La manifestación inició en los exteriores de la institución, en la calle 9 de Octubre y Orellana, Centro de Quito, donde se concentraron los estudiantes, reclamando respuestas a sus autoridades. Después de ello, avanzaron hasta las instalaciones del Ministerio de Educación, en el sector La Carolina Norte de la Capital.

Allí protestaron por más de media hora, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna del Ministerio o alguno de sus funcionarios. Más tarde, la ministra de Educación, María Brown, apareció en el lugar y dio declaraciones respecto al hecho.

«Tenemos una gran preocupación por que este caso sea investigado. Que llegue a la justicia de manera adecuada (…) Nuestro mayor interés es facilitar y agilizar todos los procesos de investigación para que se pueda dar con todos los detalles de lo sucedido», expresó Brown.

El colegio Dillon cumplió con los protocolos en el caso de abuso sexual dice Brown

Más declaraciones por justicia para estudiante del Colegio Dillon

Un ex estudiante anónimo que fue parte de la organización de la marcha relató que las autoridades no han dado respuesta oportuna a los familiares de la víctima. A ello se suma que la cooperativa de transporte a cargo del recorrido escolar, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Él explica que quien se supone es la persona dueña del vehículo -y quien trabaja para la cooperativa-, el día de la agresión, puso a cargo a un familiar. Es por eso que, objeta, no se sabe muy bien qué ocurrió luego de que el agresor haya atacado a la menor.

Solo se sabe que mezcló alcohol con cierta sustancia que la incapacitó lo suficiente para que esta persona la viole. Añade que esta cooperativa encubre al agresor y ni siquiera proporcionó su nombre. Aseveró que muchos estudiantes del Colegio Dillon se autoconvocaron para pedir justicia por su compañera agredida ya que esto no había ocurrido nunca antes. Y también para sumar su apoyo a la lucha por la erradicación de la violencia sexual y de género.

El abogado de la familia de la menor agredida, Guillermo Lara, detalló que existe una grabación en la que ella denuncia que fue abusada sexualmente. Él explica que en la grabación, exclama -llorando- frente al dueño del vehículo y el agresor lo ocurrido.

No obstante, profesores y autoridades minimizaron el hecho, por lo que, el abogado acotó, hay complicidad entre el colegio y la cooperativa de transporte escolar.

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Quito 16 abril (La Calle) .- El Primer Mandatario de Perú, Pedro Castillo, planteó este sábado la castración química como medida de castigo a los violadores de menores, adolescentes y mujeres. Sus declaraciones aparecen luego de hacerse público el caso de violación a una niña de tres años en la ciudad de Chiclayo (noroeste de Perú).

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó el presidente, según la plataforma digital única del estado peruano.

“Basta ya de tanta violencia. Este gobierno no tolerará los crímenes de violencia sexual contra niños y niñas. No quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó Castillo.

La castración química en casos de violación está aprobada en Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia y en Perú se analiza instaurarla en el Código Penal tras la aprobación del Congreso Nacional. Consiste en administrar medicamentos para eliminar el deseo sexual con el fin de que violadores pederastas y delincuentes sexuales reincidan en cometer estos delitos.

Según el Ministerio de la Mujer, al día son violadas al menos 15 mujeres en la nación.

Indignación

Cientos de personas salieron a las calles de la ciudad peruana amenazando con hacer justicia con mano propia a Juan Antonio Enrique García, supuesto culpable en el delito de violación a una pequeña de tres años. Producto de la ira e indignación los ciudadanos quemaron la casa del “Monstruo de Chiclayo”. Él recibió una sentencia de nueve meses de prisión preventiva.

Ante la ola de violencia, Castillo aseguró que el crimen no quedará impune. Dijo que que trabajará en contra de los delitos sexuales en contra de los menores.

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En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

Este lunes, los sacerdotes Nicola Bruno Corradi Soliman y Horacio Hugo Corbacho Blanck, así como Armando Ramón Gómez Bravo recibieron la sentencia de 42, 45 y 18 años respectivamente, por abusar sexualmente de dos niños sordos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, en Argentina.

En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

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