Desde la bancada, aseguraron que realizarán la respectiva investigación y fiscalización para determinar la verdad de los hechos. Además, se presume que la víctima de violación también sufrió de un intento de asesinato por parte del exfuncionario.

Funcionarios del Cpccs piden su reintegro

Una decena de funcionarios desvinculados del Cpccs solicitaron a la justicia constitucional la reparación de sus derechos.  Las autoridades atendieron a su pedido y ordenaron el reintegro inmediato en todos los casos, sin embargo, Ulloa hizo caso omiso a esta disposición y los reemplazó con personas allegadas a él y otra autoridades.

Los afectados espera que tras la destitución de los consejeros del Cpccs por parte de la Corte Constitucional puedan recuperar su trabajo. Los ex trabajadores denuncian la doble moral de Ulloa porque él exige la aplicación de la justicia para defender su puesto pero no respeta las decisiones “a favor de los más vulnerables”. (A.G.M)

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En un boletín de prensa, señala que la detención del sospechoso, Darwin Kléber Juiña Lincango, se ejecutó gracias a una investigación liderada por la institución.

Sobre Juiña pesaba la boleta de captura por violación a una adolescente en el vehículo de transporte escolar que debía llevarla a su colegio. De acuerdo al boletín, el sospechoso fue localizado en Lago Agrio, Sucumbíos, gracias al trabajo conjunto entre el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Investigaciones contra la Integridad Sexual. 

Las autoridades detuvieron al sospechoso ayer, martes 3 de mayo, y hoy en la madrugada llegó a Quito, donde se desarrolló su audiencia de formulación de cargos. Galeano Balcázar, fiscal especializado en Violencia de Género, presentó los elementos de convicción recabados en la investigación previa.

Además de formular cargos por el presunto delito de violación, la Fiscalía solicitó al Juez de Garantías Penales que disponga prisión preventiva para el acusado. El procesado tiene prohibido acercarse a la víctima, testigos y otras personas. Tampoco puede acceder a determinados lugares.

A ello también se suma la extensión de una boleta de auxilio preventiva. Una jueza de Garantías Penales concedió estas medidas el pasado 27 de abril. El crimen habría ocurrido el 21 de abril y las autoridades del colegio habrían minimizado el tema hasta que se difundió mediáticamente.

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Al momento, Fiscalía dispuso más de 30 diligencias en la investigación, donde constan los testimonios de familiares de la víctima, la exrectora del colegio, el propietario de la unidad de transporte y la adolescente agredida.

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Aseguró que posee copias de la denuncia y del informe profesional del departamento de Consejería estudiantil. De igual forma, Brown lamentó que se hayan conocido detalles del caso, por la «revictimización a la menor agredida».

Dijo que, según estándares internacionales, se debía mantener la confidencialidad. «El protocolo establece que se resguarde el nombre de la institución y el nombre del estudiante agredido», aseveró.

Según la ministra, el mismo día de la agresión, se llamó al 911 y efectivos policiales arribaron a la institución. «Seguimos investigando cómo se dieron los hechos, cómo se recibió a la estudiante y cuál fue el accionar de la policía», dijo.

Explicó que, en un segundo momento, se identificará el accionar de todos los funcionarios y si hubo algún error, para aplicar sanciones administrativas.

Asimismo, dijo sumarse a la indignación colectiva, a las exigencias de que estos casos no queden en la impunidad y a respaldar las acciones para la eliminación de todo tipo de violencias.

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Las medidas en el caso Dillon

Brown manifestó que existen dos denuncias sobre el caso: una de la familia de la menor agredida en la Unidad de Flagrancia y otra por parte de la institución educativa, que es sobre la que actúa el Ministerio de Educación.

Aseguró que se brindará acompañamiento psicológico a las familias, no solo de la víctima, sino a las de los demás estudiantes de la institución. Asimismo, señaló que buscarán sensibilizar a la comunidad sobre esta agresión que calificó de “nefasta”.

Añadió que el ministerio trabajará mediante políticas públicas para que no se repitan estos casos de violencia y que llamarán al resto de padres de familia “para aplicar metodologías de círculos restaurativos, en donde se puedan abordar estos temas y generar un proceso de contención grupal dentro de la institución educativa”.

Según la ministra, las autoridades de la institución y de la Cartera de Estado tienen “una gran preocupación” para que la investigación del caso continúe y que llegue a la justicia de manera adecuada.

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La casación era el útimo recurso que le quedaba a Brenda para exigir justicia. El abogado del caso, Ramiro García, dijo hace poco que había suficiente evidencia para demostrar que los tres acusados cometieron el delito. Pero el recurso de casación fue negado.

¿Negligencia del abogado?

La abogada Sonia Vera, integrante del equipo internacional de defensa del expresidente Jorge Glas, critió en su cuenta de Twitter al abogado del caso. «Ha estado muy ocupado hablando en todos los medios del habeas corpus de Glas y no va a la audiencia», escribió.

Resolución de la Corte

La resolución de la Corte indica que “resolvió por unanimidad, declarar improcedente los recursos de casación interpuestos por la Fiscalia General del Estado y la señorita C.B.G.L. en calidad de víctima, al no hallarse debidamente fundamentados los medios impugnatorios planteados, por lo que se conforma de esta manera la sentencia recurrida, en todas sus partes y se ratifica la inocencia de los encausados.”

La resolución también señala que los recursos de casación solicitaban “una nueva valoración de las pruebas”, procedimiento que no le corresponde a la Corte Nacional de Justicia, según el artículo 656, inciso segundo, del Código Integral Penal.

Luego de la resolució, según expuso una amiga de la víctima, enviarán un recurso extraordinario a la Corte Constitucional para que revise el caso. No se rendirán, aunque no comprenden el fallo sobre el recurso de casación.

Fuente: GK

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Las violaciones están por debajo de seis delitos: robo a personas, robo de bienes, accesorios y automóviles, robo de motos, robo de carros, robo a domicilio y robo a unidades económicas. Sin embargo, en términos menos técnicos, el robo de un bien, cualquiera sea su naturaleza, podría considerarse bajo la misma categoría. Esto pondría a las violaciones como el cuarto delito más frecuente en el país.

En los últimos siete años, la Fiscalía receptó un total de 41.652 denuncias por violación a nivel nacional. Las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos tienen las cifras más altas por este tipo de delitos. En cambio, las provincias del Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos reportan menos denuncias en todo el país.

Una tendencia a la alta

Las cifras reflejan que en el año 2021 la autoridad de control registró el mayor número de denuncias por violación, unas 5.804. En contraste con el año 2020 que tuvo 4.886, es decir, una diferencia de 1.082 denuncias. Esto pudo haberse debido a las restricciones de movilidad del estado de excepción por la pandemia de la Covid-19, lo cual redujo la actividad criminal en el país. En este año, las demás categorías de robo arrojan cifras muy bajas en comparación a los otros años.

En la variación porcentual acumulada existe un descenso del 2014 al 2016 de -8.7%. Sin embargo, el indicador se dispara a partir del 2017 a 9.4%. En 2020, se redujo en -10.8% y finalmente volvió a subir a 14.9% lamentablemente.

Además de la Fiscalía General del Estado, los datos también fueron recogidos por el Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Crimen, Justicia y Transparencia.

Concepto…

Según la Defensoría del Pueblo, la violación comprende cualquier delito que fuerce a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencia, amenazas o cuando la víctima esté privada de la razón, posea una enfermedad o discapacidad o sea menor a 14 años.

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No es la primera vez. Varias audiencias del recurso de casación del caso no tuvieron lugar en múltiples ocasiones. El caso está en la Corte Nacional, se solicita la impugnación contra la sentencia judicial. Con ello, Brenda busca anular la sentencia y obtener justicia y la correcta aplicación de la ley.

La denuncia

Mediante una carta en redes sociales, Brenda denunció que tres funcionarios públicos del área de salud abusaron sexualmente de ella cuando fue interna de Radiología e Imagenología en el Hospital del IESS de Portoviejo.

Según la descripción que acompaña la carta publicada en enero del presente año, los agresores “los mismos radiólogos, no fueron suspendidos de sus labores y aún siguen ejerciendo en el Hospital del IESS en Manta y el Hospital Verdi Cevallos”.

Los hechos

Brenda, en el escrito, también cuenta que el ultraje fue cometido por su docente y supuesto amigo Darwin José C.S., cuando era estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y quién le había pedido que lo acompañase, en un primer momento, a la realización de una cirugía, y luego a retirar material de radiología.

“En la clínica nos dicen que el material que fuimos a retirar no estaba ahí, sino en su casa. Yo me quise retirar (…) Pero insistió y dijo que era rápido, sólo retiraba eso y me dejaba en casa (…) A la casa de Rolando Fabricio Z. T., encargado de la clínica llegó otra persona, Ronald Leonard R.D. Fui drogada y desperté al día siguiente aproximadamente a las 06H00; estaba desnuda, tenía quemaduras, hematomas, laceraciones, mordidas en el cuerpo y mucho dolor”, reza el escrito.

Por otro lado, Brenda narra que Fabricio quiso golpearla cuando despertó y gritó pidiendo ayuda. “Me dijo ya te pido un Uber, ándate. Tomé el taxi que él había llamado (…) Llegué a mi casa seguía mareada, me dormí llorando (…) Después fui a buscar a Darwin en Manta para que me devuelva mis teléfonos (…) llamé al 911 a denunciar”.

La justicia

Según el portal Press Reader, el abogado de Brenda, Ramiro García, manifestó que, en primera instancia se halló culpables a los acusados, pero en la Corte Provincial la decisión fue revertida.

Es decir, los procesados fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de prisión. No obstante, pese a las pruebas existentes y que reposan en Fiscalía; la Dra. Gina Mora Dávalos y Dr. José Alberto Ayora Toledo, según la cuenta “Justicia para Brenda”, dejaron sin efecto la sentencia, y declararon a los presuntos agresores, inocentes.

Usuarios en redes sociales, sobre todo, en la plataforma Twitter, se han manifestado compartiendo la carta de Brenda y la han apoyado etiquetando a Fiscalía y al Ministerio de Salud con los hashtags #Justicia para Brenda y #Basta de impunidad.

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En ese sentido, una coalición de organizaciones que defienden los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes destaca que la Asamblea Nacional debe terminar con la impunidad social que genera la violación y brindar una garantía básica a los niños y adolescentes del país.

Las organizaciones emitieron un boletín de prensa al respecto y está firmado por Fundación Desafío, Mujeres sin voz, la Coalición de Mujeres del Ecuador y Dignidad más Derechos.

Los antecedentes son constantes alrededor de este tema, por lo que se exige a los asambleístas a tomar una decisión sensata que priorice la vida, frente a la inacción estatal y una inoperancia del Estado en este tema.

Al respecto se proporcionaron varios datos: Entre 2015 y septiembre 2020 se registraron 20.682 delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

En 8 meses durante 2019, La Fiscalía recibió 9.158 denuncias por violación sexual y abuso.

El 64.9% de las víctimas son mujeres mayores de 15 años.

En 2018 al menos 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a luz cada día.

Ecuador es el país con la segunda tasa de embarazo más alto a nivel regional.

Son 13 los embarazos de niñas de entre 10 y 14 años que se registran a diario producto de violación y son atendidos normalmente.

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“Prisión preventiva para Fausto V. D. por la presunta violación de una paciente en el hospital del IESS de Ibarra. La instrucción fiscal será de 30 días, además se otorgaron medidas de protección a favor de la víctima”, indica un tuit del organismo.

Respuesta del Hospital

El Hospital IESS de Ibarra se pronunció sobre el presunto caso de abuso sexual en un comunicado. “La institución se encuentra brindando todas las facilidades en el proceso de investigación que desarrolla la Fiscalía de Imbabura, a fin de que realice las indagaciones pertinentes”, dice parte del documento.

La casa de salud agregó que están analizando las acciones administrativas al respecto y si el hecho se comprueba actuarán con el rigor de la ley. “En el IESS no permitiremos este tipo de hechos”.

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