La organización internacional recalcó que es necesario atender de manera urgente los problemas de violencia e inseguridad. Remarcó la importancia de investigar los hechos acontecidos hasta hoy para llevar ante la justicia a los responsables.

»La impunidad alimenta la violencia y acalla voces sobre las que se construyen sociedades plurales, íntegras y libres», dicta el comunicado.

En este sentido se refirió al asesinato del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, y del concejal de Durán, Bolívar Vera. También se refirió a la denuncia de la expresidenciable Luisa González por un plan de atentado en su contra.

El documento analizó varios aspectos de los comicios, como la organización electoral, voto en el exterior, tecnología electoral, justicia electoral y violencia electoral. Según la veeduría de la OEA, el miedo y el cansancio afectaron a la ciudadanía.

Los grupos de incidencia política

Además, la OEA expresó su preocupación ante una incidencia política de colectivos, quienes habrían hecho alegatos de fraude electoral y llamaban a la ciudadanía a expresar su descontento.

»La actividad prolongada de estos grupos y su nivel de articulación hacen suponer que cuentan con financiamiento sostenido. Sin embargo, no existe ningún control», aclaró.

De acuerdo con el organismo, estos reclamos frecuentemente estaban alineados con una agrupación política. Resaltó que en ocasiones las manifestaciones se tornaron violentas y había desinformación.

Estas afirmaciones generaron rechazo por parte de varios usuarios en redes sociales, quienes manifestaron que gracias a los colectivos ciudadanos se alertaron irregularidades en el proceso electoral.

La violencia política de género

Por otro lado, la organización resaltó la violencia a razón de género en ambas vueltas electorales. Sin embargo, destacó la dificultad para sancionar estos hechos debido a la limitada capacidad de monitoreo de las redes y el bajo porcentaje de denuncias.

Según datos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), existe un registro de 22 denuncias por violencia política de género, sin embargo, seis fueron archivadas y otras seis fueron rechazadas. Además, cuatro se encontraban en trámite hasta el momento de elaboración del informe y únicamente seis fueron sancionadas. (JMC).

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La veeduría internacional identificó dos tipos de plagio, uno de ellos es párrafos y páginas copiadas de manera textual en los textos, estos apartados no contienen comillas o alguna referencia. Por otro lado, encontraron una «simulación de paráfrasis». En este caso aparecen partes sin comillas o referencias, pero con una o dos palabras diferentes.

Además, halló «defectos formales» en la calidad y coherencia de los textos, como las referencias de pie de página que no direccionan a un lugar concreto, bibliografía y carencia de calidad.

Mientras tanto, la comisión de la Universidad Central de Ecuador (UCE) encargada de revisar el caso de Salazar tachó de «impericia» los fallos de la máxima autoridad de la Fiscalía.

«La falta de originalidad, coherencia y rigor en los trabajos sugiere un alto grado de similitud con los textos originales, lo que indica plagio o deshonestidad académica», reza el comunicado.

El Colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) denunció que la fiscal supuestamente plagió sus tesis de grado y uno de sus artículos científicos. Priscila Schettini, integrante de AJP, fue parte de una veeduría en el Cpccs en el que demostró que la fiscal habría copiado a nueve autores.

Además, la mamá de Salazar presentó una denuncia por el supuesto delito de odio, luego de que presentaran en redes sociales el supuesto plagio.

Schettini mencionó, para Radio La Calle, que el origen este nuevo proceso se debería a la denuncia que el colectivo presentó por el supuesto plagio de la tesis de Salazar. Según ella, los mensajes que surgen en redes sociales, a partir de esa denuncia, no le parecen y decide culpabilizar a los miembros del colectivo.

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