El veto al proyecto de facilidades de pago de créditos educativos, aprobado con 112 votos en abril en abril del 2025, exige incluir «beneficiarios en su totalidad» (deudores, garantes y codeudores) y una tabla de plazos. La norma vetada permitía refinanciar deudas hasta en 240 meses con cuotas accesibles, sin embargo, el Ejecutivo alega «inconveniencias técnicas».

Trabajo doméstico: Derechos postergados

La objeción a la «Ley para Dignificar el Trabajo del Hogar» enmarca las siguientes observaciones:

• – Acceso infantil: Noboa tilda de «discriminatorio» el acceso preferente a guarderías para hijas/os de trabajadoras, ignorando que el 78% de este sector vive en pobreza, según el último registro del INEC.
• – Denuncias anónimas: Califica de «inconstitucional» recibir denuncias sin verificación previa, pese a que el 92% de abusos laborales en el sector no se reportan por miedo a represalias, de acuerdo a la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA).
• – Ausencia presupuestaria: Rechaza la creación de nuevas estructuras en el Ministerio del Trabajo por una supuesta violación a la separación de poderes y déficit presupuestario.

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«No reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense diferente a nosotros», dijo a los medios guayaquileños que se dieron cita en el centro de estudios. El veto parcial se entregará en la tarde a la Asamblea Nacional.

Con un escueto comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación informó del evento luego de terminarse. «El Ecuador necesita una prensa responsable, libre; una prensa que investigue y que contraste la información», agregó el presidente.

Según la SECOM, la objeción parcial de Ejecutivo «contó con el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales».

Con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el pasado 21 de julio, el informe de minoría de la Ley de Comunicación. Un revés para el Gobierno, ya que fue el primer proyecto que envió el presidente Guillermo Lasso al asumir el cargo.

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El Gobierno informó esto mediante un comunicado vía twitter. Allí menciona que esta objeción del presidente Guillermo Lasso responde «a la necesidad de garantizar el uso de la fuerza de los cuerpos militares y policiales». Esto, «sin que eso signifique el menoscabo a sus derechos».

Actualmente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuentan con 31 normativas directas e indirectas que controlan, regulan y garantizan sus actividades y derechos. Es decir, hay acuerdos ministeriales, resoluciones, reglamentos y leyes que amparan su accionar.

La Policía Nacional posee 13 cuerpos legales que de igual manera garantizan sus derechos, accionar y sobre todo, el uso de la fuerza. El 10 de julio de 2014 fue aprobado mediante acuerdo ministerial 4472 El Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional.

Uno de los puntos críticos es la ‘objeción de conciencia militar’ para el abogado y experto en DD.HH., Fernando Bastidas. Lasso pretende suprimir el artículo 19 que justifica incursiones militares, como situaciones que afecten el orden público. Pero más importante aún, que garantiza los derechos humanos.

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Para el ejecutivo, esto se justifica porque «las operaciones militares podrían verse afectadas y poner en riesgo la vida del personal». Según Lasso, esto implica que ningún soldado podrá negarse a órdenes superiores de este contexto y que en un caso de no serlo, la tropa sería procesada por sedición.

¿Fuerza pública para regular desobediencia civil?

Muchos opinan que no es del todo válida la justificación de Lasso para dejar sin regulación a la fuerza pública. Aseguran que el Gobierno busca nuevas competencias para las fuerzas del orden en casos de desobediencia civil.

El presidente intenta utilizar a las FF. AA. como grupo de apoyo en situaciones de emergencia. El Gobierno ya no necesitaría Estado de Excepción con el cambio del artículo 31 del veto. O sea, la ‘complementariedad’ cambia por el ‘apoyo’ militar a la Policía Nacional «durante crisis y graves alteraciones del orden».

Tras nueve días de finalizado el paro nacional surgió este veto presidencial que muchas organizaciones de DD.HH. tachan de autoritario, violento y desproporcionado desde la fuerza estatal.

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Se tomó la votación de la moción de la asambleísta Pierina Correa (UNES) de allanarse al veto del presidente. No obtuvo los votos suficientes. 17 votos positivos, 73 negativos y 40 abstenciones. Llori no dio paso a más pedidos de votación.

Sin un pronunciamiento de la Asamblea y con la fecha límite del 16 de abril, la ley con los cambios que estipuló Lasso entrará por el Ministerio de la Ley.

Pedido de Alejandro Jaramillo

El asambleísta Alejandro Jaramillo criticó la suspensión de la sesión sin considerar el pedido de moción que él realizó para ratificar el texto original del Legislativo.

«¡Vergonzoso! Otra vez Guadalupe Llori le hace juego al Gobierno. Suspende la sesión sin considerar mi moción de ratificación del texto del Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación. ¡El documento fue ingresado el 5 de abril y teníamos los 92 votos!», escribió. MIB

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Para la socióloga feminista, Ana Cristina Vera, es sumamente importante lo sucedido en la Asamblea, pues se decidió poner un límite al poder presidencial desde la Asamblea.

«El mensaje claro es: un veto de constitucionalidad no tiene que ver únicamente como lo nombre una persona, el presidente, sino con el fondo de los argumentos. Aclarando que la democracia se sostiene en la división de poderes», sostuvo.

Además, Vera insistió en que si bien el presidente no puede estar de acuerdo con las leyes y puede objetarlas, esto no significa hacer una nueva ley completamente distinta.

“Si se está en desacuerdo absoluto con una ley, puede hacer un veto total. Puede objetar haciendo una interpretación constitucional, pero debe someterla a la Corte Constitucional y no hacer él, un control previo de constitucionalidad”, expresó.

«Ninguna persona o poder puede usar abusivamente sus potestades para usurpar el poder de otra institución, no somos un país con un emperador absolutista, sino un Estado constitucional de derechos y justicia, donde todo el mundo debe respetar la constitución y la ley, incluido el presidente», añadió.

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El veto de Lasso a la Ley de Aborto por Violación

Las objeciones del mandatario incluyen 49 observaciones y 6 cambios realizados por el presidente, lo que significaría el envió de una nueva Ley. Entre los cambios, se estableció el plazo de 12 semanas como límite para realizar un aborto, sin tomar en cuenta si la víctima pertenece al sector urbano o al sector rural. Solo exceptúan a las mujeres con discapacidad mental.

Además, impone requisitos como denuncia, declaración jurada o examen médico legal. Asimismo niñas y adolescentes requieren autorización de representantes legales, olvidando que en la mayoría de ocasiones son, precisamente, los representantes legales, familiares, e incluso los propios padres quienes abusan sexualmente de las menores.

El veto también plantea que las instituciones de salud privadas podrían objetar conciencia institucional.

El texto alternativo fue enviado a la Corte Constitucional con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones para ser evaluado.

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“Vimos el veto parcial del presidente y tenemos claro que él no va a legislar en función de las mujeres, sino por sus agendas personales”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta recalcó la importancia de obtener políticas de erradicación de violencia de género. Pues, todavía se sigue evidenciando la desigualdad salarial, laboral y tratos inhumanos hacia las mujeres.

Carrillo comentó que la Ley Orgánica para erradicar la violencia de género ha perdido su enfoque y existen dificultades normativas en torno a esta.

“Hay dificultades normativas. La definición de violencia la ley lo estipula de una forma y el COIP lo estipula de otra forma”, expresó la asambleísta.

Además, sostuvo que Guillermo Lasso es un presidente completamente indolente que no conoce cómo se maneja el sistema judicial, donde solamente el 2.3% de mujeres denuncian los casos de violación.

“Fue bastante desolador saber que él desconoce de la realidad de las mujeres, de las niñas que están siendo abusadas y son víctimas de violación”, aseguró Carrillo.

También reiteró que es importante trabajar con las juntas parroquiales, con las prefecturas y alcaldías para crear políticas eficientes y erradicar la violencia de género.

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En una entrevista en el programa Hablando Claro, Iza manifestó que el veto de Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, al proyecto de Ley es grave, sobre todo, en este contexto de crisis.

«Lasso no está dispuesto a ayudar en lo más mínimo al pueblo. Más pesa su interés directo con la empresa privada, con quienes se lucran de los clientes» expresó Iza.

Además, comentó que los textos dispuestos en la Ley y vetados por el presidente iban a favorecer al pueblo ecuatoriano. «El presidente de la República no está dispuesto a avanzar en nada, porque hay una relación directa con las transnacionales telefónicas y otras entidades que se han beneficiado del bolsillo de los clientes, de los usuarios», aseveró.

La Ley

El presidente Laso realizó 32 observaciones al proyecto de Ley. Dentro de las observaciones realizadas, está la eliminación de textos referentes a cobros y pagos en los casos de que no exista autorización del cliente.

También se quitó el texto respecto a la acumulación de minutos en los planes de telefonía celular e internet. Además, el veto incluye la ampliación del rango de tiempo de cobranza los días hábiles desde las 07:00 hasta las 22:00, incluidos los sábados.

Leonidas Iza, en días anteriores, rechazó el veto en su cuenta de Twitter y expresó su descontento ante los cambios sugeridos por el Gobierno, en la normativa.

«Más violencia económica de Guillermo Lasso (…) Lasso rechazó que los bancos devuelvan en tres días los cobros indebidos. No quiere que el saldo ni los megas se acumulen. Pero si quieren que continúen los acosos del Call Center ¿Asamblea Nacional que hará?»

Tras efectuarse las observaciones, el documento fue devuelto a la Asamblea Nacional y le corresponderá a la Comisión de Régimen Económico y Tributario recomendar al Pleno la ratificación.

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