17 proyectos de Ley vetados por el presidente

Hasta la fecha, Noboa ha vetado —total o parcialmente— diecisiete iniciativas legislativas, abarcando reformas en áreas sensibles como justicia, seguridad social, medio ambiente, cultura, trabajo y administración pública. Entre los proyectos que recibieron observaciones se encuentran las Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios y el Proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, los cuales, según el Ejecutivo, requerían ajustes para cumplir con estándares de técnica legislativa y constitucionalidad.

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Uno de los vetos que ha generado mayor debate es el de la Ley Reformatoria para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que buscaba obligar al Estado a transferir recursos a las municipalidades en los primeros cinco días de cada mes. El presidente Noboa vetó parcialmente esta ley, argumentando que imponer plazos estrictos podría afectar la liquidez del Estado.

También se destaca el veto a la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y la Ley del Servicio Público, que pretendía eliminar la discriminación laboral hacia trabajadores mayores de 40 años. El Ejecutivo consideró que la propuesta, aunque bien intencionada, presentaba ambigüedades que podrían generar conflictos de interpretación y problemas en su aplicación.

Entre las otras normativas vetadas figuran:

• Ley de Registro
• Ley Orgánica de Cultura
• Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa
• Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales
• Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador
• Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca
• Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para pescadores y campesinos artesanales
• Proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario
• Proyecto de Participación de Rentas del Estado a favor de GAD por industrialización de petróleo en Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos

El tratamiento de las reformas relacionadas con la seguridad social ha sido particularmente sensible. Noboa vetó dos leyes que buscaban crear regímenes especiales: una dirigida a los habitantes de Galápagos y otra a pescadores y campesinos artesanales. El presidente argumentó que estas iniciativas, sin el debido respaldo financiero, pondrían en riesgo la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Críticas al nuevo mandato de Daniel Noboa

A pesar de las críticas provenientes de distintos sectores políticos y de gobiernos locales, el Ejecutivo ha defendido su postura asegurando que los vetos buscan «garantizar leyes viables, técnicas y responsables». Mientras tanto, en la Asamblea Nacional crece la discusión sobre posibles insistencias legislativas frente a los vetos, aunque estas requerirán mayorías calificadas para revertir las decisiones del Ejecutivo.

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Con un escenario político cada vez más tenso, surge la pregunta: ¿qué papel jugará Anabella Azín, madre del presidente, en el respaldo o en la redefinición de la estrategia gubernamental en los próximos meses?

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“Queremos que la ley que está vigente y que permite a las mujeres abortar en casos de violación sea una mejor ley, estamos tratando de mejorarla”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Gómez recalcó que los requisitos que establece la Ley de aborto por violación son obstaculizadores y no están en consonancia con la sentencia que elaboró la Corte Constitucional.

“Los estándares internacionales tienen que ver con la obligación fundamental de que una ley como esta no discrimine, que no revictimice, que cumpla con regulaciones como el tema de objeción de conciencia”, afirmó la directora.

Además, reiteró que el Estado ecuatoriano tiene que aportar y apoyar para que los profesionales de la salud tengan la posibilidad de sensibilizarse y capacitarse sobre la implementación de la Ley de aborto.                                       

«La Ley que está vigente, que pasó por el Ministerio de la Ley, permite la objeción de conciencia institucional, sobre todo en el sector privado… Hay omisiones que vulneran los derechos de las mujeres», aseveró Gómez.

La directora también comentó que las consecuencias a nivel operativo, por ejemplo, es que haya ambigüedad en la Ley y que, en el sistema de salud, los y las profesionales interpreten la Ley a su gusto.

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“El anuncio del veto tiene un carácter político. Este es un golpe político por parte del presidente Lasso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que el gremio periodístico tiene casi totales coincidencias con el proyecto de minoría de la Ley de Comunicación, aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no es la misma posición la de los dueños de los medios de comunicación.

«Los dueños de los medios de comunicación, aunque hacen una supuesta defensa de la libertad de expresión, hay otros temas que les importa: redistribución de frecuencias, apropiación patrimonial de frecuencias, captación de fondos públicos por publicidad”, afirmó Jurado.

También detalló que otros temas de su interés son: la eliminación de los controles para circular contenido publicitario o de entretenimiento rentables, preservar la indemnidad y el poder para realizar afirmaciones falsas con el propósito de afectar a los adversarios políticos de los medios o sus socios.

“Estos son los problemas que en el fondo incomodan a un grupo de medios de comunicación que se han beneficiado de la cercanía con el Gobierno”, aseguró Jurado.

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«La Ley tiene dos artículos: El primero indica la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. El segundo es la eliminación de los efectos tributarios que esta ley tuvo desde el momento de su registro oficial y aplicación”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta explicó que la naturaleza de la Ley Tributaria es recaudatoria de fondos públicos. No hay nada de desarrollo, ni sostenibilidad.

“El objetivo de esta ley y de estos tributos no son orientarlos al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, sino más bien a fortalecer el fondo internacional que tiene el Ecuador”, afirmó Sánchez.

No hubo beneficios con la ley

Además, recalcó que esta ley lo que hizo es agudizar las contradicciones sociales, aflorar más la crisis económica y aceleró estas condiciones de precariedad que vive la sociedad ecuatoriana.

“La ley es cuestionada incluso por los mismos sectores empresariales que no ven ninguna posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de reactivación productiva”, aseveró Sánchez.

También sostuvo que hay la posibilidad de que el presidente vete este proyecto, pero también hay otra posibilidad y es que esta ley se reforme y que se aporte con una normativa que realmente genere una reactivación económica.

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Con ocho de nueve votos a favor la Corte rechazó la objeción de inconstitucionalidad que hizo Lasso a la reforma de la LOEI aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 13 de marzo del 2022.

El organismo señaló que, el presidente Lasso no aportó las razones y argumentos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de las reformas.

El mandatario centró su argumentación en que el Ministerio de Finanzas emitió un informe desfavorable que trasgrede la armonía entre la sostenibilidad fiscal y la progresividad del derecho a la educación.

La Corte dalló que, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros y modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %.

Con el dictamen de la Corte, la LOEI vuelve a la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite correspondiente”, señaló la institución en un comunicado.

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En este sentido, dijo que tras aprobarse el veto del Ejecutivo a la Ley de Aborto por Violación lo que les queda es demandar la inconstitucionalidad de la ley.

“No podemos permitir que permanezca una ley como la que va a entrar en vigencia. Es una ley que revictimiza a las mujeres y promueve la violencia obstétrica”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vera aseveró que la Ley tiene un objeto totalmente diferente al texto aprobado inicialmente por la Asamblea.

“El veto del Ejecutivo promueve la objeción de conciencia y las niñas y adolescentes pierden el derecho de decidir sobre la interrupción del embarazo”, sostuvo la coordinadora.

“Lo que dicen las leyes internacionales es que la causal violación es incompatible con los plazos porque una sobreviviente de violación necesita que la ley sea amplia para el acceso al aborto”, añadió Vera.

La coordinadora recalcó que a la ciudadanía le hace falta tomar conciencia de lo que implica forzar a una niña o mujer a un embarazo producto de una violación. Reitera que forzar a la maternidad es una forma de tortura.

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Vargas tomó esta decisión porque, mientras la UNE exige al Gobierno que cumpla con las reformas a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobadas en la Asamblea, el Ejecutivo anunció que enviará el texto a la Corte Constitucional (CC).

Además, la UNE anunció movilizaciones. «El presidente de la República ha demostrado su falta de voluntad a este importante sector de la sociedad: el Magisterio», manifestó Vargas en una entrevista con Radio Centro FM.

Según Vargas, el Gobierno pretende dilatar el proceso de equiparación salarial y así, al final, no cumplir con aquello.

El gobierno no cumplirá con las reformas a la LOEI

Según el secretario General Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, la anterior administración aprobó la LOEI sin informes que avalen el incremento salarial para los docentes.

Por ello, la Corte Constitucional devolvió varios artículos al Legislativo para que sean subsanados y cuenten con los informes financieros necesarios. Sin embargo, dijo, que la Asamblea nuevamente desconoce esta parte del proceso que requería la Corte y aprobó las reformas sin un respaldo presupuestario para cubrir las reformas.

En este sentido, explicó que remitirá el texto de la LOEI a la Corte Constitucional y trabajará de manera paralela con las mesas técnicas.

¿La UNE vs. otras organizaciones?

Otras organizaciones sí esperan llegar a acuerdos con el Gobierno y en un mes y medio entregarán propuestas para subsanar la LOEI, según informó Agustín Lindao, presidente de la Red de Educadores del Ecuador.

Por otro lado, Christian Veloz, presidente de la Asociación de Profesionales de la Educación, explicó que el diálogo con el Jefe de Estado «sienta un precedente histórico, ya que existe el compromiso en cada una de las organizaciones gremiales para trabajar junto al Ejecutivo».

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La Alianza sostiene que la «objeción parcial» del presidente construye un nuevo proyecto de Ley, que modifica en un 97% el proyecto original y desconoce todo el proceso democrático que se llevó a cabo para contruirla.

Asimismo, reitera que es peligroso que el presidente pueda influir en la formación de las leyes por el efecto nocivo que podría tener sobre la democracia.

La Alianza argumenta que en un Estado de Derecho, existen varios bienes jurídicos que estarían siendo sacrificados con el proceder del presidente. Y que la seguridad jurídica que debe primar en los procesos de formación de las leyes.

De igual forma, solicita a la jueza de la Corte Constitucional activar el control preventivo de constitucionalidad, para que la Corte pueda emitir su dictamen.

La Alianza también dice que el presidente Lasso expidió un veto ambigüo, pues su interpretación se estructura en razones de constitucionalidad sobre las que el mandatario no se pronunció en su oficio.

Igualmente, en el documento, las organizaciones señalan que el mandatario, en un uso abusivo de su poder como colegislador, generó un proyecto de ley alternativo al originalmente planteado en el Legislativo.

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Andrade solicitó conocimiento de la causa y su primera disposición fue hacer la consulta al mandatario.

Para el constitucionalista, André Benavides, la Asamblea se estaría arrogando funciones. “Los asambleístas tienen dos opciones al momento de conocer un veto presidencial te allanas a los textos alternativos del Ejecutivo o te ratificas en los textos que fueron aprobados en segundo debate. Aquí parece que estamos viendo una situación irregular que más bien viene a ser también un capricho político”, dijo el experto.

Benavides considera que la Corte debe inhibirse de conocer este tema, pues la Asamblea estaría sentando un nefasto precedente nefasto. “Mañana bajo el pretexto de que el veto supuestamente es por razones de inconstitucionalidad podrían bloquear las iniciativas legislativas, ya sean de los propios asambleístas o del presidente”, dijo para Teleamazonas.

El experto advierte que la Ley entrará en vigencia el próximo 16 de abril con todos los cambios hechos por Lasso, esto como consecuencia de un allanamiento tácito del legislativo.

Sin embargo, para el legislador Alejandro Jaramillo, la Corte tiene que abocar conocimiento y declarar la admisibilidad del remitido por parte de la Asamblea Nacional. Desde ahí, dice, se cuentan 30 días para que pueda emitir este este dictamen.

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“Este informe tiene que pasar de la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacional, y la Asamblea debe votar por dicho informe”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Carrillo recalcó que las 61 observaciones de los 63 artículos de la Ley de aborto en casos de violación es una burla y mofa total por parte del presidente.

“Él no dio el veto total porque no quería que se archive, quería que pase dicho proyecto que es revictimizante y sobre todo vuelve a criminalizar a las mujeres víctimas de violación”, aseguró la asambleísta.

Además, comentó que para precautelar una ley justa y reparadora la Comisión pretende enviar el informe a la Corte Constitucional.

“Confiamos que la Corte Constitucional haga su respectivo trabajo, enfocado en los derechos humanos y que, sobre todo, no se deje amedrentar por parte del Ejecutivo”, reiteró la asambleísta.

Carrillo sostuvo que el presidente Guillermo Lasso emitió una visión personal al vetar la ley y su accionar se vuelve inconstitucional dentro de los ámbitos de derechos.

“Es horrible y también tedioso que el presidente pida a las víctimas de violación que hagan una denuncia, una declaración juramentada y un examen para poder creerles”, afirmó Carrillo.

Por último, aseguró que van a seguir tratando de sumar los votos de las diferentes bancadas para que puedan darles un mínimo de dignidad a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violación.

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Quito 20 mar (La Calle).- La Plaza de la Independencia fue el punto de encuentro de decenas de mujeres que se reunieron con el fin expresar su rechazo al veto presidencial que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo después de las 12 semanas de gestación en casos de violación.

Frente al palacio presidencial mujeres y niñas con su pañuelo verde gritaban consignas en contra de la resolución, pues sostienen que dicho veto es injusto y revictimiza a las víctimas de violación.

Entre las observaciones que plantea el veto está la obligatoriedad de presentar evidencias del delito con una denuncia o declaración juramentada, reduce las temporalidades sin importar que la víctima sea niña o mujer, sin discriminar si vive en la zona urbana o rural.

Finalmente, presenta la figura de objeción de conciencia, que establece que si la mayoría de doctores se niegan a realizar la práctica médica, todo el centro de salud no podrá realizar el aborto.

Varios colectivos feministas sostienen que el proceder de Lasso evidencia su odio y misoginia ante este grupo vulnerable. Argumentan además que Lasso gobierna con dogmas religiosos en un estado laico.

De acuerdo con las activistas, habrá más manifestaciones hasta que el presidente plantee una ley que garantice la protección de los derechos de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual.

En esta ocasión no se observó represión policial, contrario a lo suscitado el 8 de Marzo, cuando las mujeres fueron agredidas con golpes y gas pimienta. De todos modos, algunos policías se acercaron para tratar de detener la movilización.

Marcha anti derechos

La víspera, un grupo de personas que se oponen a la interrupción del embarazo en casos de violación llegaron a ese mismo lugar para expresar su apoyo a Lasso.

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Martínez, quien es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y directora de Rescate Escolar, considera que el Ejecutivo ha condenado a las niñas, adolescentes, mujeres y «personas gestantes», vulneradas sexualmente, a la maternidad.

«Lo que han hecho ahora tiene que ver con limitarnos a la maternidad, a nuestro rol materno pese a cualquier circunstancia (…) Se está subordinando nuestro cuerpo y nuestros planes de vida», la activista.

Por otro lado, Martínez también se cuestionó sobre la parcialidad del veto y señaló. «Lasso dice que la Asamblea no se ha ceñido a lo que dice la Corte Constitucional; no es cierto, porque (…) en bloque de constitucionalidad, lo lógico era que el vete la ley por inconstitucionalidad».

La funcionaria y activista también manifestó que las organizaciones y movimientos defensores de derechos interpondrán demandas de inconstitucionalidad.

«Al final del día nosotros vamos a seguir demandando en todos los espacios nacionales e internacionales el cumplimiento de los derechos (…) habrá que demandar la inconstitucionalidad nuevamente».

Sobre la unificación de los plazos

Lasso realizó 61 observaciones y tendrá que presentar un nuevo texto al Legislativo. Dentro de estas observaciones, el mandatario contempló el unificar en doce semanas el tiempo máximo legal para interrumpir el embarazo en caso de violación.

Con lo anterior, el gobernador prevé eliminar la excepción de dieciocho semanas contemplada por la Asamblea para niñas, adolescentes, indígenas y otras mujeres del área rural.

Martínez señaló al respecto que «cuando uno trata de equiparar en términos de derechos y alega el principio de igualdad y no discriminación, siempre vamos a tender a lo alto, a la alza, o no a la baja (…) Se entiende, en materia de derechos, la no regresividad de los derechos».

Además, la funcionaria dijo que, desde una visión técnica, lo que el mandatario tuvo que hacer fue elevar los plazos, y no disminuirlos.

Sobre los requisitos para el acceso a la interrupción

Martínez manifestó que el mandatario ha actuado desde el prejuicio. «En el momento en que, por ejemplo, se dice que hay que poner una denuncia, una declaración juramentada, o hacer un examen médico a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres mienten y, por lo tanto, cualquiera de estas mujeres o estas niñas van a inventarse que sufrieron una violación para poder abortar», dijo la funcionaria.

El veto, ¿una cuestión religiosa en un Estado laico?

Sybel Martínez tambien considera que el actuar del presidente Lasso, además de llevarse a cabo desde el prejuicio, también ha llevado a cabo un «secularismo estratégico».

«Lasso haciéndose pasar por una persona que se pone al margen de sus creencias, en realidad está actuando y legislando desde sus creencias para justificar todo lo que sucede en esa ley», dijo la funcionaria.

Además, añadió que «él debía hacer prevalecer efectivamente o manejarse exclusivamente en términos técnicos, jurídicos bioéticos, algo que no ha hecho». También señaló que «se supone que él (Lasso) cómo colegislador no tiene que legislar a través de sus dogmas, de su fe, de sus creencias».

Contexto

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, impuso un veto de manera parcial a la ley que regula el aborto en casos de violación, este martes.

Lasso publicó una carta en su cuenta de Twitter donde señala que son cerca de 61 observaciones a la ley. Entre las observaciones están los plazos de acceso al aborto, requisitos para el acceso a la interrupción de la gestación y las condiciones para la objeción de conciencia del personal médico.

La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para aprobar con mayoría simple, es decir, 71 votos, las observaciones del Ejecutivo o ratificarse en el texto original, para lo que requerirá las dos terceras partes de la cámara: 92 votos.

La ley fue recientemente aprobada por el Legislativo, tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo, de forma voluntaria, para mujeres víctimas de violación sexual.

La organización Plan Internacional en Ecuador, recogió, hasta fines de noviembre de 2021 que, en promedio, la Fiscalía General del Estado recibe 14 denuncias de violación por día. Tres de las denuncias suelen ser por niñas menores de catorce años.

Por otro lado, la organización también recopiló que alrededor de siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día en el país, la mayoría de ellas producto de violencia sexual llevada a cabo por un adulto conocido.

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En el documento, el literal 1.2 se titula: “La posición personal del presidente de la República”. Aquí el mandatario argumenta que “defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por razones éticas. jurídicas y científicas”.

En el escrito, Lasso dice que el nuevo individuo comienza su existencia desde que opera la transmisión de la información genética entre espermatozoide y óvulo, y este embrión se implanta en el útero. “Es desde ese momento en que, genéticamente, existe un ser humano y no otra entidad. Es desde ese momento en que surge una nueva entidad biológicamente distinta y separada de sus progenitores”, sostiene.

Asimismo, dice que «un nasciturus con viabilidad fetal merece la misma protección jurídica de una persona ya nacida».

Garantía de derechos

Las organizaciones feministas y de Derechos Humanos rechazan el veto, pues incumple con el mandato de la Corte Constitucional de legislar con base a los más altos estándares de Derechos Humanos.

Explican que limitar los plazos no garantiza, efectivamente, a todas las mujeres y niñas víctimas de violación el acceso a servicios de salud en condiciones de dignidad y seguridad. Establecer plazos condena a la clandestinidad y muerte a las mujeres y niñas más vulnerables

En Colombia, Brasil, Argentina y México el aborto por violación está despenalizado sin plazos y esa es la práctica generalizada cuando el procedimiento se lo hace por violación, el peligro de vida o la salud de la mujer, ya que son condiciones, por si mismas, excepcionales.

La organización feminista Surkuna, señala que el veto presidencial a la Ley de Aborto por Violación es de “horror”, pues no responde a la realidad, deja sin respuesta a las más vulnerables y promueve la tortura de la clandestinidad y maternidad forzada.

La organización también recuerda que durante el 2020, se registraron 1.631 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 años, es decir, producto de violación.

Veto presidencial

Las objeciones del mandatario incluyen 61 textos alternativos. Ahora, el proyecto de Ley retorna a la Asamblea, que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original o si acepta la propuesta del Ejecutivo. 

Entre los cambios, se estableció el plazo de 12 semanas como límite para realizar el procedimiento, sin tomar en cuenta si la víctima pertenece al sector urbano o al sector rural. Solo exceptúan a las mujeres con discapacidad mental.

Además, impone requisitos como denuncia, declaración jurada o examen médico legal. Asimismo niñas y adolescentes requieren autorización de representantes legales, olvidando que en la mayoría de ocasiones son, precisamente, los representantes legales, familiares, e incluso los propios padres quienes abusan sexualmente de las menores.

El veto también plantea que las instituciones de salud privadas podrían objetar conciencia institucional.

La entrada Lasso justifica el veto a la Ley de Aborto por Violación con su posición personal se publicó primero en La Calle.