El presidente es noticia mundial por su aparición en la lista de los Pandora Papers. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre personajes con empresas en Paraísos Fiscales.

“El tesoro de registros revela que Lasso está vinculado a dos fideicomisos establecidos en Dakota del Sur, pero no mencionan los supuestos vínculos del presidente con las propiedades inmobiliarias del sur de Florida”, dice una parte de la nota.

Inmobiliarias

El portal informó que, desde julio, dieron cuenta de supuestas conexiones del presidente ecuatoriano con propiedades inmobiliarias. La mayoría condominios y casas adosadas en los condados de Miami – Dade y Broward. The Real Deal obtuvo los datos del el Centro de Búsqueda Política y Económica con sede en Washington D.C.

“Los registros mostraron que las sociedades de responsabilidad limitada una vez administradas por uno de los hijos de Lasso y dos directores de un banco panameño, con vínculos con Lasso, acumularon los bienes raíces desde 2009 por aproximadamente USD 33 millones”, dijo este medio.

Pandora Papers

El primer mandatario ha negado tener empresas en paraísos fiscales desde que inscribió su candidatura para la Presidencia de la República en septiembre de 2020. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, así como la Fiscalía General del Estado investigan este caso.

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Bravo denunció que existen vínculos entre Córdova y la presidenta del Consejo, Sofía Almeida. “En una foto aparecen Luis Almeida, tío de la presidenta y César Córdova en donde se puede observar que ambos son miembros de una cofradía de la masonería”, explicó en una entrevista.

También criticó la cercanía de algunos de sus compañeros con Córdova, que fue secretario del CPCCS. “Al momento de la votación de los consejeros dijeron que el señor César Córdova era su amigo. Así lo dijeron claramente algunos consejeros. El CPCCS no es un club de amigos. Se debió empezar por el banco de personas que ya pasaron las pruebas de merecimientos”, dijo.

Nombramiento

César Córdova asumió el cargo como Defensor del Pueblo Encargado. Durante el acto de posesión renunció la Vicedefensora del Pueblo  Zayda Rovira y Gabriela Bermeo fue anunciada como nueva encargada en el puesto.

Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, anunció la decisión del CPCCS y  designó como Defensor del Pueblo Encargado al Dr. César Marcel Córdova Villavicencio. La designación está amparada bajo el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

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Esas propiedades, en su mayoría condominios y casas adosadas, se crearon por medio de compañías de responsabilidad limitada (LLC), un mecanismo para reservar el anonimato.

Estos vínculos se revelaron en un reporte de marzo en el Centro de Investigación Económica y Política de Washington, D.C. (CEPR).

Cambios de dueño

De acuerdo con este reporte, la compañía en Miami fue dirigida primero por uno de los hijos de Lasso junto a dos directores del Banco Banisi de Panamá.

El reporte de la CEPR indicó que, con el tiempo, aparecieron nuevos directores asentados en Delaware y que, en esa ciudad, no se requería sus identidades.

De acuerdo con uno de los responsables de escribir el reporte, Jake Johnston, El estado de los vínculos de Lasso con Florida no son «inherentemente ilegales. Esto nos dice que debe investigarse más a profundidad», agregó.

Revise el artículo en inglés aquí.

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 ¿Por qué existe el cargo ad honorem?

La denominción de ad honorem implica una especie de voluntarismo sin que reciban nada a cambio. Evidentemente eso no existe en la Ley de Servicio Público, no lo permite la Constitución. A excepción de algunos cargos en el servicio exterior, pero eso se regula en su propia ley. En el caso de servidores públicos en general no existe este puesto porque la Constitución establece con claridad que todo trabajo deberá ser retribuido a cambio de un salario justo. Trabajar de forma gratuita representa una vulneración a los derechos.

¿El ad honorem puede ser un punto ciego que impida al Estado obtener la rendición de cuentas de estos servidores?

Es loable que alguien quiera contribuir con su país. No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública.

El ser servidor público conforme a la ley evita que exista la posibilidad de evadir las responsabilidades. Un servidor público debe rendir cuenta, los ciudadanos pueden fiscalizar sus actos. La Asamblea puede fiscalizar y requerir información de los funcionarios en el país. El artículo 120 de la Constitución lo establece. Si el ciudadano no tiene esa figura ¿cómo pedimos que rinda cuentas? Genera sospechas. Podemos pensar que esa persona no quiere acceder al servicio público de forma regular.

¿Cómo beneficia el cargo ad honorem a una persona?

Esta discusión no es solo normativa. Hay que tener cuidado con este tipo de cargos se construyen una narrativa para quedar bien ante la opinión pública, como si solamente se contribuye por estricto amor a la patria y desinterés. Como no existe un vínculo jurídico que les ate a la institucionalidad, el ciudadano puede aprovechar los vínculos políticos que tiene.

No hay que generalizar, no todos los que pertenecen a las elites económicos quieran llegar al Estado para sacar una tajada para sus intereses. Pero existen varios funcionarios que históricamente y que hoy generan dudas, mirando al Estado como una herramienta que les permita favorecer a su sector.

Este tema da lugar a la “puerta giratoria”. Estar al frente de una transnacional, ya sea explotación de recursos, petrolera, minera y entrar al Estado. Una vez allí crear las políticas que beneficien a esa compañia. Es decir poner en primer lugar los intereses corporativos y perjudicar los intereses de la nación.

O viceversa. Estás en el Estado y una vez que dejas el cargo, pasas a esa transnacional. Nuestra constitución prohíbe el tema de la puerta giratoria en el artículo 153 de la constitución. Los exfucionarios de Estado deben esperar dos años para ir a un alto cargo privado en empresas que tengan contratos con el Estado.

¿Quiere el Gobierno que veamos el servicio público como filantropía?

Lo que se intenta es enviar un mensaje de que aquí lo que sirve la filantropía, la buena fe, el desprendimiento. De que yo voy al servicio público a ayudar. Y es un mal mensaje. La ciudadanía debe tener un servicio públicos con servidores y servidoras que perciban una remuneración de acuerdo a la Ley. Para poder exigirle más y mejores decisiones.

Si alguien lo hace sin cobrar nada a cambio. El día de mañana puede decirnos “ustedes no tienen derecho a reclamar nada porque yo les estaba haciendo un favor. No me estaban pagando nada”. En el fondo termina por atacar el valor de lo público. Hace que el resto de servidores se vean como interesados, vagos, que quieren ganar un salario para enriquecerse. Esto no es así. También se puede construir un relato de que solo los que tienen grandes fortunas pueden llegar al sector público.

Hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Lo público en el gobierno de Moreno se construyó como lo peor. Por eso se redujo el Estado y se despidieron a los servidores públicos.

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“Negamos categóricamente la inferencia realizada por la ministra María Paula Romo acerca de que esta empresa estaría vinculada a IBcorp y a las presuntas acciones ilegales con el manejo de valores de Isspol”, señala el comunicado de González.

Los hechos

“Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al ISSPOL. El vehículo en que Arauz se movilizó los últimos días es propiedad del socio de Chérrez: Luis Alberto González, presidente de Orión Casa de Valores (antes Ibcorp)”, escribió Romo el 11 de octubre en un tuit.

Sobre el auto en donde se habría movido el candidato, González dijo que lo vendió en el 2019.

Empresa

La casa de valores también informó que entre el 2009 y el 2012, González compró las acciones de IBCorp, por lo que la empresa cambió de nombre. “Somos una casa de valores independiente, que tiene clientes institucionales y personales en Ecuador. Nuestro trabajo se ha enfocado más en el sector privado y el de personas, antes que el del sector público”, dijo el empresario.

ISSPOL

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Jorge Chérrez manifestó que la capacidad de liquidez que tiene el ISSPOL viene de los bonos de deuda, ya que el Gobierno no les paga todo el dinero adeudado.

“El ISSPOL es un fondo de los policías. Y en este momento lo está capturando y administrando el Gobierno del Ecuador. Si ustedes me dicen el día de hoy qué miembro de la Policía, o qué director actual dentro del ISSPOL tiene experiencia probada en Seguridad Social y no corresponde a un exempleado del Gobierno Nacional, yo puedo aceptar que estoy equivocado en mis apreciaciones. Lastimosamente la realidad es otra”, sentenció el empresario en su comparecencia.

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