Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) es claro el motivo de persecución política. Argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

«David Almeida ha defendido a Petroecuador como la empresa de todos los ecuatorianos, mientras las autoridades aplican políticas de autosabotaje mediante recortes presupuestarios y cancelación de proyectos que habrían permitido incrementar la producción, con el objetivo de hacer ineficiente a la empresa y así justificar su privatización», dijo el gremio en un comunicado.

Por defender Sacha

A inicios de septiembre Almeida, quien es secretario general de la ANTEP, denunció que las autoridades de la estatal petrolera iniciaron un proceso disciplinario en su contra por estar al frente de la defensa de los campos Amistad y Sacha, zonas a punto de ser privatizadas.

El sindicalista alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con ”visto bueno”.

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

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