«En nombre del Gobierno y por los méritos de los periodistas homenajeados, he tenido el honor de entregar en manos de sus deudos la condecoración de la Orden Nacional «Honorato Vásquez» en el grado de Gran Cruz post mortem. Dios bendiga a los periodistas del Ecuador», dijo Lasso en su discurso.

Añadió que «en homenaje a la memoria de Alfredo y de Tania, el veto a la Ley de Comunicación será un veto que consagre la libertad de expresión plena en el Ecuador».

La samblea Nacional, el pasado 21 de julio, aprobó el informe de minoría de la Ley de Comunicación, dejando de lado el proyecto que envió Lasso en mayo del 2021.

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«Esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su nefasta antecesora, la LOC, aprobada en 2013. Está plagada de vulneraciones al derecho inalienable deo ser humano a la libertad de expresión y de opinión. Por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos», dice parte del documento.

Agregan que denunciarán ante las relatorías de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como «un nuevo atentado a la libertad de expresión y de prensa».

Los firmantes de la carta recuerdan al presidente Lasso «el compromiso de su Gobierno para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas».

El pasado 21 de julio, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría sobre la Ley de Comunicación, lo que dejó de lado el informe de mayoría presentado por el presidente. El Ejecutivo informó que vetará de forma total lo aprobado por el Legislativo. MIB

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“En el ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 139 de la Constitución y el 65 de la Ley de la Función Legislativa notifico a usted y a la Asamblea Nacional la OBJECIÓN TOTAL POR INCONSTITUCIONALIDAD”, dice parte del oficio.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) calificó como una “burla” el veto del presidente a las reformas. Por ello, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) convocarán movilizaciones en el país. Además, señalan que podrían apelar a la destitución de Lasso por incumplimiento de la resolución de la Corte Constitucional.

Según las reformas a la LOEI, el salario básico para los profesores pasaría de USD 817 a USD 986 y el de los docentes con contrato y nombramiento provisional, con titulación, ganarán USD 817.

Las promesas del Gobierno

Lasso dijo que hay tres buenas noticias para los maestros. “Sí, vamos a mejorar el escalafón docente, trabajando de la manera correcta con criterios técnicos y propuestas realistas”, es la primera de sus propuestas.

“En un acto de justicia, se entregará el bono de pandemia a 10 mil docentes fiscales de colegios fiscomisionales.  A 2.102 maestros que han ascendido el escalafón, se pagarán los incrementos salariales por recategorización, y de forma retroactiva desde enero 2022”, escribió el presidente en sus redes. MIB

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«La postura del presidente se va a expresar como manda la Constitución a través del veto. Yo respeto la vida desde la concepción», manifestó Lasso, mientras realizaba una visita en el cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos.

El Mandatario ya había declarado su intención de vetar la norma el mes pasado, pese a que los detalles de la normativa aún estaban en discusión en la Asamblea y no se conocía la redacción final del texto.

A criterio del mandatario, quien tiene un plazo de 30 días para imponer el veto, la Asamblea se ha extralimitado en el mandato de la Corte Constitucional, por lo que cree necesario revertir el la Ley.

Aprobación

La Asamblea aprobó este jueves el proyecto de Ley que establece un plazo para interrumpir el embarazo de 12 semanas de gestación para mujeres adultas y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres indígenas y de zonas rurales que hayan sufrido violencia sexual. 

La ley obtuvo el respaldo de 75 asambleístas. En el primer intento, solo se reunireron 66 votos a favor. Por ello, se pidió una reconsideración y se realizaron cambios en el texto consiguiendo la aprobación en el segundo intento.

En Ecuador, el aborto estaba permitido solamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación a mujeres con discapacidad. Sin embargo, el año pasado, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de violación.

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“Fallo que yo respeto más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación ¿Qué está sucediendo ahora? Aprovechan esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo Constitucional que se resolvió en abril de 2021”, dijo el mandatario a Ecuavisa.

El anuncio se realiza cuando el informe para segundo debate de este proyecto de Ley se está armando en la Comisión de Justicia del Legislativo, es decir ni siquiera el Pleno de la Asamblea ha revisado y debatido esta normativa.

De acuerdo con la Constitución, si el veto es parcial, el proyecto deberá obtener 90 votos para su aprobación, sin embargo, si el veto es total, la Asamblea Nacional tendrá que esperar un año para volver a debatir.

Intervención de la Iglesia

No solo el Ejecutivo criticó este proyecto de ley. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se queja de la normativa. “El actual proyecto de ley se concentra en el aborto como única alternativa para las mujeres víctimas de violación y reduce al ser humano a un simple producto sin ningún derecho humano”, dicen.

Empatía

En las sesiones de la Comisión de Justicia se analiza artículo por artículo. “Estamos construyendo un proyecto de ley para que las niñas, jóvenes y mujeres puedan tomar las decisiones. A veces hay hombres que comentan cosas que no pueden vivir. Hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos del resto. Si no pensamos así y actuamos de forma torpe y machista no podemos llegar a conclusiones reales”, expresó por su parte el asambleísta Alejandro Jaramillo, miembros de la Comisión.

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El 25 de agosto, el Pleno de la Asamblea aprobó el COS, con 79 votos afirmativos, 8 negativos y 48 abstenciones. El texto contiene 405 artículos.

Centros de tortura

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta que “los supuestos servicios de ‘curación’ de personas con orientación sexual no heterosexual carecen de justificación médica. «Representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas”, sostiene.

La comunidad LGBTIQ+ denunció que varios grupos “Provida” patrocinan estos centros de tortura de la orientación sexual e identidad de género, con “premisas teocráticas”.

El Art. 208 del COS prohíbe “la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género, por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia”

“Provida” no aceptan el Art. 193

El artículo 193 del COS prohíbe “la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual”.

La comunidad LGBTIQ+ explica que este artículo sirve para que los médicos no reasignen o influyan a los padres de familia en los casos de personas intersex (características sexuales masculinas y femeninas en una misma persona), en su nacimiento, niñez o adolescencia.

Esta prohibición se respalda en varios años de procesos clínicos y consta en el “Protocolo de Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”.

El veto vulneraría los derechos LGBTIQ+

A pesar que el COS tiene una baja inclusión en temas LGBTIQ+, es el inicio para que se respete y promueva los derechos pendientes en materia de orientación sexual e identidad de género.

Para la comunidad LGBTIQ+, el veto total o parcial de estos articulados significa “ajustarnos a posturas ultraconservadoras, retrocediendo drástica y consecutivamente”.

Políticos piden el veto del COS

El pasado 28 de agosto, el banquero Guillermo Lasso solicitó a Lenín Moreno, a través de una carta, el veto de los artículos 115, 193 y 208 porque responden a “una ideología altamente cuestionada y cuestionable”. 

La vicepresidenta, María Alejandra Muñoz anticipó su posible renuncia en caso de que el Ejecutivo apruebe el Código.

Fabricio Correa aseguró que si llega a la Presidencia deslegitimará el Código Orgánico de la Salud. Se refirió a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y le pidió que renuncie en caso de que el mandatario no vete esta normativa.

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“Es evidente que la normativa aprobada en la Asamblea Nacional abre espacio para la impunidad del crimen del aborto, que puede ser provocado y llevado en condición de emergencia obstétrica mediante fármacos que, ilegalmente, son ofrecidos en las redes sociales”, dice una parte de la misiva.

Lasso también se refirió al artículo que trata sobre la maternidad subrogada. Para el banquero, la palabra es un eufemismo de los vientres de alquiler. El término no disfraza el atentado a los derechos de los niños para conocer a sus padres y vivir el conflicto de tener una madre legal y otra real.

El candidato de la derecha pide también vetar los artículos 115, 193 y 208 porque responden a “una ideología altamente cuestionada y cuestionable”. Mientras que el artículo 22 atenta contra la potestad de los padres en la educación de sus hijos”.

La Iglesia también pide el veto

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también le envió un comunicado a Moreno. “Apelamos al sano criterio y a la sensibilidad humana del presidente Lenín Moreno para que vete estos artículos que atentan contra los derechos humanos (…) El Código de Salud contradice o desconoce la cultura, costumbres de nuestro pueblo”.

Este viernes, la Asamblea remitió el proyecto al Ejecutivo que tendrá 30 días para revisarlo y decidir si vetarlo o darle paso. El pasado 25 de agosto, El COS logró el apoyo de 79 asambleístas, 48 abstenciones y ocho votos negativos, después de ocho meses de búsqueda de consenso. El trámite de este código inició hace 8 años.

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