“Los Alvarado entregaron El Comercio en bandeja de plata”, dice un hilo de Twitter de esta organización, retomando una información del 2016 que indica la supuesta colaboración entre los hermanos Alvarado y González en la adquisición de medios en Ecuador.

“Según la fuente a la que accedió Fundamedios, los hermanos Alvarado sugirieron a Ángel González la compra de El Comercio. Para animarlo le ofrecieron: “pauta oficial; contratación de los servicios de imprenta; un nuevo canal de televisión así como la regulación y entrega de 8 frecuencias de radio. A cambio pidieron parte del control editorial del diario para favorecer al correísmo y USD 530.000”, añaden.

Los vacíos

Fundamedios apunta que tras el quiebre de Alianza PAIS en 2017, “el fantasma” buscó un contacto con Lenín Moreno y aunque mencionan que Guadalupe Mantilla de Acquaviva  vendió la empresa de su familia por USD 45 millones, no informan de los pormenores de este negocio.

Tampoco indican cómo los presuntos negociados con los hermanos Alvarado y el correísmo influye en la falta de pagos y la irresponsabilidad en las obligaciones con los exempleados y colaboradores de este medio de comunicación.

Igualmente Fundamedios, un organismo que tiene el objetivo de proteger los intereses de los periodistas en el país, tampoco ha indicado cuáles serán las soluciones que ofrece el gobierno de Guillermo Lasso a los extrabajadores de El Comercio.

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Frente al juicio, la asambleísta llamó a la reflexión sobre el desenlace del Caso Sobornos 2012-2016, que ratificó la sentencia a varios funcionarios coidearios del expresidente Rafael Correa. Según el documento, Bonilla expresa que el sistema de justicia ecuatoriano trabaja para perseguir y eliminar al enemigo político.

La casación

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Rafael Correa y Jorge Glas. Según Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ambos “irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos”. En el dictamen se señaló a Pamela Martínez como quien distribuía el dinero al partido político. Por su parte, los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores del delito de cohecho. Sin embargo, la decisión no fue tomada de forma unánime. El Juez Milton Ávila, no compartió de las conclusiones de los otros dos jueces, Javier de la Cadena y José Layedra.

Diana Salazar también señaló que en el caso de Viviana Bonilla y Cristian Viteri se modificó la sentencia. Según explicó la Fiscal, los ciudadanos habrían encubierto los hechos. Por este motivo, Salazar expresó que se trata de un fraude procesal, que según la funcionaria ya no es de tipo penal. Cabe mencionar que la resolución determinó pese a que uno de los jueces reconoció como válidos los argumentos presentados por la Asambleísta.

Viviana Bonilla y la Alcaldía de Guayaquil

Según las acusaciones, la funcionaría habría sido la beneficiada de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3’834.527,41 y a USD 320.000. Bonilla en su momento rechazó la denuncia y expresó “que nunca gestionó, recibió o distribuyó recursos de AP, en la campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, en 2014”.

Además, Viviana Bonilla, señaló que los medios de comunicación fueron cómplices del hecho. Catalogó que es una “farsa jurídica concertada por las altas autoridades del Estado”. Por ello, adelantó que en instancias internacionales el Caso Sobornos será evidenciado como fraude procesal. De esta manera, anunció acudir a Cortes Internacionales en busca de justicia, que según palabras de la ciudadana le ha sido “esquiva”. (AB)

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