Sierra, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y destituido por la anterior administración, fue vinculado por la legisladora a un caso de presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según una investigación de Primicias, Sierra habría adjudicado en septiembre de 2024 dos contratos consecutivos, por un total de USD 1.2 millones, pese a alertas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El proveedor y los contratos adjudicados constaban en un listado publicado por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en donde se identificó 54 compras con presuntas irregularidades en 11 unidades médicas del MSP y del IESS. «¿Ese es el perfil para resolver la crisis sanitaria en Guayaquil?», interrogó Desintonio.

Vínculos estrechos

La asambleísta añadió que Sierra mantiene «estrechos vínculos» con Mario Aguirre y Carlos Charles Figalo, proveedores investigados por una denuncia de corrupción de USD 2 millones, destacando que Aguirre sería «compadre» del nuevo coordinador zonal. Recordó, además, que el legislador Ferdinand Álvarez (ADN) ya había alertado en comisiones anteriores sobre la influencia de Aguirre en contratos del MSP.

Desintonio culminó su intervención con una advertencia al ministro de Salud, Jimmy Martin: «Señor ministro, revisemos estos errores. Nelson Sierra, Aguirre y Figalo son tuerca y tornillo». El titular de esta cartera de Estado se abstuvo de responde estas declaraciones.

Contexto del nombramiento

Sierra reemplaza a Karla Mishell Jiménez Cordero, cuya salida se oficializó el 10 de agosto tras la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. La Coordinación Zonal 8 abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, responsable de políticas sanitarias y administración de recursos en esta jurisdicción.

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La asambleísta Victoria Desintonio desmintió a la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, y señaló que en el Estero Oloncito sí existe un ecosistema de manglar que requiere un tratamiento especial. Asimismo aclaró que las autoridades debían realizar una consulta ambiental en la zona y denunció la evasión de las carteras de Estado para otorgar la información requerida por la mesa parlamentaria.

El informe de 94 páginas de la Comisión de Gobierno Autónomos recomienda a la Contraloría General del Estado (CGE) realizar un examen especial a la empresa Vinazin, en donde la principal accionista es la primera dama Lavinia Valbonesi; remitir el expediente a Fiscalía para que avance con la investigación del caso; y enviar a juicio político a los ministros involucrados en el caso por incumplimiento de funciones.

«Este hecho no solo carece de ética, sino que socava la transparencia y seriedad institucional que tanto se necesita recuperar en este país», dijo la legisladora Desintonio.

Juicios políticos

Pese a la aprobación del informe, para iniciar el trámite de juicio político contra los funcionarios de gobierno es necesario que exista un proponente. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana aún analizan los pedidos, sin embargo, existen otras fuerzas políticas interesadas en hacerlo, según Desintonio.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, ya está sobre el ojo de la Asamblea tras las solicitudes de juicio político presentadas por los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas. Ahora los ministros Olsen, Loffredo y Fritschi podrían atravesar el mismo proceso y el informe aprobado por el Legislativo serviría de insumo para su enjuiciamiento.

Caso Olón

La empresa Vinazin fue la encargada de promover un proyecto urbanístico en el área protegida de Olón, en Santa Elena, y tiene como accionista a la primera dama, Lavinia Valbonesi, y a la presidenta del movimiento ADN, María Beatriz Heredia.

Durante la tarde del 6 mayo, comuneros en Olón alertaron la llegada de la maquinaria pesada al Esterillo Oloncito, un área protegida llena de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en el invierno.

¿Quiénes están detrás?

La polémica construcción involucró al círculo más cercano del presidente Daniel Noboa, empezando por la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, quien otorgó los permisos para la ejecución de esta obra el 4 de enero del 2024, según un documento expuesto por Fundación La Iguana.

Por otro lado, Roberto Luque, ministro de Transporte y encargado del Ministerio de Energía, sería el socio principal de la empresa Geosísmica, quien habría hecho los estudios en Olón para la construcción del proyecto urbanístico.

Además, la primera dama Lavinia Valbonesi sería la accionista principal de Vinazin S.A.S, encargada de la gestión de este proyecto. La esposa del presidente Noboa tendría un capital de USD. 9.999 en la compañía. (AGM).

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La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor el pasado 29 de febrero. La denuncia se basa en un incidente ocurrido el 17 de enero de 2024, durante una sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. A la mesa parlamentaria acudió el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, convocado para discutir las deudas del Gobierno con los municipios.

El altercado

Según el expediente, durante la intervención de Maldonado, Molina utilizó un lenguaje ofensivo, lo cual provocó incidentes violentos. Se señaló que interrumpió abruptamente la intervención del compareciente, golpeando la mesa de la comisión, gesticulando, verbalizando y gritando. La queja subraya que estas acciones constituyen faltas administrativas graves sancionadas por el reglamento parlamentario.

En el relato presentado, se destaca que Molina dirigió comentarios ofensivos hacia Desintonio, afirmando que su grupo político representa a delincuentes. Además, se mencionó a personas específicas, como Xavier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, sugiriendo su relación con el cometimiento de delitos.

Como resultado de esta decisión del CAL, Molina enfrentará una suspensión de 31 días, que iniciará el 1 de marzo. Durante este período, no recibirá remuneración y será reemplazada por su suplente, José Misael Rodríguez Balarezo.

Esta serÍa la primera suspensión que se resuelve en el actual período legislativo, anteriormente, la asambleísta Mónica Palacios también fue acusada en el CAL por falta disciplinaria. Sin embargo, no fue suspendida y recibió una amonestación económica. (AGM)

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La asambleísta Victoria Desintonio (UNES) solicitó la información a la cartera de Esatdo para poder comprobar esta asevación. Sin embargo, el documento señala que durante los dos años de Gobierno no se han construido ni la mitad de las casas ofrecidas.

“Las viviendas subsidiadas por el Estado hasta el 28 de noviembre de 2022, ascienden a un total de 2.921”, detalla el informe.

De todo el monto detallado 1.307 son viviendas construidas en el periodo del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2021 y 1.614 casas corresponden al lapso del 1 de enero al 28 de noviembre de 2022.

Además, pretendían entregar 820 viviendas más 100 % subsidiadas con terreno urbanizado en propiedades del Estado.

Casas construidas en el primer periodo 25 de mayo al 31 de diciembre 2021.

Del dicho al hecho… Sin casas

El 22 de noviembre de 2022, el presidente Lasso aseguró que en 18 meses de su periodo entregó 15.000 viviendas con un presupuesto de USD 202 millones. También, mencionó que entregó 5 mil títulos de propiedad y 4.600 créditos hasta 25 años plazo. Todo esto con una inversión de USD 280 millones.

Además, Lasso prometió entregar 450 mil viviendas durante su mandato. Una cifra que cada vez se aleja de la realidad de los ecuatorianos por reducción en la ejecución presupuestaria y la dirección con la camina su gobierno. (N.J.C)

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Según la Comisión, no existen pruebas suficientes que determinen el incumplimiento de funciones de Riofrío. El legislador de UNES, Ronny Aleaga, quien fue el proponente del proceso, acusa al funcionario de que contrataciones públicas no cuentan con el informe previo de pertinencia de la Contraloría.

«El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, violó flagrantemente la Ley Orgánica de la Función Legislativa al emitir el Acuerdo N° 013, yéndose por encima de esta. Lo cual ha desencadenado en más de 10 mil procesos de contratación de bienes y obras públicas que no tienen un informe de pertinencia. Lo que nosotros estamos haciendo es una lucha real contra la corrupción. Hoy, de manera descarada la Comisión de Fiscalización decide archivar el juicio político en contra del Contralor, Carlos Riofrío», dijo Aleaga.

Riofrío fue designado por Pablo Celi de la Torre, desde la cárcel 4 de Quito y no solo ha incumplido con la auditoria pertinente a contratos públicos, tampoco ha presentado los informes referidos a los casos INA Papers y Pandora Papers, que involucran directamente al expresidente Lenin Moreno y al actual presidente Guillermo Lasso.

La bancada de UNES ha denunciado la inoperancia del actual contralor subrogante y también ha insistido en que se está protegiendo a alguien cercano a Pablo Celi, excontralor procesado por el caso Las Torres.

«La verdadera lucha contra la corrupción exige un contralor que acredite idoneidad. Eso no sucede con el señor Carlos Riofrío, contralor subrogante de otro subrogante, Pablo Celi, que firmó su designación desde la cárcel 4 de Quito. 10 mil contratos públicos sin auditar», dijo la legisladora Victoria Desintonio.

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Desintonio denunció que las mujeres fueron golpeadas por las fuerzas policiales el día que marchaban contra la violencia de género.

En un trino, la funcionario escribió «Me preocupa que el gobierno vea en la ciudadanía, un enemigo al reprimir».

En la misma publicación también señaló que solicitó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Fernando Cabascango, la comparecencia presencial de: Alexandra Vela, ministra de Gobierno; Carlos Cabrera, comandante general de la Policía y Bernarda Ordónez, secretaria de Derechos Humanos.

La legisladora dijo que las agresiones constan en registros audiovisuales emitidos en los medios de comunicación y redes sociales, donde también mujeres y los mismos usuarios denunciaron esta actuación violenta.

Desintonio expresó que «llama la atención esta política represiva» cuando las declaraciones del Presidente de la República, Guillermo Lasso, hablan del respeto hacia la mujer y las supuestas acciones gubernamentales en contra de la violencia de género.

Contexto

El medio comunitario Wambra informó que la policía reprimió a las mujeres en la marcha por el Día de la Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.

El medio comunicó que efectivos policiales lanzaron gas pimienta y golpearon con toletes a las mujeres. También existió represión con caballos y perros a las manifestantes.

Según Wambra, la marcha de mujeres fue multitudinaria y la presencia policial fue desmedida.

La marcha considerada pacífica salió desde el parque El Arbolito y arribó, en la noche, al centro histórico. En la manifestación había mujeres jóvenes, abuelas y niñas.

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