La acusación, admitida de forma preliminar por el juez Guillermo Ortega, se basa en cuatro videos cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Según el expediente publicado en el portal del TCE, Peñafiel alega que González incurrió en actos de violencia política de género, aunque sin especificar fechas, contextos o declaraciones concretas. El juez solicitó al denunciante que en un plazo de 48 horas precise:

1. Los hechos exactos que atribuye a González.
2. Los artículos del Código de la Democracia supuestamente violados.
3. Los agravios personales o colectivos derivados de dichos actos.
4. La relación entre los videos presentados y los cargos formulados.

De no cumplirse estos requisitos, el caso será archivado, tal como ocurrió en febrero de 2025 con una denuncia similar interpuesta por Wilmer Carrión Pérez. En aquella ocasión, el juez Ángel Torres archivó el proceso tras la falta de sustento del demandante.

El historial controvertido de Manuel Peñafiel

Este no es el primer intento de Peñafiel por judicializar procesos políticos. El 2 de julio de 2024, el pleno del TCE rechazó por unanimidad una denuncia suya contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión (extorsión bajo cargo público).

En esa ocasión, Peñafiel, quien se identificaba como presidente de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador, argumentó que Abad había discriminado a pueblos originarios. Sin embargo, los magistrados Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres y Joaquín Viteri determinaron que el TCE no tenía competencia, al tratarse de un supuesto delito penal, no electoral.

La denuncia contra Abad carecía de sustento técnico: Peñafiel no logró vincular a la vicepresidenta con actos electorales ilegales, limitándose a presentar una denuncia penal previa que, según él, demostraba un «siniestro de derechos indígenas».

Acusaciones de manipulación judicial

Las acciones de Peñafiel adquirieron mayor notoriedad tras las declaraciones de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, quien lo señaló en redes sociales como operador político del gobierno de Daniel Noboa. Barreiro relató que, durante su detención en la cárcel La Roca, en el marco del Caso Nene, Peñafiel presentó un habeas corpus irregular en marzo de 2024, supuestamente para retrasar su liberación:

«Utilizó logos del CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana, en documentos ilegales. Su exposición en la audiencia fue desorganizada y carente de fundamento jurídico. Entendí que era una estrategia para generar noticias negativas y demorar mi salida (…) Actúa como emisario del Ejecutivo, financiado para dañar a opositores», denunció Barreiro en la plataforma X.

Además, vinculó a Peñafiel con la apertura masiva de sedes de ADN en Guayas y lo acusó de coordinar campañas de desprestigio contra figuras críticas al gobierno: «No les importa la justicia, solo buscan generar tendencia», afirmó.

https://twitter.com/sebarreiro/status/1909045298208309586

Violencia política de género: ¿Instrumentalización o delito grave?

El Código de la Democracia (Art. 349) cataloga la violencia política de género como infracción «muy grave», sancionable con multas de hasta 50 salarios básicos y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años. No obstante, organizaciones como la Fundación Ciudadana y Desarrollo señalan que, desde 2023, el 68% de las denuncias por este delito han sido archivadas por falta de pruebas o incoherencias procesales.

La denuncia se enmarca en un escenario de alta tensión, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de fracturar la institucionalidad. Mientras ADN insiste en que «nadie está por encima de la ley», sectores afines a Revolución Ciudadana denuncian una «persecución orquestada» desde el poder.

El TCE tiene hasta el 12 de julio para resolver si la denuncia cumple los requisitos formales. De admitirse, González deberá presentar su descargo en medio de la campaña. Sin embargo, el historial de Peñafiel y la proximidad de los comicios alimentan escepticismo sobre los motivos tras la acusación.

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“Estoy aquí, frente al Palacio de las Naciones Unidas, para entregar un expediente documentado sobre la violencia política que he sufrido como mujer, como madre, y como vicepresidenta”, señaló Abad en un video difundido a través de sus redes sociales.

Aunque no detalló con qué entidades sostuvo reuniones, en las imágenes se observa su presencia frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra. Según indicó, su objetivo es dejar un precedente para evitar que otras mujeres en el ámbito público enfrenten situaciones similares.

La comparecencia internacional de Abad ocurre tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó una sanción que le suspende sus derechos políticos por dos años, tras hallarla responsable de incurrir en violencia política de género. Esta medida le impide ejercer cargos públicos, lo que ha derivado en su inhabilitación para asumir funciones presidenciales de forma temporal durante la campaña electoral.

Exiliada del gabinete

El pronunciamiento del TCE fue en respuesta a una solicitud de aclaración presentada por su defensa, luego de que el fallo de segunda y definitiva instancia le cerrara la posibilidad de reemplazar a Noboa durante la campaña para las elecciones del 13 de abril, en las que busca una reelección.

La normativa electoral exige que los mandatarios en funciones pidan licencia para participar en la contienda, delegando temporalmente sus funciones. Sin embargo, Noboa sostiene que su postulación no constituye una reelección, su abogado argumentó que su elección tuvo el objetivo de completar el período 2021–2025, tras la renuncia de Guillermo Lasso.

Mientras tanto, el Gobierno delegó nuevamente la vicepresidencia encargada a Cynthia Gellibert, actual secretaria de la Administración Pública, para cubrir lo que considera una “ausencia temporal” de Abad, en vista de la sanción vigente y registrada por el Ministerio de Trabajo.

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La decisión ratifica el fallo dictado el 5 de noviembre de 2024 por una jueza de instancia, tras la denuncia presentada por el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas.

El pleno del TCE negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Abad, argumentando que no se demostró que la sentencia original presentara deficiencias o vicios procesales. La jueza basó su resolución en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia, que tipifica la campaña anticipada como una infracción electoral grave. En su sentencia, la magistrada indicó que la imposición de la multa tiene como objetivo disuadir a otros actores políticos de incurrir en este tipo de infracciones, sin necesidad de sanciones más severas.

Sanción económica

Según el fallo ratificado, la multa impuesta a Abad, equivalente a 20 salarios básicos unificados, busca disuadir a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro. La normativa establece que el pago debe efectuarse en un plazo de 30 días en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones” del Banco BanEcuador. De no cumplirse con la obligación dentro del tiempo estipulado, se procederá con la cobranza por vía coactiva, conforme al artículo 299 del mismo código.

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El desarrollo de la audiencia

En la audiencia, solicitada por Abad, su defensa argumentó que no se ha dado cumplimiento a la sentencia oral del 23 de diciembre de 2024. Esta sentencia fue notificada por escrito el 10 de enero de 2025.

Nubia Vera ordenó que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto la resolución del sumario administrativo del 8 de noviembre de 2024.

La jueza exigió “la inmediata reintegración de la señora María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador, con todas las facultades y prerrogativas que la Constitución de la República, las leyes y Tratados Internacionales le confieren para el ejercicio pleno de sus funciones, sin que con ningún acto administrativo posterior menoscabe la restitución al cargo”.

Damián Armijos, uno de los abogados de Abad, expresó que no están de acuerdo con la función asignada a Abad en Turquía. No obstante, aclaró que, para que pueda llevarse a cabo, primero es fundamental que Abad tenga acceso a su despacho, a su Quipux y a servidores de confianza. Sin embargo, “nada de esto ha sido posible”, afirmó el jurista, recordando que el 23 de diciembre Abad se presentó en la Vicepresidencia, pero no pudo ingresar al edificio.

Pidió a la jueza que deje sin efecto estos actos ulteriores y se disponga que hoy, viernes 7 de febrero a las 15:00, acuda a la Vicepresidencia y pueda constatar in situ, en compañía de la secretaria, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, que Abad pueda ingresar y tomar posesión del cargo. Sin embargo, la jueza decidió que el traslado sería inmediato. La audiencia finalizó a las 13:10 y dijo que en aproximadamente 30 minutos estaría en el sitio.

Abad y la jueza Nuria Vera en la vicepresidencia

Al llegar, se percataron de que el ingreso a la vicepresidencia este encontraba cercado con vallas metálicas.

La jueza dijo: “Aquí se está cumpliendo un desacato y esto se configura en el 282 del COIP. Alguien tiene que ser responsable de admitir el acceso. Independientemente de que hagan teletrabajo debe haber un guardia y tienen que abrir la puerta”, pronunció.

Vera solicitó la colaboración y el respaldo de la fuerza pública para permitir el ingreso de Abad. Además, pidió que se contacte al jefe de la escolta presidencial.

«Las sentencias son para cumplir, la ley no distingue«, expresó Vera ante algunas personas reunidas en la calle y la defensa de Abad.

Vera recordó que esta diligencia forma parte de la sentencia emitida en la audiencia de protección a favor de Abad. Según lo señalado por la jueza, en caso de incumplimiento de su fallo, se notificará a la Fiscalía, ya que las autoridades estarían incurriendo en desacato.

«Hay que llamar al 911 para comunicar a la Policía y que se informe que no nos dejan entrar», agregó Vera.

Vera, Abad y sus abogados permanecieron varios minutos en la calle Benalcázar sin lograr acceder al edificio. Por otro lado, la jueza solicitó a la policía hacer un parte de incumplimiento de sentencia. Además, llamó a efectivos policiales para dejar constancia de la gestión de verificación realizada.

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Dominique Dávila, defensa de la segunda mandataria, señaló que la sentencia del 23 de diciembre de 2024, que dejó sin efecto la suspensión de la vicepresidenta por 150 días a través de un sumario administrativo, no ha sido cumplida en su totalidad.

“Hemos solicitado a la jueza Vera que convoque a las partes procesales para que expliquen las razones del incumplimiento. Vamos a pedir sanciones para las autoridades responsables, ya que este desacato podría derivar en la destitución de los funcionarios involucrados”, enfatizó Dávila en entrevista para Sonorama.

La acción de protección aceptada por la jueza Vera concluyó que la suspensión de Abad vulneró varios derechos constitucionales, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso.

Como medidas de reparación, ordenó al Ministerio del Trabajo que emita una disculpa pública a la vicepresidenta a través de un mensaje a la nación y coloque una placa en su sede con un mensaje en favor del «respeto a la Constitución y los derechos laborales». Además, dispuso la devolución de los haberes económicos que Abad dejó de percibir desde su suspensión y exigió garantías de no repetición.

Sin embargo, según la providencia emitida por la jueza el 31 de enero, la Defensoría del Pueblo no ha informado si se ha ejecutado la sentencia. Asimismo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la funcionaria que firmó la sanción, Ruth Avilés, tampoco han cumplido con las disposiciones judiciales.

Un escenario complejo

El incumplimiento de esta sentencia se suma a un complejo entramado de tensiones entre Abad y el gobierno de Daniel Noboa. La vicepresidenta se ha mantenido en el país, pese a la orden del Ejecutivo de trasladarse a Turquía para ejercer funciones diplomáticas. Mientras tanto, el gobierno ha promovido la designación de Cinthya Gellibert como vicepresidenta encargada.

La audiencia del 7 de febrero también se produce en medio de una investigación sobre presuntas presiones ejercidas sobre la jueza Vera. La magistrada ha denunciado ante la Fiscalía que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la habría presionado para emitir un fallo en contra de Abad. Este señalamiento agrava el panorama de interferencias en la justicia y refuerza las dudas sobre la independencia de las decisiones judiciales en el país.

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el caso de Verónica Abad sigue siendo un punto de fricción en la política ecuatoriana. Con la posibilidad de que el incumplimiento de la sentencia genere nuevas sanciones para el gobierno de Noboa.

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Abad presentó un escrito ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para informar que su defensa ya no estará a cargo de Damián Armijos y que ha nombrado a Erick Erazo Arteaga como su abogado de confianza en esta causa.

¿Por qué la defensa de Abad no se presentó?

La vicepresidenta explicó que Erazo no podía presentarse ya que, previamente, había sido convocada a otra audiencia, en Carchi, dentro de una investigación por el supuesto delito de abuso de confianza contra otra persona. Por ello, solicitó un nuevo diferimiento para que el jurista pueda conocer el expediente y asumir la defensa.

El abogado Jaime Dousdebés, quien representa la defensa de Sommerfeld, se opuso al nuevo intento de Abad por aplazar la diligencia y solicitó que la audiencia continúe con el defensor público que ya se encontraba en el puesto asignado para la defensa de la vicepresidenta.

El juez a cargo del caso, Guillermo Ortega, determinó que el escrito presentado a última hora por la vicepresidenta no justificaba su inasistencia y procedió con la instalación de la audiencia.

Asimismo, declaró en rebeldía a Verónica Abad y permitió que su defensa sea asumida por el defensor público presente. Además, el perito del caso tampoco se presentó, lo que llevó a Ortega a advertir que todos estos factores serán considerados al momento de emitir su sentencia.

La audiencia fue convocada por primera vez el 24 de enero de 2025. En esa ocasión, Abad presentó un escrito ante el TCE en el que informó que no podría asistir debido a problemas de salud y que, en el mismo horario de la diligencia, tenía programada una endoscopía.

Argumentos de la defensa de Sommerfeld

El abogado Jaime Dousdebés argumentó que Verónica Abad afectó el “honor y buen nombre” de la canciller Gabriela Sommerfeld. Según él, antes de asumir su cargo en el sector público, Sommerfeld construyó su reputación en el ámbito privado y empresarial a lo largo de décadas de trabajo.

Señaló que Abad, “abusando de la palestra que le ha dado su cargo público, ha proferido insultos, agravios e incluso ha llegado al punto de imputar falsamente conductas dolosas sin ninguna prueba y por atacar la imagen de la canciller”.

El abogado anticipó la presentación de pruebas documentales, audiovisuales y periciales, en caso de que el perito se haga presente, ya que hasta los alegatos iniciales aún no se encontraba en la audiencia.

Presentación de pruebas

El abogado presentó documentos y señaló que el expediente contiene más de 30 copias certificadas de diplomas, certificados de idoneidad, premios y reconocimientos otorgados a Sommerfeld, con el fin de evidenciar el “esfuerzo” que realizó para construir su imagen.

También mencionó una nueva prueba, señalando que el 15 de enero Abad publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que aparece la imagen de la canciller, junto con una entrevista en la que Abad hace referencia a Sommerfeld.

“Parece que no ha leído el decreto, soy la vicepresidenta constitucional, dígalo. Y esto sí está en manos de Cancillería. Deje la fiesta y concéntrese en los decretos inconstitucionales. Abandonarme sin seguridad y fondos en Turquía corresponde al Estado y su Cartera. Es una violencia política y de derechos humanos. Usted tendrá que dar cuentas a los ecuatorianos de sus actos violentos. Otra que respeta lo que el presidente déspota decida”, es el texto que Dousdebés atribuyó a Abad y que presentó como prueba nueva.

Allí se evidencian dos insultos a la canciller y una amenaza, relacionados a violencia política de género, refirió.

Defensa de Abad

El defensor público solicitó al juez que no se incorpore la nueva prueba presentada por la defensa de Sommerfeld ya que esta se debió presentar en el momento procesal oportuno.

Además, dijo que no existe un informe pericial que determine el origen y autenticidad de las mismas, además que alegó que no serían conducentes para probar la supuesta violencia de género.

El defensor público señaló que no existió intención por parte de Abad de vulnerar los derechos de la canciller. “Al no existir prueba, no estar establecidos los elementos objetivos, materiales, de esta norma contencioso electoral, establecida en el Código de la Democracia. Lo que me queda a mí es, como pretensión, solicitar que se ratifique el estado de inocencia”, argumentó el defensor ante el juez.

La decisión del juez Ortega está pendiente, y determinará si se acepta la denuncia de Sommerfeld o si se ratifica la inocencia de Abad.

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En entrevista para FM Mundo, De la Gasca afirmó que el fallo no afecta el encargo de la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, y subrayó que la Corte no se pronunció sobre la causal de «fuerza mayor» invocada por Noboa para apartarse temporalmente del cargo por motivos de campaña. Sin embargo, evitó precisar cómo procederá el mandatario para el cierre de su campaña o ante una eventual segunda vuelta electoral.

El Ministro insistió en que la decisión de la Corte solo establece que Noboa no puede delegar la Presidencia por decreto y reiteró que la situación de Verónica Abad no ha cambiado, argumentando que su negativa a trasladarse a la embajada en Turquía podría derivar en una “ausencia indefinida” del cargo.

Gobierno defiende legalidad de la designación de Gellibert en la Presidencia

El Ministerio de Gobierno difundió un comunicado en el que argumentó que los decretos ejecutivos 500, 505, 513 y 519 tenían como objetivo “proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder”, asegurando que Noboa no utilizó bienes estatales ni recibió remuneración durante su campaña.

Según el Ejecutivo, la sentencia confirma que la Corte no tiene competencia para analizar la existencia de la fuerza mayor alegada por el Presidente, ni para cuestionar la validez del Decreto 494, que designa a Gellibert como vicepresidenta encargada. También sostuvo que el fallo refuerza el criterio de que Noboa no está obligado a solicitar una licencia sin sueldo para realizar campaña electoral.

Asamblea Nacional: Noboa actuó contra la Constitución

En contraste, la Asamblea Nacional señaló en un comunicado que la anulación de los decretos 500 y 505 evidencia que el Primer Mandatario actuó fuera del marco constitucional.

“Este accionar debe ser observado por las instancias competentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Todos los ciudadanos, sin excepción, debemos cumplir la normativa”, indicó el Legislativo, recordando que devolvió los decretos a la Presidencia con el pedido de que Noboa se ciña a la Constitución y solicite licencia.

Estrategia política y escenario legal

El constitucionalista André Benavides explicó a Visionarias que el Gobierno busca ganar tiempo hasta que se configure la ausencia definitiva de Verónica Abad, lo que ocurriría tras 90 días sin ejercer funciones. De cumplirse este plazo en marzo, el Ejecutivo podría enviar una terna a la Asamblea para designar una nueva vicepresidenta, lo que coincidiría con los tiempos de la campaña electoral.

Por su parte, Ismael Quintana argumentó en Centro Digital que la Corte solo ratificó lo básico: en caso de ausencia del Presidente, debe asumir quien ostente la Vicepresidencia. No obstante, criticó la interpretación de Abad de que el fallo le da la razón, ya que la Corte no estableció explícitamente que ella deba ocupar el cargo.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia sigue sin resolverse, mientras el Gobierno mantiene su estrategia de consolidar el liderazgo de Gellibert en la línea de sucesión presidencial.

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La audiencia se suspendió a las 13:00 para permitir la deliberación a puerta cerrada. Se espera que la decisión se haga pública este miércoles, 29 de enero.

La vicepresidenta rechaza los decretos 490, 494 y 500, mediante los cuales el presidente Noboa delegó la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert y asignó a Abad funciones comerciales en Turquía.

La defensa de Verónica Abad

Damian Armijos, abogado de la vicepresidenta Abad,  se enfocó en los Decretos Ejecutivos No. 494 y 500 firmados por el presidente Noboa. Aseguró que con los decretos se habrían vulnerado dos derechos: 

1) La seguridad jurídica de Abad 

2) La dignidad humana de la vicepresidenta al haber ejercido en su contra un trato discriminatorio.

La defensa cuestionó las funciones que le han sido asignadas. Primero, como embajadora en Israel y, posteriormente, a través del decreto 494, como consejera económica de la Embajada de Ecuador en Turquía.

Armijos argumentó que estas designaciones han degradado el principio de jerarquía, ya que la vicepresidenta, elegida en las urnas, ha sido colocada como subalterna del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora, del Embajador en Turquía.

“Inclusive asignándole funciones inferiores a una embajadora” comentó Armijos sobre las tareas otorgadas a Verónica Abad.

El abogado advirtió que, de no tomar medidas al respecto, se sentaría un precedente negativo sobre las funciones que el presidente puede delegar al vicepresidente y en cualquier momento, estas podrían ser de ‘barrendera de Carondelet’

Además, aseguró que la vicepresidenta quiere y deberá cumplir con la disposición de viajar a Turquía, sin embargo, no lo ha podido hacer ya que no se le ha permitido recuperar su despacho en la Vicepresidencia y coordinar los aspectos económicos y logísticos de su traslado.

La defensa de Daniel Noboa

Mercedes Mediavilla, abogada designada por el presidente, afirmó que la defensa de Abad expuso los mismos argumentos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en una denuncia por violencia política, la cual el tribunal rechazó. Por ello, afirma que el caso es «cosa juzgada».

La abogada respaldó la facultad del presidente para emitir decretos que deleguen funciones a la vicepresidenta. Subrayó que, de acuerdo con la Constitución, el único rol que desempeñará la segunda mandataria será aquel que le asigne el jefe de Estado.

Mediavilla rechazó la afirmación de que menospreciaron a Abad con sus designaciones. “No sabía qué barrer, ser nombrado embajador o consejero económico era denigrar”, comentó la abogada. Además, sostuvo que, por el contrario, el Gobierno le otorgó cargos de alto nivel, aunque la ley no lo exige.

Por otro lado, según la defensa de Noboa, el único interés de la vicepresidenta es reemplazar al primer mandatario.

Respecto a la acusación de que se estarían restringiendo sus derechos políticos o vulnerando su libertad de pensamiento y acción, Mediavilla enfatizó que Abad conserva su derecho a postularse y participar en elecciones. Además, señaló que tiene la posibilidad de expresarse libremente en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, para exponer su situación y hablar sobre el país.

Abad se pronuncia en la audiencia

Antes de concluir la sesión, la jueza concedió la palabra a Verónica Abad, quien afirmó haber soportado, junto a su familia, un año de hostigamiento por parte del Gobierno. Sostuvo que, si no aceptan su acción de protección, esta violencia sentará un precedente preocupante para otras mujeres que aspiren a incursionar en política.

Abad rechazó la idea de que las funciones asignadas representen un cargo de importancia o que ser embajadora en medio de un conflicto bélico sea un privilegio. “Un lujo ser embajadora en una guerra, fui enviada a una guerra junto con mis hijos”, enfatizó.

Señaló que, a pesar de lo abrupto de su designación en Israel, acató la decisión y que ahora tampoco se opone a cumplir el decreto que la envía a Turquía, aunque exige el respeto de sus derechos conforme lo establece la Constitución.

Además, acusó a Cynthia Gellibert y al actual secretario de la Vicepresidencia de usurpar el cargo, y aseguró que tanto ellos como la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, estarían incurriendo en desacato.

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¿Qué le pidió Verónica Abad al Legislativo?

Durante su intervención en la Asamblea Nacional, Verónica Abad hizo un repaso de su situación legal, destacando los obstáculos que ha enfrentado en el ejercicio de sus funciones. Entre sus denuncias, reveló que, pese a haber recibido una acción de protección otorgada por una jueza, no se le ha permitido ingresar a su despacho en la Vicepresidencia, ubicado en Quito.

Abad también expuso un hecho que calificó de irregular: la compra de pasajes para un viaje a Turquía realizada sin su consentimiento por una persona identificada como Juan Ramón, a quien aseguró no conocer. Además, criticó que este individuo se refirió a ella como «ciudadana» en lugar de «Vicepresidenta», lo que, según sus palabras, constituye una falta de respeto a su investidura.

“Se empeñan en desterrarme al nombrarme nuevamente consejera de la Embajada de Turquía. Este Decreto Presidencial fue impugnado y la audiencia se encuentra pendiente. Quieren tomarse el poder por la fuerza”, dijo Verónica Abad durante su intervención en el Pleno.

En su discurso, Abad no solo señaló a Noboa, sino que también dirigió sus críticas hacia ministros clave del Gobierno, a quienes acusó de entorpecer sus funciones como Vicepresidenta.

Anteriormente, Verónica Abad solicitó:

Contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo

Pidió que se investigue, fiscalice y sancione a Loffredo por, presuntamente, utilizar a las Fuerzas Armadas para impedir su acceso a la Vicepresidencia de la República.

Contra el ministro de Gobierno, José de la Gasca

Solicitó que se procese a De la Gasca por coordinar acciones que, según ella, buscaron «imposibilitar su acceso a la Vicepresidencia».

Contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa

Abad denunció que Núñez dispuso irregularidades en la modalidad de trabajo de los servidores de la Vicepresidencia y no ejecutó las acciones necesarias para cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 490.

Contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld

Pidió que se investigue a Sommerfeld por no ejecutar las acciones necesarias en el marco de sus competencias para cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 490.

Contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega

Señaló a Vega por no cumplir con las acciones correspondientes para garantizar la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 490.

Contra el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo

Solicitó que se fiscalice y sancione a Jaramillo por incumplir con sus obligaciones en el marco del mismo Decreto Ejecutivo.

Contra la secretaria de Planificación, Sahira Belén Moya Angulo, y Secretaria de la Administración, Cynthia Natalie Gellibert Mora

Denunció que ambas, en sus roles como vicepresidentas encargadas, obstaculizaron sus funciones y no cumplieron con el Decreto Ejecutivo No. 490.

Contra el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Francisco Román Mendoza

Indicó que Román Mendoza ejerció su cargo de manera irregular y deshonrosa, sin justificar su designación o nombramiento por la autoridad competente.

Declaraciones de la Vicepresidenta Verónica Abad sobre el Decreto 500

La Corte Constitucional actualmente revisa el Decreto Ejecutivo No. 500, emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual se encargó la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert.

Ante la revisión del Decreto mencionado, la vicepresidenta Abad respaldó el accionar del organismo y destacó la importancia de respetar la institucionalidad del país.

“Felicito a la Corte Constitucional por simplemente actuar bajo lo que ya está escrito en la Ley», agregó Abad. También dirigió un mensaje a los ciudadanos: “Ojo, ecuatorianos, usemos el sentido común, no nos dejemos enceguecer por odio«, señaló.

Finalmente, lanzó una dura crítica al Gobierno, calificando sus acciones como un atentado contra la democracia: “Todo lo que se está cometiendo es un golpe de Estado«, concluyó.

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La segunda mandataria presentó esta petición mediante un oficio dirigido a la presidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, el pasado 21 de enero.

En su solicitud, la segunda mandataria solicitó ser recibida en comisión general durante la próxima sesión del pleno, una vez finalizada la vacancia legislativa. En su comunicación, denuncia una «grave violación a sus derechos humanos y a la institucionalidad del país». De igual manera, señaló que las acciones de las autoridades involucradas afectan tanto su desempeño como el orden democrático.

La vicepresidenta relata que todo se originó a partir de una sentencia emitida el 23 de diciembre de 2024 por la jueza Nubia Vera, quien determinó que el Ministerio de Trabajo vulneró sus derechos constitucionales al imponerle una suspensión de 150 días. La jueza ordenó el archivo del sumario administrativo y el reintegro inmediato de Abad a sus funciones.

Incidente en la Vicepresidencia

Abad indica que el mismo 23 de diciembre, tras conocerse el fallo judicial, acudió a la Vicepresidencia en Quito para retomar sus actividades. Sin embargo, se encontró con el edificio militarizado, lo que, según los agentes militares, respondió a una orden del presidente Noboa para impedir su ingreso. Además, asegura que los funcionarios que se encontraban dentro del edificio fueron retenidos y se les impidió salir, paralizando las actividades normales de la institución.

Ante este escenario, Abad informó a la Fiscalía sobre los hechos, calificándolos como un presunto delito de sedición. Además, solicitó medidas urgentes para preservar las evidencias del caso. Sin embargo, una petición de allanamiento realizada por la Fiscalía fue rechazada por un juez de turno.

La vicepresidenta también criticó la emisión del Decreto Ejecutivo n.º 490, que restringió sus funciones a una única tarea: colaborar en las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía. Abad señala que los ministerios de Relaciones Exteriores, Producción, Economía y Finanzas, y Trabajo no ejecutaron las disposiciones del decreto, lo que considera una muestra de desobediencia y obstaculización a sus labores.

Solicitudes de fiscalización

La vicepresidenta ha pedido que se investigue y censure a los siguientes funcionarios:

1. Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa: Por ordenar a las Fuerzas Armadas impedir su acceso a la Vicepresidencia.
2. José de la Gasca, ministro de Gobierno: Por coordinar acciones para obstaculizar su ingreso al edificio de la Vicepresidencia.
3. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo: Por disponer cambios irregulares en la modalidad de trabajo de los empleados de la Vicepresidencia y no ejecutar el Decreto n.º 490.
4. Gabriela Sommerfeld, canciller: Por no implementar las disposiciones establecidas en el Decreto n.º 490.
5. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, y Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior: Por no cumplir con las acciones derivadas del decreto.
6. Sariha Mora y Cynthia Gellibert, vicepresidentas encargadas: Por no ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.º 490.
7. Juan Francisco Román Mendoza, secretario general de la Vicepresidencia: Por ejercer sus funciones de manera «irregular y deshonrosa» sin justificar su nombramiento.

La Asamblea Nacional, encargada de atender estas solicitudes, enfrenta limitaciones debido a la suspensión de las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) hasta el 9 de febrero de 2025, en cumplimiento de una resolución legislativa emitida el pasado 4 de enero.

Abad concluye solicitando celeridad en el tratamiento de su caso, el cual, según ella, pone en riesgo la estabilidad institucional y el respeto a los derechos constitucionales en el país.

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El fundamento de la recusación señala que la jueza Vera, quien ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad retome su cargo, estaría afiliada al partido político Avanza. Sin embargo, el texto presentado no incluiría una certificación que respalde la afirmación. Por ello, su defensa solicitó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirme o desmienta la supuesta afiliación.

Washington Andrade afirmó que también pedirán al director del partido Avanza, Ramiro Ortiz, el registro de afiliación correspondiente, el cual debería incluir la firma auténtica de la jueza Vera. En caso de no encontrar evidencia concluyente, se denunciaría una posible falsificación del documento.

Denuncia de irregularidades

El abogado calificó la maniobra como «una grave leguleyada» que podría constituir una infracción penal. Asimismo, criticó al partido político que auspicia al candidato presidencial Luis Tillería, conocido por su propuesta de «reseteo» del país, señalando que estaría avalando acciones destinadas a obstaculizar la justicia y ejercer tráfico de influencias.

La causa en la que participa la jueza Nubia Vera se enmarca en un proceso judicial de alto perfil que ha generado controversia y tensiones políticas.

Su defensa subrayó que estas acciones legales se han vuelto una «bola de nieve de mentiras» para encubrir presuntas obstrucciones a la justicia y actos de tráfico de influencias. Añadió que tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del proceso y la reputación de su defendida.

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“La Constitución es clara, pero no la respetan”, afirmó Abad en una entrevista concedida a CNN. Señaló que el presidente Noboa ha “atropellado” los límites legales que regulan el ejercicio del poder y denunció que ha recurrido a «acciones cobardes» para bloquear su acceso al despacho vicepresidencial, a pesar de contar con una orden judicial a su favor.

El conflicto escaló el 11 de noviembre, cuando Noboa designó por decreto a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, una decisión que generó polémica. Posteriormente, el Gobierno anunció la derogación de dicho decreto, pero limitó las funciones de Abad exclusivamente a las relaciones con Turquía.

Críticas al manejo institucional

Abad cuestionó la debilidad institucional en el país, responsabilizando tanto al Gobierno como a las autoridades por lo que considera una falta de independencia y cumplimiento de sus obligaciones. “El presidente ha hecho de la poca institucionalidad que ya teníamos en Ecuador una herramienta para imponer su voluntad”, denunció. También destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha permitido irregularidades, como el uso de recursos públicos durante la campaña.

Según la vicepresidenta, el artículo 93 del Código de la Democracia establece de manera inequívoca que los dignatarios que busquen reelección deben solicitar licencia sin remuneración para garantizar la igualdad de condiciones entre los candidatos. “En Ecuador esto es ilegal, es inconstitucional”, reiteró.

Denuncias de persecución política

Abad denunció que ha sido víctima de «persecución política» por parte del Ejecutivo. Además, acusó al presidente de emplear a las Fuerzas Armadas para impedirle el acceso a su oficina en un momento que describió como «álgido» para el país.

La vicepresidenta también resaltó la valentía de la Asamblea Nacional (AN) al adherirse a la Constitución y exhortó a la Corte Constitucional (CC) a actuar de manera inmediata. Asimismo, instó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a sancionar las irregularidades cometidas por el mandatario.

En la entrevista, Abad hizo un llamado a la región para que se active la Carta Democrática y se garantice el respeto al Estado de derecho en Ecuador. Según la vicepresidenta, los actos del Gobierno ecuatoriano representan no solo un riesgo nacional, sino también una preocupación para toda la región.

«Él cava a su propio hoyo, porque eso le va a llevar sus actos a la misma destitución del cargo por estar haciendo obviamente lo que no corresponde», resaltó.

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¿Qué dio lugar a esta decisión?

Luego de conocerse la sentencia de la jueza Nubia Vera, quien desestimó la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días, el Ejecutivo ha buscado “las vías” para impedir que la segunda mandataria electa reemplace a Daniel Noboa durante este periodo de campaña electoral. El 2 de enero, el jefe de Estado encargó nuevamente a Sariha Moya la Vicepresidecia en virtud de la designación de Abad como consejera temporal en Turquía, dada mediante Decreto 490. En respuesta, la segunda mandataria solicitó vacaciones hasta el viernes 3 de enero y la mañana del sábado anunció que asumiría la presidencia de la República desde el 5 de enero. En el video publicado en sus redes sociales hizo un llamado a las fuerzas militares y policiales a mantener la estabilidad democrática, pero ambas instituciones emitieron comunicados oficiales respaldando al primer mandatario.

Moya se excusó de asumir el encargo por un quebranto en su salud; por lo que, mediante un nuevo decreto (494) del 4 de enero, el primer mandatario designó como vicepresidenta encargada a Cynthia Gellibert, actual secretaria de la Administración Pública, “hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente en la embajada del Ecuador en la República de Türkiye”. Pero luego se vendrían denuncias que acompañaron el inicio de la campaña que pondría, una vez más, en aprietos al Ejecutivo.

Insistencias para no pedir licencia en campaña

Los voceros del Ejecutivo se encargaron de asegurar que el presidente Noboa no estaba obligado a pedir licencia durante el periodo de campaña, alegando que su candidatura no es una reelección tras completar un periodo post muerte cruzada. José De la Gasca, ministro de Gobierno, se basó en una sentencia interpretativa de la Corte de octubre de 2012 donde se dice que la facultad de solicitar o no licencia “va de la mano de la responsabilidad política y democrática” que tienen las autoridades públicas en cumplir con la labor que el soberano le encomendó. Con esta interpretación de la interpretación, el Ejecutivo argumentó que el presidente Daniel Noboa estaba llamado a seguir enfrentando el conflicto armado interno declarado en enero de 2023.

Sin embargo, la normativa vigente es clara. Según el Código de la Democracia, artículo 93 inciso segundo, quienes postulen al mismo cargo en una elección inmediata (reelección) deberán hacer uso de una licencia sin remuneración “desde la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones”; mientras que, el artículo 146 de la Constitución manda que en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República le corresponde al segundo mandatario o mandataria asumir el reemplazo.  Pero, ninguna de las dos normativas ha sido acatadas por el presidente y candidato presidencial.

En este contexto, el pasado domingo arrancó oficialmente la campaña electoral para los comicios del 9 de febrero. Los candidatos y candidatas a las diferentes dignidades realizaron sus primeros mítines para ganar el voto del electorado en varios puntos del país, incluida la aparición pública del presidente aún en funciones quien se dirigió a simpatizantes del partido oficialista ADN desde el balcón del Palacio de Carondelet. Algo que, según la misma Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador – Código de la Democracia, configura una infracción en periodo de campaña.

Esto fue observado como un incumplimiento, tanto por juristas, actores políticos y candidatos, quienes señalaron el acto como “proselitista” al haber hecho uso de los recursos públicos para inducir al voto. Los candidatos a la presidencia Henry Cucalón del movimiento Construye y Luis Felipe Tillería del partido Avanza, presentaron este 6 de enero acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral, respectivamente. Asimismo, el candidato por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, hizo un llamado al CNE, Contraloría General y la Corte para actuar y exigir al candidato-presidente solicite licencia para ejercer su campaña electoral.

Ante las denuncias presentadas por los candidatos presidenciales, un ligero recordatorio de las prohibiciones en un comunicado del CNE y una posible sanción por supuesto peculado, el presidente Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert del 9 al 12 de enero de 2025. En el Decreto Ejecutivo Nro. 500, emitido la mañana de este martes, se indica que el encargo se debe a la ambigüedad del pronunciamiento del CNE, a supuestos que pueden aparecer por la percepción ciudadana y la aparente confusión de cualquier evento público del presidente con un acto proselitista. Estas serían, según el Ejecutivo, las “circunstancias de fuerza mayor” que le impedirían ejercer sus funciones como presidente por tres días.

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Desde el Ejecutivo, se ha reiterado que el presidente Noboa no planea tomar licencia, argumentando que la normativa solo aplica a quienes buscan la reelección para un segundo período completo. Según esta interpretación, Noboa estaría culminando el mandato presidencial interrumpido de Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2023.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En caso de que Noboa decida acogerse a una licencia, encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada mediante decreto firmado el pasado 4 de enero, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo.

Contexto del reemplazo de la vicepresidenta Abad

En diciembre de 2024, Noboa asignó a Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, con la obligación de asumir funciones desde el 27 de diciembre. Al no cumplir con esta designación, el Ejecutivo declaró su ausencia temporal, impidiendo que Abad asuma la Presidencia en ausencia de Noboa.

La decisión ha generado controversia, ya que Abad, actualmente de vacaciones, sostiene que tiene un mandato constitucional para asumir el poder.

En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron comunicados afirmando su compromiso con la obediencia al orden civil y a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Ambas instituciones reconocen como vicepresidenta en funciones a Cynthia Gellibert.

Declaraciones de Verónica Abad

A través de un video publicado en redes sociales, Abad reafirmó su intención de asumir la presidencia este 5 de enero, argumentando un mandato expreso en la Constitución. La funcionaria llamó al apoyo de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, prometiendo una gestión enfocada en la estabilidad democrática, la paz y el respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Ecuador y prevenir cualquier intento de desestabilización política. “Reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado Constitucional y la paz social”, declaró Abad.

La expectativa recae en la decisión que tome el presidente Noboa respecto a su licencia. La medida podría definir el curso de la campaña electoral, que se extenderá hasta las elecciones generales del próximo 2 de febrero.

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En el documento, las Fuerzas Armadas citaron los Decretos Ejecutivos No. 490 y 494, firmados por Noboa, que establecen la designación de Abad como consejera económica en la embajada de Ecuador en Turquía y el nombramiento temporal de Cynthia Gellibert como vicepresidenta hasta el 22 de enero o hasta que Abad asuma su función en Ankara.

“Nos corresponde acatar las disposiciones del Presidente Constitucional en funciones y cumplir nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, subraya el comunicado.

Declaraciones de Abad

En un video difundido en redes sociales, Abad afirmó que, conforme a la Constitución, asumirá la Presidencia durante la campaña electoral de Noboa, quien busca la reelección. Sostuvo que su función no requiere un acto de posesión adicional y que ejercerá la presidencia en cumplimiento del mandato popular.

“La sucesión es clara, no existe confusión ni oscuridad en el ejercicio de la Presidencia Constitucional”, aseguró Abad, enfatizando que su administración garantizará paz, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

La vicepresidenta también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la comunidad internacional para respaldar su gestión.

“Convoco al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para establecer una agenda de trabajo el 5 de enero y evitar cualquier vacío de poder”, señaló.

Tensión en la cúpula de poder

El anuncio de Abad y la respuesta de las Fuerzas Armadas profundizan la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia. La disputa surge en medio de un proceso electoral marcado por la polémica y la incertidumbre jurídica.

El Ejecutivo considera que cualquier acción unilateral de Abad podría interpretarse como un intento de desestabilización. Mientras tanto, sectores afines a la vicepresidenta insisten en que su accionar se enmarca en la Constitución.

La situación plantea interrogantes sobre la gobernabilidad en Ecuador a pocas semanas de las elecciones presidenciales, programadas para el 9 de febrero.

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En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

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La decisión del TCE responde a una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien acusó a Abad de realizar actos de precampaña mediante sus redes sociales, donde utilizó imágenes, mensajes y símbolos de campaña antes del inicio oficial del periodo electoral.

A pesar de que la primera denuncia, presentada en junio, no fue admitida, Guarderas insistió en el trámite en julio, y tras la evaluación de pruebas documentales y periciales, el Tribunal emitió su fallo.

En su sentencia, el TCE explicó que si bien la conducta de Abad fue reprochable, no causó un impacto significativo en el proceso electoral, por lo que consideró que la sanción económica sería suficiente para disuadir conductas similares en el futuro. La vicepresidenta tiene 30 días para realizar el pago en una cuenta designada de BanEcuador, en caso de incumplimiento, la multa será cobrada de manera coactiva.

Esta medida es parte de una serie de acciones recientes relacionadas con Abad, quien también enfrenta otras denuncias por violencia política de género y ha solicitado acciones de protección.

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Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), planteó la causa en julio de este año, supuestamente en calidad de ciudadano común. Así como otros procesos que ha venido ejecutando en contra de autoridades de gobierno, como Pabel Muñoz, a los que considera amenazas para el gobierno de Noboa. A pesar de haber asumido el cargo como consejero el 6 de octubre de 2023, luego de la destitución de Alembert Vera, se ha mantenido en que su trabajo como denunciólogo lo viene haciendo durante toda su carrera. Pero sus nexos con el gabinete del actual gobierno le han otorgado un poder ad honorem sobre el TCE para hacer y deshacer sobre estos y otros procesos.

El equipo de Guarderas

La denuncia contra el alcalde de Quito, por ejemplo, la realizó el 10 de noviembre – un mes después de ser obtener la titularidad en el CPCCS – junto a Mónica Jaramillo, quien entonces fungía como su asesora. Esta vez, en el proceso contra Abad tuvo como compañía a su reciente exequipo de trabajo. Pues, durante la audiencia de hoy estuvieron presentes Pablo Sempertegui, exasesor y exsecretario técnico de transparencia, y Alicia Celorío Suárez, quien fue asistente administrativa de su despacho y prosecretaria encargada hasta julio de 2024.

Todos contra Abad

Luego de suspenderse la audiencia, Guarderas dijo ante los medios de comunicación que rechaza la decisión de la jueza y aseguró que se notificó a la vicepresidenta “bajo exhorto” desde agosto pasado. La defensa de Abad, por su parte, dijo que apenas hoy pudo acceder al expediente íntegro que contiene 800 páginas y que, por lo tanto, fue imposible leerlo antes de la diligencia ante el TCE. En este objetivo que persigue el Ejecutivo también se solicita la suspensión de sus derechos políticos, petición que llevan adelante la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dentro del proceso de sumario administrativo retomado después de la negativa a la acción de protección planteada por Verónica Abad.

Juan Esteban Guarderas fue funcionario del Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021, y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Actualmente, en su calidad de consejero, impulsa la renovación total de los vocales del CNE, aunque esto no se encuentre establecido en los reglamentos para el concurso. En mayo de 2024 promovió la denuncia contra el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por haber sido parte de la “Liga Azul” ante lo que el TCE resolvió sancionar con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, proceso que busca también para los consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

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El pasado 11 de septiembre el Ejecutivo consultó a Procuraduría si el abandono injustificado de trabajo por parte de un servidor público desembocaría en una inhabilidad para continuar en otro cargo. En este sentido, la respuesta del organismo se basó en el artículo 15, 9 y 12 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).

La consulta del Gobierno ocurre en medio del proceso de sumario administrativo que inició el Ministerio del Trabajo, a petición del Cancillería, en contra del vicepresidenta Verónica Abad por incumplimiento de funciones en el rol de embajadora del Ecuador, en Israel.

Según justifica la cartera de Estado, la Segunda Mandataria no acató la disposición del presidente Daniel Noboa de arribar a Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre, pues ella llegó a su destino el 9 de septiembre.

¿Puede Abad ser destituida del cargo de Vicepresidenta?

Varios expertos aseguran que sería ilegal la destitución de Abad por la sanción de un sumario administrativo. El abogado Alberto Montenegro explicó a La Calle que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que este proceso no aplica a los funcionarios de elección popular.

Agregó que solo el hecho de abrir un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria violenta la seguridad jurídica. Montenegro citó el artículo 226 de la Constitución que establece que la competencia y las facultades de las instituciones y servidores públicos deben estar previstas exclusivamente en la Constitución y la ley, no en un acuerdo ministerial.

”Esto violaría la independencia de poderes (…) aunque en este país ya todo puede ser posible”, resaltó. En este sentido, citó el acontecimiento del asalto a la embajada de México del pasado 5 de abril, un hecho al que calificó como ”descabellado”.

Por otro lado, señaló que también existiría una ilegalidad si Abad es sancionada en calidad de embajadora de Israel porque antecede su función de Vicepresidenta. Si la funcionaria es destituida como servidora de Cancillería, tendría que abandonar su otro cargo debido a que esta sanción impide que pueda ejercer un cargo público por dos años.

Ante estas intenciones, el jurista indicó que lo recomendable es que la segunda mandataria interponga un acción de protección.

”Pero es muy posible que el juez que llegue a conocer de dicha acción, la niegue y hasta la llegue a inadmitir por las tantas confusiones creadas por la Corte Constitucional”, dijo

Un acuerdo improvisado

Como si de una casualidad se tratara, el 11 de septiembre el Ministerio del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175. Este documento expide el procedimiento de Sumario Administrativo otorgando a la cartera de Estado la potestad de tramitar estas solicitudes en contra de funcionarios que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público.

Si se consuma la destitución de Abad a través de esta acción, otras autoridades de elección popular podrían enfrentarse a la misma situación. (AGM).

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«Cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran e la LOSEP inmediatamente abrimos un sumario administrativo (…) La Constitución de la República lo plantea en el artículo 229 y la LOSEP en el artículo 83 literal C que aquellas personas que son designadas mediante un proceso electoral son servidores públicos, no son de carrera», dijo en entrevista con Carlos Vera.

Agregó que cuando uno es funcionario diplomático debe ser prudente en las declaraciones que diga, esto por las declaraciones de Abad sobre la situación interna del Ecuador y su crítica al presidente por la situación que vive el binomio actualmente.

No obstante, la razón del sumario administrativo, llegar a Turquía después del 1 de septiembre, genera dudas ya que el decreto del 8 de agosto firmado por el presidente Noboa disponía ese traslado, pero sin una fecha límite para su efecto de tipo inmediato. Núñez indicó que sería un pedido administrativo de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Posibles consecuencias

Tampoco, dice la ministra, Abad envío un informe de funciones para justificar no haber llegado el 1 de septiembre a Turquía y que no saben qué pasó entre el 1 y 8 de septiembre. La vicepresidenta tiene un plazo de 10 días laborables para contestar la apertura del sumario administrativo, de allí lo califica la sustanciadora de trámites administrativos del Ministerio. Si cumple los requisitos se convoca a una audiencia oral y pública, donde estará la afectada y un delegado de la presidencia de la República.

¿Pueden destituir a Abad por esa vía? De acuerdo con la ministra, la vicepresidenta está siendo sumariada por funcionaria pública y no por vicepresidenta. «Vamos a ver lo que sucede al final en este caso – creo – hito del Ecuador. (…) Marca un ‘de ahora en adelante’, pero en el caso de la señora Abad ¿por qué no la catalogan cuando pone una denuncia contra el presidente? Ahí no se mide eso, pero cuando una ministra de Trabajo hace lo que hace y, además, lo hace bien ahí sí es una estúpida«.

Respuesta de Abad

La respuesta de la vicepresidenta llegó a la Asamblea Nacional, la vicepresidenta solicitó al Legislativo la fiscalización y control contra la ministra de Trabajo y la canciller. «Vamos a ponerlo en el orden del día del próximo martes (24 de septiembre) porque ya no podemos modificar la sesión de este jueves 19. El Pleno escuchará los argumentos que pone en la carta y tendrá que resolver de forma pública», dijo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

Añadió que se reunirá con los jefes de las bancadas legislativas e incluso con el gobierno para el procedimiento y lo que se va obtener de la resolución del Pleno. «La forma de destitución del vicepresidente/a está en la Constitución, me preocupa que utilicen otros mecanismos que vayan en contra de la Constitución». (MIB)

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