Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de crisis institucional, con 11 estados de excepción declarados en 2024 y una escalada de violencia atribuida a grupos criminales. La provincia de Guayas concentró el 25% de los casos, seguida por Manabí (26%) y El Oro (8%). Los hombres fueron las principales víctimas (75%), aunque la violencia contra mujeres incluyó agresiones simbólicas basadas en estereotipos de género, como la sexualización (46.5% de los casos) y deslegitimación de su liderazgo.

Entre las víctimas de asesinatos registró 14 líderes políticos, un líder de opinión, 21 funcionarios públicos, cuatro miembros de la Fuerza Pública, un exfuncionario público y cinco víctimas colaterales. El informe también señala que, pese a la militarización, el 58% de las agresiones ocurrieron durante el período electoral, incluida la primera y segunda vuelta.

Violencia de género y discursos de odio

El documento destaca que la violencia política por razones de género se intensificó, con 44 casos documentados, principalmente contra candidatas. Luisa González, figura prominente, lideró el porcentaje de agresiones en su contra. Además, se identificaron discursos discriminatorios en redes sociales, especialmente contra la comunidad afrodescendiente e indígenas, como el caso de los «Niños de las Malvinas», cuyas muertes fueron instrumentalizadas con narrativas racializadas.

Recomendaciones incumplidas y desafíos

El OCVP alertó sobre el incumplimiento del 60% de las recomendaciones clave tras las Elecciones de 2023, como la reforma al Código de la Democracia y políticas efectivas de seguridad electoral. Aunque se implementaron operativos como el Plan Fénix, persisten vacíos en la protección de candidaturas y el control del financiamiento político.

El informe concluye con un llamado a autoridades, partidos y sociedad civil a priorizar acciones que fortalezcan la democracia, combatan la desinformación y aseguren condiciones equitativas para la participación política.

Aquí el informe:

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La acusación, admitida de forma preliminar por el juez Guillermo Ortega, se basa en cuatro videos cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Según el expediente publicado en el portal del TCE, Peñafiel alega que González incurrió en actos de violencia política de género, aunque sin especificar fechas, contextos o declaraciones concretas. El juez solicitó al denunciante que en un plazo de 48 horas precise:

1. Los hechos exactos que atribuye a González.
2. Los artículos del Código de la Democracia supuestamente violados.
3. Los agravios personales o colectivos derivados de dichos actos.
4. La relación entre los videos presentados y los cargos formulados.

De no cumplirse estos requisitos, el caso será archivado, tal como ocurrió en febrero de 2025 con una denuncia similar interpuesta por Wilmer Carrión Pérez. En aquella ocasión, el juez Ángel Torres archivó el proceso tras la falta de sustento del demandante.

El historial controvertido de Manuel Peñafiel

Este no es el primer intento de Peñafiel por judicializar procesos políticos. El 2 de julio de 2024, el pleno del TCE rechazó por unanimidad una denuncia suya contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión (extorsión bajo cargo público).

En esa ocasión, Peñafiel, quien se identificaba como presidente de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador, argumentó que Abad había discriminado a pueblos originarios. Sin embargo, los magistrados Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres y Joaquín Viteri determinaron que el TCE no tenía competencia, al tratarse de un supuesto delito penal, no electoral.

La denuncia contra Abad carecía de sustento técnico: Peñafiel no logró vincular a la vicepresidenta con actos electorales ilegales, limitándose a presentar una denuncia penal previa que, según él, demostraba un «siniestro de derechos indígenas».

Acusaciones de manipulación judicial

Las acciones de Peñafiel adquirieron mayor notoriedad tras las declaraciones de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, quien lo señaló en redes sociales como operador político del gobierno de Daniel Noboa. Barreiro relató que, durante su detención en la cárcel La Roca, en el marco del Caso Nene, Peñafiel presentó un habeas corpus irregular en marzo de 2024, supuestamente para retrasar su liberación:

«Utilizó logos del CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana, en documentos ilegales. Su exposición en la audiencia fue desorganizada y carente de fundamento jurídico. Entendí que era una estrategia para generar noticias negativas y demorar mi salida (…) Actúa como emisario del Ejecutivo, financiado para dañar a opositores», denunció Barreiro en la plataforma X.

Además, vinculó a Peñafiel con la apertura masiva de sedes de ADN en Guayas y lo acusó de coordinar campañas de desprestigio contra figuras críticas al gobierno: «No les importa la justicia, solo buscan generar tendencia», afirmó.

https://twitter.com/sebarreiro/status/1909045298208309586

Violencia política de género: ¿Instrumentalización o delito grave?

El Código de la Democracia (Art. 349) cataloga la violencia política de género como infracción «muy grave», sancionable con multas de hasta 50 salarios básicos y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años. No obstante, organizaciones como la Fundación Ciudadana y Desarrollo señalan que, desde 2023, el 68% de las denuncias por este delito han sido archivadas por falta de pruebas o incoherencias procesales.

La denuncia se enmarca en un escenario de alta tensión, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de fracturar la institucionalidad. Mientras ADN insiste en que «nadie está por encima de la ley», sectores afines a Revolución Ciudadana denuncian una «persecución orquestada» desde el poder.

El TCE tiene hasta el 12 de julio para resolver si la denuncia cumple los requisitos formales. De admitirse, González deberá presentar su descargo en medio de la campaña. Sin embargo, el historial de Peñafiel y la proximidad de los comicios alimentan escepticismo sobre los motivos tras la acusación.

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“Estoy aquí, frente al Palacio de las Naciones Unidas, para entregar un expediente documentado sobre la violencia política que he sufrido como mujer, como madre, y como vicepresidenta”, señaló Abad en un video difundido a través de sus redes sociales.

Aunque no detalló con qué entidades sostuvo reuniones, en las imágenes se observa su presencia frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra. Según indicó, su objetivo es dejar un precedente para evitar que otras mujeres en el ámbito público enfrenten situaciones similares.

La comparecencia internacional de Abad ocurre tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó una sanción que le suspende sus derechos políticos por dos años, tras hallarla responsable de incurrir en violencia política de género. Esta medida le impide ejercer cargos públicos, lo que ha derivado en su inhabilitación para asumir funciones presidenciales de forma temporal durante la campaña electoral.

Exiliada del gabinete

El pronunciamiento del TCE fue en respuesta a una solicitud de aclaración presentada por su defensa, luego de que el fallo de segunda y definitiva instancia le cerrara la posibilidad de reemplazar a Noboa durante la campaña para las elecciones del 13 de abril, en las que busca una reelección.

La normativa electoral exige que los mandatarios en funciones pidan licencia para participar en la contienda, delegando temporalmente sus funciones. Sin embargo, Noboa sostiene que su postulación no constituye una reelección, su abogado argumentó que su elección tuvo el objetivo de completar el período 2021–2025, tras la renuncia de Guillermo Lasso.

Mientras tanto, el Gobierno delegó nuevamente la vicepresidencia encargada a Cynthia Gellibert, actual secretaria de la Administración Pública, para cubrir lo que considera una “ausencia temporal” de Abad, en vista de la sanción vigente y registrada por el Ministerio de Trabajo.

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Varios titulares de las diferentes carteras de Estado utilizaron el #intentodegolpedeEstado para exponer su rechazo a las acciones de la segunda mandataria a la que tachan de una persona »desleal» que aplica las prácticas de la »vieja política».

Uno de los tuits que llama la atención es el de la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, quien señaló que la denuncia de Abad compromete la estabilidad democrática y pone en riesgo el »progreso y la estabilidad de las mujeres».

Por otro lado, la canciller Gabriela Sommerfeld expresó que esta acusación atenta contra la voluntad de los ciudadanos, sin tomar en cuenta que la vicepresidenta Abad también ganó en las urnas.

Las acusaciones de Abad

La causa de la vicemandataria cayó en las manos del juez Fernando Muñoz, quien hace algunos días fue destituido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de manera repentina. Abad pidió una multa de 70 salarios básicos al presidente Noboa; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la canciller Gabriela Sommerfeld; y la asesora presidencial, Diana Jácome.

Asimismo solicitó la destitución del primer mandatario y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Las acusaciones de Abad se relacionan a su destierro en Israel y la intención del Gobierno de no permitir que asuma la Presidencia si Noboa pide licencia para su reelección. También adjuntó las declaraciones de los implicados que configurarían la infracción de violencia política de género. (AGM).

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Desde la organización hay una fuerte preocupación por la falta de control en estos comicios, pues las campañas electorales se llevan en redes sociales y territorios a los que las autoridades «no prestan atención».

La violencia de género es desapércibida entre la mayoría de los comentarios que hay entre y hacia los candidatos. Asimismo, este tipo de contenido se observa en internautas, medios de comunicación, generadores de opinión pública y demás. Sin embargo, en tiempo de campaña electoral, «los ciudadanos emiten todo el tiempo contenido sin control o verificación en apoyo a sus candidaturas o en contraste de sus contrincantes», sostuvo un integrante.

El objetivo de estas solicitudes es que la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) promuevan una contienda electoral política, que no vulnere derechos y libertades.

De la misma manera, se espera que estas entidades emitan órdenes de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos. «Queremos libertades políticas a favor de las mujeres en estas elecciones», explicaron los participantes.

Pero ya hay Paridad Política

Pesé a que la Ley exiga que en el próximo sufragio haya listas de candidatos que fortalezcan la igualdad de género, es decir, que haya una cifra igual de mujeres y hombres postulando, el foro no considera que la paridad política es un requisito. «La paridad es la participación activa y efectiva de las mujeres en la política», dijo la vocera del foro, Manuela Herrera.

El artículo 10 y 28 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Código de la Democracia, respectivamente, definen la violencia política de género como cualquier agresión directa o indirecta a candidatas, militantes, defensoras de derechos humanos, otras.

Un caso de violencia política de género

El 20 de julio, Priscila Schettini, integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció al comentador Carlos Vera por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La disputa surgió desde que la esposa del exdefensor del Pueblo denunció el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado. Según Vera, con esa denuncia pretenderían que “correístas controlen la justicia”. Aunque, la implicada aclaró en reiteradas ocasiones que no pertenece a ningún partido político.

Schettii inició el proceso legal contra Vera luego de que publicara un video en su cuenta de Twitter en el que enfatizara que la intención de la acusadora, como una “operaria del correísmo”, es la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y con eso apropiarse de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Video: Radio Pichincha

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La causa la atenderá el abogado Ángel Torres. La disputa surgió desde que la esposa del exdefensor del Pueblo denunció el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado. Según Vera, con esa denuncia pretenderían que el «correístas controlen la justicia». Aunque, la implicada aclaró en reiteradas ocasiones que no pertenece a ningún partido político.

Schettii inició el proceso legal contra Vera luego de que publicara un video en su cuenta de Twitter en el que enfatizara que la intención de la acusadora, como una «operaria del correísmo», es la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y con eso apropiarse de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El acusado mencionó que los denunciantes «habrían cambiado los documentos originales para volverlo un escándalo». «Con estas acciones estarían buscando que las investigaciones que están pendientes en contra de Rafael Correa ya no sean investigados», detalla la publicación de Vera.

La integrante de AJP indicó que el 27 de mayo, cuando anunció que lo demandaría por violencia de género, el acusado decidió borrar el tweet.

¿Qué artículos amparan la denuncia?

El artículo 10 y 28 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Código de la Democracia, respectivamente, definen la violencia política de género como cualquier agresión directa o indirecta a candidatas, militantes, defensoras de derechos humanos, otras.

El origen del problema

AJP pasó por un sistema antiplagio la tesis de pregrado de la fiscal Salazar y también realizó una revisión manual. En el documento que el grupo jurídico entregó a la Universidad Central del Ecuador se detectaron 37 páginas de plagio.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

Sin embargo, la institución calificó el supuesto plagio como una impericia. El rector de la universidad, Fernando Sempértegui, indicó que ese sería el resultado de la torpeza de Salazar al momento de citar. (N.J.C.)

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«Lanzamos nuestra voz de alerta por la violencia política de género en contra de la activista y defensora de derechos humanos, Priscila Schettini. Si tocan a una respondemos todas», publicó el organismo ciudadano.

Schettini se ha vuelto una figura pública por denunciar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por irregularidades y falta del debido proceso en el caso Carrión. Asimismo, el colectivo Acción Jurídica Popular -del cual es miembro- denunció presuntos plagios por parte de Salazar en su tesis de pregrado y en un artículo científico.

Por estas acciones, la activista ha recibido intimidaciones y amenazas de muerte; incluso contra sus tres hijos menores de edad. Asimismo, han aumentado los ataques en redes sociales por su condición de mujer con estereotipos por su apariencia física y vestimenta.

Amenazas de muerte

El 5 de junio, Un usuario de Twitter la intimidó a través de un mensaje: “Cuidado y te puede suceder lo de María Belén. Digo no más”.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostuvo que la medida de sacarlos del Sistema de Protección fue por “represalias de la fiscal, Diana Salazar”.

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“Para hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como el puerco”, escribió Villavicencio.

Además, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que lo sancione con treinta días de suspensión sin sueldo. La denuncia se basó en el artículo 171 numeral 5, (referente a expresarse con términos ofensivos, discriminatorios) de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Presunta trama de corrupción

El comentario surgió luego que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) afirmó que el informe -donde se vinculó a Villavicencio con la presunta trama de corrupción por la venta de fármacos e insumos médicos- era falso.

El legislador de UNES, Fernando Cedeño pidió a la Fiscalía investigar la información revelada por el medio ‘El Venezolano News’, sobre estos actos de corrupción. Villavicencio aseguró que la información del portal digital se trata de un montaje «grotesco y delictivo».

Otra denuncia a la lista

Esta es la segunda denuncia de este tipo en contra del asambleísta. El 08 de septiembre, Ronny Aleaga presentó una denuncia en su contra por expresiones ofensivas, discriminatorias.

Villavicencio expresó: “el cartel de narcotráfico de los tetones” en el pleno de la Asamblea Nacional al referirse a Aleaga. Por estas declaraciones podría ser suspendido hasta por tres meses de sus funciones.

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Palacios informó que la defensa técnica de Ordoñez dijo que el consejero presidencial nunca escribió el tuit contra la asambleísta. “La defensa técnica de Diego Ordoñez alega que: ¡NUNCA EXISTIÓ EL TWEET! Tira la piedra y esconde la mano. EXIGIMOS JUSTICIA PARA LAS MUJERES POLÍTICAS DEL ECUADOR”.

No obstante, aunque Ordóñez se empeño en eliminar el tuit de sus redes, las capturas que se hicieron del mismo todavía subsisten en las redes sociales, especialmente Twitter. Tras el final de la audiencia para mostrar alegatos y pruebas, a la que no asistió Ordóñez y solo envió a sus defensores, la asambleísta se dirigió a las personas que la apoyaron en los exteriores del TCE.

“Lo que nos dijeron los abogados del exasambleísta Ordóñez es que no existe ese tuit. Otro insulto para las mujeres políticas del país. Claro que me trató de insultar mi ética y moral para que me callara sobre la fiscalización en el caso Pandora Papers”, expresó.

El abogado de Palacios, Luis Fernando Molina se refirió a la parte legal del caso. “Se dio cumplimiento a una exigencia moral y política ante el pueblo ecuatoriano. Es posible que pretendan negar la existencia de tuits porque están en las redes. Es imposible tapar el sol con un dedo. Las mismas pruebas que aportó la defensa de Ordóñez determina que los medios de comunicación han tratado de defender lo indefendible”.

Los jueces del TCE deberán, tras analizar las pruebas y alegatos, dictar sentencia sobre Ordóñez.

Antecedentes

El exasambleísta por CREO convertido en consejero del presidente tuvo una sanción en la Asamblea por violencia política contra Palacios. El 4 de noviembre del 2021, Ordóñez escribió en un tuit: «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Al presentar la denuncia contra Ordóñez, Mónica Palacios se dirigió al presidente de la República. “presidente Guillermo Lasso, no nos vamos a callar porque los ecuatorianos merecemos la verdad”, dijo en referencia a su denuncia por los Pandora Papers, caso en el que estaba involucrado Lasso. MIB

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“Ella (Ordóñez) no era de izquierda. Ella venía de la Fundación Ecuador Libre”, dijo el consejero ante la pregunta del presentador Carlos Rojas que agregó que la exsecretaria era progresista en el ámbito de los derechos y el feminismo. “Yo también pensaba igual, pienso lo mismo. Sin duda. Rojas le preguntó “¿tú eres feminista? A lo que Ordóñez contestó “Claro. Pienso respecto a todo eso de forma parecida. Cuando le pregunté al presidente porque se fue Bernarda Ordóñez, él me dijo que no sabía y desconocía por qué”.  

Denuncias por violencia política de género

El exasambleísta por CREO convertido en consejero del presidente tuvo una sanción en la Asamblea por violencia política contra una de sus compañeras de curul. Sanción que llegó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El 4 de noviembre del 2021, Ordóñez escribió en un tuit: «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Al presentar la denuncia contra Ordóñez, Mónica Palacios se dirigió al presidente de la República. “Presidente Guillermo Lasso, no nos vamos a callar porque los ecuatorianos merecemos la verdad”, dijo en referencia a su denuncia por los Pandora Papers, caso en el que estaba involucrado Lasso.

El Comité de Ética del Legislativo resolvió aceptar la denuncia por misoginia contra Ordóñez. Antes de dejar el Legislativo, recibió una sanción de 15 días sin sueldo por sus ofensas. MIB

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Quito, 09 feb (La Calle). – Mientras unos recogen sus cuatro tereques y dejan sus cargos, otros entran campantes al Palacio de Gobierno. Es el caso del otrora asambleísta Diego Ordoñez, electo por la provincia de Pichincha en representación de CREO.

En el Gobierno del Encuentro todo es posible. También dejar las curules cuando no se ha cumplido ni siquiera el 20% del período legislativo.  Ocho meses donde las participaciones en el Pleno pasaron sin pena ni gloria y tampoco propuso ningún proyecto de ley. Lo que no pasó desapercibido, como es natural, fueron las expresiones misóginas que Ordoñez tuvo contra su colega Mónica Palacios (UNES). “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, escribió en un tuit el 5 de noviembre de 2021.

Había pasado un mes desde el destape del caso Pandora Papers que involucraba al presidente Guillermo Lasso. Palacios investigó las empresas en Panamá y mostró documentación que probaría el presunto perjurio cometido por el presidente. Los cercanos al Gobierno, como hienas en jauría, defienden a los de su especie. A Ordoñez no se le ocurrió idea más brillante que atacar la dignidad de una legisladora.

El tuit no quedó solamente en el rechazo de la ciudadanía. Palacios llevó el caso al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Acusó a Ordoñez de violencia política. El 14 de diciembre lo multaron con 15 días sin sueldo por su comportamiento. No fue a la única que atacó: la abogada Dolores Miño y la esposa del exdefensor del Pueblo, Priscila Schettini también fueron blancos de las palabras desubicadas y groseras de Ordoñez.

Cuando llegamos al 4 de febrero del 2022, el anuncio de la renuncia del asambleísta es sorpresiva. La razón, a su juicio, es el bajo nivel de la Asamblea Nacional, que no se sentía cómodo en esa situación y que lo mejor era dejar su puesto. Un puesto que ganó gracias al voto popular y el nuevo sistema de conteo. Para él y otros que han dejado sus curules, la decisión del pueblo no parece importarles en lo más mínimo.

Aunque Ordoñez alegara que se merece una mejor Asamblea, las razones de su salida van mucho más allá. Es el instinto de protección lo que lo lleva a dejar la legislación. Entra nuevamente Mónica Palacios a escena y rebela que “hasta este momento, el exasambleísta tiene un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en su contra por violencia política”. De acuerdo con la legisladora, Ordoñez quiere mostrar que sale por la puerta grande cuando lo que iba a pasar es que sería destituido por sus expresiones.

No hay un colofón en esta historia. Ordoñez evitó la renuncia, pero el proceso sigue allí ¿Podría existir una censura u otro castigo para el abogado? No lo sabemos, está en manos de los jueces del TCE dar una respuesta. Por lo pronto, Diego Ordoñez se refugia en los brazos del Palacio de Carondelet donde podrá aconsejar al presidente Lasso ¿Será, tal vez, en violencia política de género? Nos ha demostrado, con creces, que es un experto en la materia.  

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El 5 de noviembre, el exlegislador por CREO afirmó a través de su cuenta de Twitter, en contra de Palacios: «Pasar del tubo a la Curul y surgen estar argucias torpes». La publicación, que minutos después fue borrado por él, se hizo eco de una campaña de desprestigio a Mónica Palacios por su rol de fiscalización, al presidente Guillermo Lasso, en el caso Pandora Papers.

El proceso contencioso electoral interpuesto por Palacios en contra de Ordoñez, versa sobre la conducta prevista en el artículo 280 del Código de la Democracia: actos de violencia política de género. Según el cuerpo normativo, las sanciones que se prevén para esta conducta son: destitución, suspensión de los derechos políticos por cinco años y multa pecuniaria.

Parece ser, que la renuncia de Diego Ordoñez, busca eludir las sanciones previstas en la ley electoral a partir de su renuncia al cargo de legislador. En medios de comunicación se anuncia “extraoficialmente” que asumiría el cargo de asesor presidencial.

Desde el punto de vista jurídico, surgen cuestionamientos a la decisión de Ordoñez: ¿Busca la impunidad en el caso de violencia política de género? ¿Trata de eludir las sanciones a que tendría lugar la denuncia contencioso electoral? Pues lo cierto, es que en el caso de que el Presidente Guillermo Lasso lo incorporara en su gabinete estaría legitimando y ocultando un acto, tan deplorable, como la violencia política de género, lo que significaría darle la espalda a día seguido a aquellas mujeres que luchan por sus derechos.

Si la intención de Ordoñez, es propender al archivo del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, la situación le resulta más compleja por las siguientes razones.

1. El artículo 280 de la ley electoral, el infractor que ejerce violencia política de género puede ser cualquier persona natural o jurídica, de forma individual o colectiva; es decir, que la condición de legislador o no de Ordoñez, no extingue la infracción, por el contrario, ésta permanece y debe ser juzgada;
2. La víctima de la infracción debe ser: mujer candidata, militante, electa, designada o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales; en este caso la afecta es una autoridad de elección popular, Mónica Palacios, legisladora en funciones por lo que, también la condición de la infracción permanece inalterable.
3. El último elemento a tener en cuenta, radica en que la sanción establecida en la ley electoral, no se agota en la destitución al cargo, sino que, al prever otros mecanismos sancionatorios, la autoridad contencioso electoral bien puede adoptar las demás medidas para el juzgamiento de este acto de violencia política de género en contra de la legisladora Palacios.

En definitiva, la justicia electoral debe continuar con la tramitación del caso de la legisladora Mónica Palacios contra Diego Ordoñez por dos razones fundamentales, la primera, que su dimisión al cargo de legislador no es eximente de responsabilidad contencioso-electoral y la segunda porque el TCE debe sentar un precedente en el quehacer político ecuatoriano y dar una respuesta a la violencia política de género, que hoy por hoy, es pan de cada día en nuestro país.

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También vigilar el cumplimiento de las sanciones que se impongan a quienes han sido señalados como agresores, de conformidad con lo previsto en las normativas vigentes orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

La Legislatura rechazó las amenazas de daño físico, psicológico, acoso, intimidación, abuso, difamación y desinformación basados en estereotipos de género, expresadas de forma escrita y verbal o a través de las diferentes plataformas digitales, dentro y fuera del recinto parlamentario.

Además, instó a los legisladores a cumplir de manera obligatoria esta resolución y garantizar la igualdad de género y verdadera democracia dentro del Parlamento ecuatoriano. De igual forma, pidió a los medios y profesionales de comunicación que cumplan con la normativa de igualdad y no discriminación, establecida en la Constitución.

“Basta a la violencia política de género en el Pleno, basta de usar las diferencias políticas, las diversidades de pensamientos, las diferencias ideológicas para atacar, agredir y violentar a quienes no piensan igual. Nunca más una legisladora puede ser atacada por expresar sus ideas”, argumentó Ana Cecilia Herrera, de UNES y promotora del proyecto de resolución.

Herrera informó que en Ecuador, según lo reportado por el Observatorio de Participación Política, solo en octubre se registraron 15 agresiones a asambleístas, las más frecuentes son: intimidación y difamación, que incluye insultos, uso de nombres ofensivos y estereotipos basados en la apariencia física. Estos ataques ocurren, frecuentemente, en redes sociales.

Debate

En el debate intervinieron 21 asambleístas. Las parlamentarias rechazaron y condenaron los actos de violencia, machismo y mensajes misóginos. Aseguraron que se enfrentan a un sistema que las violenta y excluye de lo público.

Recalcaron que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación a las relaciones de poder, históricamente desiguales, entre mujeres y hombres. También expresaron que se ha vuelto costumbre calumniar, humillar, denigrar y atentar contra los derechos humanos, por su género.

El pasado 4 de noviembre, el asambleísta Diego Ordóñez, de CREO, agredió a la legisladora de UNES, Mónica Palacios, través de su cuenta de Twitter. Palacios denunció a Ordóñez, ante la Asamblea, por violencia política.

En la sesión 738 del Pleno, Ordóñez se abstuvo de votar por el proyecto de resolución en contra de la violencia política contra las mujeres. En su cuenta de Twitter, la asambleísta Palacios escribió: “Como era de esperarse, el asambleísta Diego Ordóñez se abstuvo de votar a favor del proyecto de resolución en contra de la violencia política contra las mujeres. Y jamás admitió los insultos en mi contra. ¡EXIJO la máxima sanción para este agresor!”

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“He presentado una queja en la Asamblea Nacional por el ataque que recibí del asambleísta Diego Ordóñez. No vamos a tolerar la violencia política en contra de nosotras las mujeres”, escribió la asambleísta en sus redes sociales.

El pasado 4 de noviembre, el asambleísta del movimiento CREO escribió en un tuit: «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios. 

La legisladora es víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales, de lo cual se hizo eco al menos un medio de comunicación. Al presentar su denuncia, Mónica Palacios se dirigió al presidente de la República, coiderario de Ordóñez.

“Presidente Guillermo Lasso, no nos vamos a callar porque los ecuatorianos merecemos la verdad”, dijo en referencia a su denuncia por los Pandora Papers, en el que está vinculado el primer mandatario. 

¿Qué dice la Ley?

Las reformas al Código de la Democracia están vigentes desde febrero de 2020. En el artículo 280 se indica que la violencia política es una agresión cometida por una persona o grupo en contra de una mujer inmersa en la vida política.

Se considera violencia política a:

1. Amenazas o intimidaciones que busquen anular sus derechos políticos.

2. Cualquier expresión que denigre a las mujeres, ya sean candidatas o ejerzan sus funciones, con base en estereotipos de género y con el objetivo de menoscabar su imagen.

La violencia política se determina como una infracción electoral muy grave.  Implica la imposición de una multa desde 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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El 4 de noviembre, el asambleísta escribió en un tuit «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Varias publicaciones hablan de un vídeo de la asambleísta cuando era modelo. Lo hicieron pasar como video íntimo. Palacios mostró pruebas para el caso Pandora Papers que se trata en el Legislativo.

¿Qué dice la Ley?

Las reformas al Código de la Democracia están vigentes desde febrero de 2020. En el artículo 280 se indica que la violencia política es una agresión cometida por una persona o grupo en contra de una mujer inmersa en la vida política.

Se considera violencia política a:

1. Amenazas o intimidaciones que busquen anular sus derechos políticos.

2. Cualquier expresión que denigre a las mujeres, ya sean candidatas o ejerzan sus funciones, con base en estereotipos de género y con el objetivo de menoscabar su imagen.

La violencia política se determina como una infracción electoral muy grave.  Implica la imposición de una multa desde 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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El partido dispuso su salida intempestivamente ¿Qué explicación le dieron?

No, en ningún momento. De hecho yo estoy tan sorprendida porque estaba interactuando en el chat del bloque. Incluso envié un reconocimiento que me hizo la UTPL y algunos de mis compañeros me felicitaron.

Luego, apareció un archivo, luego la decisión de separarme y luego la eliminación de mi persona del chat. Es todo. Nunca se me llamó, no me dieron el legítimo derecho de defenderme, de conocer absolutamente nada.

¿Por qué piensa usted que la apartan del movimiento? ¿La Izquierda Democrática habla de libertad de pensamiento?

Realmente, lo que se predica de justicia social con libertad, desde el inicio fue más bien una situación de control. Incluso al punto de no permitirnos aceptar entrevistas o ser selectivos en quiénes si podían dar entrevistas. Exigirnos lo que decir y lo que no decir.

En otras ocasiones pude sentir cómo los asesores me trataban peyorativamente, con ciertos epítetos de ser recién llegada, recién aparecida, se apareció la virgencita, cosas así.

Cuando tuvimos la primera sesión se nos extendió un impreso titulado Código de Ética y Disciplina de los Asambleístas de Bloque. En las reglas generales, en el ejercicio de nuestras funciones como asambleístas, en el numeral quinto, supongo que lo corrigieron, se imponía que el equipo de cada asambleísta era puesto por el partido. Ellos nos presentaban una terna.

Respecto de la presentación de proyectos de Ley, los asambleístas tenían que presentarlos a la Izquierda Democrática para ver si calificaban.

Incluso, cuando me pidieron hacer una presentación orgánica yo armé un evento público para presentar el Proyecto de Región Académica con compañeros que asistieron presencial y telemáticamente.

Cuando la prepotencia, el autoritarismo, la actitud violenta de la que yo fui sujeto desde el mismo 11 de febrero que nos llamaron fue tan repetitiva, yo podía tener razones para apartarme. Sin embargo, yo me aferraba a seguir en la ID, a un estatuto progresista, a un partido con un slogan claro y preciso.

Suena bonito ‘justicia social con libertad’, pero ni de justicia, ni social, ni libertad. Lo único que he tenido es violencia política de género en el momento que yo quería participar en las reuniones.

¿Cómo recibió el apoyo del asambleísta Henry Kronfle?

Siento solidaridad. No solo del asambleísta Henry Kronfle que, por cierto, hoy en la mañana fue la primera vez que lo conocí personalmente, si no también de mis propios compañeros por mensaje, llamadas.

También me solicitaron una reunión en un apartado de la Asamblea porque la violencia política de genero es una lucha que no va a terminar, pero debemos estar valientes y frontales para combatirla.

En nuestro noticiero, la asambleísta Johanna Moreira expresó que usted dijo que daría su voto a Salvador Quishpe para la Presidencia de la Asamblea si le daban la Casa Legislativa de Santo Domingo ¿Es cierto? ¿Qué piensa de dichas declaraciones?

No sé por qué lo diría. Pero sí le puedo decir que es totalmente falso. Incluso ella está dos asientos más lejos que yo en el pleno. Me sorprende realmente, yo lo llevo más bien al imaginario. Si por un voto se da una casa legislativa, ¿Cuánto más se dará por un espacio en el CAL?

¿Cómo está la relación con Wilma Andrade, uno de los nombres fuertes de la Izquierda Democrática?

Estuvo dentro de los compañeros que me llamaron a una reunión posterior a la decisión del presidente de la ID. Me expresaron su solidaridad y siempre ha tenido un trato cordial. Además, esta sororidad yo la he expresado hacia ella.

Nunca se les comunicó nada, ni el debido proceso. Entiendo, y en conversaciones que he tenido con ella, que también ha sufrido y ha sido víctima de violencia política de género al interior de su bancada. Es una lucha constante que las mujeres debemos enfrentar valientemente.

¿Debe la ID reflexionar casa adentro sobre sus autoridades?

Lo que puedo decirle es que en mí se practicó violencia política de género y que eso no lo voy a tolerar. Soy una luchadora por los derechos de la mujer y también el señor Herrera se tomó el tiempo de enviar boletines de prensa tratando de tal vez victimizarme en la violencia a la cual el señor Herrera me ha inducido.

Finalmente la asambleísta Ortiz aclaró:

«Guillermo Herrera no tiene potestad alguna dentro de la bancada. Yo firmé el viernes cuando se solicitó formar la bancada de la Izquierda Democrática y quien me llevó la documentación fue el asambleísta Alejandro Jaramillo, co-coordinador de la bancada».

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Diana Atamaint, presidenta del CNE, ratificó su «compromiso de combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres y generar condiciones que encaminen a la construcción de un pacto social por la equidad».

El Código de la Democracia define este tipo de violencia como la “agresión de personas o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas militantes, electas, designadas, o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia”.

Un estudio de la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres registra que en Ecuador, más del 60% de mujeres han sufrido violencia política de género.

La sanción

“La pena que se impone a estas agresiones, que constituyen violencia política de género y a todos sus infractores va desde USD 8.400 a USD 28.000”, aseguró Arturo Cabrera, presidente del TCE.

La Asamblea Nacional decidió que la sanción no será solo económica, sino que implique una destitución del cargo y/o los derechos de participación política durante cuatro años. Cabrera aseguró que esta es la “parte más disuasiva de las sanciones”.

El Código de la Democracia determina 13 tipos de violencia política de género que implica. Estas causales son: femicidio, agresión física, agresión sexual, acoso sexual, amenazas, calumnias o injurias, limitación de atribuciones, impedimento de acceso a información, destrucción o falsificación de documentos, no asignación de recursos, divulgación de información personal, descalificación y discriminación.

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