La iniciativa surge tras documentarse 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales entre agosto de 2014 y mayo de 2025. El informe resaltó que uno de cada cinco casos (22%) involucró a niños, niñas y adolescentes.

Según el documento al que accedió La Calle, el Ejecutivo fundamenta la medida en datos alarmantes: 6 de cada 10 víctimas de violación en Ecuador son menores de edad. El texto subraya fallas institucionales que han normalizado la impunidad, pese a que el 97% de los casos se denuncian ante la Fiscalía.

Detalles de la propuesta:

1. Castración química: Aplicable a toda persona con «sentencia condenatoria ejecutoriada por violación», aunque el contexto enfatiza su uso para proteger a menores.
2. Registro reservado: Busca impedir que condenados trabajen en escuelas, transporte infantil o centros de salud.

El gobierno citó experiencias internacionales: Chile y Colombia con registros de inhabilitación, e Indonesia y siete Estados de EE.UU. con castración química para agresores de menores. Destacó estudios que señalan una reducción de reincidencia al 2%-5% tras intervenciones médicas, frente a tasas cercanas al 50% sin ellas.

Trámite constitucional

La propuesta fue enviada a la Corte Constitucional el 11 de julio. De ser admitida, requerirá aprobación de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo argumenta que el sistema judicial actual es «insuficiente» ante patrones de reincidencia, agravados por el crimen organizado que usa violencia sexual «para dominación o reclutamiento».

Aquí la propuesta de la reforma:

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«Último día del despotismo… y primero de lo mismo«. Esta frase apareció pintada en los muros de Quito tras el 10 de agosto de 1909. Nosotros podríamos decir lo mismo con respecto a la venta de la soberanía de nuestro país al permitir la entrada de personal militar estadounidense.

«Último día del colonialismo… y primero de lo mismo» porque si Jamil Mahuad cedió una base aérea ecuatoriana a EE.UU., Guillermo Lasso, en su momento, y ahora Daniel Noboa no pasan desapercibido este ataque a la soberanía.

Si bien el 10 de noviembre de 1999 se firmaba el acuerdo para la Concesión de la Base Aérea de Manta al personal del Comando Operativo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, esta operación empezó en enero de ese año con conversaciones entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Este acuerdo aparece tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la Base de Howard en Panamá, que en 1999 recuperó varios espacios soberanos, entre esos el Canal de Panamá.

¿Era necesario el acuerdo? EE.UU. y Ecuador mantenían, hasta 1999, 10 convenios bilaterales en la lucha contra el narcotráfico y la operación violaba la Constitución de 1998 en el artículo 171: «Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado».

En noviembre, el documento llegó a manos de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Congreso, cuyo presidente era Heinz Moeller. Los miembros de la comisión resolvieron que el acuerdo no necesitaba aprobación por parte del Congreso sino pasar directamente al Ejecutivo.

¿Qué se firmó?

Las autoridades de ese entonces permitieron:

• La libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos estadounidenses que, en las condiciones del acuerdo, violaban directamente la soberanía terrestre, marítima y aérea del Ecuador.
• Les otorgaron al personal civil y militar una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, es decir, solo debían presentar su documento que los acreditaba como estadounidenses para circular por el territorio

Si esto les suena conocido es porque en el período de Guillermo Lasso se firmaron tres acuerdos de cooperación con Estados Unidos y el presidente Noboa aprobó dos de ellos. El acuerdo de Estatuto de las Fuerzas permitía las operaciones de militares y personal civil estadounidense otorgándoles los mismos privilegios que el personal diplomático, así como en 1999.

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En este barco de la nostalgia en el que navegamos los ecuatorianos, no ha sido suficiente para los últimos gobiernos regresarnos a la época de los apagones, ahora también nos encontramos con el peligro de cambiar nuestra Constitución y ceder la soberanía por promesas vacías y sin las garantías de rescatar a nuestro país de la violencia en la que está sumida.

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La cartera de Estado a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil Zona 8 presentó la denuncia correspondiente el pasado 12 de marzo. Además, rechazó todo acto de violencia cometido dentro o fuera del sistema educativo.

La información salió a luz debido a unas declaraciones de Rosero a los medios de comunicación. El abogado  denunció que dos de los tres implicados en uno de los casos mantienen un chat grupal en el que aparentemente se difundirían videos de las menores agredidas.

Alertó que en ese grupo también se encuentran estudiantes de otros colegios “de prestigio de Guayaquil”. Según La Defensa, si un estudiante quería acceder a determinado video tenía que cancelar un determinado valor.

“Allí se vanagloriaban y alardeaban de los abusos que profanaron. Los adolescentes filtraban ahí los nombres y clips de sus víctimas”, dijo.

Más casos de abuso

De igual manera, el Mineduc reportó un presunto caso de violación sexual en la Unidad Educativa La Salle ubicada en el Valle de los Chillos. La cartera de Estado emitió las medidas de protección para la víctima y se investigará a la presunta agresora.

Asimismo, se dispuso el acompañamiento psicológico a los estudiantes implicados, brindando contención emocional. El caso ya fue denunciado ante Fiscalía para que tome las acciones correspondientes. (AGM)

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El hecho ocurrió el 28 de diciembre del 2022, en Quito, al interior de un transporte público. La víctima señaló que el hombre de 62 años se sentó junto a ella y cuando quiso bajarse no la dejó pasar y la obligó a quedarse para cometer el delito.

El examen médico legal que se le practicó a la menor de edad reveló lesiones a causa de la agresión sexual. En sus declaraciones la ayudante de la unidad de transporte dijo que vio como el sentenciado ubicó sus manos sobre las partes íntimas de la joven. Ante la situación, la mujer impidió que el hombre escape.

El acusado presentó un recurso de apelación a través de su defensa, sin embargo, la sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso.

Los magistrados ratificaron el fallo en todas sus partes. Ahora el procesado además de cumplir su condena en la cárcel deberá pagar USD 1.000 de reparación a la víctima y una multa de 800 salarios básicos unificados. (AGM).

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Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Desde las 17h00 los colectivos feministas se congregaron en el parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito

Sinchi Gómez, vocera del colectivo Trenzando Feminismos, detalló que 19 de esos abortos fueron solicitados por niñas menores de 14 años. Además, dijo que las provincias amazónicas son las que registran más abortos, solo en Morona Santiago se realizaron 10 de estas intervenciones.

Por otro lado, el colectivo Surkuna expuso que el 54,5% de las mujeres presentaron una denuncia antes de acceder al aborto. Sin embargo las cifras de las organizaciones corresponden a un subregistro, pues el Ministerio de Salud no ha emitido resultados oficiales.

En manos de la Corte Constitucional

Los colectivos feministas están a la espera de que la Corte Constitucional (CC) resuelva el pedido de despenalización del aborto en casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida del feto.

«No solo la Corte Constitucional también el Ministerio de Salud y organismos internacionales deben unir fuerzas para que garanticen nuestroDerecho al abortoLegal y se extienda a servicios de salud», dijo Ana Lucia Martínez de la Coalición Nacional del Ecuador.

inchi Gómez, vocera de Trenzando Feminismos, señaló que ven con preocupación que desde 2021, el sistema de salud pública haya atendido 32 solicitudes de aborto por violación, de las cuales, el 59% de beneficiarias fueron niñas ente 10 y 14 años. (AGM)

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Este martes se reinstaló la audiencia solicitada por el exlegislador para la revisión de las medidas que la justicia mantiene. El tribunal avocó los argumentos expuestos por Fiscalía y resolvió que seguirá en prisión preventiva.

Cronología

El exasambleísta fue capturado en flagrancia por la Policía en un hostal de Quito, donde habría citado a una joven de 19 años a quien le habría ofrecido trabajo. Sin embargo, la oferta terminó en una supuesta violación sexual.

Miembros de la Policía acudieron al lugar, por disposición del sistema ECU 911, ante una llamada de auxilio a la víctima.

El 12 de junio, la CNJ lo llamó a juicio y ordenó el uso de un grillete electrónico que luego el acusado se lo retiró para intentar fugarse, según las autoridades.

El dispositivo fue encontrado por las autoridades en un basurero de Quitumbe, motivo por el cual Calo fue detenido el 15 de mayo. Desde entonces se encuentra cumpliendo esta medida sustitutiva en la cárcel 4, en el norte de Quito.

(M.W.S)

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Daniela*, la mujer conscripto denunció que fue ultrajada dos veces por compañeros de la misma institución. Según la afectada, la subteniente Ramos* le brindó a la afectada una bebida que la drogó.

«Tengo secuelas de la violación, me duele la ingle al caminar, no puedo dormir, tengo pesadillas por las noches, lloro cada vez que recuerdo lo que me pasó. (…) Hoy me pregunto, si al drogarme solo me violó uno o cuántos más lo hicieron para lastimarme tanto”, dijo para Radio Pichincha.

La joven fue defendida por un abogado de la institución, quien le pidió en reiteradas ocasiones que quite la demanda y que acepte el dinero. Además, mencionó que el sujeto le decía que no le conviene que se haga público este suceso porque algún día se casará y «nadie se casaría con una mujer que fue violada«.

La primera ocasión

En diciembre de 2022, Daniela fue abusada por primera vez, el suceso se dio tras un programa de la brigada. En la narración de la conscripto, la subteniente Ramos le dio un vaso con agua que la puso muy alegre.

A la media noche, la superior la subió a un auto plomo en el que siguieron bebiendo hasta llegar a una discoteca. En ese lugar la subteniente con la cabo Guerra* y una soldado Sanchez* le dieron otro vaso con licor. Ese fue su último recuerdo.

Daniela manifestó que perdió el conocimiento y cuando despertó ya estaba desnuda en una habitación que no era del batallón. Con un fuerte dolor y sangrado de sus partes íntimas fue obligada a hacer silencio para más tarde ser llevada de vuelta al distrito militar.

Al otro día, compañeras de Daniela le exigieron que no «fuera sapa» con los superiores.

La segunda

El 6 de marzo de 2023, Daniela fue llevada por Ramos a un hostal de Cuenca, al que al inicio no quiso ingresar. Sin embargo, la subteniente le dijo: «ya estás aquí, entra y no mires atrás».

En esta ocasión, la víctima no aceptó las bebidas que su superior le brindaba por miedo a que se repita lo de diciembre del año anterior. No obstante, accedió a un vaso que le brindó una de sus compañeras, este pequeño trago la empezó a marear de inmediato.

Antes de perder la noción de lo que sucedía, envió audios y mensajes de ayuda a la subteniente Pérez (otra víctima que denunció el presunto caso de violación en esta institución). Asimismo, le envió su ubicación. El último recuerdo de Daniela es ver al subteniente Encalada* sacarle la ropa.

Cuando Pérez llegó al lugar encontró a Daniela inconsciente. La ayudó y la llevó de regreso al plantel. Al pasar la noche, la joven empezó a sentir un fuerte dolor en la ingle y a tener un fuerte flujo vaginal.

El modus operandi de la subteniente

La subteniente Ramos se encargaba de los permisos para sacar a las conscriptas. Asimismo, fue la que en las dos ocasiones llevó a Daniela fuera del plantel. La víctima aseguró que ella fue la que le daba las bebidas con algo dentro.

«Confié en ellos porque son militares y pensé que estaría protegida junto a ellos», terminó la entrevista con Radio Pichincha. (DCJ)

*Nombres protegidos

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Una subteniente y una conscripto denunciaron ante la Fiscalía y las autoridades del plantel los supuestos actos de violación. Según una de las víctimas, estos sucesos estaban bajo el conocimiento de sus dirigentes.

Se supone que dentro de este distrito hay una red de prostitución con más de 40 jóvenes que realizan el servicio militar. Asimismo, se apunta a una subteniente por dirigir esta presunta cadena de servicio sexual, recogió Radio Pichincha.

Los casos

La abogada de una de las afectadas, Lorena Terán declaró que su defendida habría sido ultrajada el 11 de diciembre de 2022, en la habitación de la uniformada acusada. Además, manifestó que la oficial le habría dado una bebida la noche anterior al suceso.

De la misma manera, comentó a que la víctima encaró a la subteniente, pero que ella solo se burló y le dijo «que se quedará callada porque nadie le iba a creer». Lo mismo sucedió cuando la afectada se dirigió a las autoridades de más rango.

Por otro lado, el caso de la mujer conscipto de 19 años se dio fuera de las instalaciones del ejército. Según las narraciones, la chica fue llevada a un hostal en el que se la encontró inconsciente.

En esta ocasión, la víctima estaba con otra compañera que aseguró que fue al sitio por su voluntad. A esta joven, la subteniente le ofreció USD 120 para que acepte acostarse con sus compañeros.

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El 15 de mayo, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra el asambleísta Peter C., por el presunto delito de violación. La Corte aceptó el recurso de apelación y dictó orden de prisión preventiva contra el legislador.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. La cita ocurrió en un hotel cercano a la Asamblea. (DCJ)

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Según un asesor de la bancada de Pachakutik, la ahora legisladora está a favor del enjuiciamiento político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Captura de Peter C.

La noche del 15 de mayo de 2023, la Policía Nacional capturó al asambleísta Peter C., acusado del presunto delito de violación, en la parroquia de Lloa, en Quito. El sujeto se quitó el grillete electrónico que le habían colocado como medida sustitutiva.

El ministro del Interior, Juan Zapata confirmó la detención del legislador. El implicado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación judicial.

Motivo de la detención

El legislador fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó la Fiscalía General del Estado el 26 de abril.

Luego de la audiencia de formulación de cargo, una jueza de Quito ordenó que Peter C., debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y tenía prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil. 

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La mesa parlamentaria se reunió la noche del 6 de mayo y con seis votos a favor resolvió que el caso pase al Comité de Ética para determinar las acciones correspondientes, entre ellas la posible destitución del cargo.

La denuncia en la Asamblea fue presentada por la legisladora del oficialismo, Blanca Sacancela junto al apoyo de 30 asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC). La acusación se fundamenta en la causal de gestión por cargos públicos.

El Comité tendrá aproximadamente un mes para emitir un informe con las respectivas recomendaciones. En el caso de que el documento sugiera la destitución del legislador, se necesitarían 92 votos.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. La cita ocurrió en un hotel cercano a la Asamblea. (A.G.M).

La entrada Denuncia contra el asambleísta Peter C. pasa a manos del Comité de Ética se publicó primero en La Calle.

La víctima fue llevada a la Sala de Primera Acogida del Hospital General Docente de Ambato para examinarla. Sin embargo, la familia mencionó que en la casa de salud no le dieron contención emocional, por lo que se suicidó.

El 1 de mayo la adolescente salió de su casa para asistir a los repasos de una comparsa. Sin embargo, a las 10 de la noche, la afectada le envió un mensaje de Whatsapp a su hermana para pedir ayuda; además, adjuntó su ubicación.

Los padres de la menor encontraron a la perjudicada con el interior y pantalones abajo. Enseguida llamaron al ECU 911 para pedir atención médica y capturar a los sospechosos. Se conoce de manera extraoficial que los implicados son dos hombres de 21 años y un joven de 17 años.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tomó el caso y se encuentra realizando las respectivas investigaciones.

Atención médica

El Ministerio de Salud Pública (MSP), considera a la violencia de género, junto con otros tipos de violencia, como un problema de salud pública. La institución tiene como responsabilidad la prevención y atención a las víctimas de violencia en todas sus formas. (D.C.)

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«Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas», escribió la institución en un tuit.

Denuncia por estafa

Asambleísta de Pachakutik por Cotopaxi, no es la primera vez que Calo enfrenta problemas con la justicia. El 3 de febrero de 2023, la Fiscalía de Salcedo presentó cargos contra Calo y su esposa, Nelly Diocelina Calo Sangucho, por una presunta estafa inmobiliaria.

El juez que conoce la causa, Carlos Sánchez, autorizó el inicio del proceso penal, luego de que en abril de 2022, un comerciante de 24 años, llamado Milton Yugsi, presentara una denuncia en su contra.

Según diario Expreso, el afectado asegura que los hechos ocurrieron en 2018, cuando Peter Calo se llamaba Diego Calo. El funcionario se cambió el nombre de cara a las elecciones de 2021.

Yugsi cuenta que en ese entonces Calo tenía una inmobiliaria llamada El Cisne y que ofrecía lotes de terreno en Salcedo en USD 15.000 dólares, los cuales supuestamente eran de su propiedad.

La víctima dice que accedió a comprar el lote de terreno y que mensualmente hizo pagos entre USD 300 y 1.000 .Después de haber cancelado USD 8.121, el denunciante se enteró que el terreno no era de Calo ni de su esposa ni de la inmobiliaria.

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La Jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer autorizó una orden de allanamiento y captura, donde el procesado fue detenido. Además, la Fiscalía informó que se procesa a la esposa del detenido, Katherine Stefanny B.C., por su presunta participación en el hecho.

Sin embargo, al estar fuera del país, se dispuso medidas alternativas para la esposa, como la presentación periódica de dos días a la semana en el consulado más cercano en Houston, Estados Unidos.

Los hechos

Según la Fiscalía, “Katerine Stefanny B. C. ofertaba e impartía clases de arreglo de uñas en su estética. (…) como celebración de fin de curso, pidió a cada una de las alumnas una cuota de 15 dólares para la comida y bebidas alcohólicas. También habría solicitado que lleven complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología”.

La mañana del 29 de octubre del 2022, Walter C.R. se presentó como miembro de la Policía con el fin de dictar la clase. “En horas de la noche, procedieron a cenar, jugar cartas, ingerir alcohol y bailar”.

“El procesado habría (brindado) licor a las estudiantes de manera constante e insistente. (…) un licor de dudosa procedencia de color café y rosado”. Según la investigación, las mujeres estaban conscientes hasta la ingesta de esa bebida. Luego perdieron la conciencia.

En la madrugada del siguiente día, el Mayor de Policía y su esposa habrían trasladado a la agraviada y a otra presunta víctima de 17 años al cuarto de su hija menor. “Ahí, Walter León C. R. habría violado a la joven de 19 años, mientras Katerine Stefanny B. C. observaba. Después, ella también se unió a la consumación del delito”.

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La resolución fue emitida el 20 de diciembre por parte de las juezas constitucionales Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Daniela Salazar. Esta cláusula de conciencia constaba en el artículo 26 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación (Lorive).

El personal médico podía “objetar de conciencia a la práctica del aborto consentido en casos de violación, de forma personal, colectiva o institucional, en este último caso con la excepción de los hospitales públicos”, según el numeral tres.

Otras reformas

También se reformó el artículo 24 que garantizaba “la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso. Cuando exista un profesional de salud objetor y este sea el único que pueda llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo, debe observar con debida diligencia y sin dilaciones el deber de derivación”.

La modificación de la CC «garantiza la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso”.

Anteriormente, se eliminó la obligación que tenían las niñas y adolescentes de presentar una autorización de su representante legal como requisito para acceder a este procedimiento.

Menos obstáculos para las víctimas por violación

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Surkuna, Amazon Frontlines, Organización Waorani de Pastaza, Asociación Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas del cantón Yantzana y la Organización de Mujeres Shameco.

Según las organizaciones, los artículos modificados vulneraban los derechos de las sobrevivientes por violación. La resolución de la CC permitirá que los establecimientos salud no se nieguen a ofrecer la interrupción legal del embarazo por violación. (A.G.M)

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Un reporte de la Policía indicó que la víctima, de 21 años, acudió al edificio para entregarle dinero al agente Néstor F., a las 21:30 del lunes 21 de noviembre. Según información preliminar, el uniformado se encontraba en una bodega ingiriendo licor junto al civil Jefferson F.

El gendarme habría cometido el delito luego de quedarse varias horas a solas con la víctima. Mientras tanto, el civil aguardaba afuera de la bodega ignorando los gritos de auxilio.

La mujer intentó salir del CNJ, pero los involucrados no la dejaron. Sin embargo, los gritos de la muchacha permitieron que otros policías la ayuden y aprehendan a los implicados.

Hasta el momento, se conoce que el juez que lleva el caso no dictaminó prisión preventiva para los presuntos culpables.

Otro caso similar

Con este sería otro caso en el que miembros de la Policía están involucrados en casos de violación y agresión a mujeres. Si las ciudadanas no se pueden refugiar en los agentes del orden, ¿en qué autoridades pueden sentirse a salvo?

El 9 de noviembre de 2022, un policía habría intentado abusar sexualmente de una menor de edad en el sector Tréboles del Sur, en Quito. El uniformado no pudo consumar el crimen gracias a que los moradores del lugar lo detuvieron a tiempo. Tras el socorro de los habitantes, llegaron más miembros de la Policía Nacional y capturaron al sospechoso.

El sujeto fue golpeado por los moradores. Sin embargo, sus compañeros detuvieron parcialmente las agresiones. Posteriormente, acudió personal de Criminalística (UCM) y la Unidad de Delitos Sexuales. (N.J.C)

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Fuentes policiales confirmaron a Radio La Calle que la víctima fue una chica de 16 años. Tras el socorro de los habitantes, al lugar llegaron más miembros de la Policía Nacional y detuvieron al sospechoso.

El presunto delito sexual habría sucedido en las avenidas Carlos Villacís y Calle S del distrito Quitumbe, aproximadamente a las 07:00. Por el uniforme de la joven, esta se dirigía a asistir a su unidad educativa cuando se suscitó el percance. Según información preliminar, el gendarme, de 33 años, buscó perpetrar el crimen en su vehículo Wolkswagen.

Finalmente, el sospechoso fue golpeado por los moradores. Sin embargo, sus compañeros detuvieron parcialmente las agresiones. Posteriormente, acudió personal de Criminalística (UCM) y la Unidad de Delitos Sexuales.

El teniente coronel de la Policía, Manuel Vallejo señaló que el sospechoso es un agente policial en servicio activo que estaba en sus horas libres laborando como taxista informal. Se ejecutarán acciones administrativas y penales contra el servidor, reiteró.

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La policía le contó a su madre lo ocurrido en abril. La progenitora denunció el hecho a la Fiscalía en mayo pasado y relató cómo su hija fue atacada. La victima habría sido sometida por un miembro de la misma Escuela.

La directora de la Escuela Superior, Iraní Ramírez, ante este caso de presunta violación en las inmediaciones de la ESP manifestó su molestia. “no estamos buscando revictimizar a la mujer”, aclaró.

“Como Policía Nacional brindaremos todas las disposiciones para que la parte fiscal venga y realice sus investigaciones. Solamente un juez puede determinar si existió o no violación, pero lo que sí puedo decirle es que como mujer y policía yo le creo a la víctima”, mencionó para Ecuavisa.  

Este hecho se dio a conocer después de lo ocurrido en septiembre con el crimen de la abogada María Belén Bernal, quien fue víctima de femicidio por un miembro de la Policía en el mismo lugar.  El principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres sigue prófugo de la justicia. (A.M)

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Villalta, quien llevaba el caso en contra del coronel de la Policía, Diego Pavón, por presunta violación, realizó publicaciones en sus redes sociales en las que daba a conocer cómo lo amedrentaban. El abogado le contó a la madre de Hidalgo que el coronel estaba pagando USD 2.000 para que lo asesinen.

Hidalgo detalló que coronel Pavón abusó sexualmente de ella y su hermana: “Yo me callé porque me amenazaba que, si no me dejaba tocar, él iba a hacerlo con mi hermana, yo pensaba que a mi hermana nunca le hizo nada y resulta que sí”, destacó.

Ella presentó la denuncia en marzo de este año. “Fui hace seis meses y pude haber dado mi versión en la cámara de Gesell, pero el coronel pagó a un funcionario judicial”, denunció Hidalgo. Además, aseguró que la Fiscalía lo ha citado 6 veces y no ha ido, pese a que se supone que si al tercer llamado no acude debe llevarlo la fuerza pública.

El viernes 23 de septiembre de 2022, Hidalgo debía viajar a Ecuador para dar su versión en la cámara de Gesell, pero desistió por el asesinato de Villalta.

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“No existe una respuesta perfecta. Yo creo que como sociedad estamos fallando, no solamente en el Sistema Nacional de Educación; sino en general, en la protección de nuestras niños, niñas y adolescentes”, dijo el funcionario.

Sostuvo que los servidores públicos, los docentes, los directivos de las instituciones, y demás servidores deben responder a esa cadena de protección de derechos. Ahí hemos fallado y tenemos que corregirlo”, señaló.

El viceministro manifestó que el Ministerio tendrá que “ir perfeccionando (…) esa cadena de protección, porque la escuela es el primer lugar donde se detectan los actos de vulneración de derechos».

Las medidas

Tras el pedido de renuncia de la rectora del colegio, Chiriboga explicó que las demás autoridades de la institución serán sometidas a un proceso de junta de resolución de conflictos, en la institución. También dijo que con los padres de familia se acordó establecer mesas de trabajo con funcionarios, y estudiantes.

Insistió en que el ministerio acompañará a la estudiante violada y se mantendrá en contacto constante con la Fiscalía para dar seguimiento al proceso de investigación.

Aunque reconoció que «no existe cadena alguna, en este momento, que pueda reparar el dolor que siente la familia».

Sobre el transporte escolar en instituciones fiscales

El funcionario manifestó que el ministerio está preparando un nuevo reglamento para la selección del personal que laborará en estas unidades.

«Vamos a tener que considerar muchos otros aspectos (…) ya no pueden ser vistos como el resultado de un trabajo técnico exclusivamente, como una relación contractual; sino como el resultado de la selección de alguien que va a estar con nuestros niños», argumentó.

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