“Me siento agradecido porque por fin se hizo justicia con esta lucha. Siento que ya todo llega a su fin. Con la bendición de que hay justicia y que esto no vuelva a suceder con otra niña. Espero que el Estado cumpla con lo que dijo y haya protección para los niños y niñas del sistema educativo”, expresó doña Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, en rueda de prensa.

Una lucha de muchos años

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM) y el Centro de Derechos Reproductivos acompañaron a doña Petita en la extensa lucha de 18 años, que busca justicia por la muerte de Paola.

Lita Martínez, directora de CEPAM Guayaquil asegura que con esta sentencia “se cierra un ciclo, pero se abre uno nuevo para las familiares de Paola. Como organizaciones sociales nos corresponde continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injustica en contra de Paola”.

La condena de la Corte IDH tiene un impacto a nivel latinoamericano en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos enfatizó en que este caso, lamentablemente, no es un caso aislado. Hay muchas «Paolas» en Ecuador y la región que son víctimas de acoso y abuso escolar.

Este tipo de violencia vulnera a los derechos humanos, por eso la Corte IDH decide atender esta problemática y establecer una ruta que permita a los estados atender y solucionar esta situación.

En Ecuador los niños, niñas y adolescentes están desprotegidos

Según la Comisión Especial Ocasional (AAMPETRA) de la Asamblea Nacional, Entre 2015 y 2017, se registraron 4.584 denuncias de abuso sexual en planteles educativos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a diario, 7 niñas menores de 14 años y 158 niñas de entre 15 y 19 años se convierten en madres

Un estudio de UNICEF, World Vision y el Ministerio de Educación del Ecuador reveló que 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia en la escuela y 16 % de las alumnas han considerado la opción de suicidarse como consecuencia de su situación.

Ecuador debe cumplir con las siguientes medidas

•             Reparar de manera integral a los familiares de Paola Guzmán Albarracín, Doña Petita, su madre y Denisse, su hermana, para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad luego de 18 años de impunidad.

•             Restablecer el buen nombre de Paola, reconocer que fue víctima de violencia sexual y que su muerte está relacionada directamente con esa agresión sexual.

•             Reconocer la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en este caso a través de un acto público.

•             La Corte IDH, exhorta a realizar un informe de carácter público que determine la verdad de lo sucedido a Paola para limpiar su imagen y memoria. 

•             Establecer políticas públicas para evitar que se repitan casos como este, evitando el acoso y la violencia sexual en los colegios de manera oportuna.

•             Deberá declarar un día oficial de “lucha contra la violencia sexual en las aulas”.

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El pasado 1 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime, el proyecto de ley que busca establecer un registro de las personas violadoras sexuales de menores.

Sin embargo, según la CC, el proyecto discrimina y transgrede el artículo 11 numeral 2 de la Constitución. Dicho artículo señala que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, etc.”

Postura del Ejecutivo

El pasado 31 de octubre, el Ejecutivo remitió un veto por razones de inconstitucionalidad del proyecto. La Corte Constitucional tenía un plazo de 30 días para su pronunciamiento. El juez de la CC, Enrique Herrería, elaboró el proyecto de sentencia y se aprobó con 8 votos.

El Primer Mandatario determinó que las medidas adoptadas en la propuesta causaría un trato discriminatorio por razones de pasado judicial, debido a que establece la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales para acceder a una plaza de trabajo.

Postura de la Asamblea Nacional

Por otro lado, la Asamblea sostuvo que exigir el pasado judicial de una persona no solo protege a niñas, niños y adolescentes sino que permite la instrumentalización de la inhabilidad de ejercer un cargo, oficio o profesión.

Los menores de edad tienen un “estatus de sujetos de protección reforzadas”, de manera que, cuando los derechos de estos sujetos entran en conflicto con los de otro, “prevalecerán los del niño, niña y adolescente”.

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