuatorianos cruzaron esta frontera, a comparación de Venezuela que registra la salida de 2.336 migrantes.

Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, la lista la encabeza Haití, país con 10.222 migrantes registrados. En segundo lugar, está Ecuador, luego Venezuela, Chile y China. La crisis económica y la inseguridad serían las principales causas para que los compatriotas busquen mejores oportunidades.

En 2022, se reportó que más de 228 mil migrantes irregulares cruzaron el Topón del Darién. En este caso sobresalía Venezuela con 148.93 migrantes y Ecuador con 21.535. Actualmente el país sufre su segunda ola migratoria en lo que va del siglo XXI. (N.J.C)

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Información oficial reveló que la cifra es la más alta en el país en los últimos 13 años. En 2010, la cantidad fue de 61; en tanto, la más baja se registró en 2015 con 12 casos.

La mayoría de asesinados son hombres menores a 40 años

Según la Policía, el 89% (143 personas) de las víctimas fallecieron a causa de violencia criminal. El resto 9% (14) corresponde a violencia interpersonal y 2% (4) murió por violencia sociopolítica.

En el informe se expone que de las 161 muertes, 9 eran mujeres y el resto hombres; 147 eran ecuatorianos y 14 extranjeros; y 107 tenía un promedio de edad entre los 20 y 39 años. Mientras que el número de fallecidos menores a 20 años ascendió a 19.

En la denominada Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se registraron, 161 asesinatos, el 61 % más que el año pasado que registró 100 muertes violentas.

El crimen migra con el paso de los meses

El año pasado el distrito con más muertes violentas fue Durán que en sus primeros 30 días llegaba a 18 muertos. Sin embargo, en esta misma zona se contabilizan seis casos en enero. Aparentemente, esto confirma la hipótesis de que los delitos causados por el crimen organizado migra hacia otras zonas en disputa.

De acuerdo con esa información, los 15 recientes asesinatos en la localidad de Monte Sinaí sugieren que este punto es un nuevo epicentro de la violencia.

¿Cúantos casos de los 161 han sido resueltos?

Según información oficial, tres casos se han resuelto en lo que va del año. En tanto, los 158 restantes se encuntran en procesos de investigación.

Las estadísticas indican que cada día 5,3 ciudadanos ecuatorianos mueren violentamente en los cantones antes mencionados.

El balance revela que la localidad de Nueva Prosperina cuenta con 52 casos en el mes de enero, es decir, 38 muertes más que en 2022. La lista continúa con el distrito Sur con 21, Florida con 19 casos y Portete y Pascuales con 15. Esteros registra la cifra de 10 casos.

El delito de extorsión vinculado a casos de muertes violentas

Pequeños y medianos comerciantes se han convertido en blanco principal de extorsionadores. Estos exigen las denominadas «vacunas». La negativa a pagar las cantidades de dinero solicitadas, es el principal detonante de crimenes que acaban en asesinato.

En este contexto, la lista de muertes violentas recientes ocurrieron a mediados del mes. Las seis víctimas eran conductores de moto lineal en la avenida Casuarina. Según testimonios, todos estaban relacionados al tráfico de sustancias.

Se suma la muerte de una mujer que atendía una farmacia. El asesinato se consumo ante la negativa de la ciudadana a pagar la «vacuna».

JR

La entrada El enero más violento de los últimos 13 años en Ecuador se publicó primero en La Calle.

Juan Zapata, ministro del Interior, aseguró que los detenidos estarían detrás de los siguientes delitos: atentados terroristas con artefactos explosivos en gasolineras (hechos que se remontan al pasado 3 de noviembre), robo de vehículos, robo en ejes viales, porte de armas y tráfico ilícito de drogas, extorsión, secuestro e intimidación.

¿Cuál era el rol del oficial de policía vinculado a estos presuntos grupos delincuenciales?

El oficial de Policía en servicio activo, presuntamente asociado a estos grupos criminales, alertaba de las operaciones que iba a ejecutar la institución policial. Aparentemente, su rango de comandante de distrito en Buena Fe (en la provincia de Los Ríos), le permitía acceder a esa información.

Estos hechos delictivos se ejecutaban principalmente en Los Ríos (por tráfico de drogas, extorsión y sicariato), Manabí (por microtráfico, secuestro extorsivo y terrorismo) y Santo Domingo de los Tsáchilas (por presuntos delitos de extorsión y ‘vacunas’).

El ministro Juan Zapata solicitó a la Asamblea reformas al régimen disciplinario para que haya agilidad para dar de baja a los malos efectivos de la Policía Nacional.

¿Cómo operaban los implicados?

Según Fausto Salinas, comandante de la Policía, el modo en que operaban esas organizaciones delictivas era a través de la identificación de personas de estatus económicos altos. Posteriormente, las secuestraban a cambio de dinero para liberarlas.

Los 21 detenidos son ecuatorianos, y 16 poseen antecedentes penales por robo, tráfico ilícito de drogas, extorsión, posesión de armas, entre otros.

Según la información publicada por Policía Nacional, en el operativo se incautó 4 armas de fuego, 145 municiones, 5 vehículos, 5 motos, 3 alimentadoras, 20 terminales móviles, un chaleco antibalas con logotipo policial, dinero en efectivo, una radio Motorola y estupefacientes.

JR

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Esta nueva disposición modifica algunos artículos del Código Integral Penal (COIP) y las sanciones por delitos de intimidación, robo o prevaricato.

Además, la nueva ley modifica nueve cuerpos legales, entre ellos:

• Ley de Seguridad Pública y del Estado;
• Ley de Defensa Nacional;
• Código Orgánico Integral Penal (COIP);
• Código de la Niñez y Adolescencia;
• Ley Orgánica de Extinción del Dominio;
• Código Orgánico de la Función Judicial;
• Ley Orgánica del Servicio Público;
• Ley de Telecomunicaciones; y,
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP)

La primera modificación se realizó en el artículo 185 del COIP. En este apartado, al delito de extorsión se agrega el agravante de las vacunas. Con esta nueva orden este delito podrá ser sancionado con hasta 80 salarios básicos. Es decir, con la suma de USD 34 mil.

Los menores de edad en la mira…

También el artículo 369 cambió. Ahora, esta sección incluye el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por este caso, los implicados podrían recibir entre 10 y 13 años de prisión.

Entre los delitos se incluyen: delitos contra la propiedad privada, la vida, la integridad sexual y reproductiva, sicariato, extorsión robo o terrorismo.

Beneficios según Narváez

El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, aseguró que entre los beneficios que otorga esta ley están:

• Fortalecer las capacidades institucionales del Estado;
• Coordinación de las instituciones estatales para que logren cumplir su misión;
• Fortalecer la seguridad del Estado;
• Rediseñar el sistema de rehabilitación social; y,   
• Establecer la institucionalización de la política criminal (N.J.C)

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“A mi no me interesa que graben”, dijo un de los individuos en el vídeo difundido en redes sociales.

En las imágenes se puede observar a los dos sujetos con casco frente al local. Se escucha el llanto de un niño al fondo. Mientras tanto, los individuos amenazan a la mujer sin importarles que les estuvieran grabando y al no lograr nada se van del sitio.

Las vacunas extorsivas

Desde enero del 2022, cientos de ecuatorianos han denunciado en redes sociales esta nueva modalidad de extorsión. La vacuna consiste en un pago extorsivo que exigen las bandas criminales a negocios comerciales para “garantizar su protección y seguridad”.

Si los ciudadanos se niegan a realizar este pago son víctimas de amenazas. En este caso, los delincuentes colocan bombas y disparan fuera del local comercial. En el caso más extremo atentan contra la vida de la persona. (A.G.M)

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En el video se observa a varios uniformados que capturan a tres sujetos en las avenidas Machala y Flavio Alfaro, cerca del redondel. Los antisociales dicen que «están haciendo nada», mientras los moradores gritan «toda la gente ve que están amenazando».

Los delitos de extorsión han incrementado en todos los rincones del Ecuador. Sin embargo, las «vacunas», como también se conocen, se registraban en mayor cantidad en las provincias costeras como Guayas y Esmeraldas.

Los cantones del Guayas, sobre todo Guayaquil, reportan extorsiones a diario por parte de las bandas criminales. Asimismo, los esmeraldeños sufren de este problema. Desde negocios hasta escuelas denuncian que son intimidados por antisociales. Los cobros ilegales van desde USD 20 hasta USD 60, dependiendo del establecimiento.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri precisó en una rueda de prensa que hasta los niños estudiantes deben pagar «vacunas» en las afueras de las unidades educativas. La situación es alarmante. Nadie se salva, desde niños hasta los pobres en las periferias suburbanas, según un reportaje de la BBC.

Por otro lado, en Quevedo, provincia de Los Ríos, la gente denuncia que los vacunadores cobran USD 1 por casa para no sufrir las consecuencias de los grupos narcodelictivos, recoge un reportaje de diario La Hora.

¿Quito es la siguiente víctima?

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