En las afueras de la audiencia contra Paola Pabón, las voces de cientos de personas celebraron la decisión de la Corte. “Libertad, libertad, libertad” fueron los gritos que recibieron a la Prefecta tras su salida de la sala de audiencias. Desde un micrófono, encuadrado con pancartas de apoyo, se pronunció Pabón: “Gracias a todos los países de América Latina que se han solidarizado con la causa. Con la causa de los derechos humanos, con la causa de la libertad de expresión, con la causa de decir: ¡no más perseguidos en el Ecuador!” manifestó la Prefecta.

Pabón aseguró que esta victoria la alcanzó en conjunto con el pueblo. “¡Viva Paolita libre!”, respondieron los simpatizantes de la Prefecta. “Yo me quedo queridos compañeros y me quedo con ustedes a resistir (…) ¡Qué viva la Revolución Ciudadana!” sentenció la Prefecta.

El Fiscal aseguraba que la prefecta había solicitado asilo político en la embajada de México. Ante una eventual fuga, Santillán solicitó el cambio de medida. Tanto la embajada de México como otras más repondieron que no existe tal solicitud.

Antecedentes

En febrero del 2019, Paola Pabón ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por afinidades políticas e ideológicas con el movimiento de la Revolución Ciudadana. 

El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la Prefecta de Pichincha.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.

Caso Rebelión

El Caso Rebelión agrupa al conjunto de procesos penales contra Pabón, Hernández y González por el supuesto delito de rebelión.

El fiscal Alberto Santillán presentó elementos de convicción suficientes para concluir que los implicados estuvieron directamente vinculados a acciones violentas acontecidas en octubre del 2019. Según Santillán, ellos financiaron movilizaciones sociales para desestabilizar al Gobierno Nacional. Hernández respondió, en múltiples espacios, que tales pruebas no existen y que, en su contra, se tienen apenas dos tuits donde propone una resolución constitucional del conflicto.

No obstante, la opinión pública no tiene acceso a las supuestas pruebas de Fiscalía. Las audiencias contra los implicados son de carácter reservado porque, al tratarse de un supuesto delito contra la estructura del Estado constitucional, así lo dispone el artículo 562 del Código Integral Penal. (JBS)

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“El juez Jhayya ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas, no es necesario encarcelarme porque NO he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.

El pedido indica que “se convoca a audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección para el lunes 7 de septiembre a las 11:00”. Frente a esto la prefecta añadió que “la audiencia será el lunes, tengan la seguridad que estos días me encontrarán trabajando por Pichincha y su gente”.

Los hechos

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán acusó a la prefecta Paola Pabón de solicitar asilo político. Santillán indicó al juez que existe una alerta de información que textualmente dice: “Teniendo como antecedente que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país”.

Cortina de humo

“Me parece demasiada casualidad que esto suceda después de un fin de semana donde los dedos apuntan a quienes han generado corrupción en este país (…) Qué mejor cortina de humo que encarcelar a la prefecta de Pichincha, qué mejor cortina de humo que enviarla de nuevo a Latacunga”, dijo en rueda de prensa.

Pabón reiteró que no solicitó asilo al gobierno mexicano. “No he solicitado asilo ni a la embajada de México ni a ninguna otra. Que quede claro. No he solicitado asilo político y no lo solicitaré. Porque soy la prefecta de Pichincha, no estaré por los tejados, no golpearé las puertas de la embajada. Estoy aquí y aquí enfrentaré este juicio”, expresó.

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La audiencia preparatoria de juicio inició el pasado 21 de agosto y concluyó este 27 tras seis días de diligencia. Se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Lo hicieron ante Jhayya Flor debido al fuero de Corte Provincial del que goza la Prefecta.

Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, Pabón es la autora mediata del presunto delito. Mientras que Hernández y González son autores directos, afirmó. En su sustentación, anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

Además, el presidente de la Corte Provincial mantuvo las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial para Pabón, Hernández y González. También, tienen prohibida la salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Mientras tanto, tienen prohibido inmovilizar sus cuentas y enajenar bienes.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional. (SGA)

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