Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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El año 2022 marcó un punto crítico en la lucha contra la violencia sexual, con un preocupante aumento en las denuncias, según datos revelados por el Ministerio de Educación.

En aquel año, se registraron 4.758 casos, superando los 4.608 del 2018 y los 89 del 2014. Este aumento drástico refleja un problema social profundo que requiere una atención urgente y sistemática.

La violencia sexual no conoce límites, afectando a personas de todas las edades y géneros, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades.

Un problema de larga data

La problemática persiste más allá de las aulas, con el 75% de los casos ocurriendo fuera del entorno educativo. Aunque las mujeres representan el 90% de las víctimas, los hombres también son afectados, subrayando la necesidad de un enfoque inclusivo en la prevención y el apoyo a las víctimas.

Además, se revela una alarmante brecha entre el número de denuncias y el número de sentencias, lo que señala la importancia de fortalecer los mecanismos de justicia.

El Ministerio de Educación destaca la existencia de protocolos y rutas de actuación, pero queda claro que se necesita un compromiso más amplio y coordinado de toda la sociedad para erradicar esta compleja situación.

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Pesé a que la problemática es grande y de preocupación total, el Estado no ha brindado mayor garantía para cuidar a los niños, niñas y adolescentes del país. El conflicto para detener a los implicados en estes actos es que en la mayoría de casos, los afectados enfrentan dificultades para denunciar el hecho por miedo a represalias o a que nadie les crea.

Cada 14 de agosto, en el país se conmemora la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta fecha se conmemora desde el 2021 tras la sentencia de reparación en el caso Paola Guzmán Albarracín. Durante el gobierno de Lenin Moreno, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

Según un estudio de la Unicef (2020), 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. De esta cifra, varias de ellas sufrieron esta agresión mientras asistían a sus instituciones educativas. Sin embargo, las mujeres no han sido las únicas víctimas de este delito, ya que también hay casos de hombres que denuncian este hecho.

Las denuncias por este delito son mínimas, ya sea por el proceso difícil de aceptación, por las trabas en los establecimientos o por el silencio de los infantes.

En los últimos años, los sucesos por violencia sexual han aumentado, aunque en varios de estos acontecimientos la sentencia tarda. Uno de los últimos casos fue el de una institución al norte de Quito, que permitió la agresión a más de una docena de niños de entre 3 y 5 años por parte del conserje.

Expertos recomiendan que los padres de familia estén alertas a los cambios de humor de sus hijos. Asimismo, que los representantes deben crear un espacio seguro y de confianza para que el menor comente lo que le sucede.

El caso de Paola Guzmán Albarracín

En 2002, Paola Guzmán Albarracín de 16 años se suicidó tras enterarse que estaba embarazada de su agresor sexual, quien la obligó a abortar. La víctima fue abusada durante dos años por el vicerrector de su institución en Guayaquil.

Sin embargo, la sentencia de reparación le tomó a la familia 18 años, pues en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Guzmán se quitó la vida por sufrir violencia sexual en su institución educativa. La CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano.

En las resoluciones de esta sentencia está que el Ecuador debe tener estadísticas actualizadas por este delito. Además, que debía implementar programas de orientación, asistencia y apoyo a víctimas de violencia sexual en las aulas. Asimismo, se debía promover un plan de educación sexual y reproductiva para los menores de edad. (DCJ)

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Quito 17 de mar (La Calle).- La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles el informe sobre los hechos ocurridos en el paro nacional de octubre de 2019. En el documento, la entidad contabilizó un total de 249 violaciones de derechos humanos que se configuran bajo detenciones ilegales y arbitrarias. De este número al menos tres personas fueron víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales.

«En el marco de las presuntas detenciones ilegales, al menos tres personas fueron víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales. Por otra parte, la Comisión Especial de Verdad y Justicia (CEVJ) tuvo conocimiento de que mujeres policías sufrieron violencia sexual por parte de manifestantes», reza el documento.

Durante esas manifestaciones al menos seis personas murieron de forma violenta, según la información recabada. La entidad registró 28 personas afectadas pertenecientes a grupos de atención prioritaria: 9 adultos mayores, 1 mujer embarazada, 12 niños, niñas y adolescentes, y 6 personas con discapacidad.

Defensoría detecta 249 violaciones a los Derechos Humanos

Durante el paro nacional de octubre de 2019, la Comisión Especial de Verdad y Justicia (CEVJ) registró 249 presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía Nacional contra la población civil. La junta concluyó que los agentes violentaron los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual y a la libertad personal.

«Las presuntas violaciones de derechos humanos contra la población movilizada que, de manera reiterada, se produjeron y por el resultado de los actos ejecutados durante el paro de octubre de 2019. La CEVJ considera que las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ‘ataque generalizado’ contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad», reza el comunicado de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a las estadísticas, la Comisión recibió 519 testimonios donde 249 (169 hombres y 80 mujeres) corresponden a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el paro nacional de octubre. «Cabe señalar que la presentación del testimonio fue voluntaria, por lo tanto, el total presentado no debe ser considerado como definitivo. En el marco de la investigación penal podrá establecer el número total de víctimas y afectados», añadió.

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“Él inventó detalles de cada una de sus supuestas citas con distintos urólogos, inventó los nombres de los doctores, hasta me dijo cuál le había caído mejor, cuántas pastillas había tomado para curarse. También inventó razones por las que el tratamiento no estaba haciendo efecto”, acusó Barragán.

El novio de Ana Cristina le explicó que él contrajo la enfermedad en la Amazonía ecuatoriana, meses antes de conocerla. Sin embargo, Sara (nombre protegido) quien tuvo una relación con el músico entre el 2014 y 2017 también sobrellevó el contagio. En ese lapso de tiempo, Kingman salió también con Laura (nombre protegido) durante cinco meses. Ella al igual que las exparejas de Kingman, desarrolló la misma enfermedad.

Tres víctimas en cinco años

 “Yo estoy sano, no necesito eso”, así le respondió Kingman a Sara* cuando ella le pidió que se sometiera al tratamiento en el 2017. Dijo que él le mintió en reiteradas ocasiones. Con Laura la situación no cambió. Ellos no eran pareja, pero ella notó que tenía una infección y lo confirmó con su ginecóloga. Laura le sugirió a Kingman asistir a un médico, pero nunca supo si él lo hizo.

Las exparajes de Kingman y Laura aseguraron recibir malos tratos del artista ecuatoriano. Seis mujeres coincidieron en que la imagen pública que el músico quiere representar, promoviendo el respeto por los seres vivos, no se parece a quien conocieron.

Kingman, por su parte, admitió que no reconoció a tiempo la enfermedad.  “Yo en ese momento decidí no ir al urólogo como ella (Ana Cristina) me había pedido por tercera vez, y decidí decirle que iba a ir pero no fui. Decidí tomar un camino alternativo. No tuve suficiente conciencia para tomar el tema con la responsabilidad”

Violencia sexual = Transmisión sexual intencional

La ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer expresa que se incluye como violencia sexual a la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual. (GG)

*Nombre protegido

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Las cuatro fundaron el colectivo Lastesis y crearon el performance “un violador en tu camino”. “Nos llamamos Lastesis porque nuestra premisa es usar tesis de teóricas feministas y llevarlos a puestas en escena para que se difunda este mensaje”, dijeron a medios chilenos.

Para el 25 de noviembre, conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y a raíz de las protestas en Chile, decidieron crear un himno femenino que ya trasciende fronteras. “Muchas mujeres detenidas en las protestas dejan ver cómo los carabineros y el Estado usan la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y ejerzan su derecho a protestar”, señalan.

El himno que corre redes sociales

El performance no solo trata de gritar en contra de la violencia sexual, sino también de abrir las puertas para que más mujeres entiendan que no son culpables por ser víctimas de violaciones sexuales.

Así, en redes sociales, el acto produjo que más mujeres digan “la culpa no era mía” y cuenten la violación de las que fueron víctimas, creando conciencia en otras mujeres para poder luchar en contra del delito y denunciarlo.

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