Este año, se ha anunciado una colaboración estrecha con 22 Centros de Atención Integral y 5 Casas de Acogida a escala nacional, con el objetivo de ampliar la red de atención a víctimas de violencia y sus hijos a nivel nacional.

La Ministra expresó su compromiso con la causa, destacando que el decreto para obtener la declaratoria de servicios esenciales para las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral está listo para su suscripción, lo que garantizará su financiamiento permanente.

Rosario Gómez, directora de la Fundación Casa Refugio Matilde, elogió el reconocimiento otorgado por la Ministra a las organizaciones sociales durante el evento de apertura de sobres con las propuestas de las organizaciones para la suscripción de los convenios.

Por su parte, Sarah Espinosa Mora-Bowen, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, destacó el cumplimiento riguroso del cronograma para la firma de estos convenios, asegurando la transparencia y participación del proceso.

En cuanto a la financiación, este año se destinará más de USD 2 millones, y por primera vez se trabajará con la Fundación contra la Violencia Jessica Jaramillo.

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Danna y su hermano saben quién es el femicida de su madre. César Narciso P. G., su expareja, habría cometido el delito. Habían salido unos pocos meses en 2020, pero nunca la dejó de perseguir. “Los vecinos lo vieron el viernes en la noche, afuera de la casa, gritando para que le abra la puerta. No lo vieron entrar, pero sí lo vieron salir el sábado en la mañana”, dijo Danna a diario El Universo.

Justicia indolente

Rosa Ramos había denunciado a su agresor tres veces por agresión física y violación. Vivió en una casa de acogida durante tres meses y se cambió de domicilio en cuatro ocasión. A pesar de todo, él hallaba la forma de encontrarla. El 22 de septiembre de 2023, el agresor fue detenido en flagrancia por violar a Rosa, sin embargo, la jueza Gladys Hernández, durante la audiencia de formulación de cargos, dictó medidas cautelares: uso de grillete y presentación periódica todos los miércoles. No cumplió con lo establecido y se abrió un proceso de revisión de las medidas cautelares.

En ese mismo caso, Rosa fue llamada a rendir nuevamente su versión en la cámara de gessell el 5 de enero. Para el 8 de enero se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio. También se ha convocado un plantón para exigir justicia en la Fiscalía Provincial del Guayas.

Mujeres en peligro

Un sistema de justicia desorganizado y negligente se llevó la vida de Rosa y mantiene a su presunto femicida libre, sin embargo también ha puesto en peligro la vida de más mujeres en el país. La abogada Ana Paula S. tiene tres procesos abiertos en contra de su expareja por violencia física, secuestro y agresión que avanzan de forma lenta. A eso se suma que el agresor aún intenta contactarla. «Mientras, mi vida sigue en riesgo. El 24 de diciembre, a través de terceras personas me trató de contactar nuevamente. Sé que sigo en peligro», escribió en su cuenta de X.

A pesar de las pruebas que tiene Ana Paula para demostrar la conducta peligrosa de su agresor, los jueces todavía titubean la pertinencia de llamarlo a juicio. «¿Qué más debe pasarme para que la justicia me proteja? No pido ningún favor solo pido que se actúe conforme a derecho y que lo hagan ya, no después de nueve años como Nina Gualinga o después de muerta como Rosa Ramos», expresó la abogada.

Por otro lado, la activista amazónica, Nina Gualinga denunció violencia psicológica en contra de su expareja en 2015 y una segunda vez en 2020, sin embargo, la audiencia de formulación de cargos todavía sigue en veremos, ya que se ha diferido para el 14 de febrero. La activista sufrió manipulación por parte de su agresor que, además le apuntó con una escopeta en una ocasión. Teme por su vida y la de su hijo. «Una noche me miré al espejo. Vi a una chica tan flaquita, tan pálida. Y me pregunté quién es ella. Porque ya no soy yo. (…) En ese momento pensé, tengo 25 años ya me ha amenazado con una escopeta, a los 30 ya no sé si esté viva”, expresó en una rueda de prensa.

(MIB)

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La organización LGBTI alertó que «Campanilla», de 28 años de edad, recibió dos disparos en la cabeza en el Suburbio de la ciudad porteña. También comunicó que el temor y posibles amenazas como represalias hacia la familia de la víctima ha hecho que opten por mantener el silencio ante el crimen.

«Las autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo de la campanilla. La Policía intentó además recabar evidencia y llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los detalles de este crimen y llevar a los responsables ante la justicia», reza el escrito.

Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI+ hizo un llamado a las autoridades para que se comprometan con este caso y aseguren que se haga justicia. También exhortan a garantizar la seguridad y luchar en contra de la violencia hacia las personas trans y de género no binario, así como el de sus familias.

La chica nombrada como "Campanilla" es una codificación Runa Sipiy (en castellano asesinato hacia población Trans-LGBTI).

En lo que va del 2023, las organizaciones de la diversidad sexual han reportado un estimado de 22 asesinatos en contra de miembros de la comunidad.

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La publicación demuestra que 31.2 % de estudiantes y el 43.4% del alumnado LGBTIQ+ en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia desde algún integrante de la comunidad universitaria desde que comenzó sus estudios.

Esta realidad es normalizada y hasta invisibilizada por las instituciones de educación superior. Se trata del estudio «De la evidencia a la prevención: cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas». Este es realizado por el Programa PreViMujer, parte de la Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres. Más de 23 mil estudiantes de 16 universidades del Ecuador participaron.

El acoso ocupa el primer lugar de modalidad más habitual hacia las estudiantes agredidas (20%), le sigue el acecho (19.7%), ataque psicológico (13.9%), abuso sexual (9.1%), violencia física (5.9%) y la violencia económica (4.8%).

Las cifras son similares con respecto a lo vivido por estudiantes LGBTIQ+. Igualmente el acoso en primer lugar (31%), acecho (27.5%), ataque psicológico (22.1%), abuso sexual (16.8%), violencia física (10.7%) y violencia económica (6.5%). A menudo, los agresores son estudiantes, profesores, personal administrativo o asociado a la universidad.

El doctor Alfredo Vara, investigador del informe, asegura que gran parte de la responsabilidad es de las universidades. «Aquí el problema es de omisión, las universidades no han visto esto como un problema que tengan que discutir, así que lo han omitido, no lo discuten, no generan espacios para reflexionar y asumir una postura correcta y mientras tanto va ocurriendo esto: porcentajes de violencia que son muy altos», explicó a EFE.

La Universidad resulta ser un espacio inseguro

Vera añadió que hicieron el estudio para demostrar la inseguridad que prevalece en los espacios universitarios. Recalca que estos espacios son muy inseguros tanto para mujeres como para personas LGBTIQ+. Por ello se corresponde a las consecuencias en el rendimiento académico y el estado de salud física y mental de quienes han sido víctimas de estos ataques.

Nicole Abad, estudiante universitaria relató su experiencia al medio Efeminista. Abad sufrió acoso por ser lesbiana. Según relató, un profesor la hostigó hasta llegar a modificar sus notas, reprobarla y obligarla a repetir el examen final de su materia.

«En el supletorio él me dijo: ‘Bueno, yo sé que usted igual iba a pasar, no se preocupe’ y yo: ‘entonces, ¿para qué me dejó a supletorio?’ Me dejó por casi 40 décimas y al final de toda esta discusión que él tenía con la cuestión de los supletorios me dijo: ‘Bueno mi hijita, salúdenme a su novia’. Fue rarísimo porque con él nunca habíamos hablado ni de mi novia ni de nada. Lo hizo para hacerme saber que tenía control tanto como para borrarme las notas, hacerme preocupar y dejarme supletorio», lamentó.

Debido a ese y otros ataques verbales, Abad decidió no denunciar este hecho ante las autoridades y omitirlo. «No quería volver a verlo», manifestó. Ella afirma que la comunidad universitaria no se encuentra capacitada para tratar con las diversidades sexogenéricas y, por ello, ocurren este tipo de problemas.

«Hay muchos casos sueltos incluso, eso es preocupante porque eso evidencia lo invisibilizados que están estos casos. Yo que trabajo en el medio y hago activismo no conozco muchos de los casos. Tengo que rebuscar en el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo para que me cuente y no hay canales de denuncia tampoco. En las universidades le han puesto mucho refuerzo a entender la violencia solamente contra la mujer y nos falta activar muchos protocolos para las diversidades, incluso para las mujeres a las que se nos puede violentar en el entorno de mujeres», asevera.

Mujeres y personas LGBTIQ+ rodeadas de violencia

El estudio también revela que aparte de la violencia recibida en los centros de estudio, mujeres y personas LGBTIQ+ no reconocen a la Universidad como un espacio seguro para ellas.

Las cifras indican que el 33.7% de las estudiantes sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja eventualmente, desde que empezó a cursar sus estudios universitarios. En el caso de las personas LGBTIQ+ la cifra asciende a 44.8%.

«Hay demasiada tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, se la ve como normal, se la ve como algo esperable o que no es importante ni grave y cuando ocurre se la justifica, se le echa la culpa a la mujer o se le echa la culpa al contexto, pero no se hace cambios importantes y esto es terrible», mencionó el doctor Vara.

Planteles educativos no manejan la violencia correctamente

El experto acotó que más del 80% de estudiantes expresó no saber a dónde acudir en caso de verse obligados a buscar ayuda o denunciar casos de violencia en la Universidad. A pesar de que algunas universidades trabajan en protocolos de prevención parecen no funcionar, según dijo. Además, en redes sociales aumentan los testimonios de estudiantes violentadas impunemente. A ello agregan que no existía un protocolo o no lo pusieron en práctica.

Vera calificó a las cifras como «llamado de atención para que la universidad asuma su responsabilidad en la formación de profesionales con sólidos valores éticos y morales y eso no puede existir habiendo tanta violencia dentro». No obstante, víctimas como Nicole Abad aseguran que son los mismos estudiantes quienes se han organizado para guiar a sus compañeras y compañeros en situaciones de violencia.

La deuda de la violencia de género en Ecuador

Aun a pesar de los avances legislativos para prevenir la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, eso no se materializa, apuntó Vera.

«Hay impacto en la salud mental, la salud física, tienen peores notas y rendimiento. Hay más tasas de deserción, en el caso de las personas LGBTIQ+ tienen más dificultades para acceder atención sanitaria adecuada, más discriminación en el empleo, incluso en la vivienda para alquilar casas. Es decir, socialmente el cambio es mucho más lento y las universidades tienen un rol fundamental para asegurar ese cambio y si la universidad logra cambiar la mente de sus estudiantes va a cambiar la mente de muchísimas personas más en cuanto egrese», precisó.

La publicación muestra que tanto estudiantes como personal administrativo femenino pierde en torno a 28 días al año debido al problema. Las situaciones de violencia que sufren ocurren tanto fuera como dentro de las universidades.

«Justamente estas estadísticas lo que tratan de demostrar es que no es un problema aislado, no es un problema de dos o tres personas, es una gran cantidad de la población que está siendo sistemáticamente agredida por razones de género», zanjó el experto.

Foto: Observatorio / Instituto para el Futuro de la Educación de México

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Art. 178.- Violación a la intimidad. – La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El reglamento del sistema indica que toda persona que utilice la Aerovía da su consentimiento para ser grabada. Sin embargo, los vídeos no pueden ser difundidos. La responsabilidad del monitoreo y grabación de las cámaras recae en el operador, quien debe «respetar las imágenes».

¿Seguridad Digital?

Grace Vera, especialista en niñez para ChildFund Ecuador, en entrevista para Radio La Calle, apuntó que ante el desconocimientos de como interactuamos socialmente a través de la tecnología fue necesario considerar la integridad ‘física’ y ‘virtual’ en el COIP.

«La filtración de este video solamente pone en evidencia los riesgos a los que estamos expuestos mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres», expresó.

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En el artículo 11, inciso g, de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres se especifica la violencia cibernética. No obstante, recalcó que muchas veces quienes comparten videos íntimos de otras personas no saben que incurren en un delito.

Recomendaciones y prevención

Aunque la Corte Constitucional (CC) y la ley para la Erradicación de la Violencia de Género han generado varias sentencias por el caso, esto no ha garantizado que ya no ocurran este tipo de delitos. Aquí algunas recomendaciones para los usuarios de redes socio-digitales en el país:

• Primero, no publicar datos sensibles como el domicilio o lugares rutinarios.
• Segundo, evitar compartir mucho nuestra vida privada (amigos, vacaciones, fotos sugerentes). Esto lo menciona a propósito de la evaluación que realizan empresas en base al perfil digital de quienes son candidatos de contratación.
• Tercero, es mejor evitar puesto que reconoce que la institucionalidad del país no ha respondido de la mejor manera frente a estos delitos y por ello es que se tiene como base estos antecedentes para dar estas recomendaciones.
• Como última recomendación reitera en que la sociedad debe conocer sus derechos en materia digital. Con ello recalca que si se conoce bien este ámbito, se pueden evitar todavía más casos como el de la difusión no consentida de material sensible.

«Con publicar datos sensibles nos ponemos en riesgo y muchas veces quienes difunden nuestras imágenes no saben que están cometiendo un delito», dijo la especialista.

¿A quién acudir?

La especialista afirmó que fundaciones como ChildFund prestan acompañamiento sobre vulneración de derechos digitales, hacia niños, adolescentes y la mujer. Tienen contacto en su página web, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Señala que gracias a las alianzas que poseen pueden ofrecer hasta acompañamiento legal y digital según las circunstancias lo requieran (S.B).

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En entrevista concedida a Radio La Calle, informó que existen cuatros procesos en contra del agresor y se sumaría un quinto por las amenazas recibidas por medio de la plataforma Whatsapp.

Últimos incidentes

En enero de 2023, pese a que tenía medidas de protección, su expareja burló la seguridad de su domicilio y secuestró a la hija de Martínez. Después de horas, la abandonó golpeada por la Ruta Viva, amenazándola de muerte.

En otra ocasión, el agresor se acercó a Ana Paula (hija de Martínez) en una reunión con amigas en un bar y le escupió en la cara, pese a tener medidas de alejamiento. Cuando llegó la Policía trató de huir, pero fue detenido y llevado a Flagrancia.

Proceso Judicial

La activista sostiene que ha sido súper doloroso como defensora de derechos y feminista, ver lo que enfrentan las mujeres a las que ha acompañado en otras ocasiones.

“18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. Nos pedían copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos”, dijo.

Denunció también que se le revocaron las medidas de protección y que la jueza habría ordenado la prescripción de la acción penal, dejándoles vulnerables ante cualquier retaliación y teme por la vida de su hija.

Denuncia del agresor

A pesar de los antecedentes y evidencias comprobadas de agresión, el demandado también ha presentado una denuncia por violencia psicológica, la cual indicó que avanza más rápido que sus propios procesos.

Un llamado de atención al sistema de justicia

La madre escribe: “esto es lo que una víctima de violencia y su familia deben enfrentar, una justicia altamente revictimizante. Una justicia que privilegia a los agresores, que los protege.

Nosotros hemos hecho las cosas bien, como manda la ley y aun así nada ha funcionado. Mi hija sigue siendo agredida y nosotros junto a ella. ¡Ya basta! Martínez pide justicia para su hija. (M.W.S)

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De este total, 58 son femicidios en el plano íntimo, familiar, sexual y transfemicidios y al menos 64 femicidios en los sistemas criminales. La provincias que presenta más este delito es Guayas con 35, le sigue Los Ríos con 16, El Oro con 13, Manabí con 11, Santa Elena con nueve y Pichincha con ocho.

Desde el 2014, la violencia por motivos de género arrebató la vida de 1.503 mujeres en nuestro país.

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Más datos

La edad promedio de las víctimas se ubica en los 32 años. La más frecuente es 25 años. La más joven tenía menos de un año, la de mayor edad tenía 70 años. Por lo menos, seis eran menores de edad.

46 de ellas eran madres, 80 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad. En el 47% de los casos, existía un vinculo sentimental con la víctima. Cinco femicidas se suicidaron.

16 mujeres habían reportado antecedentes de violencia, dos tenían una boleta de auxilio y una había sufrido abuso sexual. Nueve estaban embarazadas al momento de ser asesinadas. 62% murieron por arma de fuego, 18% por arma blanca y 9% por el uso de manos. (MIB)

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La última manifestación de colectivos feministas y organizaciones involucró el lanzamiento de huevos y pintura en el edificio de la Comandancia de la Policía Nacional, así como en contra de servidoras policiales del lugar. Nuevamente los uniformados reprobaron el hecho.

La falta de resultados en la captura del principal implicado, el Teniente Cáceres y la falta de acciones gubermentales efectivas en la lucha contra la violencia de género están en la base de estas actuaciones de las manifestantes. Por último, Guillermo Lasso, insiste en derrumbar el edificio donde ocurrió el asesinato de Belén Bernal, mientras la indignación sigue creciendo en la ciudadanía. ¿Hasta cuándo evitan mirar sus propios problemas?

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Lasso, a través de una rueda de prensa, recalcó la problemática que atraviesa el país ante el incremento de la violencia contra la mujer. Sin embargo, en todo lo que va de su gobierno, es la primera vez que mantiene una reunión con el equipo femenino de su gabinete.

El mandatario preparará un paquete de medidas para combatir la violencia de género. También informó que en los próximos días firmará un decreto que le permita reunir todas las propuestas sugeridas por ministras, viceministras y otras autoridades.

“Juntos debemos cambiar este patrón de comportamiento y enfrentar a la cultura machista, abusiva y criminal”, aseguró.

Pese a que recalcó la prioridad que se debe brindar a los asuntos vinculados con la violencia, durante su gobierno no solo se incrementó el número de femicidios, sino que de cada diez casos denunciados en instancias legales se logran resolver a penas dos.

En cuanto al escaso presupuesto que se destina para la implementación de políticas contra la violencia de la mujer, tan solo se comprometió a realizar un análisis y de ser posible crear “una suerte de pacto fiscal” para que se cumplan las leyes propuestas.

“El país necesita de sus voces y todos estamos en la obligación de escucharlas y protegerlas” (N.J.C)

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Estas casas han servido de auxilio ocasional para decenas de mujeres violentadas, sin embargo, como explicó la concejala Gissela Chalá, el enfoque está cambiando: “quien debería salir de casa es el agresor y no la víctima, esa es la situación que se debería impulsar, muchas veces, luego de que una mujer ha recibido la asistencia, se produce una reinserción compleja”.

Soledad, nombre falso, contó a Radio La Calle su historia, “el problema se dio al regresar a casa, mis hijos estaban extraños conmigo, cuando descubrí que el padre les había dicho que yo había abandonado la casa y que no iba a volver: yo era la mala por escapar de su violencia”, además, cuenta Soledad, estaban la cantidad de asuntos pendientes que quedaron en el hogar: la atención a los niños, las tareas escolares, la comida, prácticamente los niños quedaron desatendidos”.

La idea que esperamos extender en una próxima entrevista, es que el agresor deje el  hogar y se garantice el funcionamiento de esa familia, con la menor cantidad de afectaciones para los hijos e hijas como para la madre.

Presupuestos sin ejecutar

Cabe recordar que en lo que va del año se han registrado 206 feminicidios, a partir de datos de la Fundación Aldea, es decir este es el año más violento del que se tiene registro. De allí que resulta anodino que solo el 5 por ciento del presupuesto para la erradicación de la lucha de género y que la Secretaría de Derechos Humanos tenga apenas un 15 por ciento de ejecución, tal como expresó la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega.

“Estamos preparando una normativa pues existe un vacío legal en este tema, los controles que podemos ejecutar actualmente son someros, nos centramos en el control político y en los pedidos de información a las autoridades del Ejecutivo”.

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Mayra Amaya ex esposa de Luis, sufrió maltrato por su nuevo conviviente en el 2017, “èl la persiguió con un cuchillo, la golpeò hasta romperle la nariz “, sostuvo Luis. Mayra terminó en el hospital y las agresiones se dieron delante de sus hijos.

La denuncia la realizaron en el Consejo de la Judicatura en el 2018, en la misma se resguarda totalmente la integridad de la afectada, prohibiendo a Ángel Alcocer, acercarse o concurrir lugares en lo que se encuentre Amaya. Pese a las denuncias ejecutadas, el individuo continúa amenazando y amedrentando a la familia.

Aumento de femicidios en Ecuador

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), dio a conocer los datos más recientes de femicidios cometidos en Ecuador, estos se obtienen a través del registro que efectúa la Alianza Feminista para el mapeo de los Femicidios en el Ecuador.

En lo que va del año 2022 se ha producido el 60% de los femicidios en comparación del 2021. De los femicidios se conoce que por lo menos nueve mujeres eran madres y dejan por lo menos 19 niños y niñas en la orfandad.

Armas con las que se cometen los crímenes

El 68% de los femicidios se cometen con armas de fuego mientras que el 11% con armas blancas y así mismo con el uso de las manos.

Boletas de Auxilio registradas

Al menos tres de cada 28 mujeres han reportado agresiones de violencia y solo una de ellas cuentan con una boleta de auxilio.

Una vez más las cifras dejan en evidencia que el sistema de protección sigue fallando para las mujeres y la impunidad sigue normalizándose en el país. D.P

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En un video que se viralizó en redes sociales se evidencia como el hombre le da un primer golpe en el rostro a la mujer. Posteriormente la fémina se acercó a dos mujeres que se encontraban en el lugar y este continuó con la agresión. Ante este suceso los espectadores no ayudaron a la joven.  

Sanciones

La Policía Nacional confirmó que el agresor pertenece a la institución y que se realizarán las respectivas sanciones contra el uniformado. Según el informe se dispuso judicializar el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).  

“La Policía ratifica su compromiso permanente de velar por la seguridad ciudadana y orden público en todo el territorio ecuatoriano”, reza el comunicado. Además, la policía ordenó al Departamento de Asuntos Internos que realice acciones administrativas al agente para que este caso no quede en la impunidad.  

La Secretaria de Derechos Humanos se pronunció “ante los hechos de violencia en contra de la mujer en la provincia de Los Ríos, activamos nuestros servicio de protección integral (…) nuestro eje fundamental es la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. (A.M.B)

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Se registraron 18 feminicidios en la provincia donde se incluye una muerte violenta provocada por violencia organizada. Diez de los casos se cometieron en el casco urbano de Quito y el resto en parroquias rurales. Ocho mujeres ya habían reportado antecedentes de violencia.

Ellas tenían incluso boleta de auxilio, sin embargo, fueron asesinadas frente a un sistema que no precauteló efectivamente su integridad, de acuerdo al estudio de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA). El mismo estudio destaca que el 100% de los casos fueron cometidos por el círculo cercano de las mujeres. El 77% por su pareja o ex-pareja sentimental.

Las mismas cifras reflejan que solo en 2021, 15 hijas e hijos quedaron en la orfandad, a propósito de la celebración del Día de las Madres. El Gobierno también se sumó a este festejo, sin embargo ni siquiera asigna el presupuesto dedicado a este tipo de casos, según denuncia ALDEA.

Es decir, aseveran que es necesaria la ejecución de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con ello la justicia debería atender y proteger a las víctimas cuando se acercan a los servicios de atención y protección. Esto se implementaría en territorios urbanos y rurales.

No solo en Pichincha, los feminicidios no reciben suficiente atención

Así como 13 de los huérfanos producto de feminicidios viven en parroquias urbanas de Quito, ocurre 1 feminicidio cada 17 días en Pichincha. Así, esta provincia se convirtió en la segunda con mayor número de casos de feminicidios ya que desde enero de 2014 hasta diciembre de 2021 se registraron 175 casos y 181 hijos en situación de orfandad.

Feminicidios y violencia de género: crímenes cotidianos en Ecuador

Ante esta situación, ALDEA expone que en Ecuador, no se cumplen ni se ejecutan acciones de reparación integral a las familias víctimas de estos crímenes. El organismo exhorta al Estado ecuatoriano, mejore la aplicación de mecanismos de reparación integral.

ALDEA recalca que ‘la reparación integral busca transformar de forma efectiva el daño sufrido tanto física como psicológicamente, a través de medidas que abarcan dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas’.

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Los estudiantes se concentraron frente al Ministerio de Educación, donde se observa un fuerte resguardo policial. Los jóvenes y ciudadanos indignados han solicitado que no haya silencio ni complicidad del Estado ante estos crímines. Asimismo, los padres de los estudiantes han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

«Nos violan y nos matan y el Estado no hace nada», es una de las consignas que se han escuchado durante las protestas de estos días.

¿Qué dicen las autoridades?

Ayer, la ministra de Educación, María Brown, en sus primeras declaraciones, defendió a la institución educativa. Aseguró que el Colegio Dillon «cumplió con los protocolos establecidos para estos casos». El protocolo, dijo, establece que se resguarde el nombre de la institución y la víctima.

Más tarde, el Ministerio de Educación pidió la renuncia de la rectora del colegio por «prácticas negligentes». El presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre el caso ni se ha solidarizado con la víctima.

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Se conoce que el abogado y familiares de la víctima lograron ingresar al Ministerio de Educación, al igual que una comitiva de padres de familia y profesores de la institución.

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La manifestación inició en los exteriores de la institución, en la calle 9 de Octubre y Orellana, Centro de Quito, donde se concentraron los estudiantes, reclamando respuestas a sus autoridades. Después de ello, avanzaron hasta las instalaciones del Ministerio de Educación, en el sector La Carolina Norte de la Capital.

Allí protestaron por más de media hora, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna del Ministerio o alguno de sus funcionarios. Más tarde, la ministra de Educación, María Brown, apareció en el lugar y dio declaraciones respecto al hecho.

«Tenemos una gran preocupación por que este caso sea investigado. Que llegue a la justicia de manera adecuada (…) Nuestro mayor interés es facilitar y agilizar todos los procesos de investigación para que se pueda dar con todos los detalles de lo sucedido», expresó Brown.

El colegio Dillon cumplió con los protocolos en el caso de abuso sexual dice Brown

Más declaraciones por justicia para estudiante del Colegio Dillon

Un ex estudiante anónimo que fue parte de la organización de la marcha relató que las autoridades no han dado respuesta oportuna a los familiares de la víctima. A ello se suma que la cooperativa de transporte a cargo del recorrido escolar, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Él explica que quien se supone es la persona dueña del vehículo -y quien trabaja para la cooperativa-, el día de la agresión, puso a cargo a un familiar. Es por eso que, objeta, no se sabe muy bien qué ocurrió luego de que el agresor haya atacado a la menor.

Solo se sabe que mezcló alcohol con cierta sustancia que la incapacitó lo suficiente para que esta persona la viole. Añade que esta cooperativa encubre al agresor y ni siquiera proporcionó su nombre. Aseveró que muchos estudiantes del Colegio Dillon se autoconvocaron para pedir justicia por su compañera agredida ya que esto no había ocurrido nunca antes. Y también para sumar su apoyo a la lucha por la erradicación de la violencia sexual y de género.

El abogado de la familia de la menor agredida, Guillermo Lara, detalló que existe una grabación en la que ella denuncia que fue abusada sexualmente. Él explica que en la grabación, exclama -llorando- frente al dueño del vehículo y el agresor lo ocurrido.

No obstante, profesores y autoridades minimizaron el hecho, por lo que, el abogado acotó, hay complicidad entre el colegio y la cooperativa de transporte escolar.

La entrada Estudiantes del Colegio Dillon se convocaron para pedir justicia por su compañera se publicó primero en La Calle.

En Twitter reportaron el caso de Martha, quién se encontraba con su esposo y su bebé de 3 meses en su vivienda. El hombre la agredió hasta dejarla inconsciente y se llevo a la menor de edad, el pasado 17 de abril.

Según indica el testimonio de la red social, la mujer fue encontrada desnuda, golpeada y cortada en una carretera. Al no saber nada de su hija puso una denuncia para hallar a la pequeña. El 21 de abril encontraron el cuerpo de la niña ahogado a orillas del río Cachiacu. El responsable fue identificado como Washintong René Chacha.

En el caso ibarreño, un policía en servicio activo contrató a dos sicarios para que acabaran con la vida de su hija de 7 meses. Según la madre de la menor asesinada, Katherin C., su expareja le solicitó ver a la menor, por lo que acordaron encontrarse en un lugar cercano a la casa de la madre.

Otro caso fue reportado en la capital, donde un hombre intentó lanzarse de un edificio luego de agredir a su pareja. La mujer sufrió laceraciones en su cabeza y en el rostro con un arma blanca.

Así también, el pasado 15 de abril un hombre apuñaló a una mujer en el parque La Carolina, de Quito. El agresor fue detenido por un turista hondureño que intervino antes de que matara la mujer.

Datos sobre violencia de género

La Fundación Aldea recopiló información de los primeros tres meses del año, en los que se reportó 28 feminicidios, transfeminicidios y muertes violentas por la delincuencia. De los 28 casos registrados, 14 correspondían a feminicidios (50%), 2 eran transfeminicidios (7%) y 12 casos corresponden a muertes violentas. La cifra claramente continua en aumento. El informe además indica que en 11 de las 24 provincias del país se registran hechos de violencia de género.

El pasado 8 de marzo las mujeres ecuatorianas marcharon por la exigencia de sus derechos en varios ámbitos como: salud, educación, violencia, laboral y aborto. En la marcha solicitaron la implementación inmediata de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hasta el momento las entidades gubernamentales no se han pronunciado al respecto de esta exigencia.

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«Esta es una lucha que continúa, al igual que la lucha para el aborto por violación, así como la conquista de nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida para hacer conciencia», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rosero recalcó que desde el 2021, han planteando la necesidad de un pacto político y fiscal para proteger recursos del Estado en materia de prevención de violencia.

Además, comentó que la Reforma a la Ley Amazónica busca incluir normativa para la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

“Se trata de hacer uso de la redistribución de los recursos, para un desarrollo sostenible de la Amazonía, con un eje fundamental que son las personas”, afirmó la dirigente.

La presidenta comentó que los recursos del fondo de desarrollo común, de acuerdo a la información del 2019, son alrededor de USD 25 millones. Mientras que, el fondo de desarrollo sostenible es de USD 254 millones. Existiendo de la posibilidad de una inversión sostenida del 10% de cada fondo».

Rosero reiteró que la violencia y desigualdad de género son fenómenos estructurales a los que el Estado y la sociedad debe hacer frente con mecanismos y acciones específicas.

“Creemos que es importante que la Asamblea Nacional apruebe una ley que tome en cuenta los problemas sistemáticos en materia de género”, aseveró Rosero.

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“Yo no hago esto, pero necesito asegurarme de que Fiscalía, tan deficiente en género, reaccione. Yo filmé y yo seré testigo. Joel es el hondureño héroe que la salva. Todo hoy 10h00 en el Parque La Carolina. La apuñaló por celos y luego intento suicidarse”, escribió en un tuit el jurista.

En el video se puede observar cómo una mujer pide auxilio ya que, a unos pocos metros, un hombre armado con un cuchillo buscaba hacerle daño. Los transeúntes pidieron al ciudadano que se alejara de la mujer y soltara el cuchillo. Finalmente se acercó y apuñala a la ciudadana, quería suicidarse, pero el extranjero le quitó el cuchillo visiblemente ensangrentado.

Tentativa de femicidio

Este posible crimen puede llegar a tener hasta 13 años de prisión (proporcional al máximo de la penal) y está sustentando en los artículos 141 y 142 del Código Integral Penal (COIP).

Artículo 141.- Femicidio. – La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio. – Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. MIB

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“Vimos el veto parcial del presidente y tenemos claro que él no va a legislar en función de las mujeres, sino por sus agendas personales”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta recalcó la importancia de obtener políticas de erradicación de violencia de género. Pues, todavía se sigue evidenciando la desigualdad salarial, laboral y tratos inhumanos hacia las mujeres.

Carrillo comentó que la Ley Orgánica para erradicar la violencia de género ha perdido su enfoque y existen dificultades normativas en torno a esta.

“Hay dificultades normativas. La definición de violencia la ley lo estipula de una forma y el COIP lo estipula de otra forma”, expresó la asambleísta.

Además, sostuvo que Guillermo Lasso es un presidente completamente indolente que no conoce cómo se maneja el sistema judicial, donde solamente el 2.3% de mujeres denuncian los casos de violación.

“Fue bastante desolador saber que él desconoce de la realidad de las mujeres, de las niñas que están siendo abusadas y son víctimas de violación”, aseguró Carrillo.

También reiteró que es importante trabajar con las juntas parroquiales, con las prefecturas y alcaldías para crear políticas eficientes y erradicar la violencia de género.

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“Desde la Secretaría de Derechos Humanos informamos a la ciudadanía que se ha cumplido con el desembolso de los valores correspondientes a los convenios de Cooperación Técnica Financiera para fortalecer la atención integral del año 2021 de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida”, dice parte del comunicado.

La institución estatal indicó que “el presupuesto para los convenios este 2022 supera los 2 millones de dólares, mismo que se entregará bajo criterios técnicos a las organizaciones civiles con experiencia en atención y acogimiento a mujeres sobrevivientes de violencia”

Redes de acogida

La preocupación principal de la Red de Casas de Acogida es no contar con el monto anual que el Estado les entrega.

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El Estado no asume todos los costos de mantenimiento de las casas de acogida. Según la Red, el monto anual que reciben estos centros es de USD 126.948. No obstante, este monto es apenas un “aporte parcial” de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.

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