Hace pocos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta. Una decisión que fue duramente criticada, pues el país atraviesa una crisis económica y fiscal aguda.

«El presidente pudo utilizar a la Asamblea Nacional, ahorrar tiempo y dinero para que aprueben las reformas», dijo.

El parlamentario calificó las últimas declaraciones del presidente como insensibles. Argumentó que ha actuado de manera errática y representa un «insulto para un país que carece de oportunidades«. De la misma manera, señaló que esos comportamientos surgen cuando un mandatario intenta ser «gracioso» con la realidad dolorosa de Ecuador.

Reprochó que el jefe de Estado aseguró que junto a su gobierno crearon 50 mil empleos para jóvenes, pero semanas atrás detallaba que eran 25 mil plazas. De cualquiera de las dos formas, esos datos no se reflejan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

«Subieron casi 25 mil de golpe y en dónde están (…) En este contexto no debería hacer ese tipo de bromas o gastar recursos innecesarios», cuestionó.

El conflictivo recurso de revisión

Hernández detalló que la reforma plantea modificaciones a 88 artículos, una disposición general, cuatro reformatorias y cuatro transitorias. Las reformas pretenderían el endurecimiento de penas a delitos como delincuencia, narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros. Explicó que son 43 proyectos de ley planteados desde el 2020, de esos, 39 pertenecen a periodos anteriores y cuatro a este periodo.

Sin embargo, el punto que más generó debate fue el «recuso de revisión». Una acción que permite a organismos internacionales o miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisar los procesos de sentencias ejecutoriadas.

Pero esto ya existe en la ley

Hernández aludió que este recurso ya existe en el Código Orgánico Integran Penal (COIP). Siempre y cuando exista una sentencia ejecutoriada y se antepone en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El implicado tiene acceso a esta revisión si es que:

-Se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta

-Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias por un mismo delito o infracción, pero tienen distinto contenido para las personas sentenciadas. Es decir, esto es contradictorio.

-Cuando exista una sentencia dictada en virtud de documentos falsos o pericias oficiales maliciados. Estas pueden pedir la revisión de sentencias ejecutoriadas.

A este último punto se añadiría que, de existir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o un Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas sus representantes podrían revisión dicha sentencia.

«A esto le teme la Fiscalía General del Estado (FGE), la CNJ y los grandes medios, a que se sepa la verdad. Temen a que jueces de alto estándar revisen las violaciones a los DD.HH. o al debido proceso», enfatizó.

¿Vuelve Rafael Correa?

Argumentó que para que ese recurso de revisión se ejecute, los implicados deben presentar un informe de la CIDH. No obstante, detalló que ni el presidente Rafael Correa ni alguien cercano a la Revolución Ciudadana (RC) tiene ese pase. De la misma manera, resaltó que es una falacia de los grandes medios de comunicación que Correa regrese para las elecciones de 2025.

Recordó que el expresidente no podría ser candidato presidencial porque la norma penal no cambia las reglas electorales. De acuerdo con sus declaraciones, esas normativas deberían ser definidas una año antes y ya cerraron el 9 de febrero.

«El ministro de la vergüenza…»

Según el exministro de Gobierno, Henry Cucalón de aprobarse las reformas al COIP, Ecuador pasaría a ser la vergüenza internacional. A lo que Hernández comentó que el Cucalón debería recordar que fue ministro del peor gobierno que tuvo el país.

«El gobierno de Moreno compite con el del Lasso. Ya no sabemos cuál fue peor. Este fue el ministro de la vergüenza», argumentó.

El parlamentario recordó que en esa época se condecoraron unos a otros. Recalcó que si hay una situación de inseguridad se debe a un gobierno «inepto, ineficiente y corrupto». Expresó que Cucalón no tiene autoridad para reprochar los proyectos que se debaten.

«Éramos el lugar más seguro y pasamos al más inseguro. Él quiere hablar de manera fluida y no se acuerda que estuvo en un gobierno ineficiente», puntualizó.

La entrada Hernández: «Noboa es el más interesado en que no se aprueben las reformas al COIP» se publicó primero en La Calle.

El 2 de junio el órgano de control recibió el documento de nueve hojas con la petición de la figura legal. Según Hernández, el decreto es inconstitucional porque no se ha fundamentado la urgencia económica.

Además, señaló que se pretende abusar de la facultad extraordinaria de emitir decretos-ley, en este caso se pretendería acabar con el principio de justicia territorial.

“A estos individuos lo único que les interesa es hacer negocios para su beneficio hasta el último día. Espero la CC nos convoque a audiencia”, dijo en un tuit.

¿Qué es el amicus curiae?

El Amicus Curiae (amigo de la corte) permite la intervención de terceros ajenos a un proceso, para que emitan una opinión sobre los casos sometidos a conocimiento judicial.

Esta figura legal tiene como objetivo mejorar el nivel de transparencia en el proceso. De igual manera, elevará el nivel de debate en el litigio y puede ser un elemento esencial para la decisión judicial final, en especial en casos que trascienden al interés público.

La Ley de Inversiones

El economista Diego Borja aseguró que el decreto Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el desarrollo productivo, no traerá inversión a Ecuador y solo beneficiará a grupos privilegiados.

Borja indicó, en entrevista para Radio La Calle, que el esquema legal que propone este segundo decreto respaldará a las empresas existentes. Además, comentó que serían las mismas que tuvieron un beneficio tributario en el gobierno de Lenín Moreno y el de Lasso.

Uno de los temas del decreto es la creación de zonas francas, que son espacios donde rigen regulaciones distintas al resto del país. Una decisión que se encargaba, únicamente, el Estado. Sin embargo, en el proyecto del jefe de Estado le concede esta opción al sector privado con una una inversión de USD 100 mil. (A.G.M).

La entrada Virgilio Hernández presentó un amicus curiae sobre la Ley de Inversiones se publicó primero en La Calle.

En el contexto de las mesas de diálogo, Hernández resaltó que es necesario comprender ciertos temas de una manera profunda, para poder dar una solución a los problemas expuestos. “Ha existido una política absolutamente inflexible de aplicar lo que el Fondo Monetario Internacional determina para el Ecuador” dijo.

Además, la ausencia del presidente Guillermo Lasso durante las mesas de diálogo en las manifestaciones de junio 2022. Él lo señala como “la demanda de reconocimiento”. Así destaca como un alboroto la seriedad de la publicidad manejada del supuesto financiamiento del narcotráfico en las manifestaciones. Declaraciones que dio el mandatario en pasados días.

“El argumento de que recibe financiamiento de actividades ilícitas, esto es desconocer absolutamente cómo funciona el movimiento indígena, cómo funciona en general las organizaciones sociales. Es desconocimiento de la condición en la que viven los pueblos indígenas del país” expresó finalmente en torno al tema.

Por último, en el tema de las declaraciones del abogado Jaime Nebot sobre una propuesta de República Federal, añadió que no es algo que contribuya a los territorios menos favorecidos.

Señaló que se habla de un interés de oligarquías de Guayaquil, Zamborondón y Mocoli para intentar tener un control político de Guayaquil o región Costa. De esta manera se aísla de los problemas reales que tiene la provincia como la pobreza, inseguridad, falta de empleo, reactivación económica, salud y educación.

La entrada Coyuntura en crisis: un análisis desde Virgilio Hernández se publicó primero en La Calle.

“Lo que pasa en Ecuador en el sistema penitenciario es muy grave en comparación al resto de países de la región andina”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Hernández recalcó que algunos de los problemas son: debilidad institucional, hacinamiento, abuso de la prisión preventiva y la falta de recursos presupuestarios. Además, comentó que el Ecuador es uno de los países que menos invierte en el sistema penitenciario.

El parlamentario andino también expresó que existe una vinculación muy fuerte entre las cárceles abarrotadas y los delitos de narcotráfico.

“Las mafias organizadas buscan dónde pueden hacer grandes negocios y obtener grandes réditos”, afirmó Hernández.

Además, expresó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece llamados de atención al Estado ecuatoriano y, sin embargo, hasta ahora no hay respuestas claras.

 “Como sociedad debemos exigirle al Estado que cumpla con su papel. Lo que está sucediendo en las cárceles está conectado con la inseguridad que se vive en las calles y el país”, sostuvo el parlamentario.

Hernández reiteró que el país se encuentra en una situación de anomia social, en la que ya no existe un marco jurídico que dé certeza a los ciudadanos y, sobre todo, puede ser un síntoma de un Estado fallido.

“Todos los poderes del Estado deben responder para lograr rescatar el orden constitucional y la vigencia de los principios democráticos”, aseveró Hernández.

La entrada Ecuador vive las consecuencias de la débil institucionalidad del sistema penitenciario se publicó primero en La Calle.

«Si se configura la causal de juicio político al no asistir a la Asamblea Nacional para que puedan realizar un control fiscalizador. Lasso al no asistir incurre en las causales para ese juicio político», dijo a Radio La Calle.

El funcionario indicó qué las decisiones del Legislativo deben tener concordancia con la situación del país. «¿Cómo van a actuar los legisladores para eliminar el impuesto a las herencias si parece que los hijos del presidente se benefician con esa eliminación».

El informe

La Comisión deberá presentar el informe del caso  hasta el 6 de noviembre. Al respecto, Hernández indica que:

«Faltarían ordenar los elementos del informe para determinar si hubo evasión, testaferrismo o el incumplimiento de la ley del pacto ético.    Son decisivos los votos de Pachakutik. Van a jugar las distintas posiciones de los miembros. Es más que ideológico, es un conflicto ético político».

La entrada «Existe la causal para un juicio político contra Lasso», dice Virgilio Hernández se publicó primero en La Calle.

«En este momento recupero la libertad. He sido detenido dos horas y media por un error. Ese error que se mantenía vigente la orden de detención del 14 de octubre del 2019. Para el 25 de diciembre se me liberó y aun seguía vigente hasta entonces la orden. ¿Cómo es que me dejaron salir después de eso?» dijo Hernández en sus declaraciones.

“Qué clase de sistema de justicia estamos viviendo. Este hecho no es más que la muestra de la decrepitud del sistema judicial. Este es el Gobierno que en cada una de las áreas demuestra su incompetencia”, agregó el exasambleísta.

«Hoy me retienen en las casas durante un operativo. Estas son las casualidades que concuerda con lo que dijo el secretario Roldan estos hechos tienen intencionalidades que abonan en el Estado de inseguridad que vivimos en el país», concluyó.

Hernández permaneció alrededor de dos horas en la Unidad de Flagrancia en Quito. Su detención tuvo lugar en el mediodía por un agente policial que le dijo que lo tenía que llevar detenido.

Persecusión

“En el conocimiento de que Virgilio Hernández estuvo preso, se benefició de una medida cautelar internacional y aun cuando tuvo cárcel revocada le acusaron de un delito de rebelión que quedó sin eliminar del sistema judicial un año después. Es inaudito concebir un error de este tamaño dentro de un sistema integral”, dijo el abogado de soporte Fausto Jarrín a Radio La Calle.

“Es un proceso de rebelión del que se le acusa injustamente si eso no es persecución política ya no sabría que es”, añadió.

Antecedentes

El 14 de octubre de 2019, Fiscalía activa una orden de prisión contra Hernández, Christian González y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón por el delito de rebelión. De acuerdo con el ente fiscalizador, los tres ciudadanos incitaron a la violencia en las manifestaciones de octubre pasado.

La entrada Virgilio Hernández está libre, Policía argumenta “error de sistema” se publicó primero en La Calle.

“De forma arbitraria y sin indicarme las razones, un patrullero que esperaba fuera de mi domicilio, procede a detenerme y me llevan a flagrancia. A un año de los hechos de octubre sigue la dictadura», escribió Hernández en sus redes sociales.

Virgilio Hernández permanece en la Unidad de Flagrancia en Quito a la espera de determinar las razones de esta detención. El actual candidato al Parlamento Andino tiene un proceso en su contra por una presunta participación en el paro nacional de octubre de 2019.

El exlegislador conduce el programa “Sin Permiso”, que se transmite todos los lunes por Radio La Calle. En él aborda la coyuntura política del país y hace crítica al gobierno de Lenín Moreno.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional.

Las reacciones

El candidato a la Presidencia y coideario de Hernández, Andrés Arauz, reaccionó ante el hecho en sus redes sociales.

«Estas arbitrariedades contra tantos ecuatorianos deberán ser investigadas por la Comisión de la Verdad. Fuerza compañero. Te esperamos pronto, y en libertad», escribió.

La entrada URGENTE: Policía detiene a Virgilio Hernández | Video se publicó primero en La Calle.

En las afueras de la audiencia contra Paola Pabón, las voces de cientos de personas celebraron la decisión de la Corte. “Libertad, libertad, libertad” fueron los gritos que recibieron a la Prefecta tras su salida de la sala de audiencias. Desde un micrófono, encuadrado con pancartas de apoyo, se pronunció Pabón: “Gracias a todos los países de América Latina que se han solidarizado con la causa. Con la causa de los derechos humanos, con la causa de la libertad de expresión, con la causa de decir: ¡no más perseguidos en el Ecuador!” manifestó la Prefecta.

Pabón aseguró que esta victoria la alcanzó en conjunto con el pueblo. “¡Viva Paolita libre!”, respondieron los simpatizantes de la Prefecta. “Yo me quedo queridos compañeros y me quedo con ustedes a resistir (…) ¡Qué viva la Revolución Ciudadana!” sentenció la Prefecta.

El Fiscal aseguraba que la prefecta había solicitado asilo político en la embajada de México. Ante una eventual fuga, Santillán solicitó el cambio de medida. Tanto la embajada de México como otras más repondieron que no existe tal solicitud.

Antecedentes

En febrero del 2019, Paola Pabón ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por afinidades políticas e ideológicas con el movimiento de la Revolución Ciudadana. 

El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la Prefecta de Pichincha.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.

Caso Rebelión

El Caso Rebelión agrupa al conjunto de procesos penales contra Pabón, Hernández y González por el supuesto delito de rebelión.

El fiscal Alberto Santillán presentó elementos de convicción suficientes para concluir que los implicados estuvieron directamente vinculados a acciones violentas acontecidas en octubre del 2019. Según Santillán, ellos financiaron movilizaciones sociales para desestabilizar al Gobierno Nacional. Hernández respondió, en múltiples espacios, que tales pruebas no existen y que, en su contra, se tienen apenas dos tuits donde propone una resolución constitucional del conflicto.

No obstante, la opinión pública no tiene acceso a las supuestas pruebas de Fiscalía. Las audiencias contra los implicados son de carácter reservado porque, al tratarse de un supuesto delito contra la estructura del Estado constitucional, así lo dispone el artículo 562 del Código Integral Penal. (JBS)

La entrada Fiscal falla en su intento de encarcelar a Paola Pabón se publicó primero en La Calle.

“Realmente aquí lo que existe es un show jurídico con el único objetivo de proscribir a actores políticos como al expresidente Rafael Correa, la prefecta Paola Pabón y Jorge Glass. No puede ser posible que en un Estado de Derecho se use las herramientas de la justicia para cometer injusticias contra estas personas”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Vanegas indicó que, si se analizara el proceso judicial de Rafael Correa, Jorge Glass y Paola Pabón se encontrarían irregularidades tales como: la celeridad en los procesos judiciales, los falsos testimonios, entrega tardía de informes, valoración de las pruebas, entre otros. 

“El sistema de justicia tiene tantas falencias que en 48 horas fue resuelto el recurso de casación para Rafael Correa, mientras que en 20 años no se ha judicializado a Jamil Mahuad. En el caso de Pabón, la Embajada mexicana tuvo que aclarar que la prefecta no apelará al asilo político en el país”, acotó.

Apoyos a la prefecta de Pichincha

El 3 de septiembre, las autoridades de la Embajada de México negaron que exista una petición de asilo político por parte de la prefecta Pabón. La aclaración llegó después de que se la acusara a de “evadir el accionar de la justicia”, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía. La funcionaria respondió a través de su cuenta de Twitter: “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”.

Pabón informó de la audiencia a la Organización de Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. El organismo respondió de forma favorable a la petición. «En conocimiento de mi situación, la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pondrá mi caso bajo consideración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», informó la prefecta.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CONFEPEC) también se pronunció a favor del debido proceso contra la autoridad provincial. “La prefecta, por la información dada, no ha solicitado asilo político, ni ha hecho acercamiento con ninguna representación diplomática en Ecuador. Como presidente de la CONFEPEC, solicitó, de la manera más respetuosa, que se continúe el debido proceso y su defensa como se ha venido haciendo hasta hoy”, dice una carta del presidente Eugenio Arellano al juez a cargo del caso, Vladimir Jhayya.

Resolución del Caso Sobornos

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reunirá este lunes 7 para resolver el recurso de Casación del denominado caso Sobornos. En él se encuentra implicado el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, entre otros. En cuanto se resuelva la sentencia verbal deberá notificarse por escrito. Dentro de los siguientes tres días, los abogados de los procesados, la Fiscalía y la Procuraduría pueden pedir ampliaciones y aclaraciones. (GG)

La entrada Ecuador vive un proceso de justicia selectiva contra de Paola Pabón, asegura jurista se publicó primero en La Calle.

En un comunidado oficial, el CONGOPE expresó su solidaridad con la prefecta Paola Pabón. El organismo, que aglutina a 23 prefectos del país, fue énfatico en rechazar “cualquier acción que afecte la dignidad y los derechos de las prefectas y prefectos del país”.  Esto ocurre en el marco del anuncio sobre la revisión de las medidas cautelares que, hasta el momento, cumple Paola Pabón.

El comunicado puntualiza el hecho de que las Prefecturas son dignidades de elección popular que trabajan en medio de duras circunstancias. “Trabajamos en nuestras respectivas provincias en condiciones muy adversas (…) a pesar de no contar con los recursos económicos, y sin apoyo del Gobierno Central, razón por la cual solicitamos se respete nuestra representación”, señaló el CONGOPE.

Entre los firmantes del documento se encuentran el actual precandidato a la Presidencia por Pachakutik Yaku Pérez Guartambel. Además de la prefecta socialcristiana de Guayas, Susana González y el prefecto de Manabí Leonardo Orlando.

Antecedentes

El 14 de octubre del 2019, Pabón fue detenida junto a Virgilio Hernández y Christian González. Esto, en el marco de la movilización popular y el rechazo a las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Los tres son militantes de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía inició una investigación por el supuesto delito de rebelión.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Pabón, Hernández y González. Así, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva. Así, otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. Ahora, el Fiscal Alberto Santillán pidió la revisión de esas medidas so pretexto de infundadas acusaciones sobre intenciones de la prefecta Pabón de asilarse en la Embajada Méxicana. El pasado 31 de agosto, la sede diplómatica desmintió los hechos. (JBS)

La entrada Más de 20 prefectos de todo el país se solidarizan con Paola Pabón se publicó primero en La Calle.

En su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de México emitió un aviso dirigido a la opinión pública en general. “Ante diversos señalamientos, la Embajada de México en Ecuador informa que no ha recibido solicitudes de asilo de ningún nacional ecuatoriano”, aclaró la sede diplomática en horas de la tarde.

El pronunciamiento de la embajada se enmarca en hechos recientes. Hace pocas horas, el Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana alertó de que el fiscal Alberto Santillán pretendía acusar a Pabón de solicitar asilo político en la Embajada de México. La Prefecta negó rotundamente la acusación. “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando, como hoy, hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”, señaló.

Antecedentes

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, secretario del Movimiento Revolución Ciudadana, y Christian González, activista político, son procesados por el presunto delito de rebelión. Esto porque, según las acusaciones de la Fiscalía, ellos habrían respaldado las movilizaciones ciudadanas de octubre del 2019 en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina.

El pasado 27 de agosto, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, llamó a juicio a Pabón, Hernández y González. El sistema judicial ecuatoriano rechazó la petición de sobreseimiento, interpuesta por la defensa de los implicados, y decidió dar paso al juicio. Rafael Correa, líder del Movimiento Revolución Ciudadana, se pronunció vía Twitter “sin pruebas y por un delito ridículo intentan encarcelar a Paola Pabón, elegida por votación popular”, comentó el ex mandatario. (JBS)

La entrada Embajada de México desmiente rumores sobre solicitud de asilo para Paola Pabón se publicó primero en La Calle.

La audiencia preparatoria de juicio inició el pasado 21 de agosto y concluyó este 27 tras seis días de diligencia. Se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Lo hicieron ante Jhayya Flor debido al fuero de Corte Provincial del que goza la Prefecta.

Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, Pabón es la autora mediata del presunto delito. Mientras que Hernández y González son autores directos, afirmó. En su sustentación, anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

Además, el presidente de la Corte Provincial mantuvo las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial para Pabón, Hernández y González. También, tienen prohibida la salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Mientras tanto, tienen prohibido inmovilizar sus cuentas y enajenar bienes.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional. (SGA)

La entrada Juez llama a juicio a Pabón, Hernández y González se publicó primero en La Calle.

“Lenin Moreno acusó con nombres y apellidos en cadena nacional a los asambleístas y líderes de la Revolución Ciudadana por el delito de liderar las manifestaciones de octubre. Esas formas de presión son auspiciadas por los medios de comunicación. Todos sabemos que se inició con los transportistas y después adhirieron otros sectores de la población”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

El abogado señaló que después del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas en favor de los tres ciudadanos, la ministra Romo se tomó los medios para fallar el caso a favor de sus intereses. “Algunos medios tuvieron acceso a los documentos de la Fiscalía y los presentaron a la ciudadanía ejerciendo presión social”, aseguró Jarrin. 

Incongruencias en el caso

La justicia, de acuerdo con las declaraciones de Jarrín, presentó pruebas inconsistentes para detener a Pabón, Hernández y González. La institución presentó como prueba del delito de rebelión unos tuits de los inculpados.

El abogado aseguró que en este caso no existe un delito de por medio porque los ciudadanos estaban en su derecho de manifestarse. Los jueces que están a favor del caso tienen respaldo de la CIDH a pesar de que la Fiscalía tiene otra intención de por medio. “La decisión de la CIDH le permite actuar a los jueces con mayor independencia, ejecutar órdenes y una posibilidad de actuar en derecho y sin presión”, aseguró.

El día jueves 27 de agosto del 2020 se instalará una audiencia para definir el caso de Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pabón. Ellos actualmente gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. (GG)

La entrada Los medios y el Ejecutivo presionan en el caso de Pabón, Hernández y González, denuncia su abogado se publicó primero en La Calle.

“Audiencia preparatoria de juicio contra tres personas se declaró fallida, por inasistencia injustificada del abogado de Paola P. El juez convocó la diligencia para el viernes y ofició a la Defensoría Pública, en caso de que no se presenten los abogados particulares”, indicó el tuit de Fiscalía.

“Nosotros abrigamos la posibilidad de que haya justicia en este país, queremos una justicia sin presión, sin que se utilicen como instrumento para perjudicar a los adversarios políticos. Enfrentamos un proceso de rebelión armada, luego se cambiaron los cargos a rebelión, sin un solo indicio a propósito de la protesta ciudadana que se dio en en octubre, dijo Pabón en sus declaraciones.

Ahora lo que la Fiscalía tiene que demostrar que tiene indicios de que esa conspiración internacional . Toda la opinión pública escuchó que habíamos contratado venezolanos para causar violencia. Fiscalía no encontró ninguna prueba de ese tema”, indicó Hernández.

El pasado 24 de diciembre, la jueza Pavlova Guerra dictó la resolución de la revocatoria de la prisión preventiva para Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González. Resolución que resultó a su favor. La magistrada dictaminó medidas cautelares como el uso de grillete electrónico, presentaciones periódicas en Fiscalía y prohibición de salida del país. Los tres ciudadanos estuvieron en prisión durante 72 días.

La entrada Definida nueva fecha para la audiencia contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González se publicó primero en La Calle.

“Nosotros solicitamos la revocatoria (de las medidas cautelares) inmediatamente después de conocer las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de que nosotros solicitamos eso y que, además, solicitamos al Estado a través de la Cancillería, que es la institución llamada a coordinar las decisiones internacionales, como el caso de las medidas cautelares”, dijo el abogado Fausto Jarrín.

Además, dijo que no han recibido ningún documento, convocatoria o invitación por parte de la Secretaria de Derechos Humanos. “Lo que sí se ha hecho es comunicarse directamente con los detenidos, solicitándoles en una especie de carta que pongan en conocimiento de la autoridad de rehabilitación social, cuáles serían las características necesarias para que ellos sientan su permanencia en la cárcel más segura, o su permanencia en la cárcel menos afrentosa a sus garantías”.

El abogado también se pronunció sobre las declaraciones de la fiscal general, Diana Salazar. “Sin embargo, el día de hoy la Fiscalía General del Estado ha hecho tabla rasa de las medidas cautelares dictadas porque la Fiscal hizo hoy agenda de medios. Desde el día de ayer viene pronunciándose sobre los detenidos, con nombre y apellido, sobre las personas que están siendo procesadas, sobre los casos, cosa que está prohibida por la CIDH, cosa que la Comisión le solicitó en sus medidas cautelares”, agregó. La nueva fecha para la instalación de la audiencia se anunciará según la agenda de la Corte.

La entrada Jueza suspende audiencia de revocatoria de prisión para Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González se publicó primero en La Calle.

El documento dirigido al ministro de relaciones exteriores, José Valencia dice: «Solicitamos a usted se conforme de manera urgente una mesa de concertación de medidas cautelares».

En dicha mesa estarán representantes del estado ecuatoriano. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado. Además, El Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Junto a estas instituciones gubernamentales estarán también los representantes legales de Pabón, Hernández y González.

El viernes pasado, la CIDH emitió medidas cautelares. En estas medidas se encuentran el cuidado y la protección de los derechos y la integridad personal de los detenidos.

La entrada Inicia la ruta hacia la liberación de la prefecta de Pichincha se publicó primero en La Calle.

«La CIDH no decide cuáles son los mecanismos para cumplir las medidas. Eso debe hacer la función judicial, la Fiscalía General del Estado. La Comisión les está recomendando cesar la estigmatización por parte de la oposición», dijo a los medios de comunicación, Fausto Jarrín, abogado que realizó la petición a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También se pronunció sobre el caso de Pabón: “Si quieren evitar que el Estado sea sancionado deben permitir que Paola Pabón cumpla para lo que fue electa, trabajar por Pichincha”.

“En relación a Virgilio Hernández y Cristian González, la única forma de garantizar que ellos sigan haciendo una oposición en democracia será permitiéndoles defenderse en libertad”, agregó Jarrín.

Por su parte, Priscila Pabón, hermana de Paola, espera que para esta semana la justicia otorgue la defensa en libertad a los tres detenidos.

El viernes 6, la CIDH aprobó las medidas cautelares a favor de Pabón, Hernández y González. En esta resolución se pide al Ecuador garantizar la protección de los derechos de cada uno de los procesados.

Puede leer el pronunciamiento de la CIDH en el siguiente documento:

La entrada Libertad para Paola, Virgilio y Christian se publicó primero en La Calle.

La CIDH solicita al Ecuador que: “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González; particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos”, dice la resolución.

Las medidas llegan cuando ya se cumplieron 60 días sin la prefecta de Pichincha en el cargo. Ahora se esperan acciones de la justicia ecuatoriana en todos los casos mencionados.

Procedimiento en la CIDH

Las medidas cautelares son una herramienta de la CIDH. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos de las personas. Cuando llega el pedido, la secretaría de la Comisión hace un primer análisis y remite un memorando a los 7 miembros que la integran.

El resultado puede tardar entre 15 días a dos meses y en casos extremos de cinco a siete días. En el país, desde 2006 hasta 2017 se realizaron 210 pedidos, de los cuales 6 fueron afirmativos. El caso de Pabón, Hernández y González es el séptimo.

La entrada CIDH aprueba medidas cautelares para Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González se publicó primero en La Calle.