Los convenios vigentes vencen el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, la Red indicó que la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, les dijo que, sin precisar fechas, “lanzará una nueva convocatoria para sostener estos servicios”. Mientras tanto, llamó a las organizaciones que conforman la Red a “resistir”, “y si es el caso, a mantener los servicios de atención por cuenta de las organizaciones”, señala el comunicado.

El Estado ecuatoriano no asume todos los costos de mantenimiento de las casas de acogida. Según la Red, el monto anual que reciben estos centros es de USD 126.948. No obstante, este monto es apenas un “aporte parcial” de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.

Los recursos estatales solo cubren el salario  del personal profesional, una parte de la alimentación de las víctimas, y un pequeño presupuesto destinado entre capacitación y prevención, movilización y suministros de limpieza. Sin embargo, servicios como agua, luz, comunicaciones, infraestructura, medicina y demás gastos corren por cuenta de las organizaciones sociales.

La Red advierte que sin estos convenios no podrán iniciar los primeros meses del 2022. Sin estos recursos -y los que faltan- se verá obligada a cerrar los centros. Esto ocasionará que las víctimas de este tipo de violencia queden indefensas sin un refugio seguro.

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