«Yo soy Ministro, yo puedo recomendar cargos. Si no puedo recomendar en ciertos sitios, entonces estoy perdido, pero no pongo gerentes», aludió el ministro de Lasso.

Vera negó cualquier negocio «turbio» con el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Además, manifestó que tuvo la oportunidad de aceptar cargos, pero no accedió porque «ese no es su proceder».

Sobre el escándalo y algo más…

El periodista Andersson Boscán presentó audios en los que Ítalo Cedeño y Xavier Vera presuntamente participarían en en un soborno de USD 2 millones. El monto sería para entregar cargos como la gerencia de Transporte de la estatal petrolera. Vera rechazó las acusaciones y advirtió que tomaría acciones legales.

Asimismo, fue  acusado por la asambleísta de UNES, Sofía Espín de tenencia ilícita del carné de discapacidad. Boscán expuso pruebas en las que Vera recibió beneficios en los pagos del servicio eléctrico. El funcionario respondió que todo es un montaje que busca perjudicarlo y afectar su honra.

A través de documentos de la CNEL, Vera precisó que nunca pidió un descuento por discapacidad. Sin embargo, en el mismo se evidenció un subsidio de USD 1.358 hasta noviembre de 2021. Dijo que devolvió esa cantidad en octubre de 2022.

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«Vamos a nombrar de Corte Nacional a menos a 20 personas, y ahí si ya suena ¡Ya suena! Entonces estoy pidiendo el financiamiento, esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces», dice la grabación.

Otros audios

No es el único audio que se filtra desde el CJ, en junio pasado se escuchó a Morillo y dos vocales hablar con un juez para que emita un fallo a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Morillo le dice al juez: “le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino. No va a ir en una línea de derecho, sobre todo porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”.

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Otro audio apareció en julio y también tiene como protagonista a Morillo hablando sobre el vocal Xavier Muñoz. En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

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Chiriboga participó en un partido de fútbol junto a los Ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Inclusión, Esteban Bernal, como parte de la campaña política de CREO en Esmeraldas.

El pasado 21 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ocho personas fueron detenidas por presunto delito de asociación ilícita en un operativo en cuatro provincias. La institución lo bautizó como caso Danubio.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas detenidas habrían tejido una red de corrupción y asociación ilícita para ofrecer cargos en entidades públicas. Para acceder a esos cargos, los vinculados pedían sumas exorbitantes de dinero.

Los implicados

En el proceso de investigación se presentaron audios que involucraban a Guido Chiriboga. La mención de su nombre aparece en una conversación entre Richard García, uno de los implicados y un hombre llamado “Juan José”, quien sería Juan José Pons, ex consejero ad honorem del presidente Guillermo Lasso.

En los presuntos audios, Chiriboga habría acordado con el «gordo García», principal operador de Juan José Pons, temas que son mejor «tratarlos en persona».

En el caso están involucrados el exconsejero del presidente Lasso, Juan José Pons y su hijo. Además, conversaciones telefónicas de los procesados evidencian otras supuestas conversaciones con Iván Correa, exsecretario de la Presidencia y Danilo Carrera, cuñado del mandatario.

Las denuncias no son recientes, a finales de marzo se conoció que se habría estado negociando el cargo de viceministro de Agricultura por más de USD 2 millones.

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«He procedido a presentar una denuncia en la Fiscalía en contra del señor Aparicio Caicedo Castillo, poniendo en conocimiento de la Fiscalía hechos que presumiblemente podrían constituir delito. Estamos solicitando a la Fiscalía que objetivamente investigue y determine la participación y posterior responsabilidad de cargos», expresó el legislador la tarde del 11 de agosto.

La denuncia aparece tras los audios revelados por Teleamazonas en los que el consejero de Lasso, Aparicio Caicedo presionó al superintendente de Bancos, Raúl González para que abandone el cargo el 16 de julio.

La amenaza del consejero de Lasso

En la conversación Caicedo le reclama a González por no haber acatado un supuesto «acuerdo» días atrás. El «pacto» habría sido que González no se presentase ante el Consejo de Paticipación (CPCCS) para exponer su plan de trabajo en el marco del proceso de elección.

González asistió ante el CPCCS y Caicedo lo amenazó: «vas a ver lo que pasa».

González, el superintendente

El 11 de agosto, La Asamblea Nacional posesionó de manera virtual a Raúl González como superintendente de Bancos tras el voto favorable de los legisladores para esta disposición.

«El presidente de la Asamblea,Virgilio Saquicela, procede de manera virtual a la posesión de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos. «Por Dios, por la patria y mis hijos», enfatizó el actual titular de la Superintendencia de Bancos en el acto», informó el Legislativo.

La posesión tuvo lugar por la resolución de la asambleísta Mireya Pazmiño (PK) para oficializar a González en el cargo. La decisión se toma a pesar de que existe una acción de protección aprobada por la jueza Larissa Ibarra que dispuso la anulación del proceso y el envío de una nueva terna. 

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«Denuncio públicamente y ante las autoridades varios delitos que se fraguan en Petroecuador EP (…) para que se investigue y se sanciones a quienes quieren vender la Patria por unos cuantos dólares (…) espero que no queden en la impunidad», reza el escrito dirigido al presidente Guillermo Lasso y a la fiscal general Diana Salazar, entre otros.

El servidor público interpuso la denuncia hace cinco meses atrás. En ella sostuvo que varios funcionarios fueron obligados a firmar informes y otros documentos que permitan firmar un acta de acuerdo con la empresa MMR Group INC. Según Santín Montero, la esposa del exgerente Ítalo Cedeño, Martha Morlas pactó con personas cercanas a ella la firma de esta acta, «que es perjudicial para Petroecuador», acotó.

Sin embargo, la esposa de Cedeño, Martha Morlas no sería la única involucrada en este presunto tráfico de influencias. Santín Montero señaló que el asesor de Cedeño, Luis Barrazueta y el abogado de Roberto Barriga Maldonado también formaron parte del pacto.

«El asesor Luis Barrazueta, quien fue destituido anteriormente de Petroecuador por otros ilícitos y ahora es «dueño de la Gerencia» a vista y paciencia del propio Gerente (Ítalo Cedeño), por hacer negocio, hayan acordado la firma de esa acta perjudicial para la empresa pública», detalla el documento.

Sobre MMR Group INC

El denunciante apuntó que la firma MMR Group INC forma parte de las empresas corruptoras del sector hidrocarburífero que fueron denunciadas por el propio Procurador del Estado en la ciudad de Panamá. Junto con empresas como No Limit C.A. y Wolly Parson INC, MMR Group INC es acusada de entregar dinero para favorecerse de contratos millonarios.

Santín Montero advierte que existe un proceso judicial de MMR Group INC contra Petroecuador y aún así buscan hacer negocios. «MMR ya demandó a Petroecuador por USD 45 millones ante las cortes de Quito y habiendo un juicio de por medio, el Gerente de Petroecuador, quiere firmar un acta de transacción con esta misma empresa, a las espaldas del Procurador General del Estado», enfatiza.

La influencia de Morlas, la esposa de Cedeño

El 2 de agosto, el presidente Guillermo Lasso solicitó al directorio de la empresa pública Petroecuador que remuevan al gerente general Ítalo Cedeño, del cargo.

La remoción se dio tras una denuncia del mismo Cedeño a la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la empresa pública que estaría implicada en el caso Danubio.

En entrevista con el portal La Posta, el funcionario dijo que el primer mes se dejaba influenciar por su mujer, quien le aconsejaba nombres para los puestos. También aseguró que el presidente sabía de ello.

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En todos sus comunicados, el gobierno ha sido enfático en que nadie está por encima de la ley y que no existen ningún caso de corrupción en su gobierno, sin embargo, los nombres de miembros y ex miembros de su gabinete en estos casos distan mucho de esa afirmación.

Caso Danubio

En este caso de presunta venta de cargos en el Servicio Nacional de Aduanas aparece como figura predominante, el exconsejero presidencial en asuntos bananeros, Juan José Pons, al que Lasso ha denominado como su «amigo de toda la vida». El pasado 21 de julio, miembros de la Policía en conjunto con la Fiscalía allanaron el domicilio de Pons.

El caso investiga una red de asociación ilícita. Al momento existe ocho personas detenidas, producto del operativo en cuatro provincias: Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. La instrucción fiscal durará 90 días.

En las grabaciones encontradas aparecen los nombres de Pons y su hijo, no obstante, el exconsejero lo ha negado todo.

Ministerio de Agricultura

En marzo pasado salió a la luz un reporte del medio digital La Posta que mostró un vídeo, donde varias personas, entre ellos Ernesto Ripalda, que dijo ser asesor del asambleísta Celestino Chumpi, negociaban el cargo de viceministro en el Ministerio de Agricultura.

Ripalda cuenta que se pedía USD 2.5 millones para entrar al Ministerio de Agricultura y luego bajaron el precio a USD 2.1 millones, exceptuando dos direcciones nacionales de la institución.

El caso se mantiene en reserva.

Caso Petroecuador

El exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño presentó una denuncia Fiscalía antes de su despido como gerente de la empresa pública debido a una presunta venta de cargos relacionado al caso Danubio. Esta investigación también se mantiene en reserva.

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De acuerdo con la Fiscalía, Tuárez ofertaba cargos públicos. “No solo recibían dinero, sino también metales preciosos, como piedras, esmeraldas y hasta barras de oro”, indicó el fiscal a cargo del caso, César Suárez.

Por otro lado, la abogada defensora del sacerdote cuestiona las pruebas encontradas por Fiscalía y asegura que su cliente es inocente. “Han indicado que existen piedras preciosas y dinero. Pero al momento de preguntar a los peritos quisiera me digan si las evidencias fueron encontradas en el celular de mi defendido”.

El pasado 25 de julio, Fiscalía presentó un pedido acusatorio contra Tuárez y seis personas más por los ofrecimientos de cargos públicos a cambio de sumas que van desde los USD 5.000 a 500.000.

De acuerdo con el organismo, Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.

El pasado 29 de noviembre, después de 12 horas de audiencia de formulación de cargos, 33 ciudadanos, incluido Tuárez, recibieron prisión preventiva por sospecha de negociar cargos en instituciones estatales.

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