Sin embargo, diversos sectores sociales y críticos han expresado preocupación por los vacíos que presenta la Ley de Integridad Pública, especialmente en lo relacionado con mecanismos de control ciudadano, sanciones efectivas y la independencia de los organismos fiscalizadores.

¿Reforma o Riesgo?

Ante la recién aprobada Ley de Integridad Pública, se evidencian una serie de reformas que, en teoría, buscan fortalecer la ética y la eficiencia en la gestión estatal. Sin embargo, su contenido abre el debate sobre varios ejes sensibles que no han sido suficientemente cuestionados. Más allá del discurso anticorrupción, la normativa introduce cambios que podrían poner en riesgo pilares fundamentales del sector público y del funcionamiento institucional del Estado.

Garantías laborales en cuerda floja

Tras su aprobación, el sector público enfrenta la aplicación de evaluaciones de desempeño que, aunque buscan mejorar la eficiencia, carecen de criterios técnicos claros y de mecanismos efectivos para garantizar la defensa de los trabajadores. Esta ausencia de garantías puede convertirse en un pretexto para justificar despidos arbitrarios y la precarización laboral. Durante años, los servidores públicos han gozado de estabilidad y beneficios colectivos que hoy están en riesgo.

La reforma plantea un modelo en el que el concepto de “integridad” podría ser utilizado para legitimar purgas internas y restringir el derecho a la negociación colectiva, afectando especialmente a sectores vitales como salud, educación y justicia. En este contexto, la incertidumbre crece y la confianza de los empleados públicos en el sistema se ve gravemente afectada.

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Banco Central en la mira

El fondo de esta discusión, llamada “coordinación” entre el Gobierno y el Banco Central del Ecuador (BCE), se establece con la nueva ley. Aunque menciona que esta medida busca que las decisiones económicas estén mejor alineadas, expertos advierten que esto podría afectar la independencia del Banco Central, una institución clave para cuidar la economía del país.

Cuando el BCE es autónomo, puede tomar decisiones importantes como manejar las reservas de dinero del país, controlar la cantidad de dinero que circula o decidir sobre el dinero electrónico sin presiones del Estado, pero al no haber límites claros en esta ley, existe el riesgo de que el poder político se meta en temas que deberían ser técnicos, generando desconfianza para los ecuatorianos en subir los precios o desestabilizar la economía de futuras generaciones.

El BID y las condiciones que no se cuentan

La ejecución de proyectos energéticos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a la transición hacia fuentes renovables. Aunque la iniciativa es presentada como un avance hacia la sostenibilidad, existe preocupación por la falta de transparencia en los términos de estos créditos multilaterales. Hay que recordar que el BID suele imponer condiciones que facilitan la participación privada en sectores estratégicos, lo que puede derivar en una privatización encubierta de la matriz energética.

Además, el endeudamiento necesario para financiar estos proyectos puede afectar la estabilidad fiscal y económica del país, generando una dependencia que compromete la soberanía energética.

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En conclusión, aunque el gobierno muestra la Ley de Integridad Pública como un gran avance hacia la transparencia, existen varios puntos poco claros y consecuencias que visibilizan un cambio profundo en cómo funciona el Estado, este cambio puede deteriorar seriamente los empleos públicos, la economía del país y el control que deben tener las instituciones.

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Según la información de la Asamblea, la mesa parlamentaria de Régimen Económico tiene 52 proyectos de ley acumulados para revisión. 29 proyectos para conocimiento, 22 a la espera del informe de primer debate y uno para la construcción del informe de segundo debate. Entre esos cuerpos normativos están: Proyecto de Ley Orgànica Reformatoria a varios cuerpos legales para garantizar el alivio financiero a los deudores de la banca pública. Proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional, Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito; y, Casas Comerciales Acreditadas en el País. También un proyecto para establecer rentas del Estado a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua y Santo Domingo por la venta de energía eléctrica.

En el caso de Desarrollo Económico, los proyectos suman 51, de los cuales, 13 todavía no son avocados, 35 están a la esperanza de informe del primer debate y 3 esperan el informe para segundo debate. Proyectos como: Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público de energía eléctrica para superar la emergencia eléctrica, Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos para el Control de la Seguridad Jurídica en los Contratos Petroleros, Ley de Economía Naranja, entre otras.

A poco más de un mes para que este período legislativo culmine sus labores, las comisiones continúan su trabajo de fiscalización y legislación. En el período 2023 – 2025, se aprobaron 55 leyes.

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Con 87 votos afirmativos, 37 negativos y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no acatar la orden del juez Edgar Salazar para retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, se solicitará al Comité de Ética que inicie procedimientos administrativos contra Inés Alarcón y Xavier Jurado.

“Vamos a accionar contra los asambleístas que no acaten la acción de protección”, dijo la asambleísta Valentina Centeno, quien a su vez resaltó que el incumplimiento de la decisión judicial podría desembocar en una destitución.

Los juicios políticos en contra del exministro de Economía, Pablo Arosemena; la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo; y el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, fueron archivados debido al retiro de firmas de respaldo a estos procesos impulsados por el oficialismo.

Esta acción adelantó las diligencias en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. La legisladora Centeno aclaró que »bajo ningún concepto» esta acción de protección busca que no se fiscalice el trabajo de los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección para retomar estos juicios políticos, argumentó que existió una vulneración de derechos y que nunca le llegó la notificación del retiro de firmas.

El oficialismo se queda solo

El pasado 22 de agosto el secretaria de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que el órgano Legislativo no acatará dicha sentencia. Asimismo calificó a esta decisión judicial como un hecho de »corrupción» y desde el Parlamento solicitarán la destitución del juez Edgar Salazar, quien admitió la acción de protección de Inés Alarcón.

El funcionario aclaró que no pueden acatar esta resolución ya que estarían incumpliendo una sentencia aún mayor de la Corte Constitucional, que manifiesta que la justicia no debe ser tomada para resolver conflictos de naturaleza política. Ante estas declaraciones, el oficialismo interpuso una demanda contra Muñoz por el presunto delito de usurpación de funciones.

El Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye expresaron su respaldo al Secretario del Legislativo. La parlamentaria Paola Cabezas señaló que solo la Corte Constitucional puede destituir a una asambleísta, más no el poder judicial. (AGM).

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»Hoy me acabo de enterar que ya no tengo secretario ni prosecretario de la comisión que presido. Cuando acaben ese tipo de acciones, de desvincular a la gente de confianza con la que trabajamos, ahí nos sentaremos a dialogar», dijo la legisladora, Valentina Centeno.

Anteriormente, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló que Kronfle reemplazó a los secretarios de las mesas parlamentarias que está al mando de los legisladores de la bancada oficialista.

»Actuó de manera insólita al desvincular a 40 funcionarios que trabajaban en las cinco comisiones presididas por la bancada oficialista», destacó.

Por su parte, el titular del Legislativo indicó que así como el gobierno dice que está en su derecho y potestad de remover al comandante de la Escolta Legislativa, él también tiene la facultad de hacer lo mismo con las secretarías de las comisiones según lo establece la normativa.

CAL analiza sanción

Centeno señaló que la legisladora Gissella Molina la denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por mal uso de las instalaciones del Parlamento por lo que podría enfrentar 30 días de suspensión.

»Mi defensa será en torno a decir la verdad. Hay libertad de expresión para unos que vienen aquí a decir groserías en contra del Presidente y su familia y ahí si aplauden, pero cuando la jefa de la bancada de gobierno dice la verdad la quieren sancionar», resaltó. (AGM).

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Según argumentó Guarderas, la funcionaria hizo campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, del 3 de enero al 2 de febrero del 2023. Este sería el segundo juicio electoral interpuesto por el consejero, luego de la demanda al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por proselitismo político.

Ella no sería la única en la lista, pues el vocal señaló que tomó tres de los casos »más descarados» de los comicios electorales del año pasado para interponer una demanda ante el TCE. La acusación también pesa sobre Guillermo Churuchumbi, actual dirigente de Pachakutik y excandidato a la Alcaldía de Cayambe; y Francisco Suárez, excandidato a la Prefectura de Tungurahua.

La evidencia presentada serán vídeos difundidos en redes sociales y una pericia comunicacional que expondría que »Abad no estaba opinando sobre el futuro de Cuenca sino pidiendo votos».

¿Y Noboa?

El CNE determinó que el período para la campaña para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 sea del 13 de julio al 17 de agosto. No obstante, las redes sociales revelan que el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y otros legisladores de la bancada oficialista, realizaron campaña antes del plazo determinado.

Asimismo, del 7 al 18 de abril del 2024 era el período de campaña por la Consulta Popular y el Referéndum, sin embargo, el Ejecutivo no respetó el cronograma. El mandatario no desperdició su intervención en diferentes eventos gubernamentales para hacer campaña por el SÍ. En la mayoría de sus discursos el mandatario resaltó el rol de sus opositores y su intento de afectar la Consulta Popular, en ese momento invitaba a la ciudadanía a votar once veces SÍ.

Pese a las claras evidencias, Guarderas señaló en entrevista para Ecuavisa que no demandará al jefe de Estado porque él »no es el CNE y no le compete enjuiciar a todos», en ese sentido admitió que el excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) también hizo precampaña. Más adelante en una rueda de prensa señaló que no descarta una denuncia al presidente Noboa y aclaró que no lo ha hecho porque »las pruebas no son tan fáciles de detectar». (AGM).

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La primera es llevar el discurso por esta línea fue la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien en entrevista dijo que estos «escándalos» lo realizan partidos políticos a raíz de la Consulta Popular. «Nosotros sabemos precisamente que no es una protesta de comuneros. Escuché hasta por los acentos a extranjeros protestando (…) Nos estamos dando cuenta que se están sobredimensionando las cosas”, dijo en Ecuavisa.

La asambleísta y jefe de la bancada oficialista, Valentina Centeno también salió en defensa de Noboa y su esposa. «Es un tema eminentemente político. Estamos hablando de un proyecto privado, un proyecto que cumple todos los procedimientos, los requisitos, que no afecta a áreas protegidas, tampoco afecta a manglares y es de bajo impacto ambiental. Es un ataque sistemático en contra de la imagen del presidente», expresó en Teleamazonas.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, también apareció en Radio Centro para hablar del asunto. «¿Quiénes son los que han llamado a la Asamblea a la ministra Sade, al ministro Luque ¿Quipenes son los que han desprestigiado por todos los mecanismos y los canales que tiene? Son organizaciones políticas que están tratando de ganar su tajada. porque tiene claro que para llegar a 2025 con cierta base electoral es a través de deslegitimar a un presidente que tiene la aprobación de la mayoría de la ciudadanía». (MIB)

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“Ahora sí vamos a farrear”, dijo el jefe de Estado tras la aprobación de la Ley de Turismo, su quinta ley de carácter económico urgente. También agradeció a los viejos políticos por “ser tan obvios”.

Con 83 votos a favor por parte de Construye, Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada oficialista, el quinto proyecto de ley enviado por el Ejecutivo fue aprobado. Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana emitió 46 votos en contra con la excepción de siete asambleístas: Pierina Correa, Pamela Aguirre, Henry Bosques, Johanna Ortiz, Xavier Jurado, Milton Aguas y Marcela Holguín.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), resaltó la urgencia de la reactivación turística para mejorar la situación del país, por ende, señaló que es necesario incorporar alivios financieros para este sector.

Del otro lado, el asambleísta Blasco Luna (RC) señaló que solo el 20% del proyecto de ley se enfoca en artículos relacionados al turismo. También manifestó que el informe final fue enviado cinco minutos antes de ser aprobado en la comisión. Cuestionó los nuevos incentivos tributarios dirigidos a los grandes grupos económicos.

La ley incorpora artículos como la condonación de deudas de operadores turísticos, exoneración de impuestos para artistas internacionales, eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para aerolíneas, entre otras propuestas.

La Proforma Presupuestaria

El gobierno de Noboa aún mantiene un preocupación sobre los hombros, pues la Asamblea no aprobó la moción de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, para aprobar el Presupuesto General del Estado 2024.

Por el contrario, con 73 votos a favor el Pleno del Legislativo aprobó el informe de minoría presentado por el asambleísta Jorge Álvarez, en donde se realiza algunas observaciones al PGE 2024. Además se estableció un plazo de 10 días al Ejecutivo para corregir los presupuestos que fueron disminuidos para ciertos sectores como la salud y la educación.

Asimismo se pidió incluir en la proforma los recursos provenientes del Incremento del 12% al 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como las contribuciones especiales que son parte de la Ley para el Financiamiento del Conflicto Armado Interno. (AGM).

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»Nos enviaron el informe a las 16h36 y son las 16h43. Yo creo que ni el que tiene mayor capacidad de lectura puede leer alrededor de 500 páginas que tiene el informe», dijo el asambleísta y vicepresidente de la Comisión, Blasco Luna.

Agregó que era necesario que la mesa parlamentaria pueda debatir y analizar este documento que habría tenido cambios a última hora con artículos que no tenían relación con la reactivación turística. En este sentido, él junto a sus compañeros de bancada Lenin Lara y Katiuska Miranda votaron en contra.

El informe llegará al Pleno Legislativo el próximo 21 de marzo a las 17h45 e incorpora artículos como la condonación de deudas de operadores turísticos, exoneración de impuestos para artistas internacionales, eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para aerolíneas, entre otras propuestas.

El informe borrador también planteaba que los recursos del Fondo de Reconstrucción Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016, se usen para la ejecución de nuevos proyectos destinados a la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas.

»Un shampoo de ley»

En el primer debate legislativo, la asambleísta Esther Cuesta señaló que esta propuesta debió tratarse de manera ordinaria, pues no cumple con los estándares para ser tratada de forma urgente. Por otro lado, calificó a la ley como a un ”shampoo mal hecho” que debió ser arreglado por la Comisión de Desarrollo Económico.

También enfatizó que la ley impulsada por el mandatario busca incorporar otros temas ajenos al sector turístico con artículos positivos para obtener votos. La legisladora propuso que en el segundo debate se vote en bloques. (AGM).

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El Legislativo alcanzó 83 votos para oponerse a este incremento, pero no solicitaron el archivo de la alternativa. De otro lado, aprobó el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%, el 3,25% a las utilidades empresariales y el 25 % de utilidades bancarias y cooperativas.

La decisión no fue del agrado del régimen, por lo que horas más tarde envió la objeción. El Pleno tendrá 30 días para pronunciarse, de lo contrario, el presidente podría enviar el informe al Ministerio de la Ley y aprobarlo.

El Ejecutivo, a través de un comunicado, mencionó que la intención del nuevo documento es «mejorar el texto propuesto para su aplicación objetiva y entendimiento pleno». No obstante, la sorpresa radica en la insistencia del gabinete por subir el IVA.

Las nuevas disposiciones se enfocan en un incremento mínimo del IVA del 13 % y un máximo de 15 %, salvo en las entidades con salvedad. Además, propone una tarifa del IVA de 5 % en materiales de Construcción.

«Los ecuatorianos no pueden esperar un solo día más para que la lucha contra el terrorismo se fortalezca con recursos y continúe dando frutos. Garantizar la seguridad del país es una prioridad del Nuevo Ecuador», reza el comunicado.

¿Cabe la posibilidad de aplicar este veto?

De acuerdo al artículo 138 de la Constitución del Ecuador, el presidente podrá remitir un «texto alternativo» al que se debió aprobar en el Legislativo. Sin embargo, en la sesión del 6 de febrero de 2024, el Pleno no alcanzó los votos para admitir otro documento sobre el cual Noboa pueda presentar una objeción.

«Es absurdo proponer una alternativa contra algo que no existe, que no se aprobó, que no nació jurídicamente ni procesalmente», detalla el abogado constitucionalista Mauro Andino en su cuenta de X.

Ante este panorama inexistente, Andino señaló que el primer mandatario pudo ordenar la publicación de la ley en el Registro Oficial del apartado del incremento al IVA. Punto que sí se votó en la Asamblea, pero no tuvo la moción de archivar o eliminar, por lo que fue un tema que se quedó –técnicamente- en el aire.

No obstante, de publicarse la ley con el veto del mandatario, se abriría una suerte de vacíos constitucionales. Los legisladores podrían tomar el último escenario para imponer una acción de inconstitucionalidad y presentarlo a la Corte Constitucional (CC).

De la misma manera, la entidad tendrá 30 días para pronunciarse, y de emitir un dictamen a favor para los asambleístas, el proyecto podría ser archivado. Sin embargo, si la institución determina que es una inconstitucionalidad parcial, el Legislativo puede realizar algunas enmiendas.

No pierde la esperanza…

Para que el Gobierno Nacional deje de lado su objeción a la ley y se ratifique el documento discutido en el Pleno, los legisladores necesitan 92 votos afirmativos. El asambleísta Leandro Berrezueta comentó, para La Calle, que el bloque que votó en contra del incremento del IVA tratará de reunir los nueve votos restantes para que se mantenga el informe del debate.

Además, anticipó que el Pleno posiblemente tratará este nuevo documento el viernes 9 de febrero de 2024. Si la Asamblea no se pronuncia en máximo 30 días, Noboa podrá emitir este veto al Ministerio de la Ley, una entidad que podría probarlo de manera inmediata.

Por otro lado, el Berrezueta cuestionó la decisión del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, de anteponer la moción de su colega Valentina Centeno a la de su compañero Blasco Luna, que proponía el archivo total del proyecto de ley.

«Ni hubo tongo ni hubo IVA. La potestad de dar la palabra es de Kronfle y el dio paso a la de Centeno y luego a la de Blasco», dijo.

Puedes leer el documento completo aquí.

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Finalmente el pronóstico se cumplió y el oficialismo no obtuvo los votos suficientes para el alza del IVA. La asambleísta Valentina Centeno mocionó para que la votación se realice en cinco bloques diferentes:

• Contribución temporal sobre las utilidades de los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Aprobado)
• Impuesto de hasta el 5 % a la Salida de Divisas (Aprobado)
• Contribución temporal sobre el patrimonio de personas naturales (Aprobado)
• Tarifa del 5% a los materiales de construcción (Aprobado)
• Incremento permanente del IVA al 13% y de forma temporal al 15% hasta el 2026 (Desaprobado)

“La gente nos dice que prefiere pagar un poquito más de un impuesto que las vacunas que los aterrorizan”, dijo Centeno previo a la sesión.

¿Quiénes votaron a favor?

La falta de votos para el incremento del IVA era un escenario ya pronosticado. La propuesta solo tuvo el respaldo de 43 legisladores, entre ellos los del oficialismo y sorpresivamente algunos parlamentarios de la fuerza política de Construye.

Entre los parlamentarios de Construye que votaron a favor de la propuesta está la legisladora alterna de Patricio Carrillo, Nataly Morillo, Alexandra Castillo, Carla Cruz, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.

Además, se registró nueve abstenciones de parlamentarios como Ferdinan Álvarez (ex RC), Ana Galarza (Construye) y Gissella Molina (Gente Buena). (AGM).

Conozca a los asambleístas que votaron a favor del incremento del IVA en el siguiente archivo:

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La mesa legislativa lo decidió con cinco votos a favor, una abstención de Jorge Acaiturri y tres en contra, pertenecientes a los integrantes de la Revolución Ciudadana (RC). Los puntos que se queden en el informe para segundo debate son: incremento del IVA, incremento a la Salida de Divisas (ISD), impuesto a la banca, grandes empresa y cooperativas.

¿Cómo queda el informe?

• Se aprobó el incremento en un punto permanente del IVA (en 13 %) y dos puntos temporales (15 %) durante el 2024 y 2026.
• El incremento al impuesto a la Salida de Divisas al 5 %. El presidente podrá cambiar este valor según considere pertinente.
• Para la «Contribución Temporal de Seguridad» se pretende cobrar el 3.5 % a las grandes empresas entre 2024 y 2025 sobre las utilidades gravadas.
• Se mantiene el impuesto especial a las utilidades de los bancos. Este apartado también afectaría a las cooperativas de ahorro y crédito. El documento afecto a las entidades que hayan ganado más de USD 10 millones a las utilidades entre 2022 y 2023. El detalle quedaría de la siguiente manera:

¿Qué decían las letras pequeñas?

El presidente Daniel Noboa propone que se grave un impuesto del 3.3 % para profesionales y servidores del sector público y privado que ganen USD 1000 o más. Este nuevo cobro tendrá una temporalidad de uno a ocho meses para las personas que entren en este sector.

Según la jefa de bancada, Valentina Centeno, esta medida la propuso el gremio de profesionales «que buscan alternativas para salir de la crisis económica que vive el país». De acuerdo con declaraciones pasadas, los legisladores no iban a aprobar el informe con esas modificaciones.

Además, alegó que para presentar este documento recopilaron ocho de diez propuestas que hicieron los legisladores antes del primer debate. Sin embargo, la asambleísta Gissela Garzón mencionó que esta medida se aprobó de manera parcial.

También trascendió que mientras se pretendía imponer un segundo impuesto a los ciudadanos ecuatorianos, el Ejecutivo intentó disminuir el impuesto que tendría que pagar la banca hasta el 15%, cuando en el primer debate se discutió un monto de 25%.

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»Hay un déficit terrible creado no solo por el anterior gobierno sino los del pasado que aproximadamente requiere de USD 8 mil millones solo para salir este año», dijo en entrevista para i99.

Resaltó que el gobierno de Daniel Noboa se ha caracterizado por decir la verdad y expuso el riesgo que corren los salarios de los funcionarios públicos para este mes. Manifestó que en el actual contexto del conflicto interno armado la prioridad es que las fuerzas del orden público tengan los recurso para cumplir con su labor.

¿Y los recursos?

El Ejecutivo aún analiza más alternativas para sacar al país de la crisis económica. Por su parte, la asambleísta del oficialismo, Valentina Centeno, aclaró que la ley que pretende subir el IVA -de aprobarse- no alcanzaría para “pagar a todo el mundo”.

La recaudación sería utilizada para el gasto social y obtener recursos para combatir el conflicto armado interno. Manifestó que las fuerzas del orden presentaron un déficit altísimo de USD 1.900 millones. (AGM).

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Este 14 de enero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, la cual plantea incrementar el IVA al 15 %, las asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz y Esther Cuesta votaron en contra.

»En el CAL no votamos a favor o en contra de leyes. Solo verificamos se cumpla la normativa y este proyecto de ley no cumple», resaltó Cuesta.

De acuerdo a la bancada no se cumplió con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que especifica que será la comisión de Régimen Económico la que trate leyes en materia fiscal, presupuestaria, «tributaria» monetaria y financiera, es decir, este proyecto de ley no debió remitirse a la otra mesa parlamentaria.

Pese a esta observación el trámite pasará a manos de la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la legisladora del oficialismo, Valentina Centeno. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea tendrá la última palabra.

»Mi total compromiso para tramitar este cuerpo legal de manera técnica y responsable», fue la única respuesta de Centeno ante la decisión del CAL. (AGM).

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El proyecto de ley económico urgente será enviado a la Asamblea la tarde de este 20 de diciembre por el Ejecutivo. La parlamentaria dijo en Teleamazonas que es probable que esta propuesta también pase por la Comisión de Desarrollo Económico que ella preside.

Resaltó que el Parlamento tramitó en un tiempo récord de 20 días el proyecto de reforma tributaria. De igual manera, dijo que el mandatario no vetará el informe aprobado por el Legislativo para que el proyecto se publique lo antes posible en el Registro Oficial.

La propuesta del Ejecutivo ya fue anticipada desde que el nuevo parlamento inició sus funciones. Este segundo proyecto de ley tiene el objetivo de eliminar los techos para autogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica, además de bajar el costo del kilovatio.

La crisis energética

El pasado 4 de diciembre, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, expuso ante la Comisión Legislativa de Fiscalización la crítica situación del sector energético.

”El sector energético está en terapia intensiva. Estamos tratando de estabilizar al paciente para sacarlo de este momento crítico”, dijo a los medios de comunicación.

La titular de la cartera de Estado señaló que el gobierno de Guillermo Lasso entregó información sin sustento técnico durante el proceso de transición. Además dijo que los costos de compra de energía a Colombia subieron en un 35 %, es decir, cerca de USD 200 millones salieron del país. (AGM).

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»Nosotros vamos a gestionar leyes económicas urgentes que serán presentadas a finales de noviembre. La propuesta de reforma tributaria irá a la Comisión de Régimen tributario y la referente al tema energético a la Comisión de Desarrollo Económico que yo presido», dijo la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno.

Además, confirmó la futura declaratoria de estado de excepción que a su criterio les permitirá tomar acciones inmediatas en distintos sectores.

Por su parte, la asambleísta de la RC, Pierina Correa, también especificó que el mandatario electo prometió no incrementar impuestos a la ciudadanía, sino implementar una serie de incentivos a la empresa privada para generar empleos y contrataciones a personas desde los 18 hasta los 38 años.

Más sobre la reforma tributaria

»La reforma tributaria viene enfocada en incentivos para las empresas que contraten a jóvenes y que con eso también puedan incluir a otros grupos etáreos», explicó Nathaly Farinango, legisladora de la bancada oficialista.

Agregó que el nuevo gobierno aún trabaja en el proyecto e informó que la reforma llegará al legislativo el próximo 28 de noviembre. (AGM).

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