En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

»El país es testigo de innumerables irregularidades en el Censo de Población y Vivienda (…) la cantidad y gravedad de denuncias es tan delicada que compromete los resultados que se están anunciando», dice el comunicado.

El documento agregó que las fallas en este proceso pueden afectar directamente las rentas que merecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados e impactaría la participación política de las provincias en la Asamblea.

Omisión

Ante los problemas para censar algunas viviendas, el director del INEC, Roberto Castillo, señaló que aún no se determina cual es el porcentaje de omisión. Sin embargo, indicó de manera preliminar que alrededor del 95% de la ciudadanía fue censada.

Del otro lado de la moneda, el exdirector del INEC, Byron Villacis desconfía de la precisión de estas cifras debido a las irregularidades en el proceso.

»La idea es la siguiente, se debería haber censado al 100 % de los ecuatorianos. Normalmente es aceptable que la omisión sea del 2 % o 3 %. Si es que tomamos los datos actuales del INEC parecería que no censaron a un 15 % de la población», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Varias prórrogas

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin era “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos. (AGM).

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Guido Egas, coordinador de la veeduría ciudadana del concurso de selección del contralor del Estado informó al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que tanto, la fase de admisión de 102 postulantes, como la calificación de méritos a cargo de una comisión técnica, no serán avaladas.

“Veeduría ciudadana para la selección de Contralor retira su aval del proceso y junto a la emisión de la quinta alerta, solicita al pleno del CPCCS, corrija los errores evidenciados en la admisión y calificación de méritos de los postulantes a la Comisión ciudadana de selección”, indicó Egas, en su cuenta de Twitter.

¿Qué dice la veeduría?

Los veedores aseguran que el informe de reconsideración de admisibilidad de ocho ciudadanos, donde se explica la base legal de la admisión de cuatro de ellos no fue remitido.

Así también, estaría en cuestionamiento la inadmisión de Lida García y María García, debido a una moción de la consejera Ibeth Estupiñan, quien señaló que la admisión de Lida García incumplía con el reglamento.

Sin embargo, la veeduría exigió que el caso fuese aclarado, de lo contrario se podría acudir a un reclamo al no permitirle el derecho de participación, debido a aparentes desigualdades.

El coordinador de la veeduría indicó que no tienen libertad de expresión y participación, pues en las reuniones a través de la plataforma Zoom, su acceso es restringido o al momento de su participación suelen ser muteados.

Pese a la controversia, el proceso continúa, es así que la calificación de méritos de los 102 aspirantes a la comisión ciudadana finalizó este 18 de mayo.

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“La administración del Metro de Quito presentó un costo total de operación por tres años y medio de USD 150 millones. En la Sesión #5 del Concejo de Quito del 20 de abril, el costo total, con el mismo modelo, por el mismo tiempo de preoperación y operación sobrepasa los USD 202 millones”, aseguró David Dávalos, coordinador de la veeduría.

Entre las conclusiones de la veeduría, Dávalos expuso:

• El justificativo técnico se debía incluir para definir el modelo de gestión
• Los presupuestos presentados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) generan desconfianza, si los costos son menores en comparación con un operador internacional.
• El tiempo determinó la adopción del actual Modelo de Gestión  y está relacionado con intereses de cumplimiento de orden político.
• La EPMMQ debería revisar los informes del Modelo de Gestión y ratificar o rectificar la decisión.
• La sostenibilidad del Metro, a través del tiempo, estaría comprometida por las siguientes razones: la incidencia de incorporar más de 600 personas a la nómina, la falta de experiencia del equipo de la Alta Dirección del Metro y la ligereza de la presentación de los presupuestos.

Acceso a información

Dávalos manifestó la importancia del acceso a la documentación del proceso de estructuración, operación y mantenimiento de la primera línea de este sistema de transporte.

La empresa negó a la veeduría el acceso a información bajo la justificación de un “acuerdo de confidencialidad con el Banco Mundial”. Sin embargo, la veeduría se comunicó con la presidencia del Banco Mundial y este aclaró que “solo es el prestamista y no tiene nada que ver en la forma de gestión del Metro de Quito”, según Dávalos.

Andrea Flores, gerenta del Metro de Quito, rechazó los pronunciamientos del coordinador de veeduría. «El acceso a información respecto a la contratación del estructurador técnico sí está normada por las regulaciones de adquisiciones de la Banca Mundial», dijo Flores.

¿Y la tarifa?

Los posibles usuarios del Metro aún desconocen cuánto les costará. El pasado 20 de abril, los concejales de Quito exigieron respuestas sobre la fecha de entrega, el sistema de pagos, la contratación de personal y el financiamiento.

Juan Carlos Fiallo solicitó la intervención de la Secretaría de Movilidad para que determine el sistema de pagos, una vez el transporte esté operativo.

“La Secretaría de Movilidad todavía no entrega el sistema de pagos, ya van cuatro meses y aún no lo hace. Todo esto no tiene que ver solamente con el funcionamiento, sino cómo se están desarrollando las otras acciones. Tiene que hablar el secretario de Movilidad”, manifestó.

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